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La Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, que preside el ecologista Rodrigo Pérez-Alonso González, buscará etiquetar mayores recursos en el paquete económico 201, a fin de acabar con la brecha digital, así como sentar las bases para establecer una política pública en esta materia.

México, D.F. a 24 de septiembre de 2010

Boletín número 165/10

  • · El reto es reducir la Brecha Digital

La Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, que preside el ecologista Rodrigo Pérez-Alonso González, buscará etiquetar mayores recursos en el paquete económico 201, a fin de acabar con la brecha digital, así como sentar las bases para establecer una política pública en esta materia.

Pérez-Alonso González, destaco que actualmente se destinan tan sólo el 0.7 por ciento del total de los recursos públicos, es decir, 17 mil 900 millones de pesos a los programas del Gobierno Federal relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

“El reto es reducir la Brecha Digital, ya que casi 30 millones de mexicanos tienen acceso, por lo que falta incluir a 70 millones más”, destacó.

El legislador pevemista, denunció que a pesar de la importancia de las TICs, la presente administración, hizo importantes recortes a programas sustanciales que han dado buenos resultados como el PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria de Software).

Lamentó la desorganización, la falta de conocimiento, los subejercicios y sobre todo la opacidad del Gobierno Federal en el manejo de los recursos y programas relacionados con este sector, de no corregirse, advirtió, nuestro país continuará cayendo en el ranking mundial en materia de competitividad.

“Si se sigue dejando en el olvido a todo este sector, la problemática va a ser que vamos a seguir bajando en los niveles de competitividad que tiene México con relación a otros naciones, y eso lo vimos en el último reporte del Foro Económico Mundial, bajamos al nivel 66 de 132 países posicionados”, manifestó.

El presupuesto destinado al desarrollo tecnológico debe tener un carácter transversal, es decir, involucrar a las diversas dependencias y orientarse a lograr varios objetivos, entre ellos reducir la brecha digital, consideró.

Debe etiquetarse para avanzar en la conectividad y en la generación de infraestructura para universalizar la conectividad, además de impulsar una mejora en el proyecto de Gobierno Digital y alcanzar la inclusión social para dar oportunidades de desarrollo y eliminar desigualdades, concluyó.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Necesaria política de Estado para cerrar Brecha digital en México:  Dip. Pérez-Alonso México, D.F. a 24 de septiembre de 2010 Boletín número 165/10 (FAVOR DE MANEJAR DE DOMINGO PARA LUNES) EL PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR ORIENTADO A CERRAR BRECHA DIGITAL: RODRIGO PÉREZ-ALONSO ·         El reto es reducir la Brecha Digital La Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, que preside el ecologista Rodrigo Pérez-Alonso González, buscará etiquetar mayores recursos en el paquete económico 201, a fin de acabar con la brecha digital, así como sentar las bases para establecer una política pública en esta materia. Pérez-Alonso González, destaco que actualmente se destinan tan sólo el 0.7 por ciento del total de los recursos públicos, es decir, 17 mil 900 millones de pesos a los programas del Gobierno Federal relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). “El reto es reducir la Brecha Digital, ya que casi 30 millones de mexicanos tienen acceso, por lo que falta incluir a 70 millones más”, destacó. El legislador pevemista, denunció que a pesar de la importancia de las TICs, la presente administración, hizo importantes recortes a programas sustanciales que han dado buenos resultados como el PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria de Software). Lamentó la desorganización, la falta de conocimiento, los subejercicios y sobre todo la opacidad del Gobierno Federal en el manejo de los recursos y programas relacionados con este sector, de no corregirse, advirtió, nuestro país continuará cayendo en el ranking mundial en materia de competitividad. “Si se sigue dejando en el olvido a todo este sector, la problemática va a ser que vamos a seguir bajando en los niveles de competitividad que tiene México con relación a otros naciones, y eso lo vimos en el último reporte del Foro Económico Mundial, bajamos al nivel 66 de 132 países posicionados”, manifestó. El presupuesto destinado al desarrollo tecnológico debe tener un carácter transversal, es decir, involucrar a las diversas dependencias y orientarse a lograr varios objetivos, entre ellos reducir la brecha digital, consideró. Debe etiquetarse para avanzar en la conectividad y en la  generación de infraestructura para universalizar la conectividad, además de impulsar una mejora en el proyecto de  Gobierno Digital y alcanzar la inclusión social para dar oportunidades de  desarrollo y eliminar desigualdades, concluyó.
A principios de agosto de este año el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reconoció que en lo que va del sexenio hubo 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. No obstante, el Gobierno Federal ha abordado este rubro desde un punto de vista conveniente y evasivo, a través de una práctica instrumentada y MANEJADA COMO UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho tiene encomendado por mandato legal y por tanto obligados a realizar.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2010

Con su venia Diputado presidente

Licenciado José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación,

Compañeros diputados:

El pasado 17 de septiembre del 2009, se celebró ante el Pleno de la Cámara de Diputados la comparecencia del entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, y en discurso abordé una serie de temas que hoy retomo para dar seguimiento a las medidas que la Secretaría de Gobernación ha implementado desde aquel entonces.

En aquella ocasión hice mención a los diversos factores que amenazaban la estabilidad social de nuestro país. Hoy, reitero con desconcierto que en el último año las cifras de inestabilidad social son alarmantes e inaceptables.

El problema de la inseguridad y violencia parecen no tener fin.

A principios de agosto de este año el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reconoció que en lo que va del sexenio hubo 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. No obstante, el Gobierno Federal ha abordado este rubro desde un punto de vista conveniente y evasivo, a través de una práctica instrumentada y MANEJADA COMO UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho tiene encomendado por mandato legal y por tanto obligados a realizar.

Así, cabe destacar la cobertura en medios en relación a las "capturas" de presuntos operadores de la delincuencia organizada, sin reparar incluso en las consecuencias negativas que pueden derivarse de la falta de confidencialidad de los temas que han develado y que juegan en contra de la propia estrategia para seguir en esas labores de inteligencia que se debe tener para continuar con la lucha en contra del narcotráfico.

El derecho a la información se cumple cuando se informa de manera seria y oportuna este tipo de logros que son relevantes, pero que tienen un solo vocero y una solo versión de hechos, ya que ha habido ocasiones que diversas comunicaciones "oficiales" relatan los hechos ocurridos con información distinta, perdiendo así toda credibilidad de estas labores.

Sr. Secretario, ¿por qué no se muestra, tan firmemente alguna estrategia contra la violación de Derechos Humanos perpetrados contra grupos especialmente vulnerables?

¿Qué sucede con las políticas migratorias?, especialmente en casos controvertidos que han superado las barreras nacionales y que han acudido como última instancia de justicia a órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En qué momento se adicionará un comunicado tras cerrar un Informe de Gobierno que incluya acciones que permeen efectivamente a la sociedad en su conjunto y que los resultados realmente incrementen la calidad y bienestar de vida de los mexicanos.

El Informe incluye un cuadro que abarca tres páginas acerca de los principales logros contra la delincuencia organizada, entre los que se encuentran aproximadamente 236 operaciones de alto impacto, durante los últimos 4 años por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual resalta que este logro que se ha adjudicado arbitrariamente la Secretaría de Gobernación, en realidad corresponde a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida a costa del desprestigio que se ha generado por una inexistente política en materia de Defensa de Derechos Humanos que sí es atribuible a la Comisión de Gobernación.

Las acciones emprendidas por el Gobierno ha evidenciado el grado de deterioro y la infiltración que sufren algunas de las instituciones más importantes del país; asimismo, no deja de llamar nuestra atención y nos preocupa el hecho de que las autoridades que participan en estas tareas sean frecuentemente acusadas de violar los derechos humanos de la población.

Desde el inicio del 2009, el Gobierno puso en marcha una serie de operativos en contra de la delincuencia organizada; en ese momento, el Partido Verde coincidió en que la delincuencia y el narcotráfico debía enfrentarse con toda la fuerza y decisión del Estado; no obstante, queda claro que los resultados de esta estrategia han resultado contraproducentes para la imagen de una institución como lo es el Ejército que anterior a esta estrategia en contra de la delincuencia organizada, gozaba de un alto margen de credibilidad, lo cual hace necesario su replanteamiento desde una óptica integral, realista y plural, a fin de efectivamente alcanzar los resultados que la sociedad demanda.

En este sentido, en la anterior comparecencia el Partido Verde reconoció que el empleo de las Fuerzas Armadas en estas tareas era fundamental, aún cuando se corría el riesgo de exponerlas a un desgaste que ocasionara un desprestigio social de difícil reparación y lo cual hoy podemos constatar que ha sucedido.

De acuerdo con el Informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la dependencia que más recomendaciones recibió por parte de ese organismo durante el 2008, 14 de los 67 instrumentos emitidos; en lo que va del 2010 las recomendaciones se han incrementado.

En consecuencia, parece lógico concluir que su participación debe ser temporal y no considerarse como la solución del problema.

Si bien es cierto que aun existen importantes desafíos, el Partido Verde reitera su disposición en trabajar en conjunto con todos los operadores involucrados en estas tareas para establecer el marco legal adecuado que contribuya a la solución eficaz. Sin embargo no queremos dejar de rechazar que este tema sea utilizado como pretexto para una injustificada exposición mediática del Ejecutivo Federal.

Por otra parte, en el Tercer informe se reconoció el considerable aumento del tránsito de personas por la frontera sur de nuestro país, y se señaló la necesidad de regular y llevar a cabo mecanismos de repatriación de migrantes centroamericanos. No obstante, el Cuarto Informe, sólo refiere una serie de datos, convenios y procedimientos que poco o nada nos dicen de la situación real de la zona sur del país.

Por citar un ejemplo, se reportó una cifra de 48 mil 816 centroamericanos repatriados, durante el período de septiembre de 2008 a julio de 2009, y durante el período de enero a julio del 2010 las cifras preliminares son de ocho mil 800, número que de nueva cuenta, en forma aislada no nos dice nada, pues se omite reportar el número total de centroamericanos que efectivamente transitan en la frontera sur.

Así las cosas, reiteramos que lo único que podemos concluir sobre este particular es que la política migratoria de México tiene un serio problema que día a día se agrava en la frontera sur, caracterizado por los maltratos y las extorsiones de las que son víctimas los migrantes, sin dejar de mencionar el problema de la trata de las personas.

Llama la atención que en 2008 se reporten únicamente 123 migrantes localizados, es decir, aquellos que se reportaron como extraviados y que fueron buscados y localizados por los grupos Zeta, en 2009 fueron ·168 y de enero a julio de 2010 113, especialmente cuando se localizaron 72 cadáveres de presuntos inmigrantes en Tamaulipas.

Resulta inadmisible que por un lado nuestro país luche por el respeto a los derechos de los migrantes en territorio norteamericano, y cerrémoslos ojos a las vejaciones de las que son objeto nuestros hermanos latinoamericanos que en un acto de desesperación se aventuran a cruzar el territorio, mexicano con la esperanza de encontrar un mejor porvenir.

A este particular habría que ironizar el hecho que en noviembre se llevará a cabo el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que presidirá en esta ocasión México, y el cual atiende a una iniciativa de los Estados integrantes de las Naciones Unidas para tratar las interconexiones entre migración y desarrollo de manera práctica y orientada a la acción. A este Foro han sido involucrados desde el principio los representantes de la sociedad civil.

De nueva cuenta el Partido Verde reitera a la Secretaría de Gobernación que la gobernabilidad de un país depende en gran medida de la confianza que el Gobierno y sus instituciones generan en la sociedad. En la medida en que las instituciones públicas cumplan con la finalidad para las que fueron creadas, la sociedad las reconocerá y confiará en que son la mejor forma de canalizar sus peticiones y dirimir sus controversias; no obstante al parecer esto no ha sido así.

Es inevitable retomar como hace un año, el caso de Jacinta Francisco Marcial, no podemos dejar de señalar la forma tan arbitraria bajo la que actuaron las autoridades en la integración de este caso, atropellando de manera flagrante los derechos de Jacinta; de hecho, tras un año de ocurridos los hechos y aún cuando fue liberada, no se ha reconocido su inocencia ni se le ha reparado el daño que sufrió. Lo mismo acontece en el caso de Teresa González y Alberta Alcántara quienes quedaron en libertad en abril de 2010, pero que sí fueron declaradas inocentes.

Asimismo es inevitable retomar y reiterar el exhorto emitido el año pasado a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Jacinta nunca jamás se vuelvan a presentar en México y adicionamos este año al exhorto: i) el caso de Rosendo Radilla, ii) Campo Algodonero, y iii) la matanza de los 72 indígenas en Tamaulipas.

No podemos obviar el tema relativo a la violencia contra las mujeres, en donde el informe reportó en el 2009 únicamente la celebración de cinco sesiones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin que se refleje algún otro dado, sólo buenas intenciones, para el 2010, se reitera esta práctica, pues las acciones en la materia son mínimas.

En cuanto al caso de las mujeres de Ciudad Juárez, nuevamente se enfatiza el prácticamente nulo conocimiento de datos y al paso del tiempo menos información al respecto tendremos, a excepción hecha por la resolución de la Corte Interamericana acerca del Caso conocido como Campo Algodonero. En este punto no quitaremos el dedo del renglón.

En cuanto a la estrategia de protección civil, el Grupo Parlamentario del Partido Verde realiza un extrañamiento a los sub-ejercicios que existen en la distribución del FONDEN, a la par que rechaza la falta de coordinación y prontitud con la que ha funcionado el Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente en cuanto a la distribución de los fondos una efectiva política demográfica que evite estas tragedias, actuando con demasiada lentitud tanto en la declaración de emergencias y el proceso para hacer llegar los recursos a los Estados.

Reitero que el Partido Verde está dispuesto a colaborar y a ayudar a que avancen las medidas necesarias para poder enfrentar con mayor eficacia estos problemas, pues lo que está en juego es nuestro país y con ello el bienestar de todos los mexicanos. Sin olvidar que hoy en día, ya no sólo se rinden cuentas a nivel nacional sino también las acciones emprendidas repercuten en la percepción exterior de otros países con los que se han mantenido relaciones económicas y diplomáticas, así como la adhesión tanto de Tratados Internacionales en materia comercial como de Derechos Humanos y que no pueden desvincularse ni mucho menos desconocerse.

Es cuanto, señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El tema de Derechos Humanos en el ámbito internacional se ha venido gestando ya desde hace varios años, en los cuales se ha generado un progreso gradual en el respeto a las obligaciones que cada Estado en el ejercicio de su soberanía decide adoptar de manera voluntaria, a través de la adhesión a ciertos instrumentos internacionales, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (usualmente conocido como Pacto de San José de Costa Rica), mediante el cual el Estado Mexicano reconoció como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2010

El tema de Derechos Humanos en el ámbito internacional se ha venido gestando ya desde hace varios años, en los cuales se ha generado un progreso gradual en el respeto a las obligaciones que cada Estado en el ejercicio de su soberanía decide adoptar de manera voluntaria, a través de la adhesión a ciertos instrumentos internacionales, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (usualmente conocido como Pacto de San José de Costa Rica), mediante el cual el Estado Mexicano reconoció como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, la evolución de nuestro Estado no se encuentra a la par de otros países firmantes, por el contrario, como ya he mencionado, el interés por parte de la Secretaría de Gobernación es prácticamente inexistente, la falta de compromiso con las obligaciones internacionalmente asumidas se reflejan, por ejemplo, en que hasta la fecha las acciones y resultados se limitan a la creación de Programas de Derechos Humanos, lo cual dicho sea de paso, no garantiza su ejecución sino que se limita a directrices o metas que no aterrizan en la realidad.

Asimismo, se señalan de manera genérica planes para promover la igualdad entre hombres y mujeres, la publicación de convenios marco para la coordinación entre las entidades federativas, directivas para el uso legítimo de la fuerza, la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pero no así la creación de una Fiscalía Especial para concentrar, investigar e integrar las averiguaciones en torno a las denuncias que se presenten en relación a las desapariciones forzadas como el Caso Radilla cuyos acontecimientos datan de 1974.

Resalta el hecho que únicamente fue ante este órgano internacional que los familiares del Sr. Radilla, con ayuda de la Asociación Civil Familiares de Detenidos y Desaparecidos, pudo acceder a un medio de justicia, pues de no haber sido así, este caso de desaparición forzada hubiera sido como cualquier otro que conocemos por la divulgación hecha en los medios y después de semanas son olvidados, sin que realmente sepamos quiénes fueron los responsables y las causas de la desaparición de estas personas anónimas.

Así, podemos mencionar que gracias a la suscripción por parte del Estado Mexicano del Pacto de San José de Costa Rica, estas violaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas finalmente pueden ser de la competencia o conocimiento por la Corte Internacional, ya que, anterior al caso Radilla, la intervención del Ejército en el desahogo de los proceso penales en los que se encuentran involucrados miembros de las fuerzas armadas como presuntos responsables ha constituido una práctica común en nuestro sistema normativo, haciendo que ninguno de los responsables haya sido llevado ante los tribunales y mucho menos juzgado.

En este orden de ideas y con base en la resolución del Caso Radilla adoptada por la Corte Interamericana el 25 de noviembre de 2009, se ha condenado a nuestro país a cumplir, entre otros, con los siguientes puntos:

Llevar a cabo la debida investigación a efecto de que, en su caso, se realicen los procesos penales para determinar responsabilidades; realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y en desagravio del Sr. Rosendo Radilla; y pagar a los familiares del señor Radilla la cantidad aproximada de USD 215,000 así como UDS 25,000 a la Asociación de Familiares de detenidos y desparecidos.

En el caso del Campo Algodonero, se dispuso por unanimidad, entre otros puntos que:

Conducir eficazmente el proceso penal en curso con perspectiva de género, permitiendo el acceso de los familiares a los expedientes, publicar y divulgar los resultados de estos procesos.

Investigar a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a los responsables.

Levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional.

Adecuar el Protocolo Alba o implementar un nuevo dispositivo análogo con las características señaladas en la sentencia.

Crear una página electrónica con actualizaciones permanentes que contenga la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas, la cual deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o de sus restos.

Brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita a los señalados en la sentencia.

Pagar las cantidades por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños de aproximadamente USD 431, 770.

En virtud de lo anteriormente expuesto, pregunto:

¿Cuál es el avance del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana derivadas de los casos Radilla y Campo Algodonero? y en este sentido, si respalda la postura asumida por el anterior Secretario de Gobernación en la audiencia del Caso Radilla y/o en su caso, ¿cuál es la postura que asumirá como titular de esta Secretaría en los casos pendientes, es decir, Inés Fernández y Valentina Rosendo?

Considera pertinente cuestionar el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana, y en este sentido, es necesario para la Secretaría que usted preside aguardar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformule el dictamen en el que se planteó acatar la sentencia del Caso Radilla para que Gobernación cumpla con todos los resolutivos y en consecuencia, por ejemplo con el Informe que se debe emitir ante la Corte Interamericana el 10 de diciembre de 2010.

¿Cuál es la explicación para que la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos haya sesionado únicamente dos ocasiones desde diciembre de 2009? especialmente cuando la sentencia del Caso Radilla contiene 19 resolutivos y la del Campo algodonero 26, en este último caso con plazos y la supervisión de la propia Corte Interamericana acerca de los avances y cumplimiento cabal de estos, además de la obligación de rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento.

SEGUNDA PREGUNTA

Uno de los instrumentos de coordinación interinstitucional que permite al Gobierno Federal apoyar a las entidades federativas para hacer frente a situaciones de emergencia es el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Con base en la información proporcionada en el Cuarto Informe de labores de la Secretaría de Gobernación, se indica que en el período de enero a junio de 2010 se han canalizado 87.6 por ciento de los recursos del FONDEN a los Estados de Baja California, Michoacán, Veracruz, Tabasco, México y Nuevo León.

Ahora bien, en los desastres ocasionados este mes por el huracán Karl en los estados de Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Coahuila, Tamaulipas, Campeche y Querétaro, nos hace pensar que los desastres naturales casi siempre tocan a los mismos estados.

La pregunta es simple y hasta probablemente reiterativa: Tomando en cuenta que existen muchas variables que pueden ser controladas y otras que no; en cuanto a la protección de la gente ante los riesgos de los fenómenos naturales, de aquellas variables que sí pueden ser controladas, se pueden prever políticas demográficas y de protección civil tendientes a minimizar el riesgo por asentarse en zonas que sean menos peligrosas o expuestas a estos fenómenos naturales. Dentro del informe no se ha dado la información que se refiere a dichas políticas demográficas, pues es obligación del Estado establecerlas previniendo a la gente de las zonas que han sido urbanizadas por necesidad, pero que son altamente riesgosas (por ejemplo, barrancos, cerca de ríos, etc.).

Efectivamente existe un apartado que se titula “Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población”, pero en el mismo no se informa de una sola política X ante cuyo objetivo sea reubicar a la población que se encuentra en zonas de riesgo a asentamientos seguros.

¿Podría informarnos de dichas políticas y sobre el avance y ejecución de las mismas, pues al parecer podría ser menos costoso en el mediano y largo plazo?

Asimismo, ¿por qué aguarda la Secretaría de Gobernación a que el Congreso le exhorte la asignación de los recursos?, y ¿por qué la tardanza en la asignación una vez realizado el exhorto?

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Como todos ustedes saben, el pasado 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, comúnmente conocido como “OPMA”, con objetivos sumamente dispersos, tales como garantizar la función social en la prestación del servicio de radio y televisión, considerando las herramientas para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión y el mejoramiento de las formas de convivencia humana.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2010

Con su venia señor presidente de Comisión,

Como todos ustedes saben, el pasado 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, comúnmente conocido como “OPMA”, con objetivos sumamente dispersos, tales como garantizar la función social en la prestación del servicio de radio y televisión, considerando las herramientas para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión y el mejoramiento de las formas de convivencia humana.

Reitero, más retórica que objetivos funcionales en concreto.

Como algunos podrán recordar, el pasado 27 de abril, el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, compareció ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta Cámara, que me honro en presidir, para intentar aclarar numerosos cuestionamientos suscitados por la creación del OPMA.

En el transcurso de su comparecencia, el secretario Gómez Mont manifestó que el OPMA no busca censurar o manipular contenidos específicos, y que, en las democracias más consolidadas él encontraba que el Gobierno participa activamente en la producción de programas de radio y televisión.

Ojo, “producción de radio y televisión”.

Sobre esta tesitura de producción, y respecto a la incipiente relación que entonces se rumoraba entre el OPMA y Canal 11, Gómez Mont manifestó literalmente que la intención del OPMA no era coartar la autonomía de Canal 11, que no se pretendían remplazar sus estructuras de Gobierno y mucho menos su línea editorial.

Al ser cuestionado sobre si el OPMA constituiría una cadena de televisión oficial, el Secretario de Gobernación respondió enfática y categóricamente que: “no existe un sólo antecedente a este momento que pueda llevarlos a ustedes a afirmar que el propósito del Gobierno es generar una televisión oficial”.

Posteriormente a esa comparecencia, en específico el 12 de julio, con motivo del quincuagésimo primero aniversario de Canal 11, el Presidente Calderón anunció la ampliación en la cobertura de su señal mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicha cadena y el OMPA, confirmando los rumores en piso.

A tal efecto, el Presidente Calderón declaró que dicha ampliación era parte de un “amplio proyecto de fortalecimiento de la televisión pública en nuestro país”. Además, manifestó que dicha ampliación era “el primer paso hacia una cadena de televisión pública que llegue a todo el país”.

El Presidente agregó que el objetivo de esta nueva concepción de televisión pública es para promover el “debate democrático de las ideas”.

Los hechos anteriores constituyen la más clara afirmación expresa de que el propósito detrás de la sinergia entre Canal 11 y el OPMA, es crear una cadena nacional de televisión oficial cuyo contenido sea predominantemente político.

Lo anterior porque si el propósito era llevar una señal de televisión pública de calidad a todo el país, bastaba con dotar de frecuencias y recursos a Canal 11. Como si fuera poco, esto además constituye una flagrante violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, orientados a fines educativos, lo cual ha sido el propósito preternatural de Canal 11 desde su fundación.

Hoy en día, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se le asigna a este organismo un monto de 26. 4 millones de pesos. Aún cuando no es un monto elevado en términos presupuestalmente relativos, sí constituye un dispendio incómodo a sabiendas de la carencia de su verdadero propósito funcional, de su injustificación administrativa y de su innecesaria existencia.

Al respecto tengo tres preguntas específicas:

¿Cuánto se ha invertido al día de hoy para dotar de infraestructura al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales?

Otra pregunta es, ¿cuál es el fundamento y motivación para que la administración pública actual vaya en contra de la Ley al instrumentar una sectorización de los medios de servicio público educativo y cultural en la Secretaría de Gobernación, y no en la Secretaría de Educación Pública? Ya que con estas acciones se infiere una alternancia en la sucesión presidencial del 2012 disfrazada bajo la noble máscara de canal cultural.

Mi tercera pregunta es, ¿cómo pretende la Secretaría de Gobernación garantizar que no se soslayen los valores y la opinión editorial y programática, de la comunidad politécnica mediante tal injerencia en la producción de contenidos de Canal 11?

De antemano le agradezco su respuesta.

RÉPLICA

Muchas gracias, señor Secretario por su respuesta

De lo que usted ha expresado me queda una idea de que hay una inconsistencia entre los objetivos que busca el Gobierno Federal y las acciones que ha venido instrumentando. Usted habla de la modernización del sector, yo digo que es un dogma porque lo dije en mi intervención, que el objetivo era permitir que los mexicanos en todo el país tengan acceso a la señal de Canal 11. Me parece que hubiera sido suficiente con dotarlo de las frecuencias necesarias para tal fin y los recursos presupuestales.

Entiendo lo que dice usted que la señal del Canal 11 no llega ahorita a muchos lugares, es correcto, pero bastaba simplemente con darle las frecuencias y no crear un nuevo organismo que aún sigue sin justificarse.

Lo dije en mi intervención en aquella comparecencia que tuvimos en ese entonces con el secretario de Gobernación, porque hablan de que con la creación de este organismo se pretende ampliar la oportunidad de las personas para poder ejercer su libertad de expresión, yo tengo mis dudas, no sé qué estaba funcionando mal en Cana 11porque si bien es un canal cultural, creo que aquí nadie puede objetar la calidad de los contenidos del Canal.

Me parece que dentro de su barra programática de ese Canal, también ha sido cuidadoso de privilegiar el debate de las ideas, no sólo culturales sino también políticas. Tiene programas de debate, y representantes de diversas fuerzas políticas tienen acceso a los micrófonos de este Canal. No sé qué es lo que estaba funcionando mal en Canal 11 para que el Gobierno decida, que para darle la oportunidad ahora a la sección política se tenga que crear un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.

Es cuanto señor Secretario.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Juan José Guerra Abud, acusó a la oposición en el Estado de México de tener una doble moral, al descalificar por un lado, la prohibición de las candidaturas comunes en la entidad, y por el otro, apoyar y aplaudir esta medida en otras entidades federativas.

México, D.F., a 15 de septiembre de 2010

Boletín número 161/10

  • Esta reforma  ahorrará recursos en los próximos comicios
  • Propiciará mayor equidad en la contienda  electoral

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido  Verde en  la Cámara de Diputados, Juan José Guerra Abud, acusó a la oposición en el Estado de México de tener una doble moral, al descalificar por un lado, la prohibición de las candidaturas comunes en la entidad, y por el otro, apoyar y aplaudir esta medida en otras entidades federativas.

“El mismo planteamiento ha sido aprobado ya en 22 estados de la República, pero la oposición piensa: ‘en mi estado donde yo tengo intereses ahí sí las anulo, y en donde quiero pegar, entonces sí las critico’, ese es el doble discurso que tenemos que erradicar en el futuro”, criticó.

El diputado mexiquense, consideró un gran avance democrático la aprobación de la controvertida reforma, pues además de propiciar la equidad electoral, contribuirá a que los comicios (2011) que se lleven a cabo en la entidad, sean menos onerosos.

Guerra Abud, explicó que con la modificación se ahorrarán cientos de millones de pesos, porque cuando se compite con dos candidaturas los recursos que se otorgan a los partidos son superiores  a los que se destinan cuando van en alianza con una  plataforma común.

Al manifestar que se trató de una decisión libre y soberana  del Congreso local, Guerra Abud, manifestó que el PAN y el PRD  están en todo su derecho de interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la mencionada reforma. “Ya existe jurisprudencia al respecto que le da la razón a los diputados priistas y pevemistas del Estado de México”, aseguró.

Rechazó de manera tajante que la nueva medida se haya tomado por temor. “Es bizarro hablar de miedo a las candidaturas comunes, quienes mostraron miedo fueron los que siendo partidos disímbolos, totalmente opuestos, se unieron en candidaturas comunes, eso representa una autentica muestra de miedo y no que un Congreso decida dar un importante avance democrático”, subrayó.

Nuevamente, a nivel federal lo que ha habido es una autonomía completa. Ustedes lo han visto en las decisiones que hemos tomado, el Partido Verde ha tomado decisiones separado y ha votado en contra del PRI en muchas ocasiones.

México D. F., a 14 de septiembre de 2010

Pregunta: ¿El  Partido  Verde se está subordinando a las órdenes del Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para impulsar esta iniciativa que impide las alianzas electorales en el  2011?

PEM: Nuevamente, a nivel federal lo que ha habido es una autonomía completa. Ustedes lo han visto en las decisiones que hemos tomado, el Partido Verde ha tomado decisiones separado y ha  votado en contra del PRI en muchas ocasiones.

Esto es un tema estatal que habría que ver con el CEN del Partido, la verdad nosotros somos una competencia federal; habría que ver a qué obedece jurídicamente este tema.

Pregunta: ¿Daña la imagen del Partido, el que se le califique como un Partido comparsa?

PEM: Yo creo que no, el Partido se ha ido ganando su prestigio. Los diputados federales nos hemos ganado nuestro prestigio y nuestro lugar poco a poco, con votaciones, con actas que están en el Diario de los Debates.

Nuestra autonomía es clara y este tema específico, el CEN del Partido tendrá que dar la parte jurídica, que a nivel  federal no traemos. La verdad es que sería muy difícil traer los temas de todos los partidos de todos los Estados.

Pregunta: El hecho de que se apruebe una ley a unos cuantos meses de llevarse a cabo los comicios estatales, es como poner a modo las leyes y esto no debe ser así.

PEM: Bueno pues definitivamente no, pero las leyes así se hacen en los Congresos, si las votaciones alcanzan, si los argumentos están ahí, si los debates se dieron y si se consiguen las mayorías y se busca el beneficio del Estado, un Estado libre y soberano, pues hay que respetar esa parte jurídica que es muy importante, como es la del Estado de México en estos momentos.

Pregunta: Se dice que hay pavor, no miedo por las alianzas.

PEM: Eso es una definición y un posicionamiento que tendrá que hacer el Gobernador Peña Nieto, no es de nuestra competencia. El PRI tendrá que decir si tiene miedo, pavor o lo que tenga, si es que lo tiene. Nosotros nada más podemos hablar por el Partido Verde. Nosotros lo que estamos buscando en todos los estados es beneficiar a la ciudadanía con resultados, pero eso pues, tendría que contestarlo el Gobernador Peña Nieto.

Pregunta: ¿Pero a ustedes en qué les beneficia  impedir estás alianzas?

PEM: Nosotros lo que nos beneficia es buscar que tengan mejores condiciones todos los ciudadanos. Ahora ellos argumentan que con esto se buscan las mejores condiciones, la verdad de las cosas, es que yo no traigo el tema completo, porque es un tema estatal, yo les pediría que buscaran al presidente del Partido en el Estado de México y que él claramente les detallara a qué obedeció esta promoción, que parece que ya fue votada.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Sin duda alguna una de las principales características de la actual administración ha sido el manejo discrecional del gasto por encima de las disposiciones establecidas en los diversos marcos normativos. Es decir, los recursos públicos se ejercen en la opacidad.

México D.F., a 14 de septiembre de 2010

Con su venia diputado presidente; Compañeras y compañeros diputados;

Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, sea usted bienvenido.

Antes que nada me gustaría agradecerle a nombre de toda la bancada del Partido Verde Ecologista de México, el haber asistido a nuestra reunión plenaria en compañía de su equipo de colaboradores, donde su participación fue de gran utilidad.

Sin duda alguna una de las principales características de la actual administración ha sido el manejo discrecional del gasto por encima de las disposiciones establecidas en los diversos marcos normativos. Es decir, los recursos públicos se ejercen en la opacidad.

En este orden de ideas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha cumplido con lineamientos previamente acordados que permitirían disipar estas ideas. Como lo estipulado en el artículo 18, del Decreto del PEF 2010, que contempla que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública, tengan acceso al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, que es la fuente de información en tiempo real de la Secretaría, a efecto de identificar el estado actual del ejercicio del gasto público.

Sistema que al día de hoy aunque habilitado es insuficiente y poco transparente. Por ejemplo, no incluye la revisión de la duplicidad de funciones entre otros importantes aspectos. Sin duda señor, Secretario, el conjunto de indicadores de desempeño sobre el ejercicio del gasto de este portal, enriquecerían la discusión presupuestaria y la comunicación entre la Secretaría que usted encabeza y esta soberanía.

El presupuesto ejercido este año se sustenta en la idea de combatir la pobreza. El propuesto para 2011, parece más una táctica militar, que una política integral de desarrollo. Casi mil millones para “más seguridad”, que se traduce en más armamento, diseño, producción y mantenimiento del vestuario militar.

Cuando se aprecian las cifras, sin duda, la mayor preocupación es enfrentar los problemas de seguridad. Los rubros con mayor incremento en su gasto son las Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública.

En su conjunto, el presupuesto de los últimos 3 ramos asciende a 108 mil 345.5 mdp, monto superior en 16 mil 283.4 mdp al aprobado en 2010, lo que significa un incremento real de 13.2 por ciento.  Mientras que Gobernación incrementa su presupuesto a 11 mil 200.1 mdp, 2 mil 829.4 mdp más con respecto al aprobado en 2010, es decir, un incremento de 28.6 por ciento en términos reales.

Me parece importante destacar aquí la creación de un nuevo programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, al cual se le otorgan 110.1 mdp. De los 8 nuevos programas creados en Gobernación, este responde a las exigencias sociales actuales. Aquí varios estaremos pendientes de su correcta y pronta ejecución.

A consecuencia de la fuerte inversión previamente analizada, hay rubros sumamente importantes para el desarrollo sustentable del país que se hicieron de lado. Sobre todo destaco transferencias hechas en detrimento de los Estados, como la eliminación de programas de apoyos a entidades y universidades estatales, por más de cinco mil 400.0 mdp. También en salud, donde para el tema de la infraestructura el gasto de inversión se reduce en 659.9 mdp, un 58.7 por ciento real.

Además, se observa una tendencia recesiva con la reducción al presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, menos inversión en infraestructura carretera equivale a menos progreso y menor creación de empleo.

En este sentido señor secretario, en el Partido Verde quisiéramos saber ¿dónde están los recursos que la Ley de Extinción de Dominio le ha permitido al Gobierno Federal acumular? Ya que sería ideal que fueran estos los que se aplicaran a los programas de prevención al delito y, o seguridad. De esta manera evitaríamos disminuir los recursos en rubros tan importantes como los que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, la propuesta no contempla un planteamiento de austeridad gubernamental, todo lo contrario, se propone aumentar el gasto corriente en un dos por ciento.

En uno de los temas torales para el PVEM, el medio ambiente, se hace una reducción de 3 mil 710.6 mdp,  11.1 por ciento en términos reales, siendo las reducciones más importantes a programas de subsidios, principalmente al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), y al Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales, siendo programas de los que depende la mayoría de la población de escasos recursos.

En un año donde México será sede de la COP 16, y el Mundo entero estará expectante de nuestros logros y acciones, no se le apuesta al medio ambiente ni al desarrollo de tecnologías renovables. Ya que aún cuando se crean nuevos programas no tienen la suficiencia presupuestal para ser viables ni concretarse.

Dicho lo anterior es importante dejar claro que el presupuesto es una herramienta sumamente importante cuyos recursos deben estar alineados a las prioridades de los mexicanos. Sin duda, la seguridad es primordial pero las armas para combatir a la inseguridad, paralelo a una estrategia de seguridad, son también el crecimiento y el empleo.

Para ello, la inversión y producción deben estimularse y no anularse o sustituirse, como bien lo advierte el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su organismo dependiente, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

No son suficientes los 559 mil empleos que el Gobierno Federal asegura haber creado en este año, ya que la realidad es que en cuatro años sólo se han generado 800 mil puestos de trabajo, pero para atender la demanda laboral se requieren aproximadamente  1 millón 200 mil empleos anuales.

Presenciamos un proyecto de ley que deja de manifiesto la esencia de un Gobierno que se ha caracterizado por atacar los efectos y no las causas, pasivo que sólo reacciona ante hechos consumados

Las verdaderas soluciones del país todos las conocemos, y estas no se darán por la vía de las armas, hay que impulsar de manera decidida la educación, la estimulación del empleo y la inversión, temas que en el actual presupuesto no están contemplados. En otras palabras, apostarle a la prevención del crimen y del delito que son provocados por la falta de oportunidades de desarrollo laboral.

En otro orden de ideas, es indispensable transitar de las buenas finanzas nacionales a las mejores economías familiares, lo demandan millones de mexicanos, por ello estamos analizando la propuesta de reducir en uno por ciento el IVA.

En el Partido Verde estamos siempre dispuestos a trabajar con las instituciones y en coordinación con el Gobierno Federal para lograr que México salga adelante.

Por ello, los invito a analizar con lupa este paquete económico 2011, porque los diputados federales debemos asignar recursos basados en las necesidades de los mexicanos y no en los deseos de legitimación de un Gobierno.

Por su atención muchas gracias.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Queremos desde esta tribuna hacer participes a todos los mexicanos, de que nuestro país debe hoy tomar las decisiones de las cuales dependerá el futuro de las generaciones venideras.

México D.F., a 14 de septiembre de 2010

Señor Secretario Ernesto Cordero, en esta comparecencia lo primero que queremos llevarnos es un compromiso de usted, con la verdad y la transparencia.

Queremos desde esta tribuna hacer participes a todos los mexicanos, de que nuestro país debe hoy tomar las decisiones de las cuales dependerá el futuro de las generaciones venideras.

Es hora de dejar atrás la frivolidad de propuestas y voluntades.

Es hora de dejar atrás una política económica basada en la simulación; donde nos imputaron desde el año pasado un boquete fiscal irreal o inexistente cercano a los 303 mil millones de pesos.  De un “boquete” que pondría en riesgo la sana marcha del presupuesto público, sobretodo en áreas tan sensibles como el combate a la pobreza, la seguridad pública, los servicios públicos de salud y educación, y la inversión en infraestructura para el desarrollo.

Pese a la falta de plena justificación por parte de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales para cubrir ese supuesto “boquete fiscal”, en aras de que se contara con el margen de maniobra necesario para afrontar los retos derivados de la crisis económica que afectó sensiblemente las finanzas públicas durante todo el 2009.

La intención de esta Legislatura fue siempre noble. No quisimos nunca que el Presidente de la República careciera de recursos para afrontar los retos nacionales. Y lo hicimos aún a sabiendas de que esas reformas sangrarían a la ciudadanía con más impuestos, más IDE, más IVA y mayor recaudación.

Al día de hoy Señor Secretario: el 48 por ciento de los recursos públicos provienen de los impuestos de una ciudadanía cuyo salario no le alcanza para Vivir Mejor.

¿Y cuáles han sido los resultados? Pues que, al cierre del primer semestre de 2010, y de acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Hacienda, el subejercicio del Gobierno Federal alcanzó los 77 mil millones de pesos. ¿Para qué piden, entonces, más dinero si ni siquiera pueden administrar con eficiencia el que ya tienen?

Vivir Mejor no significa entonces, un sistema tributario más justo más equitativo, y con ello tampoco el compromiso serio por erradicar la pobreza extrema y el hambre, y más lejos aún está de garantizar la erradicación de la informalidad, la elusión y evasión fiscales.

Así que, debemos advertir que estas alternativas, de establecer contribuciones todavía son débiles y balbuceantes.

Le pregunto, Señor Secretario:

¿Qué tanto afecta una mala planeación el comportamiento normal de la economía?

Se da cuenta que una mala planeación le arrebata a la gente su esperanza de mejorar su calidad de vida.

¿Cuál es el resultado de una política basada en la reducción del mercado interno, la caída del empleo y de los salarios, y la privatización selectiva de entidades de la Administración Pública Federal y un aumento desmedido de impuestos?

Asimismo, señor Secretario, la gestión del Presidente Calderón ha tomado medidas para supuestamente combatir las finanzas del crimen organizado, pero que en realidad, han resultado muy costosas para la economía de miles de empresas legalmente constituidas.

Me refiero, en especial, a la medida que entró en vigor consistente en reducir unilateral y drásticamente el monto de las operaciones de dólares en efectivo.

Desde que firmamos el TLC. Las transacciones en dólares se han vuelto muy comunes a lo largo del territorio nacional, especialmente en la frontera norte.  Muchas empresas nacionales manejan dólares en sus transacciones corrientes, por lo que reducir su capacidad de venta a los bancos a siete mil dólares por mes, sin duda que les afectará.

Muchas empresas ya se han manifestado en contra de esta medida porque limita su capacidad de crecimiento y su movilidad financiera.

Lo más decepcionante de este asunto es que, para tomar dicha medida, el Presidente Calderón jamás consultó a las empresas que sufrirían los costos de la misma, y menos aún a la Cámara de Diputados.

En su estrategia se habla de un monto aproximado de 10 mil millones de dólares que ingresan al país, sin que se tenga la certeza de la procedencia lícita de los mismos. Esto es un gran problema y lo compartimos, sin embargo consideramos que no están bien planteados los fundamentos y límites de esta política “criminal-financiera”.

El Partido Verde como lo hemos mencionado anteriormente, no regatea ni un solo centímetro su apoyo al Ejecutivo en su lucha por minarles el botín a los depredadores del sistema financiero

Pero le pregunto Señor Secretario, ¿Qué instrumentos de medición real se utilizaron para delinear la estrategia?

¿Se midió de forma correcta, el impacto o “daño colateral” que se produciría con la limitación en los montos de depósito en efectivo de dólares en el país y, sobre todo, en la Zona Fronteriza?

Esperemos que se haya hecho el análisis de previsión de las consecuencias y sus efectos, de lo contrario, no solo se han producido daños no deseados ni esperados,  sino que la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo ya nació muerta.

Señor Secretario, todos y cada uno de los mexicanos queremos que nuestro país sea devuelto a la tranquilidad y seguridad que demandamos y deseamos; no es viable que se tomen decisiones que afecten de manera irracional a los ciudadanos honestos y productivos de nuestro país.

Por lo anterior, me permito también preguntarle:

¿Se tiene proyectado un análisis a corto plazo de las repercusiones que se han producido en la economía afectada por dicha estrategia?

En su caso, ¿planteó el Gobierno Federal, alguna estrategia para amortiguar las consecuencias económicas de la Estrategia?

Como puede apreciar, es un problema que ha sido identificado, no solo por el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Soberanía, sino por la sociedad.

Y por tanto, es indispensable se replanteé la estrategia, a fin de hacerla verdaderamente eficiente y minimizar los daños y afectaciones a los empresarios y ciudadanos honestos.

RÉPLICA

Incremento al IVA

Agradezco sus respuestas, no obstante: Es de verse la incompetencia con la que desde el Gobierno Federal se le responde a la ciudadanía: menores ingresos, menores salarios y un panorama desalentador para el sector generador del empleo.

No subir los impuestos y restringir la entrada de dólares. Es una quimera como su política económica, porque es evidente la necesidad elevada y creciente de divisas para sostener las finanzas públicas: provenientes del petróleo, de la deuda externa pública y privada; de la remisión de utilidades, dividendos e intereses generados por la inversión extranjera directa y de las remesas.

Es una quimera, porque su tesis se sostiene de un engaño a la Nación, el decir a la ciudadanía que no incrementarán los impuestos, ocultándoles que detrás de ello se encuentra la debacle financiera.

Y debacle… Señor Secretario, porque se trata de una fuerte contracción del gasto público, una de las fuerzas más poderosas para propiciar un lento crecimiento y un estancamiento generalizado en la actividad económica.

Señor Secretario:

Actualmente México padece una inequidad social extrema. Advertir pues, de los peligros de esta política económica basada en el estancamiento y en una política tributaria injusta y desigual, es una invitación a explicar el futuro quebrantamiento del erario público, pues en más de la mitad de este sexenio éste ha reflejado una elevada dependencia de los ingresos provenientes de los contribuyentes cautivos.

Sus respuestas dejan entrever que apoyan el liberalismo ultranza que ha venido sustituyendo la actividad productiva nacional y en esa medida ha reducido el dinamismo empresarial y la creación de empleos.

Respecto a mi segunda pregunta sobre los Depósitos en Dólares en la Frontera Norte

Agradezco sus respuestas señor Secretario, sin embargo, es necesario se lleven a cabo acciones prontas para apoyar las consecuencias no medidas en la economía fronteriza.

También es importante fortalecer los aspectos institucionales, a fin de lograr enfrentar de manera más eficiente el lavado de dinero y, por ende, el financiamiento de los grupos delincuenciales. Es necesario se realicen acciones más coordinadas entre su dependencia y aquellas que intervengan en el combate a este delito.

Por otra parte, también es indispensable que cuando se lleve a cabo la elaboración de nuevas estrategias se observen todos los aspectos de la realidad, a fin de evitar o minimizar, las consecuencias nocivas para la economía del país.

Es importante que se busque incentivar la productividad, no inhibir las inversiones o provocar la salida de capital, pues a nadie beneficia, sino al contrario, se provoca la acumulación de daños a la economía y a la sociedad.

La política fiscal debe buscar el crecimiento, máxime en épocas de crisis como la que recientemente ha atravesado nuestro país y que, por lo visto según sus datos, seguiremos padeciendo.

Como es sabido por todos, la situación en que se encuentra nuestro México, es muy preocupante: inseguridad; bajo poder adquisitivo de las familias; bajo rendimiento escolar; problemas de competitividad y contaminación.

A pesar de ello, nuestro país cuenta como ningún otro con grandes líderes y hombres de estado, que posibilitan visualizar con fundado optimismo, el que lograremos con éxito la tarea que nos aguarda con la discusión y aprobación del paquete económico 2011.

El riesgo más significativo que enfrenta la economía mexicana es incapacidad del Gobierno para llevar a cabo las reformas estructurales y ponerlas en marcha.

Por lo que a nosotros nos toca, los legisladores del Partido Verde exigiremos resultados.

En este segundo año como legisladores, no hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas.

No hay sino el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de actitudes responsables, de tenacidad.

Nuestro horizonte vislumbra la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos, y por ello debemos profundizar en los cambios que queremos proyectar hacia el futuro.

Es cuanto señor presidente.

México D.F., a 14 de septiembre de 2010

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ADRIANA SARUR TORRE DEL PARTIDO VERDE EN EL MARCO DE LA COMPARECECENCIA EL SECRETARIO DE HACIENDA, ERNESTO CORDERO ARROYO

Señor Secretario Ernesto Cordero, en esta comparecencia lo primero que queremos llevarnos es un compromiso de usted, con la verdad y la transparencia.

Queremos desde esta tribuna hacer participes a todos los mexicanos, de que nuestro país debe hoy tomar las decisiones de las cuales dependerá el futuro de las generaciones venideras.

Es hora de dejar atrás la frivolidad de propuestas y voluntades.

Es hora de dejar atrás una política económica basada en la simulación; donde nos imputaron desde el año pasado un boquete fiscal irreal o inexistente cercano a los 303 mil millones de pesos. De un “boquete” que pondría en riesgo la sana marcha del presupuesto público, sobretodo en áreas tan sensibles como el combate a la pobreza, la seguridad pública, los servicios públicos de salud y educación, y la inversión en infraestructura para el desarrollo.

Pese a la falta de plena justificación por parte de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales para cubrir ese supuesto “boquete fiscal”, en aras de que se contara con el margen de maniobra necesario para afrontar los retos derivados de la crisis económica que afectó sensiblemente las finanzas públicas durante todo el 2009.

La intención de esta Legislatura fue siempre noble. No quisimos nunca que el Presidente de la República careciera de recursos para afrontar los retos nacionales. Y lo hicimos aún a sabiendas de que esas reformas sangrarían a la ciudadanía con más impuestos, más IDE, más IVA y mayor recaudación.

Al día de hoy Señor Secretario: el 48 por ciento de los recursos públicos provienen de los impuestos de una ciudadanía cuyo salario no le alcanza para Vivir Mejor.

¿Y cuáles han sido los resultados? Pues que, al cierre del primer semestre de 2010, y de acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Hacienda, el subejercicio del Gobierno Federal alcanzó los 77 mil millones de pesos. ¿Para qué piden, entonces, más dinero si ni siquiera pueden administrar con eficiencia el que ya tienen?

Vivir Mejor no significa entonces, un sistema tributario más justo más equitativo, y con ello tampoco el compromiso serio por erradicar la pobreza extrema y el hambre, y más lejos aún está de garantizar la erradicación de la informalidad, la elusión y evasión fiscales.

Así que, debemos advertir que estas alternativas, de establecer contribuciones todavía son débiles y balbuceantes.

Le pregunto, Señor Secretario:

¿Qué tanto afecta una mala planeación el comportamiento normal de la economía?

Se da cuenta que una mala planeación le arrebata a la gente su esperanza de mejorar su calidad de vida.

¿Cuál es el resultado de una política basada en la reducción del mercado interno, la caída del empleo y de los salarios, y la privatización selectiva de entidades de la Administración Pública Federal y un aumento desmedido de impuestos?

Asimismo, señor Secretario, la gestión del Presidente Calderón ha tomado medidas para supuestamente combatir las finanzas del crimen organizado, pero que en realidad, han resultado muy costosas para la economía de miles de empresas legalmente constituidas.

Me refiero, en especial, a la medida que entró en vigor consistente en reducir unilateral y drásticamente el monto de las operaciones de dólares en efectivo.

Desde que firmamos el TLC. Las transacciones en dólares se han vuelto muy comunes a lo largo del territorio nacional, especialmente en la frontera norte. Muchas empresas nacionales manejan dólares en sus transacciones corrientes, por lo que reducir su capacidad de venta a los bancos a siete mil dólares por mes, sin duda que les afectará.

Muchas empresas ya se han manifestado en contra de esta medida porque limita su capacidad de crecimiento y su movilidad financiera.

Lo más decepcionante de este asunto es que, para tomar dicha medida, el Presidente Calderón jamás consultó a las empresas que sufrirían los costos de la misma, y menos aún a la Cámara de Diputados.

En su estrategia se habla de un monto aproximado de 10 mil millones de dólares que ingresan al país, sin que se tenga la certeza de la procedencia lícita de los mismos. Esto es un gran problema y lo compartimos, sin embargo consideramos que no están bien planteados los fundamentos y límites de esta política “criminal-financiera”.

El Partido Verde como lo hemos mencionado anteriormente, no regatea ni un solo centímetro su apoyo al Ejecutivo en su lucha por minarles el botín a los depredadores del sistema financiero

Pero le pregunto Señor Secretario, ¿Qué instrumentos de medición real se utilizaron para delinear la estrategia?

¿Se midió de forma correcta, el impacto o “daño colateral” que se produciría con la limitación en los montos de depósito en efectivo de dólares en el país y, sobre todo, en la Zona Fronteriza?

Esperemos que se haya hecho el análisis de previsión de las consecuencias y sus efectos, de lo contrario, no solo se han producido daños no deseados ni esperados, sino que la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo ya nació muerta.

Señor Secretario, todos y cada uno de los mexicanos queremos que nuestro país sea devuelto a la tranquilidad y seguridad que demandamos y deseamos; no es viable que se tomen decisiones que afecten de manera irracional a los ciudadanos honestos y productivos de nuestro país.

Por lo anterior, me permito también preguntarle:

¿Se tiene proyectado un análisis a corto plazo de las repercusiones que se han producido en la economía afectada por dicha estrategia?

En su caso, ¿planteó el Gobierno Federal, alguna estrategia para amortiguar las consecuencias económicas de la Estrategia?

Como puede apreciar, es un problema que ha sido identificado, no solo por el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Soberanía, sino por la sociedad.

Y por tanto, es indispensable se replanteé la estrategia, a fin de hacerla verdaderamente eficiente y minimizar los daños y afectaciones a los empresarios y ciudadanos honestos.

RÉPLICA

Incremento al IVA

Agradezco sus respuestas, no obstante: Es de verse la incompetencia con la que desde el Gobierno Federal se le responde a la ciudadanía: menores ingresos, menores salarios y un panorama desalentador para el sector generador del empleo.

No subir los impuestos y restringir la entrada de dólares. Es una quimera como su política económica, porque es evidente la necesidad elevada y creciente de divisas para sostener las finanzas públicas: provenientes del petróleo, de la deuda externa pública y privada; de la remisión de utilidades, dividendos e intereses generados por la inversión extranjera directa y de las remesas.

Es una quimera, porque su tesis se sostiene de un engaño a la Nación, el decir a la ciudadanía que no incrementarán los impuestos, ocultándoles que detrás de ello se encuentra la debacle financiera.

Y debacle… Señor Secretario, porque se trata de una fuerte contracción del gasto público, una de las fuerzas más poderosas para propiciar un lento crecimiento y un estancamiento generalizado en la actividad económica.

Señor Secretario:

Actualmente México padece una inequidad social extrema. Advertir pues, de los peligros de esta política económica basada en el estancamiento y en una política tributaria injusta y desigual, es una invitación a explicar el futuro quebrantamiento del erario público, pues en más de la mitad de este sexenio éste ha reflejado una elevada dependencia de los ingresos provenientes de los contribuyentes cautivos.

Sus respuestas dejan entrever que apoyan el liberalismo ultranza que ha venido sustituyendo la actividad productiva nacional y en esa medida ha reducido el dinamismo empresarial y la creación de empleos.

Respecto a mi segunda pregunta sobre los Depósitos en Dólares en la Frontera Norte

Agradezco sus respuestas señor Secretario, sin embargo, es necesario se lleven a cabo acciones prontas para apoyar las consecuencias no medidas en la economía fronteriza.

También es importante fortalecer los aspectos institucionales, a fin de lograr enfrentar de manera más eficiente el lavado de dinero y, por ende, el financiamiento de los grupos delincuenciales. Es necesario se realicen acciones más coordinadas entre su dependencia y aquellas que intervengan en el combate a este delito.

Por otra parte, también es indispensable que cuando se lleve a cabo la elaboración de nuevas estrategias se observen todos los aspectos de la realidad, a fin de evitar o minimizar, las consecuencias nocivas para la economía del país.

Es importante que se busque incentivar la productividad, no inhibir las inversiones o provocar la salida de capital, pues a nadie beneficia, sino al contrario, se provoca la acumulación de daños a la economía y a la sociedad.

La política fiscal debe buscar el crecimiento, máxime en épocas de crisis como la que recientemente ha atravesado nuestro país y que, por lo visto según sus datos, seguiremos padeciendo.

Como es sabido por todos, la situación en que se encuentra nuestro México, es muy preocupante: inseguridad; bajo poder adquisitivo de las familias; bajo rendimiento escolar; problemas de competitividad y contaminación.

A pesar de ello, nuestro país cuenta como ningún otro con grandes líderes y hombres de estado, que posibilitan visualizar con fundado optimismo, el que lograremos con éxito la tarea que nos aguarda con la discusión y aprobación del paquete económico 2011.

El riesgo más significativo que enfrenta la economía mexicana es incapacidad del Gobierno para llevar a cabo las reformas estructurales y ponerlas en marcha.

Por lo que a nosotros nos toca, los legisladores del Partido Verde exigiremos resultados.

En este segundo año como legisladores, no hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas.

No hay sino el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de actitudes responsables, de tenacidad.

Nuestro horizonte vislumbra la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos, y por ello debemos profundizar en los cambios que queremos proyectar hacia el futuro.

Es cuanto señor presidente.

Para prevenir, detectar y corregir las conductas de maltrato psicológico, verbal o físico entre escolares –bullying-, el Partido Verde Ecologista de México propone reformar la Ley General de Educación para fomentar una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones.

México, DF, a  16 de septiembre de 2010

Boletín número 145/10

  • Las autoridades educativas deben frenar la violencia intraescolar y no quedarse sólo en campañas para prevenir estos abusos: Jesús Sesma
  • Propone el PVEM reformar los artículos 7, 8 y 49 de la Ley General de Educación
  • En México más del 70 por ciento de los alumnos que conforman la educación primaria y secundaria han padecido en algún momento de su vida maltrato escolar

Para prevenir, detectar y corregir las conductas de maltrato psicológico, verbal o físico entre escolares –bullying-, el Partido Verde Ecologista de México propone reformar la Ley General de Educación para fomentar una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones.

Preocupados por la agudización del acoso escolar en planteles de educación básica, se presentó a través del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, una iniciativa para que las autoridades educativas frenen la violencia intraescolar y no quedarse sólo en campañas para prevenir estos abusos, informó Jesús Sesma Suárez, secretario de Comunicación Social del CEN pevemista.

El ex legislador federal, precisó que los artículos que se plantea reformar son el 7, 8 y 49 de la Ley General de Educación. Con estos cambios, dijo, se promoverá la convivencia de respeto y de armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico; difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos; desarrollar de manera permanente programas especializados, a fin de prevenir y atender casos de cualquier tipo de abuso entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar.

Además, se sugiere que el Estado realice programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Sesma Suárez, mencionó que las causas de esta problemática (bullying) suelen ser multifactoriales, sin embargo, principalmente se debe a la situación de violencia creciente en nuestra sociedad en los últimos años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación en México, más del 70 por ciento de los alumnos que conforman la educación primaria y secundaria han padecido en algún momento de su vida de este abuso.

Ante estas circunstancias, el Partido Verde considera fundamental dotar de instrumentos a los padres de familia e instituciones educativas para eliminar en todas las escuelas este fenómeno.

“También es necesario enseñar a nuestros niños a resolver conflictos de forma constructiva por medio de programas de prevención de violencia escolar que incluya la mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia”, apuntó.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Mis cuestionamientos reflexivos buscan respuestas que expliquen la falta de sensibilidad de la Administración Pública respecto a temas sobre los que ha manifestado, en repetidas ocasiones, un supuesto profundo interés, pero que a la hora de la verdad presupuestaria son soslayados de una forma u otra, con lo que infiero que el Gobierno Federal continúa pretendiendo ejercer su gestión pública basándose en buenas intenciones, pero con la articulación de malas decisiones.

México, D.F., a 14 de septiembre de 2010

Con su venia, señor presidente.

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Ernesto Cordero Arroyo, con relación al Paquete Económico para el ejercicio 2011, el día de hoy le realizaré tres preguntas que desde luego no son todas las que surgen al interior del Grupo Parlamentario del Partido Verde, son solo una muestra.

Mis cuestionamientos reflexivos buscan respuestas que expliquen la falta de sensibilidad de la Administración Pública respecto a temas sobre los que ha manifestado, en repetidas ocasiones, un supuesto profundo interés, pero que a la hora de la verdad presupuestaria son soslayados de una forma u otra, con lo que infiero que el Gobierno Federal continúa pretendiendo ejercer su gestión pública basándose en buenas intenciones, pero con la articulación de malas decisiones.

Temas como son el medio ambiente, la ineficaz reducción del gasto público y una necesaria evaluación de la eficacia de los gastos fiscales son motivo de mi intervención.

Tal y como lo expondré a continuación, la discrepancia entre el discurso político y las previsiones presupuestales se refleja en una evidente falta de comprensión y valoración respecto a problemáticas que nos afectan a todos, las cuales por la atención inoportuna y la falta de un enfoque presupuestal adecuado evidencian el desinterés gubernamental por atenderlos de manera directa y diligente.

Mi primera pregunta es relativa al medio ambiente. La administración del Presidente Calderón, y el propio titular del Ejecutivo, han externado en repetidas ocasiones una preocupación central por los problemas que afectan al medio ambiente en nuestro país, y las graves consecuencias que los efectos del cambio climático generan cada vez con mayor frecuencia sobre nuestro pueblo.

Entre tales efectos nocivos destaco la deforestación, el difícil tratamiento de aguas residuales, la emisión de gases efecto invernadero, la erosión de nuestras tierras de cultivo, la extinción de nuestra rica biodiversidad, la escasez del agua en numerosas regiones de nuestro territorio y, las graves inundaciones que se han vuelto ya una constante por la carencia de un verdadero proyecto de solución que atienda de manera eficaz los problemas que padecen diversas cuencas hidrológicas de nuestro país, en particular, en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En concreto, mi pregunta es: ¿Cuáles son los motivos o la justificación para que, a sabiendas de tales afectaciones climáticas potenciales y lesivas para nuestra población, en particular las suscitadas por eventos meteorológicos y sus consecuentes inundaciones, amén de ser un año en que México será anfitrión de un foro internacional de alto impacto ambientalista, el presupuesto previsto para el ramo de Medio Ambiente se reduce en cerca de 11 por ciento en términos reales, y para el programa de gestión hídrica se prevé sólo un incremento de 231 Millones de pesos, que equivalen a un incremento de 4% respecto del presente ejercicio?

De la misma forma, ¿Cómo justifica que en proyectos de inversión, en el rubro de conservación y operación de presas solo se prevé una partida de 142 Millones de pesos y para proyectos hídricos integrales, solo 490 Millones de Pesos, acaso no considera que esto es una grosería de cara a los más de cien mil damnificados que hoy viven fuera de sus hogares debido a las crecientes de los ríos y el deficiente manejo de las presas?

Mi segunda pregunta se relaciona con el hecho de que la actual Administración se ha empeñado, desde sus inicios, en anunciar reducciones en sus gastos de operación, en una aparente búsqueda de una más eficiente aplicación del gasto público.

De hecho, en 2006 la Secretaría que usted encabeza publicó el Decreto que establecía las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, estableciendo entre otras cosas que, en el 2007, las medidas propuestas deberían alcanzar una meta de ahorro de $25,500 millones de pesos, además se establecía que los gastos de operación de la Administración Pública Federal contemplarían una reducción de un 5% con respecto al mismo concepto de gasto regularizable correspondiente al ejercicio fiscal de 2006.

Posteriormente, dentro de la reforma fiscal de 2007, el Gobierno Federal se comprometió a ahorrar el 20% del gasto de operación y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, esto es, un ahorro anual del 5% mínimo en el periodo 2008 a 2011.

En 2009, la re-edición de los objetivos de reducción del gasto se concretó en los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009, publicados por esa Secretaría en mayo de ese año, en los que se establecían entonces las metas de reducción del gasto corriente de la administración pública federal, de 3.5% en el gasto de servicios personales y el 6.4% promedio en gastos de operación.

Ahora en 2010, apareció el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, en el que se plantea una reducción del gasto por $40,100 millones de pesos para el período 2010 – 2012, entre otras medidas.

Las metas de este programa se recogen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 y se anuncia que para 2011 se ha internalizado ya un ahorro de $20, 595 millones de pesos.

Al respecto le pregunto: ¿Qué ocurrió con la meta de reducir el gasto de operación en 20% en el período 2008 – 2011?

¿Acaso el nuevo programa anula esa meta? ¿Y por qué el nuevo programa no hace referencia ni tampoco informa en qué medida se cumplió dicha meta, ni tampoco sobre las reducciones aludidas en los Lineamientos de 2009?

Adicionalmente, ¿Cómo debe interpretarse el hecho que de acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, en el rubro de gasto programable, se prevé un incremento de 5.3% en términos reales para gasto de operación?

Lo anterior no es menor, si retomamos que recientemente usted señaló que el gobierno federal ya prácticamente no tiene margen para reducir el gasto corriente, porque según usted, en el esfuerzo de reducción, ya no hay grasita, ya se llegó al músculo.

Ante evidentes muestras de duplicidad de gastos que se reflejan en los casos de diversos órganos reguladores especializados y algunas subsecretarias, por un lado, y en la infinidad de Jefaturas de Unidad o plazas equivalentes creadas durante la actual administración, permítame decirle Señor Secretario que disiento de su afirmación. Aún hay rubros en los que se puede hacer un esfuerzo de racionalización del gasto corriente.

Mi tercera pregunta corresponde al tema de los gastos fiscales.

En este tema, es menester resaltar y preguntarle: ¿Por qué en la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación 2011, en lugar de incluir una previsión de éstos para el ejercicio del próximo año, simplemente se replica el dato estimado para el cierre del presente ejercicio?

Sabemos que no existe una metodología, al menos del conocimiento de esta Cámara, para evaluar la eficacia de los gastos fiscales que resulta de apoyar a diversos sectores o regiones del país, ello resulta grave si tomamos en cuenta que se trata de un monto equivalente a cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

En este contexto preocupa de sobremanera que para el Ejercicio 2011, en materia de gastos fiscales, la Secretaría de Hacienda simplemente replique su estimación para el cierre del presente ejercicio, sin incluir una estimación formal y detallada para el ejercicio fiscal 2011, ni una evaluación formal del impacto de los gastos fiscales sobre la actividad de cada uno de los sectores objetivo, en la eficacia de las políticas públicas.

¿Cómo planea esa Secretaría corregir esta deficiencia metodológica? ¿De qué otra forma podemos evaluar en esta Cámara el verdadero impacto sobre las diversas ramas de la actividad económica o regiones de nuestro país de seguir canalizando este tipo de apoyos?

Es cuanto, señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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México, D.F., a 14 de septiembre de 2010

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO GERARDO FLORES RAMÍREZ DEL PARTIDO VERDE, EN EL MARCO DE LA COMPARENCENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA, ERNESTO CORDERO ARROYO.

Con su venia, señor presidente.

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Ernesto Cordero Arroyo, con relación al Paquete Económico para el ejercicio 2011, el día de hoy le realizaré tres preguntas que desde luego no son todas las que surgen al interior del Grupo Parlamentario del Partido Verde, son solo una muestra.

Mis cuestionamientos reflexivos buscan respuestas que expliquen la falta de sensibilidad de la Administración Pública respecto a temas sobre los que ha manifestado, en repetidas ocasiones, un supuesto profundo interés, pero que a la hora de la verdad presupuestaria son soslayados de una forma u otra, con lo que infiero que el Gobierno Federal continúa pretendiendo ejercer su gestión pública basándose en buenas intenciones, pero con la articulación de malas decisiones.

Temas como son el medio ambiente, la ineficaz reducción del gasto público y una necesaria evaluación de la eficacia de los gastos fiscales son motivo de mi intervención.

Tal y como lo expondré a continuación, la discrepancia entre el discurso político y las previsiones presupuestales se refleja en una evidente falta de comprensión y valoración respecto a problemáticas que nos afectan a todos, las cuales por la atención inoportuna y la falta de un enfoque presupuestal adecuado evidencian el desinterés gubernamental por atenderlos de manera directa y diligente.

Mi primera pregunta es relativa al medio ambiente. La administración del Presidente Calderón, y el propio titular del Ejecutivo, han externado en repetidas ocasiones una preocupación central por los problemas que afectan al medio ambiente en nuestro país, y las graves consecuencias que los efectos del cambio climático generan cada vez con mayor frecuencia sobre nuestro pueblo.

Entre tales efectos nocivos destaco la deforestación, el difícil tratamiento de aguas residuales, la emisión de gases efecto invernadero, la erosión de nuestras tierras de cultivo, la extinción de nuestra rica biodiversidad, la escasez del agua en numerosas regiones de nuestro territorio y, las graves inundaciones que se han vuelto ya una constante por la carencia de un verdadero proyecto de solución que atienda de manera eficaz los problemas que padecen diversas cuencas hidrológicas de nuestro país, en particular, en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En concreto, mi pregunta es: ¿Cuáles son los motivos o la justificación para que, a sabiendas de tales afectaciones climáticas potenciales y lesivas para nuestra población, en particular las suscitadas por eventos meteorológicos y sus consecuentes inundaciones, amén de ser un año en que México será anfitrión de un foro internacional de alto impacto ambientalista, el presupuesto previsto para el ramo de Medio Ambiente se reduce en cerca de 11 por ciento en términos reales, y para el programa de gestión hídrica se prevé sólo un incremento de 231 Millones de pesos, que equivalen a un incremento de 4% respecto del presente ejercicio?

De la misma forma, ¿Cómo justifica que en proyectos de inversión, en el rubro de conservación y operación de presas solo se prevé una partida de 142 Millones de pesos y para proyectos hídricos integrales, solo 490 Millones de Pesos, acaso no considera que esto es una grosería de cara a los más de cien mil damnificados que hoy viven fuera de sus hogares debido a las crecientes de los ríos y el deficiente manejo de las presas?

Mi segunda pregunta se relaciona con el hecho de que la actual Administración se ha empeñado, desde sus inicios, en anunciar reducciones en sus gastos de operación, en una aparente búsqueda de una más eficiente aplicación del gasto público.

De hecho, en 2006 la Secretaría que usted encabeza publicó el Decreto que establecía las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, estableciendo entre otras cosas que, en el 2007, las medidas propuestas deberían alcanzar una meta de ahorro de $25,500 millones de pesos, además se establecía que los gastos de operación de la Administración Pública Federal contemplarían una reducción de un 5% con respecto al mismo concepto de gasto regularizable correspondiente al ejercicio fiscal de 2006.

Posteriormente, dentro de la reforma fiscal de 2007, el Gobierno Federal se comprometió a ahorrar el 20% del gasto de operación y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, esto es, un ahorro anual del 5% mínimo en el periodo 2008 a 2011.

En 2009, la re-edición de los objetivos de reducción del gasto se concretó en los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009, publicados por esa Secretaría en mayo de ese año, en los que se establecían entonces las metas de reducción del gasto corriente de la administración pública federal, de 3.5% en el gasto de servicios personales y el 6.4% promedio en gastos de operación.

Ahora en 2010, apareció el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, en el que se plantea una reducción del gasto por $40,100 millones de pesos para el período 2010 – 2012, entre otras medidas.

Las metas de este programa se recogen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 y se anuncia que para 2011 se ha internalizado ya un ahorro de $20, 595 millones de pesos.

Al respecto le pregunto: ¿Qué ocurrió con la meta de reducir el gasto de operación en 20% en el período 2008 – 2011?

¿Acaso el nuevo programa anula esa meta? ¿Y por qué el nuevo programa no hace referencia ni tampoco informa en qué medida se cumplió dicha meta, ni tampoco sobre las reducciones aludidas en los Lineamientos de 2009?

Adicionalmente, ¿Cómo debe interpretarse el hecho que de acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, en el rubro de gasto programable, se prevé un incremento de 5.3% en términos reales para gasto de operación?

Lo anterior no es menor, si retomamos que recientemente usted señaló que el gobierno federal ya prácticamente no tiene margen para reducir el gasto corriente, porque según usted, en el esfuerzo de reducción, ya no hay grasita, ya se llegó al músculo.

Ante evidentes muestras de duplicidad de gastos que se reflejan en los casos de diversos órganos reguladores especializados y algunas subsecretarias, por un lado, y en la infinidad de Jefaturas de Unidad o plazas equivalentes creadas durante la actual administración, permítame decirle Señor Secretario que disiento de su afirmación. Aún hay rubros en los que se puede hacer un esfuerzo de racionalización del gasto corriente.

Mi tercera pregunta corresponde al tema de los gastos fiscales.

En este tema, es menester resaltar y preguntarle: ¿Por qué en la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación 2011, en lugar de incluir una previsión de éstos para el ejercicio del próximo año, simplemente se replica el dato estimado para el cierre del presente ejercicio?

Sabemos que no existe una metodología, al menos del conocimiento de esta Cámara, para evaluar la eficacia de los gastos fiscales que resulta de apoyar a diversos sectores o regiones del país, ello resulta grave si tomamos en cuenta que se trata de un monto equivalente a cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

En este contexto preocupa de sobremanera que para el Ejercicio 2011, en materia de gastos fiscales, la Secretaría de Hacienda simplemente replique su estimación para el cierre del presente ejercicio, sin incluir una estimación formal y detallada para el ejercicio fiscal 2011, ni una evaluación formal del impacto de los gastos fiscales sobre la actividad de cada uno de los sectores objetivo, en la eficacia de las políticas públicas.

¿Cómo planea esa Secretaría corregir esta deficiencia metodológica? ¿De qué otra forma podemos evaluar en esta Cámara el verdadero impacto sobre las diversas ramas de la actividad económica o regiones de nuestro país de seguir canalizando este tipo de apoyos?

Es cuanto, señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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