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Castigo hasta de 35 años de cárcel a quien cometa robo de autotransportes, propone el diputado Juan José Guerra Abud, secretario de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

México, DF, a 26 de febrero de 2011

Boletín 030/11

  • · Representa al año un costo de 770 dólares por habitante, o sea el 7% del PIB

Castigo hasta de 35 años de cárcel a quien cometa robo de autotransportes, propone el diputado Juan José Guerra Abud, secretario de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

La iniciativa del diputado Guerra plantea de 10 a 30 años de prisión y hasta mil días de multa a quien cometa el delito de robo en caminos o carreteras, paraderos o puentes federales contra servicios de transporte de carga, pasajeros y turismo, servicios de paquetería y mensajería, así como al transporte privado.

A estas penas se añadirían tres años si además del robo existe apoderamiento del automotor o del remolque y hasta de cinco años, cuando se trate de ambos.

Lo anterior quedó asentado en la iniciativa del diputado Guerra Abud, que propone tipificar como delito en las leyes federales diversas conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, por causar grandes daños a la economía nacional.

Actualmente, la investigación y persecución de este delito corresponde a las instancias del fuero común, lo que dificulta su combate, pues en la mayoría de los casos la perpetración y los efectos del delito trascienden los límites territoriales de las entidades federativas, lo que propicia campos de impunidad que deben eliminarse.

En el documento se asienta que dicho delito puede ser considerado como grave, especialmente cuando es cometido por la delincuencia organizada, que al diversificar sus actividades delictivas ha visto en este ilícito la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de ganancias.

Al argumentar su propuesta, el también coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, indicó que el robo al autotransporte presenta un notable incremento en los últimos 12 meses, lo cual hace necesario establecer un marco jurídico que permita a las autoridades responder de manera expedita a las necesidades de un sector tan importante para la vida económica del país, como lo es el sector del autotransporte.

En términos generales, según expresó el diputado, el costo de la inseguridad en México es muy alto, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se calcula que este problema representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De esos 770 dólares, el 2.1 por ciento estaría destinado al concepto de transferencias (víctimas a victimarios); alrededor del 0.8 por ciento al pago de seguros contra la inseguridad y el resto a la contratación de policías privados y públicos, según refiere el IMCO.

Guerra Abud explicó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala que en el 2004 se reportaron 10 mil 883 siniestros (robos), mismos que representaron un monto de mil 135 millones de pesos; para el 2005, se tuvieron 10 mil 454 siniestros, mismos que acumularon un total de mil 331 millones de pesos; durante el 2006, se registraron nueve mil 455 siniestros, es decir mil 765 millones de pesos.

En esos años, según el estudio, se reflejó un aumento en la suma de los siniestros en 55.5 por ciento, aunque el número de siniestros se redujo en 9.26 por ciento, esto indica que la severidad se incrementó y la frecuencia disminuyó.

Reporta AMIS que sólo de enero a junio de 2007 fueron robados más de cinco mil 300 vehículos de carga que transportaban distintas mercancías, lo que equivale a 22 por ciento de todas las unidades robadas en el país; para el 2009 el incremento en el número de robos fue del 36 por ciento.

Los estados del país en los cuales se presenta mayor incidencia, considerando el monto de lo robado son: Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Jalisco y Tamaulipas; en ellos se concentró 80 por ciento del monto de los siniestros.

Las localidades y delegaciones del Distrito Federal que reflejan 60 por ciento del monto robado son: Ensenada, Veracruz, Tlalnepantla, Monterrey, Puebla, Iztapalapa, Tláhuac, Guadalajara y Azcapotzalco.

Las carreteras con mayor presencia del crimen organizado son: México-Nuevo Laredo, México-Guadalajara, México-Puebla y México-Veracruz.

El tipo de mercancía que concentró 82 por ciento del monto de los siniestros fue: artículos para el hogar (36 por ciento); abarrotes (17 por ciento); automóviles, camiones, bicicletas (13 por ciento); maquinaria y equipo (4 por ciento); equipo electrónico (4 por ciento); farmacéuticos (3 por ciento); telas y textiles (3 por ciento) y equipo médico (2 por ciento).

Ante dicho problema, el coordinador de los diputados del Partido Verde presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Nos adherirnos a la propuesta del diputado Narro Céspedes, que viene de una iniciativa también del Partido Verde en el Senado y que aborda temas que son fundamentales para el desarrollo de la vida, el turismo, la riqueza y la biodiversidad en Baja California.

México, DF, a 24 de febrero de 2011

 

Nos adherirnos a la propuesta del diputado Narro Céspedes, que viene de una iniciativa también del Partido Verde en el Senado y que aborda temas que son fundamentales para el desarrollo de la vida, el turismo, la riqueza y la biodiversidad en Baja California.

Hay diputados que  no quieren tocar este tema, creo que es importante que se discuta en esta tribuna porque aborda dos temas fundamentales. Uno, el terrible daño ecológico con serias dudas sobre los permisos y licencias que se gestionaron a favor de una empresa extranjera que ni siquiera ofrece un servicio a los nacionales.

Somos el único país de la costa del Pacifico Norte  que tiene aprobada una regasificadora en sus costas. Para los que tal vez no lo sepan, esto implica que se reinyecten 24 mil metros cúbicos de agua por hora que se extraen del lecho marino y se reinyectan a una temperatura de ocho grados inferior de la cual fue sacada.

El impacto ecológico a la costa por esta actividad es terrible, por no hablar de la inyección de cloro y otros elementos peligrosísimos para el medio ambiente, como el  hipoclorito de sodio, que son verdaderamente dañinos.

Hay una serie de irregularidades que ya mencionó el diputado Narro Céspedes. Esta planta utilizó un mecanismo donde no se consultó al cabildo, es una empresa que tiene varias demandas en Estados Unidos por corrupción y por soborno, parece que su modus operandi es el tráfico de influencias.

Se construyó una carretera de cuatro carriles que originalmente iba a costar 600 millones de pesos y acabó costando 2 mil 400 y que tiene como finalidad pasar un tubo escondido que atraviesa  tres municipios para  llevar el gas de las playas de Tijuana a San Diego, quienes son los únicos beneficiarios de esta planta regasificadora.

Por si fuera poco, el Congreso en la Comisión Permanente hizo un punto de acuerdo en donde el presidente municipal, haciendo caso de esta resolución y recomendaciones, reexaminó el caso y  estableció una clausura “temporal” para que se pudiera tener el tiempo de evitar un daño adicional ecológico al turismo y a los pescadores, por una planta que no genera beneficios económicos para nadie.

Entró el Ejército, entró la fuerza pública en contra de una resolución del cabildo, del presidente municipal, en pleno desconocimiento y reconocimiento a la autonomía municipal, y por eso nos sumamos al punto de acuerdo del diputado Narro.

Muchas gracias, estamos a favor de la ecología, estamos a favor de la libertad municipal y  yo creo que este punto de acuerdo protege los dos.

Muchas gracias presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

 

A finales del año pasado, el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En ella se contienen sanciones muy duras para quienes participen en la realización de estas conductas lascivas y reprobables que atentan contra el bienestar de la sociedad.

México, DF, a 24 de febrero de 2011

  Con su venia diputado presidente.

¿Cuántos de nosotros hemos conocido directa e indirectamente el sufrimiento que trae aparejado el secuestro? En México, esta “industria” ilícita ha ido creciendo desproporcionalmente en el último lustro.

Estudios del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) nos informan que los delitos cometidos y denunciados, por ejemplo, en 2007 ascendieron a un millón 578 mil 680 ilícitos.

A finales del año pasado, el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En ella se contienen sanciones muy duras para quienes participen en la realización de estas conductas lascivas y reprobables que atentan contra el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el propio Órgano Legislativo ha considerado necesario incluir dos nuevos elementos:

Por una parte, someter a prisión preventiva a todos los procesados y por la otra, establecer una medida de control y vigilancia a quienes, aunque ya hayan cumplido su condena, deban ser verificados durante los cinco años subsecuentes a su liberación.

Es necesario seguir buscando la manera de dar solución de fondo a la criminalidad en México. Es necesario que se den más oportunidades de educación, trabajo y desarrollo a todas y a todos los ciudadanos y con ello, el día de mañana, leyes como estas queden obsoletas por la ausencia de estos delitos.

Gracias diputado presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, Adriana Sarur Torre, advirtió que cualquier reforma legislativa sería insuficiente para erradicar el lavado de dinero si no se combate atendiendo a la complejidad del tipo de delito, con una unidad especializada para su persecución.

México, DF, a 23 de febrero de 2011

Boletín 028/11

  • · Es un fenómeno complejo que implica la participación de instituciones e individuos que se aprovechan de la existencia de los paraísos fiscales

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, Adriana Sarur Torre, advirtió que cualquier reforma legislativa sería insuficiente para erradicar el lavado de dinero si no se combate atendiendo a la complejidad del tipo de delito, con una unidad especializada para su persecución por una parte y por otra, con autoridades preparadas para tomar acciones de prevención y sanción a los involucrados.

La también secretaria de la comisión de Seguridad Pública, manifestó que desde el Congreso de la Unión se pueden impulsar  las siguientes medidas para erradicar este delito: incrementar la responsabilidad penal de los delincuentes, dar autonomía plena a las Unidades de Inteligencia Financiera, ejercer el decomiso y extinción de dominio de los bienes y tipificar el delito de lavado de dinero en los códigos penales de las entidades federativas.

Junto con la globalización de los mercados, agregó, también lo hacen las actividades ilícitas, que se pueden valer de las mismas estructuras para realizar sus fines; por lo que las legislaciones de los Estados no deben quedarse al margen de estos procesos de globalización, desarrollo de tecnología e intercambio de información.

“Hoy más que nunca es menester que nos ocupemos en aprobar reformas a la Ley, para que los gobiernos de los estados puedan cumplir cabalmente con sus funciones de respetar y hacer respetar la ley”, señaló.

Sarur Torre, dijo que el poder económico usado fuera del marco institucional y de la legalidad se transforma en ventajas, que los delincuentes aprovechan para la realización de sus actividades lícitas. Obtienen importantes ganancias, las cuales se encubren mediante complejos procesos de “lavado” que blanquean los capitales haciéndolos parecer lícitos.

Resaltó la importancia de hacer valer el Estado de derecho, lo que implica que se respeten los bienes y riquezas generados por los ciudadanos, siempre que se observe la legalidad en todas las conductas y operaciones.

Señalo que entre los instrumentos  que ha firmado México junto con los gobiernos de los estados y  organismos internacionales para combatir el lavado de dinero, se encuentran la Declaración de Principios de Basilea, las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera.

“El lavado de dinero es un fenómeno complejo que implica la participación de un gran número de instituciones e individuos, que se aprovechan de la existencia de los paraísos fiscales, los vacíos legales o de la inexistencia de disposiciones jurídicas que limiten su propósito de volver lícito lo que en su origen no lo era”, concluyó la legisladora.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El diputado del Partido Verde, Eduardo Ledesma Romo, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a generar los mecanismos para otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

México, DF, a 20 de febrero de 2011

Boletín 026/11

  • · La inversión sería de nueve mil 888 millones de pesos: Dip. Ledesma 

Con el fin de fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y de la Armada de México (AM), el diputado del Partido Verde, Eduardo Ledesma Romo, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a generar los mecanismos para otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Esto, con la finalidad de que estén en posibilidad de adquirir los cinco aviones Hércules (versión H usados) que solicitó la Sedena; y la compra de seis aviones (versión transporte militar y carga) y seis helicópteros (versión transporte de personal) para la Semar. En conjunto la inversión sería de 9 mil 888 millones de pesos.

Destacó que para el Ejercicio Fiscal 2011, la Cámara de Diputados autorizó recursos para dotar a estas secretarías de materiales, suministros, infraestructura, equipos, accesorios y medios de transporte para cumplir sus funciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales.Sin embargo, dadas las restricciones presupuestarias y ante las muchas necesidades de la población, diversas dependencias y entidades de la administración pública no fueron dotadas de suficientes recursos para cumplir con sus metas.

Asimismo, manifestó que una ampliación de recursos requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las normas presupuestarias vigentes, por lo que urgió a esta secretaría a generar los mecanismos para otorgarle mayores recursos a dichas dependencias.

Expuso que éstas han solicitado aumentar su fuerza aérea para movilizar -por esa vía- un mayor número de efectivos, ya que en este momento su infraestructura resulta insuficiente para cubrir todo el territorio nacional y reaccionar en forma inmediata ante imprevistos provocados por el hombre o por la naturaleza, por lo que es necesario contar con una fuerza aérea de primera línea y que contribuya a garantizar la seguridad nacional e instalaciones estratégicas.

Reconoció que uno de los desafíos más importantes que enfrenta México es el de la inseguridad pública, que daña gravemente a la sociedad. El tráfico de armas, de estupefacientes, lavado de dinero, entre otros ilícitos de alto impacto, además de que la creciente violencia en las entidades federativas han rebasado la fuerza de la Seguridad Pública; por ello a cuatro años de iniciado este Gobierno, la Sedena y la Semar continúan participando en el Sistema de Seguridad Pública mediante la reasignación de recursos humanos y materiales, para actuar de manera oportuna y eficaz y para garantizarle a la sociedad un entorno seguro, indicó Ledesma Romo.

El legislador destacó que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) proporcionó desde el inicio de la presente administración, apoyo aéreo a las operaciones de alto impacto contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en todo el territorio nacional y que paralelamente a esas actividades lleva a cabo acciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales; apoyo a la población civil en casos de desastre y operaciones de apoyo interinstitucional.

Sedena y Semar, expuso, requieren adquirir mayores equipos aéreos para cumplir con sus funciones de resguardo a la población, mantenimiento del estado de derecho y combate al crimen organizado.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Debido a que el alza a los combustibles no sólo afecta a los transportistas, sino a todos los ciudadanos, el diputado Liborio Vidal Aguilar solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congelar el precio del diesel y la gasolina.

México, DF, a 19 de febrero de 2011

Boletín 025/11

  • · “La Cámara de Diputados debe encontrar las alternativas para congelar el incremento de los combustibles”: Dip. Liborio Vidal
  • · De 2009 a 2010 se presentaron 12 deslizamientos mensuales para la gasolina Premium, Magna y el diesel

Debido a que el alza a los combustibles no sólo afecta a los transportistas, sino a todos los ciudadanos, el diputado Liborio Vidal Aguilar solicitó a la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público (SHCP) congelar el precio del diesel y la gasolina.

Además, solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucop) la creación de un grupo de trabajo plural, que se encargue de analizar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, con la finalidad de encontrar las alternativas para detener el incremento en dichos precios.

“Es bien sabido que el aumento en el costo de los combustibles afecta la totalidad de las cadenas productivas, lo que influye en el alza general de precios y afecta el poder adquisitivo de todos los ciudadanos”, refirió el legislador.

La propuesta, que fue aprobada por un grupo de diputados priistas del estado de Yucatán, busca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimule el mercado interno a través de la estabilización de los precios de los combustibles, por lo que es necesaria la intervención de la Cámara de Diputados, para que busque congelar la tarifa de combustibles como una medida económica de emergencia.

Vidal Aguilar comentó que anteriormente el costo por litro de este energético oscilaba en los seis pesos, hoy en día ya casi alcanza los diez pesos, sin considerar que cada mes aumentará su costo.

Señaló que de diciembre de 2009 a diciembre de 2010, se presentaron 12 deslizamientos, uno cada mes para la gasolina Premium, Magna y el diesel. La gasolina Premium pasó de 9.57 a 10.10 pesos por litro, la Magna de 7.77 a 8.76 pesos por litro, mientras que el diesel se deslizó de 8.16 a 9.12 pesos por litro. 

“Como legisladores no podemos evadir nuestra responsabilidad con la sociedad, de ahí la importancia de que el Poder Legislativo tome las medidas necesarias para detener esta situación, que perjudica prácticamente a todos los sectores de la economía”, concluyó.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Con la finalidad de proteger la salud de la población y evitar que continúe la proliferación de “productos milagro”, el diputado Eduardo Ledesma Romo presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para que en la elaboración y venta de suplementos alimenticios se cuente con la autorización sanitaria correspondiente.

México, DF, a 18 de febrero de 2011

Boletín 024/11

  • · En el año 2010 la Cofepris aseguró 24 mil 561 "productos milagro” para bajar de peso: Dip. Ledesma 
  • · La falta de autorización sanitaria contribuye a la proliferación de suplementos alimenticios que ocasionan riesgos a la salud

Con la finalidad de proteger la salud de la población y evitar que continúe la proliferación de “productos milagro”, el diputado Eduardo Ledesma Romo presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para que en la elaboración y venta de suplementos alimenticios se cuente con la autorización sanitaria correspondiente.

El legislador ecologista comentó que actualmente para la elaboración y preparación de los suplementos alimenticios no se requiere contar con registro sanitario, basta con presentar un aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, lo que impide garantizar la seguridad, eficacia y calidad del producto antes de su venta.

El también secretario de la Comisión de Justicia, señaló que la falta de autorización sanitaria ha contribuido a la proliferación de empresas orientadas a la fabricación de suplementos alimenticios y el riesgo de elaborarlos con sustancias nocivas para la salud. En el año 2010, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró 24 mil 561 "productos milagro" para bajar de peso.

Ledesma Romo señaló que México, al ser uno de los países con más casos de sobrepeso y obesidad, constituye un mercado para la comercialización de suplementos alimenticios que prometen bajar de peso, aun cuando no tienen propiedades terapéuticas o bases científicas.

“Los suplementos alimenticios o productos con efectos curativos conocidos como ‘productos milagro’, sin duda representan un riesgo para la salud de los consumidores”, puntualizó el legislador.

La Cofepris –agregó- ha ordenado desde hace ya varios años el retiro de estos productos del mercado, por causar reacciones adversas y enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, alergias, cáncer de tiroides, gota y acné, así como nefrotoxicidad y problemas psiquiátricos, entre otras.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

La situación por la que atraviesan Sinaloa y Sonora después de las heladas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que tendrá implicaciones políticas, económicas y sociales para el país, señaló el diputado Liborio Vidal Aguilar, secretario de la Comisión de Desarrollo Social.

México, DF, a 25 de febrero de 2011

Boletín 029/11

  • · Las heladas en estas entidades dejaron pérdidas de más de 50 mil millones de pesos: Dip. Vidal
  • · El Gobierno Federal requiere de una acción integral para mitigar los daños y reactivar la producción agrícola

La situación por la que atraviesan Sinaloa y Sonora después de las heladas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, que tendrá implicaciones políticas, económicas y sociales para el país, señaló el diputado Liborio Vidal Aguilar, secretario de la Comisión de Desarrollo Social.

El diputado ecologista comentó que la contingencia climatológica que se presentó a principios de febrero, ocasionó pérdidas por más de 50 mil millones de pesos, sumados a los 300 mil jornaleros que se quedarán sin empleo.

“La situación es preocupante porque impacta negativamente en la seguridad alimentaria del país, además del efecto inflacionario que tendrá en los precios de varios productos agrícolas”, puntualizó el legislador.

Vidal Aguilar señaló que aun cuando Sinaloa es el principal proveedor de maíz blanco para la producción de tortilla en el país, los daños que ocasionaron las heladas superan el millón de hectáreas, principalmente en cultivos de maíz, frijol, trigo, sorgo, papa, jitomate, hortalizas, cítricos, chile, brócoli y garbanzo, entre otros.

“Estoy convencido que una situación de este tipo amerita una respuesta más contundente por parte del Gobierno Federal, respuesta que no vemos por ninguna parte”, advirtió.

Dijo que el Gobierno Federal ha liberado 40 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para apoyar a estos estados; sin embargo, la aplicación de los recursos no ha fluido con rapidez y no ha tenido el impacto esperado entre la población afectada.

“No vemos en las medidas, hasta ahora implantadas por las autoridades federales, la urgencia de enfrentar esta situación, se requiere de una acción integral y de largo alcance para mitigar los daños y para reactivar la producción agrícola, principalmente en Sinaloa”, concluyó.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

La situación en Oaxaca es producto de diferencias ideológicas de fondo, de la operación política basada en prácticas clientelares y de un vertiginoso clima de ingobernabilidad, aunado a las condiciones críticas de pobreza y marginación.

México, DF, a 17 de febrero de 2011

Con su permiso diputado presidente, diputadas y diputados.

La situación en Oaxaca es producto de diferencias ideológicas de fondo, de la operación política basada en prácticas clientelares y de un vertiginoso clima de ingobernabilidad, aunado a las condiciones críticas de pobreza y marginación.

La inseguridad no es sinónimo de ingobernabilidad ni la ingobernabilidad es sinónimo de inseguridad, puede haber gobernabilidad con el arma llana del autoritarismo y éste puede provocar asimismo inseguridad pública y social. En Oaxaca, desde hace un lustro persiste la ingobernabilidad política, entendida como la incapacidad de las autoridades en turno para legitimar sus actos y acciones de gobierno.

En Oaxaca se ha hecho latente el riesgo y la amenaza de conflictos sociales con mucho mayor alcance y con consecuencias en detrimento de la paz y el orden público para miles de familias oaxaqueñas. Es decir, la ingobernabilidad ha permeado hasta las estructuras gubernamentales y políticas, aún más con la alternancia.

Oaxaca necesita soluciones de fondo y no simples trámites o discursos que invoquen tiempos y plazos definitivos, es un trabajo plural permanente que requiere de toda la atención posible.

Oaxaca posiblemente representa el éxito de una alianza electoral estratégica de coyuntura, pero también puede representar -y con consecuencias más graves aún- la fractura y el quiebre del gobierno mismo. Es por ello, que las alianzas interpartidistas corren el riesgo de contaminar los gobiernos y las gestiones, y hasta las lógicas más puras del poder político, tal es el caso de Oaxaca.      

Son tantas y tan variadas las expectativas vendidas por estas alianzas electorales, que luego de haber consumado su triunfo en el gobierno, la presión de las nomenclaturas termina por alcanzarlos, al grado de calificarlos como gobiernos de exclusión y de represión.

Sabemos que la encrucijada a la que está expuesto el Gobernador Gabino Cué no es para menos, ¡no!; sin embargo, es muy delicado anunciar una cacería de brujas cuando uno no es capaz de legitimar ni siquiera los ánimos de justicia y clamor. 

Ojalá que las promesas del cambio y la alternancia no sucumban y terminen por reproducir viejos arquetipos de simulación y fracaso. Si este fuera el caso, las alianzas electorales no garantizan en lo absoluto un orden, paz, estabilidad, desarrollo, ni mucho menos progreso, sólo simulación de una democracia fallida.    

Exhortamos respetuosamente al Gobierno Federal y local del estado de Oaxaca, a que conjuntamente convoquen y establezcan una mesa plural de diálogo y concertación con los diversos grupos sociales inconformes, a fin de entablar una comunicación directa, plural y permanente, garantizando la integridad y libertad de cada una de las partes implicadas.

A mis compañeros, diputados federales provenientes del estado de Oaxaca, les solicitó cordialmente que a la brevedad, funjan como interlocutores directos y permanentes entre las autoridades y los grupos inconformes, a efecto de identificar la viabilidad social y jurídica de las demandas y exigencias de los grupos inconformes. Asimismo, a  defender los legítimos derechos de las personas que en su caso hayan sido o sean vulneradas de sus garantías, por haber sido señaladas injustamente por su participación en los conflictos violentos.

No dejemos que los resabios y los enconos por el incumplimiento de acuerdos y compromisos coyunturales, sean la base para desestabilizar política, social y económicamente a un estado tan importante para el país como es Oaxaca.

La violencia, las amenazas y los condicionamientos arbitrarios y unilaterales imposibilitan cualquier intento de entendimiento y diálogo. ¡Por un Oaxaca de paz, concordia y progreso!

Muchas gracias señores diputados.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El Grupo Parlamentario del Partido Verde externa su preocupación por los últimos sucesos que se han presentado en el estado de Oaxaca.

México, DF, a 17 de febrero de 2011

 

Compañeras, compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Verde externa su preocupación por los últimos sucesos que se han presentado en el estado de Oaxaca.

Es triste ver que a pesar del nuevo gobierno democrático en Oaxaca, se sigue privilegiando el conflicto y la violencia sobre los acuerdos para resolver diferendos entre los actores políticos y sociales. También es penoso ver cómo los oaxaqueños, una vez más, son rehenes de desacuerdos e intereses mezquinos, así como de la incapacidad política para generar condiciones de gobernabilidad democrática.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde reprueba la violencia como forma de presionar a los gobiernos para que accedan a demandas de grupos de poder, pero también reprobamos que la violencia se enfrente con más violencia y represión, como sucede en Oaxaca con el tema magisterial, porque en el Partido Verde tenemos una vocación pacífica no sólo por definición, sino por convicción.

Por eso hacemos un llamado a la concordia, al diálogo, al ejercicio de la buena política y sobre todo a la tolerancia por parte de todas los partes involucradas en el conflicto en Oaxaca. Queremos un México unido y no en permanente conflicto interno. Queremos un México que cierre filas para superar los retos históricos, que a pesar de la alternancia partidista, a pesar de la retórica de los partidos que fueron oposición y que hoy son gobierno ahí siguen, la marginación, la inequidad, la pobreza, la falta de oportunidades, y hoy habrá que sumarle el tema de la inseguridad pública. Ahí siguen y ahí seguirán si no hacemos frente común.

Tenemos que reflexionar: qué utilidad para la nación y los ciudadanos tiene el que partidos antagónicos -que no comparten principios, ideologías ni programa- se coaliguen en las elecciones, si posteriormente en el ejercicio de gobierno prevalece el desacuerdo y el conflicto entre ellos. Cuando grupos afínes a partidos políticos que en campaña fueron aliados ahora se constituyen en auto oposición y en el caso de Oaxaca, realizan acciones para desestabilizar al gobierno.

¿Cuál es la utilidad para la sociedad mexicana de coaligarse con el único objetivo de impedir que el adversario llegue al poder o que continúe en el poder? Si no se tiene la capacidad de hacer mejor gobierno, de hacer mejor política.

Para finalizar, compañeras y compañeros diputados, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario del Partido Verde es solidario con los ciudadanos oaxaqueños. Aquellos oaxaqueños ajenos a la política, a  los políticos, a los partidos y a los movimientos sociales, oaxaqueños que son ciudadanos comunes, que sin deberla ni temerla una vez más ven amenazado su derecho a vivir en paz y desarrollar su vida con normalidad.

A los oaxaqueños les pedimos que no pierdan la fe y la esperanza. Los actores políticos y sociales esperamos que lleguen a un acuerdo para trabajar en armonía por la estabilidad y el desarrollo de Oaxaca y les aseguramos que el Partido Verde hará lo que este a su alcance para que esto pueda ser una realidad.

Muchas gracias.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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