La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosLa suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción III, del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. [1] El particular puede iniciar dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. [2] Por su parte, la Administración Pública Federal también puede iniciar un juicio cuando estime que una resolución administrativa favorable a un particular, es contraria a la ley. [3] En este último caso, se trata del llamado juicio de lesividad, procedimiento administrativo especial, iniciado por la Administración Pública para revocar o nulificar un acto administrativo dictado por la misma autoridad, por error o que perjudique al fisco. [4] Es decir, este juicio tiene la particularidad de que es promovido por un sujeto jurídico administrativo que demanda se revoque un acto administrativo anterior, emitido por él mismo en su calidad de sujeto público. [5] Su fundamento jurídico es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo segundo y el Código Fiscal de la Federación en su artículo 36. Otorgar la acción o potestad legal, para iniciar un juicio a particulares así como a la propia Administración Pública, y cuyo efecto principal será la nulidad de una resolución o acto administrativo, implica que ambos sujetos (particular- Administración) se les considera en igualdad de condiciones procesales. Entre ellos existe igualdad jurídica ante la ley. La problemática surge en la distinción de plazos concedidos por ley, para interponer el juicio. De conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el particular cuenta con 45 (cuarenta y cinco) días, no así la autoridad quien tiene hasta 1866 (mil ochocientos sesenta y seis) días para interponer la demanda. En efecto, cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, el plazo de interposición de la demanda es de cinco años contados a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, e incluso, en los casos donde existan efectos de tracto sucesivo, se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto. Esta disparidad, representa una vulneración inminente a varios principios jurídicos. Debe mencionarse que el juicio de lesividad tiene como finalidad inmediata  revisar la legalidad de las resoluciones fiscales favorables a los particulares, pero esta finalidad está acotada por el bien jurídicamente tutelado por los artículos 36 del Código Fiscal de la Federación y 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: la seguridad jurídica de los particulares, que como principio constitucional, contenido en el  artículo 16 de nuestra Carta Magna está por encima de cualquier otra consideración. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están impedidas para revocar las resoluciones fiscales favorables a los particulares que hayan dictado. [6] Esta disposición legal, evidentemente tutela la seguridad jurídica de los particulares, debido a que no serán las propias autoridades fiscales quienes podrán revocar las resoluciones que benefician a los particulares, sino que conforme el artículo 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tendrán que acudir al juicio de lesividad, para que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que revise la legalidad de la resolución correspondiente. Debe hacerse hincapié en el hecho de que los 5 años que nos ocupan, son el plazo con que cuentan las autoridades fiscales para iniciar el juicio de lesividad, lo que significa que la definición de la situación jurídica del particular, necesariamente se alargará durante algunos años más, esto es, hasta que tal juicio haya concluido. En este orden de ideas, si consideramos que un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tarda en promedio en concluir entre dos a tres años, incluyendo todas sus instancias (recurso de revisión para las autoridades o bien juicio de amparo para los particulares), ello representará que la situación jurídica del particular se estará definiendo en un plazo que en promedio será de siete a ocho años, siendo evidente que en muchos casos estos plazos de resolución son incluso, mucho mayores. Esto se estima indebido, pues si bien es cierto que las resoluciones favorables a los particulares deben ser objeto de revisión por parte de los tribunales competentes, también lo es que el plazo real en el que se determinarán los derechos y obligaciones de los particulares resulta imprudente, excesivo y, por ende, contrario a la garantía de seguridadjurídicaconsagrada en el artículo 16 Constitucional. Desde las reformas al artículo primero constitucional, del año 2011, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México, constituyen ley superior. Se trata del bloque de constitucionalidad – convencionalidad, que las autoridades del Estado mexicano, en todos los órdenes jurídicos y con independencia de su jerarquía, estamos obligados a respetar. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de estos instrumentos internacionales que se encuentran a la par de la Constitución. Esta Convención es fundamento de los razonamientos que hasta aquí se han presentado.  El artículo 8, párrafo 1 de dicho ordenamiento internacional,  a la letra dispone: "8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” La anterior disposición, establece un derecho fundamental, debidamente reconocido por los artículos 1 y 133 Constitucionales, siendo ineludible la obligación por parte de nuestro país de determinar los derechos y obligaciones de orden fiscal dentro de un plazo razonable, por parte de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. No se estima razonable el plazo de 5 años contenido en el artículo 13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues tan sólo implica la posibilidad de incoar el juicio de lesividad en contra de una resolución favorable al particular, siendo evidente que este juicio a su vez dilatará en promedio dos o tres años y aún más (considerando todas sus instancias), con lo cual, en el extremo, el contribuyente estará en la indefinición de sus derechos y obligaciones en materia fiscal, por plazos que pueden exceder ocho años, lo que dista de ser razonable. Sobre este tema, resultan de especial importancia las palabras pronunciadas por el Profesor Klaus Tipke, Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Colonia, Alemania, en el prólogo del libro intitulado “Capacidad Económica y Sistema Fiscal” del Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Compultense de Madrid, el Dr. Pedro Manuel Herrera Molina[7], ellos han mencionado lo siguiente: “No es suficiente que los Estados de Derecho persigan, mediante normas formales, la seguridad jurídica; también deben elaborar un derecho material justo. El Derecho Tributario de los Estado de Derecho no puede constituir un orden coactivo con un contenido cualquiera. Por el contrario, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo.” Es así que la ley no debe secundar situaciones arbitrarias, los Estados de Derecho deben caracterizarse por un Derecho tributario justo, y coincidimos con el filósofo y político griego Séneca quien mencionó “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, permitir plazos excesivos contribuiría a permitirlo.

• Igualdad procesal e igualdad jurídica
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En segundo lugar, se estima que se atenta contra el principio de igualdad procesal - inserto en el principio de igualdad jurídica-, entre la Administración y el particular. Pese a que en criterios jurisprudenciales, anteriores al año 2011 (año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos), se ha determinado que los particulares y las autoridades no son iguales, no podemos ignorar que el artículo 8 de la Convención Americana es superior a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.[8]

• Seguridad - certeza jurídica e irretroactividad.
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El plazo excesivo con el que cuenta la autoridad para interponer el juicio de lesividad, además de vulnerar el principio de igualdad jurídica, quebranta el principio de seguridad y certeza jurídica, toda vez que el particular que obteniendo una respuesta a su favor de la Administración Pública, se encontrará en incertidumbre de que en los siguientes cinco años, la propia Administración cambie de criterio interpretativo o incluso, aplique jurisprudencia que, en el momento de la decisión no existía, y así se contraviene adicionalmente, el principio constitucional de irretroactividad. Más aún, se genera un estado de inseguridad jurídica en perjuicio del gobernando el hecho de que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, no se señala las causas y efectos de una declaratoria de nulidad por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la resolución administrativa favorable impugnada. Los cinco años concedidos a la Administración Pública, no pueden  justificarse en el cúmulo  de trabajo bajo su responsabilidad ni se puede,[9] afirmar que se pretende equiparar con el plazo de prescripción de las facultades fiscales, que también es de cinco años. [10] Invocar un exceso de trabajo no tiene mayor peso que el argumento de un Estado constitucional de derecho, del que somos parte; donde particulares así como autoridades estamos sometidos a la ley, su Constitución, y los principios que de ella derivan. Por otro lado, las facultades fiscales y la acción legal son figuras de naturaleza distinta. Debe tomarse en cuenta que en las primeras, la Administración Pública aún funge como autoridad, en tanto en la segunda, la Administración acude al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa no en calidad de autoridad con imperium, sino más parecido a un particular que solicita acceso a la justicia. E incluso, opera en su contra el hecho de que la resolución controvertida, ella misma la emitió, en todo caso el error deriva de su actuar. Adicionalmente, conviene recordar que en términos del artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente la actuación de los contribuyentes en todo caso, se presume de buena fe. No se puede negar que existen casos que justifican demandar la ilegalidad de alguna resolución que siendo favorable a los intereses de un particular, causa una lesión o perjuicio al fisco.  Sin embargo, tampoco debe ser un instrumento para que las autoridades fiscales puedan impugnar en cualquier tiempo, una resolución favorable a un particular, máxime que fue la propia autoridad quien la emitió. Esta iniciativa expone la necesidad de reducir los plazos, para la autoridad en la interposición del juicio de lesividad. No obstante, establecer un plazo de 45 días, igual al que posee el particular, también atentaría con la equidad procesal, toda vez que es acertado considerar en su justa medida, el cúmulo de trabajo que tienen las autoridades, razón por la cual, 45 días no son suficientes para que la Administración detecte error o ilegalidad en alguna resolución por ella emitida. Por tanto, con el objetivo de salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza jurídica, igualdad e irretroactividad en perjuicio del ciudadano, proponemos reducir el plazo que tiene la Administración Pública para ejercer acción legal que pretenda revocar o nulificar un acto administrativo, que considere causa perjuicio al fisco. Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción III, del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para quedar como sigue: Artículo 13.- ….. I a II……… III.  De un año cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a un año anterior a la presentación de la demanda. …..

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Sede del H. Senado de la República a los 12 días del mes de marzo del año 2013.

NINFA SALINAS SADA

Senadora de la República

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SENADO DE LA REPUBLICA LXII LEGISLATURA La suscrita Senadora  Ninfa Salinas Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, con  base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México está situado entre dos grandes océanos y en su territorio hacen frontera dos regiones biogeográficas, lo que contribuye a que presente una gran biodiversidad, tanto en su parte terrestre como  en sus aguas marítimas. Además, nuestro país destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, ya que cuenta con 11 mil 592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares. El Mar Territorial, que es el espacio marino adyacente a las costas del país, con una anchura máxima de doce millas náuticas (22.2 kilómetros), sobre el que se ejerce a plenitud su soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo del mar, así como el espacio aéreo suprayacente; cuya superficie es de 209 mil kilómetros cuadrados (sin incluir el mar territorial insular). La Zona Económica Exclusiva (ZEE), es la franja situada fuera del mar territorial y adyacente, con una anchura máxima de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea base del mar territorial. El Estado ejerce derechos jurisdiccionales para los fines de exploración, explotación económica de la zona y sus recursos; así como la preservación del medio marino. La pesca como actividad del sector productivo primario requiere de un conocimiento con una visión ecosistémica  de los recursos pesqueros con el objeto de poder llevar a cabo un manejo sustentable. En este sentido no es extraño que se hayan generado diversos documentos técnicos y científicos que tratan sobre el estado de las pesquerías en México, siendo la preocupación general el decremento de las capturas de algunos recursos objetivo, la mención cada vez más generalizada del deterioro de las pesquerías en el contexto mundial, y por lo mismo las pesquerías nacionales,, así como sobre el efecto negativo de la pesca en los ecosistemas, todo esto dentro del marco de referencia de los acuerdos internacionales para la pesca responsable , el enfoque precautorio  para lograr una pesca sustentable; De acuerdo a los informes más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de las  441 especies usadas en pesca mundial, el 20% se encuentra medianamente explotada, el 52%  se encuentra explotada en su máximo nivel, sin posibilidades de expansión futura y con riesgo de declinar por mal manejo; el 17% se encuentra  sobre explotado, el 7% ya está agotado, y sólo un 1% muestra cierta recuperación, y  sólo el  2% no está explorado[1]. Este estado de las capturas marinas  se debe a la combinación de varios factores que afectan la productividad de los stocks, entre ellos la sobre pesca, la pesca no regulada y no reportada, los artes de pesca no selectivos,  y por tanto destructivos, así como la sobrepesca de ejemplares juveniles. La Organización de las Naciones Unidas, en sus reuniones sobre  Océanos y el Derecho del Mar, reporta también que el 85% del total de la pesca mundial se realiza en las aguas jurisdiccionales, por lo que pone el acento en las acciones que los diversos países deben tomar en sus aguas jurisdiccionales, para evitar el agotamiento de los recursos pesqueros.[2] Las aguas jurisdiccionales son aquellas en las que México ejerce su jurisdicción y soberanía, y comprenden las aguas interiores, el mar territorial, y la zona contigua de pesca exclusiva. Por tanto, cuenta con poco más de once mil kilómetros de litorales, tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, más de dos millones novecientas mil hectáreas de aguas interiores y trescientos cincuenta y ocho mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, así como aguas interiores. Todo esto hace de México un país ideal para la pesca y la acuacultura. Sin embargo, y debido a la pesca irracional, a pesar de que ocupamos el cuarto lugar dentro del continente en producto interno bruto producido por esta actividad, el deterioro y amenaza para algunas pesquerías es evidente. En las pesquerías de México la mayor parte de las poblaciones de especies marinas se han reducido, la productividad comercial de los océanos está en su nivel más bajo, con un 15% de las pesquerías más importantes en estado de sobreexplotación, 75% en su máximo nivel de aprovechamiento sustentable, y un pequeño porcentaje en vías de recuperación. Evaluaciones realizadas por el INAPESCA  para  el periodo de 1994 a 2000 señalan que el 85% de las pesquerías se encontraban en su máximo sostenible o en deterioro y sólo un 15% tenían potencial de desarrollo. La Carta Nacional Pesquera del 2000 establece un referente sobre nuestra realidad nacional en cuanto al estatus de los recursos pesqueros y acuícolas. Casi 65% de las pesquerías marinas están al máximo sustentable y 23% muestran indicios de sobreexplotación. Sólo un 12% de las pesquerías en operación podrían crecer en cuanto a captura.[3] Esto se comprueba al analizar el esfuerzo pesquero para las diferentes pesquerías del país y al comparar los volúmenes de la producción pesquera, en peso vivo, del periodo 1980-2006, y advertir que, a excepción de los años 1997 y 2003 no se ha logrado superar el promedio de captura de 1.56 millones de toneladas. Debemos mencionar que, en términos de volumen de captura los datos oficiales registran que, mientras para 1940 el volumen de captura total en peso vivo fue de 70,519 toneladas, para el año 2004 fue de 1,325,135  toneladas. Este dato por sí sólo habla de la enorme actividad pesquera y explotación de los recursos  que es necesario conservar y ordenar para lograr su utilización por las generaciones futuras. El ritmo de crecimiento, para este período, fue de 1,800  por ciento, sin tomar en cuenta que para los años 1940 a 1970  está incluida en los datos la captura por flotas extranjeras, y descargadas en puertos internacionales. Los últimos datos registrados por la CONAPESCA   para el período de enero a julio del 2007, se observó un aumento ligero en el desembarque de sardina, pero una disminución en la captura de túnidos (atún, barrilete y bonito), y en términos de científicos: “En términos globales, se advierte que las tendencias de las pesquerías mexicanas siguen el mismo patrón que las pesquerías mundiales, donde la mayor parte de los recursos son plenamente explotados o sobreexplotados. También es de destacarse que en el caso de México el número de las pesquerías con potencial de desarrollo decreció del 2002 al 2004, mientras que las pesquerías plenamente desarrolladas aumentaron en la misma proporción para el mismo periodo.” [4] Es importante señalar el aumento del número de barcos pesqueros y mejoras en la tecnología. La flota actual mundial es dos veces mayor  que la que existía en 1970. El número de pescadores en el mundo creció en la misma proporción en ese periodo. Este aumento ha resultado en sobreexplotación, la captura en niveles superiores a los que las especies explotadas pueden renovar su población, lo que resulta en reducir su capacidad de producción (y, por lo tanto, también la captura). Actualmente, al menos 75% de los recursos pesqueros mundiales son explotados a su máximo permisible o  francamente sobreexplotados.[5] La actual Administración Pública Federal cuenta con dos organismos encargados de la gestión de los recursos pesqueros: el Instituto Nacional de la Pesca (INP), y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), ambos dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. No obstante, esta estructura administrativa no siempre fue así. La creación, en 1994, de una Secretaría de Estado encargada del diseño y aplicación de la política ambiental, así como del fortalecimiento y cumplimiento de las leyes y normas en la materia, todo ello con un enfoque integral, marcó un cambio en la planeación de la gestión de los recursos hidráulicos, forestales, de suelos, pesqueros y del medio ambiente. El sector pesquero, como muchos otros, fue incorporado a esta nueva dependencia de la Administración Pública Federal.  Ello obedeció a la urgente necesidad de enfrentar el reto de reorientar los recursos pesqueros y acuícolas armonizando su conservación, explotación sustentable y fomento productivo. En ese sentido, la política pesquera de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se orientó a fomentar la pesca responsable y lograr el ordenamiento pesquero, ello para estar en posibilidad de recuperar las especies que presentaban signos de deterioro y las que ya estaban sobre explotadas, así como alentar el desarrollo de aquellas que mostraban potencial para el consumo. Fue en este año que surge la publicación de la Primera Carta Nacional Pesquera, que funciona como un  primer acercamiento al estudio de las especies y poblaciones, de forma coordinada y sistemática, documento que es aún regularmente publicado. Sin embargo en el año 2000, con la nueva administración el sector pesquero se derivó bajo la injerencia de la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), pasando así del sector de conservación de recursos naturales a un sector productivo, lo cual se justificaba lógicamente con la intención de  mejorar la producción pesquera y de alimentación en base a proteína  proveniente del mar que es de alta calidad. Al principio de dicha administración, la Subsecretaría de Pesca fue reducida a una comisión, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA). Actualmente, las ahora Subdelegaciones de Pesca están integradas a las Delegaciones de la SAGARPA. Es decir, las oficinas de atención regional de la pesca dejan de estar bajo la coordinación del órgano encargado de atender la pesca en el país. El Instituto Nacional de la Pesca sufrió una severa reducción de personal de investigación (de cerca de 400 investigadores y técnicos en el 2000 a menos de 257 en el 2004), a pesar de que en la nueva Ley General se le dan más atribuciones.[6] Las políticas gubernamentales de la administración pesquera nacional han ido encaminadas al fomento y/o “promoción” y a la liberalización, tendido a incrementar o eficientizar la infraestructura o los procesos de captura, procesamiento o comercialización. El uso de artes de pesca de alto impacto puede dañar ecosistemas vulnerables como son las zonas de algas marinas, corales de profundidad y otros hábitat críticos, provocando la erradicación de estos ambientes únicos, de importancia para el reclutamiento de numerosas especies tanto comerciales como no comerciales. Que estos impactos pueden ser tan dañinos, que se han comparado los efectos de los arrastres en el fondo marino con los efectos que puede tener la deforestación en los bosques.[7] Al cabo de dos periodos de administración se ha visto que el objetivo primario de conservar se ha ido perdiendo paulatinamente, y que los recursos pesqueros se contemplan y manejan de forma muy diferente a lo que verdaderamente son: recursos naturales, que además son estratégicos para el país. Por otra parte, existen vicios jurídicos, y contradicciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que, a pesar de que formalmente se otorga a la SAGARPA la regulación y ordenación de la pesca, y de igual forma, el organismo encargado de la pesca que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) , así como al  Instituto Nacional de la Pesca (INP), pasan a formar parte de la SAGARPA, en realidad y de acuerdo a la misma Ley la SEMARNAT  sigue teniendo atribuciones legales en asuntos de pesca, tal y como lo demuestran las fracciones II, IV, V, XIX,  del Artículo 32 bis de dicho ordenamiento: Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades; III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos; IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato; Al mismo tiempo se le otorgan facultadas la al nueva Secretaria (SAGARPA): Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes; c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares; d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero; e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan; f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento; g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos; Lo anterior demuestra que las facultades recaen  en dos secretarias, lo cual puede provocar serios conflictos que repercutan en la conservación tanto de los recursos pesqueros, como de las especies asociadas y no objetivo, es decir en un aprovechamiento sustentable. Un hecho que no debe soslayarse es que, todas las especies,  ya sean de  flora o fauna, que se encuentran en alguna categoría de riesgo, es decir, enlistadas en la NOM 059 – SEMARNAT- 2010,  Protección Ambiental de Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión, o cambio. Lista de especies en riesgo, se encuentran bajo  la administración y tutela de la Ley General de Vida Silvestre, y por tanto de la SEMARNAT,  tal y como se define en su Artículo primero, párrafo segundo: “El aprovechamiento sustentable de los recursos  forestales maderables y no maderables, y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua  será regulado por las leyes forestal y de pesca respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo”. En dichas categorías de riesgo encontramos a todos los mamíferos marinos, es decir, ballenas, delfines, lobos marinos y manatíes, además de todas las especies de tortugas marinas. También se encuentran especies de peces como son el tiburón ballena, totoaba, tiburón blanco, tiburón peregrino, varias especies endémicas de pulpos, como el de Tepic; almeja pismo; o incluso varias especies de carpas. Resulta, por decir lo menos, incongruente que una dependencia se encargue del manejo productivo y otra de la conservación en un medio cuyas propiedades especiales lo hacen particularmente indivisible. Nos referimos al medio marino El medio acuático,  en especial el marino tiene características por las que el enfoque eco sistémico es indispensable, ya que es un hábitat que nos es poco visible, con una gran interrelación entre las especies, en un  medio y hábitat indisoluble y no fragmentable. Con estas características tan especiales  no se puede hacer una división artificial en el manejo  de los ecosistemas acuáticos y  marinos en especial  debido a que  son tan complejos y frágiles a las diversas condiciones climáticas y a las acciones antropogénicas, incluidas las productivas Tanto la primera Carta Nacional Pesquera publicada el 28 de agosto del 2000, por la todavía SEMARNAP, como la última versión, publicada el 15 de marzo del 2004 mencionan la innegable acción directa o indirecta entre los diversos procesos ecológicos y las potenciales afectaciones que dichas interacciones pueden provocar entre los diferentes elementos de un ecosistema, e incluso entre ecosistemas distantes en tiempo y espacio[8] Las actividades pesqueras se llevan a cabo en ambientes silvestres en los cuales las especies juegan un papel en el ecosistema y su disminución por la sobreexplotación puede ocasionar lo que se conoce como efectos cascada produciendo la pérdida de bienes y servicios ambientales, lo que genera un alto impacto económico y de seguridad en las sociedades costeras. Tales impactos pueden tener pérdidas hasta 10 veces mayores que el valor mismo de la pesca, en la pérdida de otros servicios ambientales como es el la protección de la zona costera de los arrecifes de coral[9] que protegen las zonas costeras contra tormentas y huracanes. [10] Se ha demostrado que la protección de una porción suficiente de estos ecosistemas a la pesca y a otras actividades extractivas permite no sólo la recuperación de especies de interés comercial sino las funciones del ecosistema y acelera la recuperación de especies claves,  como son los corales.[11] De acuerdo a la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) el enfoque eco sistémico debe ser:  “Una estrategia para la gestión integrada de los recursos naturales, orientada a mantener, restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores, de tal manera que se promuevan la conservación y el usos sostenible de los recursos”[12] Es en este sentido que las principales recomendaciones del la FAO emitidas en los últimos años y que consisten en abordar el enfoque precautorio, así como el enfoque eco sistémico no pueden ser plenamente ejecutados desde el sector meramente productivo, enfocado en la especie. Se ha demostrado que si se siguen exclusivamente los criterios de manejo pesquero para determinar la cuota máxima sostenible y las decisiones sobre estos recursos de uso público, siguen sin implementar acciones de protección que integren el papel que juegan las especies como centro de la cadena trófica,  lo que  puede tener un efecto catastrófico en toda la biodiversidad marina[13] . Es por esto que las especies marinas no deben ser vistas exclusivamente como potenciales a ser explotadas, sino que debe entenderse el papel que juegan en los ecosistemas, en la provisión de bienes y servicios y ambientales y que las decisiones sobre su explotación deben considerar esta integración de una manera holística,  multidisciplinaria, y sustentable. Además, aún en el supuesto de que las especies estuvieran siendo aprovechadas a su máximo rendimiento sostenible, sin llegar al estatus de deterioro, no es suficiente para tener una pesca sustentable, como lo manifiesta en varios de sus preceptos el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Este instrumento deja en claro que para que las actividades pesqueras sean sustentables no basta que se garantice la continuidad biológica de las especies que sustentan las capturas, sino que también se debe de garantizar la preservación de las especies que no son de interés pesquero y la viabilidad de los ecosistemas. De tal manera que creemos que el hecho de que sector pesquero esté adscrito a la SAGARPA es inadecuado. Por su naturaleza,  esta secretaría no es la idónea para cuidar los recursos naturales renovables,  ni los ecosistemas en que estos habitan. Simplemente la SAGARPA no es la instancia adecuada para administrar las zonas costeras y las actividades que dependen de la misma. La pesca depende de la zona costera;  según datos de la FAO más del 80% de las capturas efectuadas en el mar se basan en peces que habitan la costa; y varias pesquerías de altamar explotan las poblaciones de peces que pasan parte de su vida en aguas del litoral, por ejemplo, en un criadero o zona de alimentación. Las poblaciones de peces dependen también de la productividad primaria de la zona costera como parte de la trama trófica. De hecho en nuestro país la pesca ribereña que se realiza a poca distancia de la costa es responsable del 65% de la producción destinada al consumo humano directo. El 85% de los pescadores del país se dedican a esta actividad que genera además el 80% del valor económico de la producción pesquera nacional. Es así que las actividades pesqueras no deben realizarse sobre la base de una visión puramente productiva, sino que deben ser considerados el Principio Precautorio, la externalidad y el enfoque eco sistémico. Por tanto no puede manejarse desde dos dependencias con visión diversa, sino bajo una visión de integralidad, conservación y sustentabilidad. Por lo anterior, consideramos necesario, urgente e indispensable que las dependencias encargadas del sector pesquero sean devueltas al sector  de medio ambiente, tal y como sucedió en el periodo 1994-2000, y sea la Secretaría de Medio Ambiente la encargada de la ordenación  pesquera a la luz de todos los principios y ordenamientos legales ya existentes. Esta modificación es particularmente importante, ya que desde la perspectiva del artículo  10 de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que independiza totalmente a las dependencias, lo que favorece la disociación entre producción y conservación : Artículo 10.- Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. El devolver la administración pesquera a la Secretaria de Medio Ambiente, con las dos dependencias que se encargan de ella, como son CONAPESCA y el Instituto Nacional de la Pesca, se lograría una mayor armonía entre el manejo productivo y el uso sustentable, tanto de especies objetivo como de aquellas especies que se encuentran en categorías de riesgo. Por otra parte, se lograría un mejor control de las actividades pesqueras en áreas naturales protegidas que se encuentran bajo la tutela de la hoy Secretaria de Medio Ambiente, y Recursos Naturales De acuerdo a la propia FAO, a medio y largo plazo, el mayor desafío al cual debe enfrentarse la pesca marina es una ordenación mejor y más responsable de las poblaciones. Esta ordenación exige una regulación de la producción con un enfoque precautorio de forma que no se aplique a las poblaciones que se intentan pescar un esfuerzo excesivo que provoque la sobre pesca. Además, la ordenación del ecosistema, que tiene en cuenta el impacto de la pesca en las poblaciones que no son objeto de la pesca, es cada vez más común y añadirá una complicación más al proceso de ordenación. Es también importante que se centre más la atención en el papel de la pesca en el ecosistema, la manera en que éste afecta a la actividad pesquera y la relación entre los usos alternativos y el valor de los ecosistemas. Finalmente, aunque no menos importante,  es hacer la aclaración de que esta iniciativa ha sido elaborada también pensando en los probables impactos económicos. Nuestros estudios en el Partido Verde Ecologista de México han demostrado que asignar CONAPESCA y el Instituto a la SEMARNAT no generaría impacto presupuestario, si se preservan las mismas funciones, y se considera que se dispone de los recursos materiales, presupuestales y  humanos con las cuales cuentan ambas oficinas. Por lo anterior la presente Iniciativa  propone reincorporar la administración en materia pesquera a la Secretaría de Medio Ambiente, con lo que pasaría a ser la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de acuerdo con el siguiente Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas disposiciones de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal Artículo Único.- Se REFORMAN el artículo 26; el primer párrafo, el primer párrafo  y las fracciones II, III del artículo 32 Bis, y el primer párrafo del artículo 35; se ADICIONAN las fracciones XXXI del artículo 32 Bis; y se DEROGA la fracción XXI del artículo 35, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca Secretaría de Energía Secretaría de Economía Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de la Función Pública Secretaría de Educación Pública Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de la Reforma Agraria Secretaría de Turismo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. …   II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, incluyendo los pesqueros, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades; La política nacional, en materia de recursos naturales  se dictará de acuerdo a los enfoques precautorio y eco sistémico III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, lo que incluye a los recursos pesqueros,  con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;     IV a XXX.-  …   XXXI.-Fomentar, regular y ordenar  la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a maricultura  y acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes; c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares; d) Proponer a la Secretaría Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca  la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero; e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como el esfuerzo pesquero y  las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, las normas oficiales mexicanas que correspondan; f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento; g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y XXXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos; Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. ...a XX. ... XXI. (Se deroga). XXII. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan las disposiciones contempladas en la legislación sectorial que contravengan al presente Decreto. Tercero. El Ejecutivo Federal destinará a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,  con base en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión los recursos suficientes para que lleven a cabo las disposiciones estipuladas en esta ley. Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca modificará su Reglamento Interior, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del Presente Decreto. Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, elaborará, publicará y mantendrá actualizada la Carta Nacional Pesquera. Dado en el Senado de la República a 12 de febrero del 2013.

SENADORA NINFA SALINAS SADA

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De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. VER INICIATIVA

La suscrita, senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos MexicanosLa suscrita, senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I y 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La obligación de proporcionar alimentos comprende la satisfacción de las necesidades indispensables para el sustento y la manutención. El artículo 308 del Código Civil Federal marca como alimentos el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad; respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. La cuantía de la pensión alimenticia depende principalmente de dos circunstancias: los ingresos de la persona que está obligada a otorgarlos y las necesidades primarias del beneficiario o de la persona a quien deben abonarse. La legislación no cuenta con un tabuladoral que deba ajustarse el juez almomento de fijar la pensión de alimentos, por lo tanto, éste, se encuentra facultado para concretar su cuantía conforme las circunstancias, pero siempre dentro de los márgenes legales de cada estado. El facultado para determinar el monto de la pensión alimenticia es un Juez de lo Familiar. El Juez, por medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto, en su defecto el porcentaje que será retenido de su salario, porcentaje que la empresa con la que el deudor tiene una relación laboral, deberá de retener a favor del acreedor alimenticio. La aplicación de descuentos al salario del deudor por concepto de pensión alimenticia es una obligación poco estudiada y difundida entre los obligados a la retención. Si bien el cumplimiento de este deber pareciera algo sencillo, en la práctica se suscitan ciertas problemáticas entre los trabajadores, las empresas y los propios beneficiarios. El patrón, para aplicar el descuento por este concepto debe acatar lo expresamente señalado en el mandamiento judicial que le fue notificado; por tanto, si el oficio indica que la retención debe efectuarse al salario, y cualquier otro ingreso ordinario y extraordinario que reciba el colaborador, la empresa debe considerar además del salario los siguientes conceptos:

• participación de utilidades
• bonos de productividad
• aguinaldo
• prima vacacional y dominical
• ingresos por horas extras, días de descanso laborado, etcétera
• bonos o gratificaciones especiales
• premios de cualquier especie (de asistencia, puntualidad, etcétera)
• vales de despensa
• fondo de ahorro y cualquier otra percepción otorgada

El verdadero problema se da en el momento de aplicar la deducción, ya que la ley no especifica sobre que base se debe de efectuar la misma. Comúnmente se determina en la sentencia que los descuentos se realicen sobre la cantidad que resulte después de haber efectuado las deducciones legales, es decir, la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), así como las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción confirmada en la tesis de jurisprudencia rubro: PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: María Isabel Morales González. Amparo directo 129/2002. 4 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto Cueto López. Amparo directo 600/2002. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto Cueto López. Amparo directo 58/2004. 26 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano. Amparo directo 175/2004. 18 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano. Tesis: VII.3o.C. J/9Semanario Judicial de la Federación y su GacetaNovena Época18030453 de 141 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Tomo XX, Octubre de 2004Pag. 2172 Jurisprudencia(Civil) En caso de que el oficio judicial sea omiso respecto a la base sobre la cual deba aplicarse el descuento, la organización debe efectuarla sobre el salario bruto del trabajador, en cuyo caso se debe de recurrir de nuevo al Juez de lo Familiar, para que indique la base para cumplir con la obligación de referencia. Esto constituye una vulneración al principio de economía procesal, el cual indica que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Además de generar incertidumbre jurídica para todas las partes involucradas: acreedor, deudor alimenticio así como a la empresa o patrón que debe de efectuar la retención. Es por esto que se considera indispensable aclarar desde la ley general la base de deducción de las pensiones alimenticias. Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 311 del Código Civil Federal para quedar como sigue: Articulo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el distrito federal. Para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal. En caso de que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, el incremento en los alimentos se ajustara al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

TRANSITORIOS:

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Sede del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de febrero del 2013.

NINFA SALINAS SADA

Senadora de la República