A principios de agosto de este año el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reconoció que en lo que va del sexenio hubo 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. No obstante, el Gobierno Federal ha abordado este rubro desde un punto de vista conveniente y evasivo, a través de una práctica instrumentada y MANEJADA COMO UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho tiene encomendado por mandato legal y por tanto obligados a realizar.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2010

Con su venia Diputado presidente

Licenciado José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación,

Compañeros diputados:

El pasado 17 de septiembre del 2009, se celebró ante el Pleno de la Cámara de Diputados la comparecencia del entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, y en discurso abordé una serie de temas que hoy retomo para dar seguimiento a las medidas que la Secretaría de Gobernación ha implementado desde aquel entonces.

En aquella ocasión hice mención a los diversos factores que amenazaban la estabilidad social de nuestro país. Hoy, reitero con desconcierto que en el último año las cifras de inestabilidad social son alarmantes e inaceptables.

El problema de la inseguridad y violencia parecen no tener fin.

A principios de agosto de este año el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reconoció que en lo que va del sexenio hubo 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. No obstante, el Gobierno Federal ha abordado este rubro desde un punto de vista conveniente y evasivo, a través de una práctica instrumentada y MANEJADA COMO UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho tiene encomendado por mandato legal y por tanto obligados a realizar.

Así, cabe destacar la cobertura en medios en relación a las "capturas" de presuntos operadores de la delincuencia organizada, sin reparar incluso en las consecuencias negativas que pueden derivarse de la falta de confidencialidad de los temas que han develado y que juegan en contra de la propia estrategia para seguir en esas labores de inteligencia que se debe tener para continuar con la lucha en contra del narcotráfico.

El derecho a la información se cumple cuando se informa de manera seria y oportuna este tipo de logros que son relevantes, pero que tienen un solo vocero y una solo versión de hechos, ya que ha habido ocasiones que diversas comunicaciones "oficiales" relatan los hechos ocurridos con información distinta, perdiendo así toda credibilidad de estas labores.

Sr. Secretario, ¿por qué no se muestra, tan firmemente alguna estrategia contra la violación de Derechos Humanos perpetrados contra grupos especialmente vulnerables?

¿Qué sucede con las políticas migratorias?, especialmente en casos controvertidos que han superado las barreras nacionales y que han acudido como última instancia de justicia a órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En qué momento se adicionará un comunicado tras cerrar un Informe de Gobierno que incluya acciones que permeen efectivamente a la sociedad en su conjunto y que los resultados realmente incrementen la calidad y bienestar de vida de los mexicanos.

El Informe incluye un cuadro que abarca tres páginas acerca de los principales logros contra la delincuencia organizada, entre los que se encuentran aproximadamente 236 operaciones de alto impacto, durante los últimos 4 años por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual resalta que este logro que se ha adjudicado arbitrariamente la Secretaría de Gobernación, en realidad corresponde a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida a costa del desprestigio que se ha generado por una inexistente política en materia de Defensa de Derechos Humanos que sí es atribuible a la Comisión de Gobernación.

Las acciones emprendidas por el Gobierno ha evidenciado el grado de deterioro y la infiltración que sufren algunas de las instituciones más importantes del país; asimismo, no deja de llamar nuestra atención y nos preocupa el hecho de que las autoridades que participan en estas tareas sean frecuentemente acusadas de violar los derechos humanos de la población.

Desde el inicio del 2009, el Gobierno puso en marcha una serie de operativos en contra de la delincuencia organizada; en ese momento, el Partido Verde coincidió en que la delincuencia y el narcotráfico debía enfrentarse con toda la fuerza y decisión del Estado; no obstante, queda claro que los resultados de esta estrategia han resultado contraproducentes para la imagen de una institución como lo es el Ejército que anterior a esta estrategia en contra de la delincuencia organizada, gozaba de un alto margen de credibilidad, lo cual hace necesario su replanteamiento desde una óptica integral, realista y plural, a fin de efectivamente alcanzar los resultados que la sociedad demanda.

En este sentido, en la anterior comparecencia el Partido Verde reconoció que el empleo de las Fuerzas Armadas en estas tareas era fundamental, aún cuando se corría el riesgo de exponerlas a un desgaste que ocasionara un desprestigio social de difícil reparación y lo cual hoy podemos constatar que ha sucedido.

De acuerdo con el Informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la dependencia que más recomendaciones recibió por parte de ese organismo durante el 2008, 14 de los 67 instrumentos emitidos; en lo que va del 2010 las recomendaciones se han incrementado.

En consecuencia, parece lógico concluir que su participación debe ser temporal y no considerarse como la solución del problema.

Si bien es cierto que aun existen importantes desafíos, el Partido Verde reitera su disposición en trabajar en conjunto con todos los operadores involucrados en estas tareas para establecer el marco legal adecuado que contribuya a la solución eficaz. Sin embargo no queremos dejar de rechazar que este tema sea utilizado como pretexto para una injustificada exposición mediática del Ejecutivo Federal.

Por otra parte, en el Tercer informe se reconoció el considerable aumento del tránsito de personas por la frontera sur de nuestro país, y se señaló la necesidad de regular y llevar a cabo mecanismos de repatriación de migrantes centroamericanos. No obstante, el Cuarto Informe, sólo refiere una serie de datos, convenios y procedimientos que poco o nada nos dicen de la situación real de la zona sur del país.

Por citar un ejemplo, se reportó una cifra de 48 mil 816 centroamericanos repatriados, durante el período de septiembre de 2008 a julio de 2009, y durante el período de enero a julio del 2010 las cifras preliminares son de ocho mil 800, número que de nueva cuenta, en forma aislada no nos dice nada, pues se omite reportar el número total de centroamericanos que efectivamente transitan en la frontera sur.

Así las cosas, reiteramos que lo único que podemos concluir sobre este particular es que la política migratoria de México tiene un serio problema que día a día se agrava en la frontera sur, caracterizado por los maltratos y las extorsiones de las que son víctimas los migrantes, sin dejar de mencionar el problema de la trata de las personas.

Llama la atención que en 2008 se reporten únicamente 123 migrantes localizados, es decir, aquellos que se reportaron como extraviados y que fueron buscados y localizados por los grupos Zeta, en 2009 fueron ·168 y de enero a julio de 2010 113, especialmente cuando se localizaron 72 cadáveres de presuntos inmigrantes en Tamaulipas.

Resulta inadmisible que por un lado nuestro país luche por el respeto a los derechos de los migrantes en territorio norteamericano, y cerrémoslos ojos a las vejaciones de las que son objeto nuestros hermanos latinoamericanos que en un acto de desesperación se aventuran a cruzar el territorio, mexicano con la esperanza de encontrar un mejor porvenir.

A este particular habría que ironizar el hecho que en noviembre se llevará a cabo el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que presidirá en esta ocasión México, y el cual atiende a una iniciativa de los Estados integrantes de las Naciones Unidas para tratar las interconexiones entre migración y desarrollo de manera práctica y orientada a la acción. A este Foro han sido involucrados desde el principio los representantes de la sociedad civil.

De nueva cuenta el Partido Verde reitera a la Secretaría de Gobernación que la gobernabilidad de un país depende en gran medida de la confianza que el Gobierno y sus instituciones generan en la sociedad. En la medida en que las instituciones públicas cumplan con la finalidad para las que fueron creadas, la sociedad las reconocerá y confiará en que son la mejor forma de canalizar sus peticiones y dirimir sus controversias; no obstante al parecer esto no ha sido así.

Es inevitable retomar como hace un año, el caso de Jacinta Francisco Marcial, no podemos dejar de señalar la forma tan arbitraria bajo la que actuaron las autoridades en la integración de este caso, atropellando de manera flagrante los derechos de Jacinta; de hecho, tras un año de ocurridos los hechos y aún cuando fue liberada, no se ha reconocido su inocencia ni se le ha reparado el daño que sufrió. Lo mismo acontece en el caso de Teresa González y Alberta Alcántara quienes quedaron en libertad en abril de 2010, pero que sí fueron declaradas inocentes.

Asimismo es inevitable retomar y reiterar el exhorto emitido el año pasado a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Jacinta nunca jamás se vuelvan a presentar en México y adicionamos este año al exhorto: i) el caso de Rosendo Radilla, ii) Campo Algodonero, y iii) la matanza de los 72 indígenas en Tamaulipas.

No podemos obviar el tema relativo a la violencia contra las mujeres, en donde el informe reportó en el 2009 únicamente la celebración de cinco sesiones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin que se refleje algún otro dado, sólo buenas intenciones, para el 2010, se reitera esta práctica, pues las acciones en la materia son mínimas.

En cuanto al caso de las mujeres de Ciudad Juárez, nuevamente se enfatiza el prácticamente nulo conocimiento de datos y al paso del tiempo menos información al respecto tendremos, a excepción hecha por la resolución de la Corte Interamericana acerca del Caso conocido como Campo Algodonero. En este punto no quitaremos el dedo del renglón.

En cuanto a la estrategia de protección civil, el Grupo Parlamentario del Partido Verde realiza un extrañamiento a los sub-ejercicios que existen en la distribución del FONDEN, a la par que rechaza la falta de coordinación y prontitud con la que ha funcionado el Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente en cuanto a la distribución de los fondos una efectiva política demográfica que evite estas tragedias, actuando con demasiada lentitud tanto en la declaración de emergencias y el proceso para hacer llegar los recursos a los Estados.

Reitero que el Partido Verde está dispuesto a colaborar y a ayudar a que avancen las medidas necesarias para poder enfrentar con mayor eficacia estos problemas, pues lo que está en juego es nuestro país y con ello el bienestar de todos los mexicanos. Sin olvidar que hoy en día, ya no sólo se rinden cuentas a nivel nacional sino también las acciones emprendidas repercuten en la percepción exterior de otros países con los que se han mantenido relaciones económicas y diplomáticas, así como la adhesión tanto de Tratados Internacionales en materia comercial como de Derechos Humanos y que no pueden desvincularse ni mucho menos desconocerse.

Es cuanto, señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO