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gaceta (599)
QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE, TODAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ENVÍEN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PARA FOMENTAR EN LOS NIÑOS, JÓVENES Y LA POBLACIÓN EN GEN
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 27 de febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE, TODAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ENVÍEN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PARA FOMENTAR EN LOS NIÑOS, JÓVENES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL, EL TRATO DIGNO HACIA LOS ANIMALES, al tenor de la siguienteEXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, tiene por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, asegurando la sanidad animal y la salud pública, siendo esta de orden público e interés social y de aplicación general en el Distrito Federal. El artículo 5 de la citada legislación dispone que las autoridades del Distrito Federal formularán y conducirán las políticas públicas a fin de brindar la protección de los animales, para lo que es necesario basarse en los siguientes principios, considerando éstos como derechos de los animales:
- Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;
- El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;
- Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;
- Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse;
- Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;
- Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar;
- Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo;
- Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un crimen contra la vida;
- Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es un crimen contra las especies;
- El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto;
- Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a la Ley de Protección a los Animales en su defensa; y
- Las Secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente del Distrito Federal, implementaran acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, destinadas a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los animales; las acciones específicas serán implementadas en forma coordinada, por las Secretarías.
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UN RECONOCIMIENTO PUBLICO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA CONTINUACIÓN EN LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL” (CMigrator copy 1)
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 27 de febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E![Más...](http://www.partidoverde.org.mx/pvem/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif)
EXPOSICION DE MOTIVOS
El programa Conduce sin Alcohol inició el 19 de septiembre del 2003. El objetivo del programa es reducir la incidencia de accidentes automovilísticos relacionados con alcohol, pues el 40% de los accidentes de tráfico en el D.F. están relacionados con su consumo. Este programa ya se llevaba a cabo en la Ciudad de Monterrey y su zona Metropolitana, pero debido al éxito que ha tenido en el D.F., se ha extendido a Ciudades de otras Entidades como Chiapas, Querétaro, Michoacán, Tabasco, México, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Sonora y Quintana Roo. En lo que va de 2013, el operativo "Conduce sin alcohol", ha arrestado dos mil 100 automovilistas, de acuerdo a datos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. Esta dependencia estimó que durante 2012, fueron sancionadas 16 mil 739 personas en dicho programa. De acuerdo con estadísticas de la SSPDF proporcionadas en 2012 por su titular, desde que inició el Programa “Conduce Sin Alcohol”, se han realizado 3 millones 465 mil revisiones a los conductores. A partir de esto, de 102 mil pruebas de alcoholemia, 14 mil personas han registrado más de 0.40 miligramos por litro de alcohol (que es el límite permitido), además de que se han remitido al depósito 8 mil 883 vehículos. Al respecto, cabe señalar que las personas que son infraccionadas por rebasar el límite mencionado, son remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, mejor conocido como “El Torito”. Al inicio del Programa se buscó imponer una sanción ejemplar, por lo cual se decidió una pena de 20 a 36 horas de arresto inconmutable, dejando claro que se trataba de una falta administrativa y no de un crimen. Sin duda, este programa ha sido una herramienta muy importante que ha permitido que las muertes por accidentes derivados del abuso del alcohol, hayan reducido hasta en un 40 por ciento en el año 2012, así lo señaló el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Por todo lo anterior es que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hace un merecido reconocimiento al Gobierno del Distrito Federal por la continuidad y adecuada instrumentación del Programa “Conduce sin alcohol”, ya que hoy en día se han incorporado al mismo más puntos y días de revisión en toda la Ciudad, además de el profesionalismo que han demostrado los elementos y demás personal que participa en dichos operativos. Igualmente, consideramos que también es sumamente importante extender una felicitación al personal encargado del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, denominado el “Torito”, por el compromiso que han demostrado en el buen desempeño de sus funciones, a pesar de que las condiciones laborales en que se encuentran no son las mejores. A este Centro son remitidas un promedio de 500 personas cada fin de semana, según ha señalado su directora Rosa María Laguardia Balcázar. "El Torito", se encuentra en los límites de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, tiene una superficie de mil 730 metros y capacidad para albergar a 124 personas. De jueves a sábado es cuando recibe la mayor cantidad, porque es también cuando opera el "alcoholímetro", a partir de las 22:00 horas y hasta las primeras horas del día siguiente. El "Torito" tiene una plantilla de unas 80 personas, entre personal administrativo, secretarial, de recursos humanos y servicios generales; y el resguardo está a cargo de 30 custodios en cada uno de los tres turnos en que se dividen las jornadas de trabajo. De acuerdo a datos proporcionados por los propios custodios del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, “El Torito”, ellos presentan problemas severos, pues señalan que enfrentan circunstancias muy difíciles porque tienen turnos de 24 horas y perciben un sueldo mensual de tan solo 6 mil pesos. Y esto no solo pasa en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, sino también con el personal que labora en los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. En ambos casos, el personal depende de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del D.F. En el Distrito Federal, este personal no goza de estabilidad laboral y la remuneración económica es baja, lo que propicia la corrupción e incide negativamente en la calidad de los servicios que ahí se prestan. En ese sentido, de acuerdo a entrevistas realizadas por el personal de la CDHDF a los elementos de seguridad y custodia a la población penitenciaria y a las autoridades de los centros, así como de los reportes que envío la DGPRS (Dirección General de Prevención y Readaptación Social) en cumplimiento a las recomendaciones 2/2003 y 7/2004146 emitidas por la CDHDF, se tiene lo siguiente: El instrumento 2/2003 requiere a la autoridad para que adopte medidas eficaces y eficientes que eviten que el personal de seguridad y custodia pida o exija a las y los internos, dádivas o pagos al momento de cumplir con sus obligaciones. De conformidad con el artículo 8o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, al personal de seguridad le corresponde el régimen de las y los empleados de confianza, con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a las que la Administración Pública del Distrito Federal otorga a sus trabajadores(as) de confianza. De las investigaciones realizadas por la CDHDF y considerando la naturaleza de las funciones de los elementos de seguridad y custodia, se constató que éstos no cuentan con las condiciones dignas para el desempeño laboral porque carecen de áreas de descanso con un mantenimiento adecuado, algunos de los instrumentos de trabajo deben adquirirlos por cuenta propia y porque no se les retribuye conforme a la ley, la prestación de sus servicios en horas extraordinarias. Por otra parte, las áreas de descanso del personal están sumamente deterioradas, según se especifica en el apartado correspondiente del capítulo de “Espacios e instalaciones”. No obstante lo anterior, sobre otros aspectos que se midieron, se obtuvo que de las 20 entrevistas realizadas durante las visitas de verificación al personal de seguridad y custodia, el 85 por ciento manifestó sentirse orgulloso por desempeñar su cargo. El 95 por ciento de las y los custodios labora en un horario de 24 por 48 horas. Todos(as) señalaron que compran algunos de los artefactos que portan, en mayor proporción armamento y radio. El 95 por ciento refirió que han sido adiestrados (as) en el manejo de armas. Normas internacionales establecen que un custodio debe vigilar a máximo 10 internos, pero en un centro de reclusión en el Distrito Federal, cada elemento de seguridad cuida hasta 76 reos, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de noviembre de 2010. Se puede asegurar, según la CDHDF, que de acuerdo con estas respuestas en conjunto (percepción de seguridad, horas extra, prestaciones y adquisición de equipo o armamento por iniciativa propia), las condiciones laborales del personal de seguridad y custodia no son adecuadas, considerando que están sujetas a constantes situaciones de riesgo. El personal de custodia en los Centros, así como todo el personal de la administración pública en general, como servidores públicos que son, tienen obligaciones, atribuciones y facultades de acuerdo con las funciones que desempeñan contenidas en la ley y como ciudadanos, son sujetos de derechos al igual que todos los demás. Tienen derecho a recibir un trato justo y respetuoso por parte de las autoridades y que se le garanticen todos los derechos consagrados en los diversos ordenamientos jurídicos, empezando por la Constitución. Debemos tener en cuenta que el personal de seguridad y custodia es muy importante, por ello es elemental que sus condiciones laborales sean las adecuadas. Y para poder garantizar mejores condiciones laborales, es necesario que el trabajador de cualquiera de estos Centros, cuente con una remuneración adecuada, condiciones laborales favorables y, sobre todo, con estímulos para poder ascender escalafonariamente, de acuerdo con la experiencia y los méritos obtenidos a lo largo de su trayectoria. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un reconocimiento público al Gobierno del Distrito Federal por la continuidad exitosa que le ha dado a la instrumentación y aplicación del Programa “Conduce sin Alcohol”, y por sus excelentes resultados, así como a todos los elementos de seguridad pública y del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” que participación constante, responsable y profesionalmente en el mismo. SEGUNDO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que de manera inmediata se revisen y realicen las gestiones correspondientes para mejorar las condiciones laborales y salariales de los custodios del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” y de los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública que participa en el Programa “Conduce Sin Alcohol”, a fin de garantizarles condiciones más dignas de trabajo a ellos y a sus familias. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:![01](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/016.jpg)
UN RECONOCIMIENTO PUBLICO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA CONTINUACIÓN EN LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL”
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 27 de febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RECONOCIMIENTO PUBLICO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA CONTINUACIÓN EN LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL” Y SE LE EXHORTA A REVISAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PARTICIPAN EN EL, ASÍ COMO DE LOS CUSTODIOS DEL CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL D.F., al tenor de la siguienteEXPOSICION DE MOTIVOS
El programa Conduce sin Alcohol inició el 19 de septiembre del 2003. El objetivo del programa es reducir la incidencia de accidentes automovilísticos relacionados con alcohol, pues el 40% de los accidentes de tráfico en el D.F. están relacionados con su consumo. Este programa ya se llevaba a cabo en la Ciudad de Monterrey y su zona Metropolitana, pero debido al éxito que ha tenido en el D.F., se ha extendido a Ciudades de otras Entidades como Chiapas, Querétaro, Michoacán, Tabasco, México, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Sonora y Quintana Roo. En lo que va de 2013, el operativo "Conduce sin alcohol", ha arrestado dos mil 100 automovilistas, de acuerdo a datos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. Esta dependencia estimó que durante 2012, fueron sancionadas 16 mil 739 personas en dicho programa. De acuerdo con estadísticas de la SSPDF proporcionadas en 2012 por su titular, desde que inició el Programa “Conduce Sin Alcohol”, se han realizado 3 millones 465 mil revisiones a los conductores. A partir de esto, de 102 mil pruebas de alcoholemia, 14 mil personas han registrado más de 0.40 miligramos por litro de alcohol (que es el límite permitido), además de que se han remitido al depósito 8 mil 883 vehículos. Al respecto, cabe señalar que las personas que son infraccionadas por rebasar el límite mencionado, son remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, mejor conocido como “El Torito”. Al inicio del Programa se buscó imponer una sanción ejemplar, por lo cual se decidió una pena de 20 a 36 horas de arresto inconmutable, dejando claro que se trataba de una falta administrativa y no de un crimen. Sin duda, este programa ha sido una herramienta muy importante que ha permitido que las muertes por accidentes derivados del abuso del alcohol, hayan reducido hasta en un 40 por ciento en el año 2012, así lo señaló el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Por todo lo anterior es que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hace un merecido reconocimiento al Gobierno del Distrito Federal por la continuidad y adecuada instrumentación del Programa “Conduce sin alcohol”, ya que hoy en día se han incorporado al mismo más puntos y días de revisión en toda la Ciudad, además de el profesionalismo que han demostrado los elementos y demás personal que participa en dichos operativos. Igualmente, consideramos que también es sumamente importante extender una felicitación al personal encargado del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, denominado el “Torito”, por el compromiso que han demostrado en el buen desempeño de sus funciones, a pesar de que las condiciones laborales en que se encuentran no son las mejores. A este Centro son remitidas un promedio de 500 personas cada fin de semana, según ha señalado su directora Rosa María Laguardia Balcázar. "El Torito", se encuentra en los límites de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, tiene una superficie de mil 730 metros y capacidad para albergar a 124 personas. De jueves a sábado es cuando recibe la mayor cantidad, porque es también cuando opera el "alcoholímetro", a partir de las 22:00 horas y hasta las primeras horas del día siguiente. El "Torito" tiene una plantilla de unas 80 personas, entre personal administrativo, secretarial, de recursos humanos y servicios generales; y el resguardo está a cargo de 30 custodios en cada uno de los tres turnos en que se dividen las jornadas de trabajo. De acuerdo a datos proporcionados por los propios custodios del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, “El Torito”, ellos presentan problemas severos, pues señalan que enfrentan circunstancias muy difíciles porque tienen turnos de 24 horas y perciben un sueldo mensual de tan solo 6 mil pesos. Y esto no solo pasa en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, sino también con el personal que labora en los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. En ambos casos, el personal depende de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del D.F. En el Distrito Federal, este personal no goza de estabilidad laboral y la remuneración económica es baja, lo que propicia la corrupción e incide negativamente en la calidad de los servicios que ahí se prestan. En ese sentido, de acuerdo a entrevistas realizadas por el personal de la CDHDF a los elementos de seguridad y custodia a la población penitenciaria y a las autoridades de los centros, así como de los reportes que envío la DGPRS (Dirección General de Prevención y Readaptación Social) en cumplimiento a las recomendaciones 2/2003 y 7/2004146 emitidas por la CDHDF, se tiene lo siguiente: El instrumento 2/2003 requiere a la autoridad para que adopte medidas eficaces y eficientes que eviten que el personal de seguridad y custodia pida o exija a las y los internos, dádivas o pagos al momento de cumplir con sus obligaciones. De conformidad con el artículo 8o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, al personal de seguridad le corresponde el régimen de las y los empleados de confianza, con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a las que la Administración Pública del Distrito Federal otorga a sus trabajadores(as) de confianza. De las investigaciones realizadas por la CDHDF y considerando la naturaleza de las funciones de los elementos de seguridad y custodia, se constató que éstos no cuentan con las condiciones dignas para el desempeño laboral porque carecen de áreas de descanso con un mantenimiento adecuado, algunos de los instrumentos de trabajo deben adquirirlos por cuenta propia y porque no se les retribuye conforme a la ley, la prestación de sus servicios en horas extraordinarias. Por otra parte, las áreas de descanso del personal están sumamente deterioradas, según se especifica en el apartado correspondiente del capítulo de “Espacios e instalaciones”. No obstante lo anterior, sobre otros aspectos que se midieron, se obtuvo que de las 20 entrevistas realizadas durante las visitas de verificación al personal de seguridad y custodia, el 85 por ciento manifestó sentirse orgulloso por desempeñar su cargo. El 95 por ciento de las y los custodios labora en un horario de 24 por 48 horas. Todos(as) señalaron que compran algunos de los artefactos que portan, en mayor proporción armamento y radio. El 95 por ciento refirió que han sido adiestrados (as) en el manejo de armas. Normas internacionales establecen que un custodio debe vigilar a máximo 10 internos, pero en un centro de reclusión en el Distrito Federal, cada elemento de seguridad cuida hasta 76 reos, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de noviembre de 2010. Se puede asegurar, según la CDHDF, que de acuerdo con estas respuestas en conjunto (percepción de seguridad, horas extra, prestaciones y adquisición de equipo o armamento por iniciativa propia), las condiciones laborales del personal de seguridad y custodia no son adecuadas, considerando que están sujetas a constantes situaciones de riesgo. El personal de custodia en los Centros, así como todo el personal de la administración pública en general, como servidores públicos que son, tienen obligaciones, atribuciones y facultades de acuerdo con las funciones que desempeñan contenidas en la ley y como ciudadanos, son sujetos de derechos al igual que todos los demás. Tienen derecho a recibir un trato justo y respetuoso por parte de las autoridades y que se le garanticen todos los derechos consagrados en los diversos ordenamientos jurídicos, empezando por la Constitución. Debemos tener en cuenta que el personal de seguridad y custodia es muy importante, por ello es elemental que sus condiciones laborales sean las adecuadas. Y para poder garantizar mejores condiciones laborales, es necesario que el trabajador de cualquiera de estos Centros, cuente con una remuneración adecuada, condiciones laborales favorables y, sobre todo, con estímulos para poder ascender escalafonariamente, de acuerdo con la experiencia y los méritos obtenidos a lo largo de su trayectoria. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un reconocimiento público al Gobierno del Distrito Federal por la continuidad exitosa que le ha dado a la instrumentación y aplicación del Programa “Conduce sin Alcohol”, y por sus excelentes resultados, así como a todos los elementos de seguridad pública y del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” que participación constante, responsable y profesionalmente en el mismo. SEGUNDO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que de manera inmediata se revisen y realicen las gestiones correspondientes para mejorar las condiciones laborales y salariales de los custodios del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” y de los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública que participa en el Programa “Conduce Sin Alcohol”, a fin de garantizarles condiciones más dignas de trabajo a ellos y a sus familias. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:![02](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/025.jpg)
REFORMAN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
PVEMEXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México, se ha caracterizado por ser punto de referencia a nivel global por suscribir instrumentos internacionales de ineludible importancia a favor de la protección y conservación del medio ambiente, al igual que legislar en su estado de derecho interno la materia en sus diferentes especialidades, con la finalidad de cumplir con la garantía fundamental establecida en la Carta Magna, que establecía que todo individuo tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Es por lo anterior, que dando cuenta de los avances científicos y tecnológicos se hizo necesario ponderar este derecho fundamental en un nuevo estadio, dando pie a una modificación de ese derecho para elevarse a un derecho de tercera generación, es decir el derecho a un medio ambiente equilibrado o sano. Fue entonces que el 8 de febrero del 2012, posterior a la aprobación de las reformas Constitucionales de las Entidades Federativas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se transformó el término constitucional del derecho a un Medio Ambiente Adecuado por “Medio Ambiente Sano”. Lo anterior, a razón de que dicho termino de gozar de un ambiente sano surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con la finalidad de exhortar a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida. En ese tenor, los derechos humanos de tercera generación empiezan a promoverse a partir de la década de los años sesenta, considerando en esta categoría el derecho a un ambiente sano, así también llamados difusos por su amplitud, por su extensión, por la dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes de la humanidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948, proclama que tenemos derecho a que nuestras necesidades humanas de protección y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, de un medio ambiente sano y de servicios públicos, sean satisfechos, para desarrollarnos conforme a nuestra dignidad humana. Como bien se ha referido, en nuestro país el ambiente está tutelado en el artículo 4° constitucional, y es en la Ley marco en la materia la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que lo define en el artículo 3° como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. Por lo que, al referirnos al tema del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, es importante considerar, empatar dicho término en las legislaciones secundarias que no lo consideran en razón de la reciente reforma constitucional que a saber reza: Artículo 4o. ... … … … Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. … … … … … … Por lo anterior la presente iniciativa, tiene por objeto hacer compatible las Leyes secundarias, con la reforma al párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, para garantizar elderecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue: ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; II a X.- … … ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: Artículo 1.- ... Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para: I. a XIII. …Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.![jeg](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/jeg1.jpg)
SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PVEMEXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México cuenta con una extensión territorial de 1´964,375 km2, de los cuales 1´959,248 km2 corresponden a la superficie continental y el resto a islas (INEGI, 2009). Es importante destacar que 17 estados tienen apertura al mar, representando el 56% del territorio nacional, en estos estados confluyen 263 municipios costeros de los cuales 150 presentan frente litoral y 113 interiores adyacentes a estos. Nuestro país cuenta con una extensión litoral de poco más de 11 mil kilómetros con el Océano Pacífico, Golfo de México y el Caribe. En la franja costera y aguas adyacentes pueden encontrarse una gran variedad de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, entre los que se cuentan áreas dominadas por selvas bajas caducifolias, matorrales, manglares, lagunas costeras, estuarios, comunidades de pastos marinos y arrecifes de coral. La zona costera corresponde al espacio geográfico de interacción entre el medio marino, el terrestre y la atmósfera, cuenta con una serie de factores bióticos y abióticos que hacen que estas estas áreas cuenten con una gran riqueza biológica y esto a su vez, genere una importante fuente de recursos económicos para nuestro país. La zona costera de México, ha sido desde años atrás una fuente importante de ingresos, situación que se refleja en los municipios costeros en donde su población ha crecido de manera vertiginosa en los últimos años. De acuerdo con las cifras de conteos de población del INEGI de 2005 a 20010, México incremento su población total alrededor del 8% sin embargo, los municipios costeros han tenido un incremento superior, ejemplo de ello son los municipios de Benito Juárez en Quintana Roo con el 13 por ciento, Hermosillo en Sonora con el 11 por ciento y Tijuana en Baja California con el 10% de crecimiento poblacional. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en su publicación Capital Natural de México1, define la zona costera mexicana como: El espacio geográfico de interacción del medio acuático, el terrestre y la atmósfera, constituido por: a) una porción continental definida por 263 municipios costeros, 150 con frente de playa y 113 interiores adyacentes a estos, con influencia costera alta y media; b) una porción marina definida a partir de la plataforma continental delimitada por la isóbata2 de los –200 m, y c) una porción insular representada por las islas oceánicas y costeras. Con esta definición podemos detectar que en esta zona se localiza un número importante de ecosistemas, como lo son los manglares, los humedales, la franja intermareal, las dunas y lagunas costeras, los arrecifes de coral, los pastos marinos, los bentos y las costas rocosas. Por estas características propias de las zonas costeras, debemos reconocer que los Municipios que cuentan con esta característica, generan una serie de beneficios económicos para su población, derivado de la oferta turística que ofrecen, sin embargo debemos atender los efectos negativos que conllevan sobre los ecosistemas que, en muchos casos por el carácter acumulativo y sinérgico de los impactos que se producen, pueden llevar a un nivel de riesgo la viabilidad de la propia actividad. Como ejemplo de lo anterior tenemos la erosión de playas, la contaminación, la pérdida de la cobertura vegetal y la presión sobre los recursos hídricos, situaciones que no solo alteran negativamente la calidad ambiental de los destinos turísticos, sino que llegan a poner en riesgo la salud e integridad física de sus pobladores y la propia infraestructura asociada a la actividad económica. Los anteriores efectos, son causales del fuerte proceso de urbanización en las áreas costeras, del Pacifico, Golfo de México y el caribe, mismas que han tenido auge en la industria hotelera y turismo, pero que han corrido el riesgo de reproducir los patrones desordenados de configuración de la ciudades en zonas no costeras. Para estas amenazas, debemos atender lo que se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 28, que a la letra dice: ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: I al VIII. … IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; A través de este articulo, detectamos que la Ley prevé la evaluación de los impactos ambientales, con la finalidad de minimizar o reducir al mínimo los efectos negativos al medio ambiente, en particular en los ecosistemas costeros; sin embargo no se encuentra definido qué es un ecosistema costero e incluso y más preocupante se desconoce qué es la zona costera. En el mismo sentido,la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en su artículo 9 fracción II indica que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberán fomentar y promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los ecosistemas costeros, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ecosistema se define como la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; En este sentido, debemos reconocer que nuestra legislación en muchos aspectos se ha quedado un tanto corta, ocasionando en muchos aspectos disyuntivas para proteger el medio ambiente de todas aquellas obras y actividades que puedan ocasionarle un daño o deterioro. Ante esta falta en la legislación ambiental, se analizaron los programas de ordenamiento ecológico, con la finalidad de conocer si en ellos se describía qué es un ecosistema costero, toda vez que estos programas se conciben como la planeación para la ocupación del territorio con la finalidad de lograr una correcta afinidad entre las actividades productivas y la protección al ambiente. Como resultado de este análisis se detectó que el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, de reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación, no hace mención a los ecosistemas costeros o zonas costeras dentro de sus políticas de planeación, solo se detectó que en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se indica: “Zona costera o ecosistema costero: Área donde el mar y la tierra firme se ponen en contacto y ejercen una influencia reciproca. Para los fines de ese instrumento, en particular para la definición de competencia para la evaluación de Impacto Ambiental, se considera como zona costera a la sección del territorio entre el mar y la carretera federal 307”. Como se puede observar este programa de ordenamiento, clasifica la zona costera por distancia entre la zona de tierra que existe entre el mar con la carretera mas próxima a ella. Sin embargo tampoco está bien definida, debido a que un poco dentro del mar existen ecosistemas de grandes características biológicas, como son arrecifes de coral. Para definir un ecosistema costero debemos considerar todos aquellos ecosistemas que se localicen en las zonas costeras que, como se comentó con anterioridad, la CONABIO indica cuáles son estos ecosistemas: Manglares. Formación vegetal leñosa, arbórea o arbustiva, compuesta de una o varias especies. Son ecosistemas que están directamente en contacto con el mar y con el ambiente terrestre. Por lo general son tropicales, llegan a medir más de 30 m de altura y abarcan extensiones de miles de hectáreas. Estos ecosistemas brindan diversos servicios ambientales como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de especies acuáticas, son sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros. Los manglares como ecosistemas particulares fueron sometidos a fuertes presiones por el crecimiento poblacional en las costas, disminuyendo en las últimas dos décadas el 35% de su cobertura a nivel mundial. En México desafortunadamente la tala o remoción de los manglares se ha realizado para abrir paso a las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turística. Sin embargo dicha pérdida originó que el Manglar esté protegido por nuestra legislación, la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60 Ter, prohíbe toda obra o actividad que afecte la integridad del flujo hídrico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia. Siendo así que este ecosistema se encuentre de alguna forma protegido pero excluyendo al resto de los ecosistemas costeros. Humedales. Conjunto de varias comunidades con distinta composición, formas de vida y estructura. Se les identifica como áreas que se inundan temporariamente, donde la capa freática aflora en la superficie o en suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda. Todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua juega un rol fundamental en el ecosistema, en la determinación de la estructura y las funciones ecológicas del humedal. México desde 1986, forma parte de la Convención RAMSAR3, sobre los Humedales de Importancia, actualmente tienes registrados ante la convención 133 sitios que cubren una superficie de 8´428,267 hectáreas. Las franjas intermareal. Constituyen la franja del litoral comprendida entre la bajamar y la pleamar. Es la interfase tierra-mar y es un punto central para el desarrollo de los estudios ambientales. Dunas costeras. Son acumulaciones de arena que se encuentran alineadas a lo largo de la costa, protegiendo así, las tierras de inundaciones producidas por oleaje de tormenta. Estos sistemas costeros frágiles que responden a las condiciones hidrodinámicas de la playa y del efecto de los vientos. Ante estas circunstancias, las actividades humanas pueden afectar severamente a estos sistemas si no se toman medidas preventivas y de manejo que minimicen al máximo su deterioro. Lagunas Costeras. En 1977, Lankford las definió como un cuerpo acuático semicerrado y situado por debajo del nivel máximo de las mareas más altas, separado del mar por algún tipo de barrera y con el eje mayor paralelo a la línea de costa. Además, la comunicación con el mar puede ser permanente o efímera y son resultado del encuentro de dos masas de agua de diferentes características, lo que causa peculiares fenómenos en su comportamiento, físico, químico y biológico, con las consecuentes pautas ecológicas4. Macroalgas. Son productores primarios presentes en prácticamente todas las zonas costeras. Con frecuencia son la base de ecosistemas de gran importancia, particularmente en aquellas costas influenciadas por aguas frías, ricas en nutrientesy en cuerpos costeros semicerrados como lagunas costeras, bahías y golfos. Además de proveer biomasa vegetal, producir oxígeno y funcionar como sumideros de carbono, también proveen alimento y son hábitat de numerosas especies, algunas de gran interés comercial. Arrecifes de coral. Constituyen uno de los ecosistemas más importantes del planeta, debido a que son las comunidades más diversas, productivas y vulnerables de los mares, rivalizando en diversidad biológica tan sólo con las selvas tropicales y los bosques de niebla, dos de los ecosistemas terrestres más diversos. Estos ecosistemas son sitios de gran importancia económica, ya que ofrecen recursos pesqueros y atractivos turísticos. Estos ecosistemas, presentes en las zonas costeras, si bien están protegidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente, así como sus leyes secundarias, la falta de puntualización en las mismas,deja abierto a criterio de la autoridad y de los usuarios, la autorización en materia de impacto ambiental, en desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. Por lo anterior la presente iniciativa busca incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la definición de ecosistema costero, tomando como base la definición de zona costera definida por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, debido a que es una Comisión intersecretarial, concebida como una organización de investigación aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información y conocimiento accesible para toda la sociedad. A razón de la CONABIO, los ecosistemas costeros son de los más productivos, pero también los más amenazados en el mundo; incluyen ecosistemas terrestres (por ejemplo, los sistemas de dunas), áreas donde el agua dulce y el agua de mar se mezclan (estuarios), y las áreas costeras cercanas al litoral. En general la zona costera es aquella que abarca desde menos de 200 m de profundidad en el mar, hasta 100 km tierra adentro, o 50 m de elevación (lo que esté más cerca del mar), En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que se reforma el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ARTÍCULO ÚNICO.-Se adiciona un tercer párrafo y se recorre el subsecuente para quedar como último párrafo del articulo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue: ARTÍCULO 28.- … I al XIII. … … Para los efectos a que se refiere la fracción IX, se consideran ecosistemas costeros, aquéllos que se localicen en la zona costera, misma que abarca en el mar a partir de una profundidad de menos 200 metros, hasta 100 km tierra adentro o 50 m de elevación, entre los que se encuentran, manglares, humedales, franja intermareal, dunas costera, lagunas costeras, macroalgas, arrecifes de coral, pastos marinos, fondos marinos o bentos, y las costas rocosa. Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiúndías del mes de febrerodel año dos mil trece.![jeg](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/jeg.jpg)
SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
1CONABIO, Capital Natural de México, Capitulo I: Conocimiento Actual de la Biodiversidad, Tema: Los ecosistemas Costeros, Insulares y Epicontinentales 2Isobata, se refiere a la Curva que representa cartográficamente los puntos de igual profundidad en océanos y mares. 3RAMSAR. tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".www.ramsar.org 4UNAM, la Biodiversidad de las Lagunas Costeras, Revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomo número 76, octubre – diciembre del 2004, “los mares de México”
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (CMigrator copy 1)
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 20 de febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, bajo la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
De acuerdo a información narrada en los medios de comunicación, el Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (FRECDA), recibió una queja de los alumnos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN,) quienes afirmaron que la mayoría de los animales con los que practican mueren en la plancha luego de que les arrancan sus órganos, sin aplicarles anestesia. Asimismo, informaron que los que sobreviven los suturan sin ningún analgésico y los meten en jaulas en donde se desangran, padeciendo una muerte lenta y muy dolorosa. Con las reformas recientes del Código Penal para el Distrito Federal, es delito ocasionar una muerte prolongada y dolorosa a los animales. Si bien es cierto que esta permitido practicar con animales domésticos y/o silvestres en laboratorios con fines científicos y educativos, también la legislación remite a normas específicas sobre la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio y que esta normatividad señala el trato digno que debe darse siempre a los animales. Las declaraciones referentes a que no hay ley que impida el practicar con animales, no son del todo ciertas. Efectivamente no hay Ley que diga que queda prohibido practicar con animales para fines educativos o científicos, pero si hay leyes y normas que regulan el trato digno de animales en laboratorios, por lo que las prácticas de enseñanza médica de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional debieron y deben realizarse con base en lo que indica la legislación y la normatividad en materia de trato digno a los animales, así como sujetarse a los códigos de ética. Lo que se comenta últimamente en los medios de comunicación, es que no se tomaron medidas de respeto y trato digno hacia los animales. Por ello, la Asociación Protectora de Animales FRECDA, solicitó a la Directora de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico que entregara los animales mencionados, ya que se encontraban en malas condiciones y necesitaban atención. La respuesta fue en sentido positivo pero en el momento que regresaron para recogerlos, el personal del IPN informó que los animales ya habían sido sacrificados de acuerdo a su protocolo y por lo tanto no entregarían nada. Al respecto y para estar en posibilidades no sólo de tomar una postura al respecto, sino sobre todo de poder coadyuvar en tan importante tema, el Grupo Parlamentario del Partido Verde considera necesario conocer de primera mano lo realizado por la Escuela Superior de Medicina, mediante el contenido de la bitácora del Protocolo del sacrificio de los perros que ahí se encontraban. Consideramos que los maestros deben conducirse con ética en sus clases y prácticas de enseñanza médica. Finalmente, un médico siempre debe conducirse con ética y procurar la vida y bienestar del paciente. Los alumnos, por su parte, afirman que se les obliga practicar en perros vivos, en los que se aplican anestesias caducas que les provocan sufrimiento y dolor, dejándoseles morir desangrados y con sus órganos internos expuestos. Otro punto importante de la nota periodística es que los estudiantes de medicina refirieron que los perros son comprados en criaderos o levantados de la calle y se les mantiene en condiciones deplorables, “sin agua ni alimento” durante todos los procedimientos. Debemos recordar que la NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, en su apartado 4.4 denominado Obtención de animales, señala que todos los animales deben adquirirse conforme a los preceptos jurídicos aplicables, tanto a las instituciones como a los particulares que reciben o negocian con animales. Los animales suministrados por los comerciantes o instituciones públicas con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, deben acompañarse de información que describa el estatus microbiológico y genético de sus colonias o de animales individuales. Criterios similares se deben aplicar para aquellos transferidos de otras instituciones o incluso dentro de la misma institución. Todos los traslados de animales, incluyendo aquellos dentro de la misma institución, deben ser planeados para minimizar el tiempo de traslado, el riesgo de zoonosis y antropozoonosis; además, los animales deben ser protegidos contra condiciones climáticas extremas o sofocación debido al transporte en cajas cerradas, en cajuelas de automóviles o similares. Asimismo, se debe evitar el hacinamiento, brindar agua y alimento cuando esté indicado y protegerlos contra traumatismos. El estrés debe reducirse al mínimo atendiendo a las recomendaciones mencionadas. Todo embarque de animales independientemente de su origen (centros de control canino, instituciones o comerciantes establecidos), debe ser revisado por el Médico Veterinario Zootecnista, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones de adquisición y la ausencia de signos clínicos de enfermedad, debiéndose establecer a juicio profesional los procedimientos de cuarentena y estabilización de acuerdo a la especie y circunstancias. Por ello es importante la estricta coordinación entre el personal que solicita y el que recibe los animales, así como el que está a cargo de su cuidado diario, para asegurar su recepción apropiada y la disponibilidad de instalaciones para su alojamiento. Igualmente, en su apartado 4.5.1, se señala que todos los animales adquiridos por compra, donación o intercambio deben ir acompañados de documentos que establezcan las condiciones de salud y calidad en que se produjeron, criaron y mantuvieron hasta antes de su embarque o salida del lugar de origen. De ahí la imperiosa necesidad de conocer si el IPN realiza estas acciones conforme a la legislación y normatividad vigente. Se señaló también en la nota que en otras instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los estudiantes de medicina practican y estudian con cadáveres de humanos donados por instituciones como el SEMEFO y sus investigaciones de laboratorio se realizan con cultivo de células in vitro. Lo anterior no es cosa menor si consideramos que el maltrato y crueldad animal es ahora una acción antijurídica que es castigada por el Código Penal para el Distrito Federal con una pena que puede ir hasta los 6 años de cárcel. Por ello creemos que las autoridades del IPN deben dar una respuesta a la sociedad sobre las incógnitas que surgieron a raíz de las denuncias realizadas por estudiantes y por organizaciones de la sociedad civil. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, informe de inmediato a esta Soberanía y a la sociedad en general sobre los hechos denunciados por estudiantes y organizaciones sociales, referentes a actos de maltrato y crueldad animal que se llevan a cabo en la Escuela Superior de Medicina de esa casa de estudios. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:![01](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/015.jpg)
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 20 de febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, bajo la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
De acuerdo a información narrada en los medios de comunicación, el Frente Ciudadano Pro-Derecho Animal (FRECDA), recibió una queja de los alumnos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN,) quienes afirmaron que la mayoría de los animales con los que practican mueren en la plancha luego de que les arrancan sus órganos, sin aplicarles anestesia. Asimismo, informaron que los que sobreviven los suturan sin ningún analgésico y los meten en jaulas en donde se desangran, padeciendo una muerte lenta y muy dolorosa. Con las reformas recientes del Código Penal para el Distrito Federal, es delito ocasionar una muerte prolongada y dolorosa a los animales. Si bien es cierto que esta permitido practicar con animales domésticos y/o silvestres en laboratorios con fines científicos y educativos, también la legislación remite a normas específicas sobre la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio y que esta normatividad señala el trato digno que debe darse siempre a los animales. Las declaraciones referentes a que no hay ley que impida el practicar con animales, no son del todo ciertas. Efectivamente no hay Ley que diga que queda prohibido practicar con animales para fines educativos o científicos, pero si hay leyes y normas que regulan el trato digno de animales en laboratorios, por lo que las prácticas de enseñanza médica de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional debieron y deben realizarse con base en lo que indica la legislación y la normatividad en materia de trato digno a los animales, así como sujetarse a los códigos de ética. Lo que se comenta últimamente en los medios de comunicación, es que no se tomaron medidas de respeto y trato digno hacia los animales. Por ello, la Asociación Protectora de Animales FRECDA, solicitó a la Directora de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico que entregara los animales mencionados, ya que se encontraban en malas condiciones y necesitaban atención. La respuesta fue en sentido positivo pero en el momento que regresaron para recogerlos, el personal del IPN informó que los animales ya habían sido sacrificados de acuerdo a su protocolo y por lo tanto no entregarían nada. Al respecto y para estar en posibilidades no sólo de tomar una postura al respecto, sino sobre todo de poder coadyuvar en tan importante tema, el Grupo Parlamentario del Partido Verde considera necesario conocer de primera mano lo realizado por la Escuela Superior de Medicina, mediante el contenido de la bitácora del Protocolo del sacrificio de los perros que ahí se encontraban. Consideramos que los maestros deben conducirse con ética en sus clases y prácticas de enseñanza médica. Finalmente, un médico siempre debe conducirse con ética y procurar la vida y bienestar del paciente. Los alumnos, por su parte, afirman que se les obliga practicar en perros vivos, en los que se aplican anestesias caducas que les provocan sufrimiento y dolor, dejándoseles morir desangrados y con sus órganos internos expuestos. Otro punto importante de la nota periodística es que los estudiantes de medicina refirieron que los perros son comprados en criaderos o levantados de la calle y se les mantiene en condiciones deplorables, “sin agua ni alimento” durante todos los procedimientos. Debemos recordar que la NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, en su apartado 4.4 denominado Obtención de animales, señala que todos los animales deben adquirirse conforme a los preceptos jurídicos aplicables, tanto a las instituciones como a los particulares que reciben o negocian con animales. Los animales suministrados por los comerciantes o instituciones públicas con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, deben acompañarse de información que describa el estatus microbiológico y genético de sus colonias o de animales individuales. Criterios similares se deben aplicar para aquellos transferidos de otras instituciones o incluso dentro de la misma institución. Todos los traslados de animales, incluyendo aquellos dentro de la misma institución, deben ser planeados para minimizar el tiempo de traslado, el riesgo de zoonosis y antropozoonosis; además, los animales deben ser protegidos contra condiciones climáticas extremas o sofocación debido al transporte en cajas cerradas, en cajuelas de automóviles o similares. Asimismo, se debe evitar el hacinamiento, brindar agua y alimento cuando esté indicado y protegerlos contra traumatismos. El estrés debe reducirse al mínimo atendiendo a las recomendaciones mencionadas. Todo embarque de animales independientemente de su origen (centros de control canino, instituciones o comerciantes establecidos), debe ser revisado por el Médico Veterinario Zootecnista, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones de adquisición y la ausencia de signos clínicos de enfermedad, debiéndose establecer a juicio profesional los procedimientos de cuarentena y estabilización de acuerdo a la especie y circunstancias. Por ello es importante la estricta coordinación entre el personal que solicita y el que recibe los animales, así como el que está a cargo de su cuidado diario, para asegurar su recepción apropiada y la disponibilidad de instalaciones para su alojamiento. Igualmente, en su apartado 4.5.1, se señala que todos los animales adquiridos por compra, donación o intercambio deben ir acompañados de documentos que establezcan las condiciones de salud y calidad en que se produjeron, criaron y mantuvieron hasta antes de su embarque o salida del lugar de origen. De ahí la imperiosa necesidad de conocer si el IPN realiza estas acciones conforme a la legislación y normatividad vigente. Se señaló también en la nota que en otras instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los estudiantes de medicina practican y estudian con cadáveres de humanos donados por instituciones como el SEMEFO y sus investigaciones de laboratorio se realizan con cultivo de células in vitro. Lo anterior no es cosa menor si consideramos que el maltrato y crueldad animal es ahora una acción antijurídica que es castigada por el Código Penal para el Distrito Federal con una pena que puede ir hasta los 6 años de cárcel. Por ello creemos que las autoridades del IPN deben dar una respuesta a la sociedad sobre las incógnitas que surgieron a raíz de las denuncias realizadas por estudiantes y por organizaciones de la sociedad civil. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, informe de inmediato a esta Soberanía y a la sociedad en general sobre los hechos denunciados por estudiantes y organizaciones sociales, referentes a actos de maltrato y crueldad animal que se llevan a cabo en la Escuela Superior de Medicina de esa casa de estudios. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:![02](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/024.jpg)
PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (CMigrator copy 1)
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 20 de Febrero de 2013
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
En el año 2001, el Gobierno del Distrito Federal inició la aplicación de una serie de programas sociales con el fin de apoyar económicamente a los grupos vulnerables de la Ciudad de México. Las acciones derivadas de dichos programas, como la entrega de útiles escolares, uniformes, apoyo económico para adultos mayores, solo por citar algunos, fueron políticas que la Asamblea Legislativa las elevó a rango de Ley con el fin de evitar que fueran utilizados con fines electorales. Estos programas operaron durante casi diez años de manera focalizada y por Secretarías de acuerdo a su denominación o facultades; sin embargo, con fecha 24 de marzo del 2010 fue presentado en el Auditorio Nacional, por el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, el Sistema “Red Ángel”. En el evento de presentación del año 2010 se señaló que el Sistema “Red Ángel”, era una “estrategia concentradora de los Programas Sociales; un programa único en Latinoamérica; con alcance y cobertura de todos los programas sociales de la ciudad; programa multimodal y unificador de la Política social de la ciudad”, [i][1]siendo importante señalar que este sistema de estrategia concentradora nunca fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ahora bien, el día 13 de febrero de este año, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, también en el Auditorio Nacional, presentó “Las orientaciones estratégicas para la política de desarrollo social en el Distrito Federal Capital Social”. Durante la presentación de las orientaciones estratégicas (Capital Social), señaló ente otras cuestiones que: “durante los últimos 15 años los ciudadanos de la capital hemos decidido de manera libre y democrática, el rumbo de nuestro desarrollo. Somos una sociedad que goza de libertades y que ha luchado para consolidar sus derechos políticos, económicos y culturales”. En su discurso de presentación de este sistema concentrador de la política social, también señaló que: según estimaciones sobre pobreza del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social 2010, en esta ciudad se registra sólo 2.2 por ciento de la pobreza extrema. Es decir, que la ciudad ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades con menor pobreza, en está búsqueda de consensos la ciudad tiene a la política social como uno de sus ejes de transformación, logrando construir y poner en marca políticas públicas de avanzada”. Finalizó la introducción para dar paso a Las Orientaciones Estratégicas para la Política de Desarrollo Social en el Distrito Federal (Capital Social) señalando: “por todo ello, hoy quiere presentar ante ustedes acciones y orientaciones de la política social, las cuales se enmarcan en el proceso de planeación que la ley determina, desde la administración pública del Distrito Federal se conforma un efectivo sistema de protección social, de combate a la pobreza a la desigualdad y marginación, con atención especial a las personas que habitan en la zona rural, toda la fuerza del Gobierno de la ciudad intervendrá en esta lucha”[2] Durante la presentación realizada por el Jefe de Gobierno, se informó que esta estrategia concentradora de la política social, se agrupa en diversos grupos: salud; educación, medio ambiente, trabajo, programas alimentarios, especiales, nutriciones y cultura. Al respecto se señaló que de los 450 programas sociales que existían y que formaban parte del Sistema de estrategia concentradora del Gobierno anterior, conocido como “Red Ángel”, solo se retomarían 164 de ellos, creándose 11 programas más, integrándose un total de 175 Programas Sociales al Sistema concentrador “Capital Social”. Adicional a lo anterior, se informó que con este Sistema concentrador de la política social, se espera tener una población beneficiada de 9 millones de personas, incrementando su influencia ya no solo a población vulnerable, sino también a la “clase media del Distrito Federal”, Sobre el trabajo a realizar en materia de desarrollo social con la clase media, se establecen acciones como: seguro de vida; gastos funerarios hasta por 6 mil pesos; médico a domicilio a precios simbólicos; check up en clínicas y hospitales privados, servicios de plomería y electricidad; descuentos en establecimientos de prestigio y espectáculos públicos, los cuales se otorgarán a través de una tarjeta y que empezará a funcionar en aproximadamente 2 meses. Resulta relevante señalar que algunas de las acciones a realizar por el Gobierno del Distrito Federal, son tomadas y justificadas de acuerdo a los criterios dados a conocer por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, el día 1 de diciembre del 2012; así como a la Cruzada Nacional contra el Hambre dada a conocer en el Estado de Chiapas hace algunos días también por el Presidente de la República, Sin embargo, llama la atención que este Sistema concentrador de la política social del Distrito Federal, denominado “Capital Social”, no cuente con líneas de operación de la totalidad de los programas sociales, pues de acuerdo a los denominados Libros Amarillo (2010) y Libro Morado (2011), en los cuales se establecen los lineamientos de los programas sociales[3] implementados por el Gobierno del Distrito Federa, estos no aparecen. Más aún, de acuerdo a lo informado por la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, días después de la presentación de la “Las orientaciones estratégicas para la política de desarrollo social en el Distrito Federal Capital Social”, se señaló respecto al apoyo a la clase media del Distrito Federal que: estamos en fase de licitación de la tarjeta (…) pero en los próximos dos meses ya estaremos empadronando a los beneficiarios”, … “los beneficiarios tendrán descuentos reales en servicios, productos de diversos tipos, incluso deportivos, aparatos electrodomésticos y tecnología”, … “vas a tener médico a domicilio, plomero, eléctrico, con toda la seguridad, vas a poder ir a una buena clínica a hacer una química sanguínea sin pagar precios altos”[4] Es decir, se anuncian programas y políticas públicas pero no se dan a conocer los detalles de operación, con lo cual pareciera que, más que ampliar la cobertura de los programas sociales, se pretende captar clientela política para convertirla en cautiva electoral. También es importante mencionar que ninguna autoridad del gobierno capitalino ha explicado la razón de la desaparición de algunos programas sociales implementados y ejecutados con recursos públicos durante la administración anterior. Esto pareciera obvio, sin embargo, la rendición de cuentas y la transparencia a la que están obligados los servidores públicos, se ve opacada en este caso en particular. En ese sentido, con al presentación del presente punto de acuerdo se pretende establecer una acción eficaz de transparencia y rendición de cuentas, al solicitar no solamente una explicación al respecto de la desaparición de algunos programas sociales, sino sobre todo, que se den a conocer la manera en que operaran todos y cada uno de los programas sociales que se aglutinarán en el sistema “Capital Social” Lo anterior resulta de gran trascendencia para la vida institucional y el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, ya que de lo contrario de dará la impresión a la opinión pública de que la utilización de los recursos públicos y de las estrategias gubernamentales, están orientadas a obtener fines políticos disfrazados de beneficios sociales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO .- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera, informe a esta Soberanía de manera pormenorizada:
- Cuáles son los programas sociales incluidos la Estrategia para la Política de desarrollo Social en el Distrito Federal “Capital Social” y emita las reglas de operación de todos y cada uno de ellos, con el objeto de conocer con certeza los lineamientos, mecanismos y objetivos de la Estrategia de referencia.
- Cuáles son los programas sociales que dejarán de operar, así como las razones en cada uno de los casos.
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PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 20 de Febrero de 2013
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
En el año 2001, el Gobierno del Distrito Federal inició la aplicación de una serie de programas sociales con el fin de apoyar económicamente a los grupos vulnerables de la Ciudad de México. Las acciones derivadas de dichos programas, como la entrega de útiles escolares, uniformes, apoyo económico para adultos mayores, solo por citar algunos, fueron políticas que la Asamblea Legislativa las elevó a rango de Ley con el fin de evitar que fueran utilizados con fines electorales. Estos programas operaron durante casi diez años de manera focalizada y por Secretarías de acuerdo a su denominación o facultades; sin embargo, con fecha 24 de marzo del 2010 fue presentado en el Auditorio Nacional, por el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, el Sistema “Red Ángel”. En el evento de presentación del año 2010 se señaló que el Sistema “Red Ángel”, era una “estrategia concentradora de los Programas Sociales; un programa único en Latinoamérica; con alcance y cobertura de todos los programas sociales de la ciudad; programa multimodal y unificador de la Política social de la ciudad”, [i][1]siendo importante señalar que este sistema de estrategia concentradora nunca fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ahora bien, el día 13 de febrero de este año, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, también en el Auditorio Nacional, presentó “Las orientaciones estratégicas para la política de desarrollo social en el Distrito Federal Capital Social”. Durante la presentación de las orientaciones estratégicas (Capital Social), señaló ente otras cuestiones que: “durante los últimos 15 años los ciudadanos de la capital hemos decidido de manera libre y democrática, el rumbo de nuestro desarrollo. Somos una sociedad que goza de libertades y que ha luchado para consolidar sus derechos políticos, económicos y culturales”. En su discurso de presentación de este sistema concentrador de la política social, también señaló que: según estimaciones sobre pobreza del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social 2010, en esta ciudad se registra sólo 2.2 por ciento de la pobreza extrema. Es decir, que la ciudad ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades con menor pobreza, en está búsqueda de consensos la ciudad tiene a la política social como uno de sus ejes de transformación, logrando construir y poner en marca políticas públicas de avanzada”. Finalizó la introducción para dar paso a Las Orientaciones Estratégicas para la Política de Desarrollo Social en el Distrito Federal (Capital Social) señalando: “por todo ello, hoy quiere presentar ante ustedes acciones y orientaciones de la política social, las cuales se enmarcan en el proceso de planeación que la ley determina, desde la administración pública del Distrito Federal se conforma un efectivo sistema de protección social, de combate a la pobreza a la desigualdad y marginación, con atención especial a las personas que habitan en la zona rural, toda la fuerza del Gobierno de la ciudad intervendrá en esta lucha”[2] Durante la presentación realizada por el Jefe de Gobierno, se informó que esta estrategia concentradora de la política social, se agrupa en diversos grupos: salud; educación, medio ambiente, trabajo, programas alimentarios, especiales, nutriciones y cultura. Al respecto se señaló que de los 450 programas sociales que existían y que formaban parte del Sistema de estrategia concentradora del Gobierno anterior, conocido como “Red Ángel”, solo se retomarían 164 de ellos, creándose 11 programas más, integrándose un total de 175 Programas Sociales al Sistema concentrador “Capital Social”. Adicional a lo anterior, se informó que con este Sistema concentrador de la política social, se espera tener una población beneficiada de 9 millones de personas, incrementando su influencia ya no solo a población vulnerable, sino también a la “clase media del Distrito Federal”, Sobre el trabajo a realizar en materia de desarrollo social con la clase media, se establecen acciones como: seguro de vida; gastos funerarios hasta por 6 mil pesos; médico a domicilio a precios simbólicos; check up en clínicas y hospitales privados, servicios de plomería y electricidad; descuentos en establecimientos de prestigio y espectáculos públicos, los cuales se otorgarán a través de una tarjeta y que empezará a funcionar en aproximadamente 2 meses. Resulta relevante señalar que algunas de las acciones a realizar por el Gobierno del Distrito Federal, son tomadas y justificadas de acuerdo a los criterios dados a conocer por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, el día 1 de diciembre del 2012; así como a la Cruzada Nacional contra el Hambre dada a conocer en el Estado de Chiapas hace algunos días también por el Presidente de la República, Sin embargo, llama la atención que este Sistema concentrador de la política social del Distrito Federal, denominado “Capital Social”, no cuente con líneas de operación de la totalidad de los programas sociales, pues de acuerdo a los denominados Libros Amarillo (2010) y Libro Morado (2011), en los cuales se establecen los lineamientos de los programas sociales[3] implementados por el Gobierno del Distrito Federa, estos no aparecen. Más aún, de acuerdo a lo informado por la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, días después de la presentación de la “Las orientaciones estratégicas para la política de desarrollo social en el Distrito Federal Capital Social”, se señaló respecto al apoyo a la clase media del Distrito Federal que: estamos en fase de licitación de la tarjeta (…) pero en los próximos dos meses ya estaremos empadronando a los beneficiarios”, … “los beneficiarios tendrán descuentos reales en servicios, productos de diversos tipos, incluso deportivos, aparatos electrodomésticos y tecnología”, … “vas a tener médico a domicilio, plomero, eléctrico, con toda la seguridad, vas a poder ir a una buena clínica a hacer una química sanguínea sin pagar precios altos”[4] Es decir, se anuncian programas y políticas públicas pero no se dan a conocer los detalles de operación, con lo cual pareciera que, más que ampliar la cobertura de los programas sociales, se pretende captar clientela política para convertirla en cautiva electoral. También es importante mencionar que ninguna autoridad del gobierno capitalino ha explicado la razón de la desaparición de algunos programas sociales implementados y ejecutados con recursos públicos durante la administración anterior. Esto pareciera obvio, sin embargo, la rendición de cuentas y la transparencia a la que están obligados los servidores públicos, se ve opacada en este caso en particular. En ese sentido, con al presentación del presente punto de acuerdo se pretende establecer una acción eficaz de transparencia y rendición de cuentas, al solicitar no solamente una explicación al respecto de la desaparición de algunos programas sociales, sino sobre todo, que se den a conocer la manera en que operaran todos y cada uno de los programas sociales que se aglutinarán en el sistema “Capital Social” Lo anterior resulta de gran trascendencia para la vida institucional y el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, ya que de lo contrario de dará la impresión a la opinión pública de que la utilización de los recursos públicos y de las estrategias gubernamentales, están orientadas a obtener fines políticos disfrazados de beneficios sociales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO .- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera, informe a esta Soberanía de manera pormenorizada:
- Cuáles son los programas sociales incluidos la Estrategia para la Política de desarrollo Social en el Distrito Federal “Capital Social” y emita las reglas de operación de todos y cada uno de ellos, con el objeto de conocer con certeza los lineamientos, mecanismos y objetivos de la Estrategia de referencia.
- Cuáles son los programas sociales que dejarán de operar, así como las razones en cada uno de los casos.
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PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL TRÁFICO DE ANIMALES EN EL MERCADO DE SONORA (CMigrator copy 1)
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 6 de Febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL TRÁFICO DE ANIMALES EN EL MERCADO DE SONORA, bajo la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones. Tan solo en el año 2006, se estimo que el valor anual del mercado para el tráfico de vida salvaje fue de 10,000 millones de dólares, el segundo mayor comercio ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas. Solo 17 países concentran tres cuartas partes de las especies de fauna y flora del planeta. México juega un papel trascendente en este asunto debido a dos factores importantes: a) Es una de las cinco naciones con mayor diversidad de vida silvestre en el planeta. Tiene más especies de plantas que toda Europa, ocupa el primer lugar del mundo en variedad de reptiles, el segundo en mamíferos, el primero en pinos, cactos y agaves; y, b) Su vecindad con los Estados Unidos, que es el principal importador y exportador de plantas y animales salvajes en el mundo.[1] Para el año 2010, a nivel mundial, el tráfico ilegal de especies fue el tercero más lucrativo del orbe, después del tráfico de drogas y de armas, lo cual ha situado al borde de la extinción a alrededor de 700 especies. La venta de animales, plantas silvestres y de productos manufacturados derivados de las mismas, se estima que mueve más de 17 billones de dólares anuales en el mundo, de los cuales, aproximadamente 10 billones corresponden al tráfico ilegal de fauna y 7 al de flora. Los clientes de este negocio ilegal, son originarios de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pero además, por esta misma razón se encuentran amenazadas 2,300 especies animales y 24,000 especies vegetales en todo el hemisferio. Nuestro país: - Es uno de los 5 países más ricos del mundo en flora y fauna silvestres y que muchas de esas especies sólo viven aquí. - Es el primer lugar del mundo en reptiles; el segundo en mamíferos; el cuarto en anfibios; y el séptimo en aves. - En México invernan el 55% de las aves de Norteamérica. - Tenemos más aves que Estados Unidos y Canadá juntos, con una superficie 10 veces menor. Mención aparte merece el maltrato que sufren las especies objeto de tráfico, ya que más de las tres cuartas partes de los animales capturados mueren antes de llegar a su destino, por la crueldad con que son empacados para evitar los riesgos de ser descubiertos en los pasos fronterizos. En la Ciudad de México, el tráfico de especies protegidas se realiza a la vista de todos, y si bien se llevan a cabo operativos por parte de la autoridad para contrarrestar dicha actividad ilícita, estas no han sido suficientes. Sin duda, los Mercados de Sonora, de Río Frío y el Morelos son considerados espacios públicos en donde a la vista de todos están a la venta y exhibición en condiciones infames, animales de toda especie, pero principalmente flora y fauna en peligro de extinción o que se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental- especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – lista de especies en riesgo. [2] Por ello, el Partido Verde ha denunciado por años la necesidad de que las autoridades de la Ciudad pongan un alto a la venta ilegal de especies animales en estos Mercados, principalmente el de Sonora. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente local, en la Ciudad de México hay identificadas 211 especies de aves, de las cuales 49 son residentes. Entre las aves endémicas destacan subespecies del pájaro carpintero, correcaminos; también existen águilas, halcones, gavilanes, lechuzas y especies rapaces. Es importante resaltar que, la Ciudad de México, históricamente ha generado políticas públicas de protección animal, por ejemplo, el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal vigente desde 1951, que establece en su Artículo 21: “Artículo 21.- Los comerciantes en animales vivos que se expendan en los mercados o en la vía pública, están obligados a procurar el menor sufrimiento posible a los animales, evitando todo acto que se traduzca en maltrato. En consecuencia, queda prohibido que las aves y los animales vivos sean transportados o colocados en los puestos con la cabeza hacia abajo, con las patas amarradas o las alas cruzadas, así como extraerles pluma, pelo y cerda, en cualquier forma que sea. Mientras no sean vendidos los animales vivos, deberán permanecer en condiciones apropiadas e higiénicas y en todo caso se les tendrá en un lugar con sombra cuidándose de su debida alimentación y necesidad de agua. Queda prohibido acudir a sistemas crueles para obtener un mayor precio en la venta de las aves, como el de "embucharlos", etc. El sacrificio, tanto de las aves como de otros animales que sean vendidos en los mercados o en la vía pública, deberá hacerse mediante un procedimiento que les evite sufrimientos prolongados.” De igual forma, desde el año 2005 fue creada la Brigada de Vigilancia Animal que forma aparte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuyas funciones son, de conformidad con el Artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales, entre otras: - rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad. - Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales en la vía pública. - Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades competentes para su resguardo. Es importante mencionar que a pesar de todo esto, la venta de fauna prohibida continúa en nuestra Ciudad. En ese sentido, de acuerdo al informe dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, durante la glosa del VI Informe de Gobierno de la administración anterior, la Brigada de Vigilancia Animal es también auxiliar en el cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, la Norma Oficial 059, CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre). Por esta razón, el Partido Verde desea exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que a través de la Brigada de Vigilancia Animal realicen los operativos para terminar con la venta ilegal de especies de flora y fauna silvestre que se encuentran protegidas por la Ley General y en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición conPUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que, derivado de lo dispuesto en el artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, realicen de manera inmediata operativos permanentes en los Mercados de Sonora, de Río Frío y Morelos, así como en otros espacios de comercio público para la recuperación de especies silvestres traficadas de manera ilegal, así como para que en su caso se finquen las responsabilidades penales que conforme a derecho corresponda, todo ello con el objeto de combatir de manera frontal esta práctica ilegal. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
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PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL TRÁFICO DE ANIMALES EN EL MERCADO DE SONORA
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 6 de Febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL TRÁFICO DE ANIMALES EN EL MERCADO DE SONORA, bajo la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones. Tan solo en el año 2006, se estimo que el valor anual del mercado para el tráfico de vida salvaje fue de 10,000 millones de dólares, el segundo mayor comercio ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas. Solo 17 países concentran tres cuartas partes de las especies de fauna y flora del planeta. México juega un papel trascendente en este asunto debido a dos factores importantes: a) Es una de las cinco naciones con mayor diversidad de vida silvestre en el planeta. Tiene más especies de plantas que toda Europa, ocupa el primer lugar del mundo en variedad de reptiles, el segundo en mamíferos, el primero en pinos, cactos y agaves; y, b) Su vecindad con los Estados Unidos, que es el principal importador y exportador de plantas y animales salvajes en el mundo.[1] Para el año 2010, a nivel mundial, el tráfico ilegal de especies fue el tercero más lucrativo del orbe, después del tráfico de drogas y de armas, lo cual ha situado al borde de la extinción a alrededor de 700 especies. La venta de animales, plantas silvestres y de productos manufacturados derivados de las mismas, se estima que mueve más de 17 billones de dólares anuales en el mundo, de los cuales, aproximadamente 10 billones corresponden al tráfico ilegal de fauna y 7 al de flora. Los clientes de este negocio ilegal, son originarios de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pero además, por esta misma razón se encuentran amenazadas 2,300 especies animales y 24,000 especies vegetales en todo el hemisferio. Nuestro país: - Es uno de los 5 países más ricos del mundo en flora y fauna silvestres y que muchas de esas especies sólo viven aquí. - Es el primer lugar del mundo en reptiles; el segundo en mamíferos; el cuarto en anfibios; y el séptimo en aves. - En México invernan el 55% de las aves de Norteamérica. - Tenemos más aves que Estados Unidos y Canadá juntos, con una superficie 10 veces menor. Mención aparte merece el maltrato que sufren las especies objeto de tráfico, ya que más de las tres cuartas partes de los animales capturados mueren antes de llegar a su destino, por la crueldad con que son empacados para evitar los riesgos de ser descubiertos en los pasos fronterizos. En la Ciudad de México, el tráfico de especies protegidas se realiza a la vista de todos, y si bien se llevan a cabo operativos por parte de la autoridad para contrarrestar dicha actividad ilícita, estas no han sido suficientes. Sin duda, los Mercados de Sonora, de Río Frío y el Morelos son considerados espacios públicos en donde a la vista de todos están a la venta y exhibición en condiciones infames, animales de toda especie, pero principalmente flora y fauna en peligro de extinción o que se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental- especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – lista de especies en riesgo. [2] Por ello, el Partido Verde ha denunciado por años la necesidad de que las autoridades de la Ciudad pongan un alto a la venta ilegal de especies animales en estos Mercados, principalmente el de Sonora. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente local, en la Ciudad de México hay identificadas 211 especies de aves, de las cuales 49 son residentes. Entre las aves endémicas destacan subespecies del pájaro carpintero, correcaminos; también existen águilas, halcones, gavilanes, lechuzas y especies rapaces. Es importante resaltar que, la Ciudad de México, históricamente ha generado políticas públicas de protección animal, por ejemplo, el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal vigente desde 1951, que establece en su Artículo 21: “Artículo 21.- Los comerciantes en animales vivos que se expendan en los mercados o en la vía pública, están obligados a procurar el menor sufrimiento posible a los animales, evitando todo acto que se traduzca en maltrato. En consecuencia, queda prohibido que las aves y los animales vivos sean transportados o colocados en los puestos con la cabeza hacia abajo, con las patas amarradas o las alas cruzadas, así como extraerles pluma, pelo y cerda, en cualquier forma que sea. Mientras no sean vendidos los animales vivos, deberán permanecer en condiciones apropiadas e higiénicas y en todo caso se les tendrá en un lugar con sombra cuidándose de su debida alimentación y necesidad de agua. Queda prohibido acudir a sistemas crueles para obtener un mayor precio en la venta de las aves, como el de "embucharlos", etc. El sacrificio, tanto de las aves como de otros animales que sean vendidos en los mercados o en la vía pública, deberá hacerse mediante un procedimiento que les evite sufrimientos prolongados.” De igual forma, desde el año 2005 fue creada la Brigada de Vigilancia Animal que forma aparte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuyas funciones son, de conformidad con el Artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales, entre otras: - rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad. - Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de animales en la vía pública. - Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades competentes para su resguardo. Es importante mencionar que a pesar de todo esto, la venta de fauna prohibida continúa en nuestra Ciudad. En ese sentido, de acuerdo al informe dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, durante la glosa del VI Informe de Gobierno de la administración anterior, la Brigada de Vigilancia Animal es también auxiliar en el cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, la Norma Oficial 059, CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre). Por esta razón, el Partido Verde desea exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que a través de la Brigada de Vigilancia Animal realicen los operativos para terminar con la venta ilegal de especies de flora y fauna silvestre que se encuentran protegidas por la Ley General y en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición conPUNTO DE ACUERDO
UNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que, derivado de lo dispuesto en el artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, realicen de manera inmediata operativos permanentes en los Mercados de Sonora, de Río Frío y Morelos, así como en otros espacios de comercio público para la recuperación de especies silvestres traficadas de manera ilegal, así como para que en su caso se finquen las responsabilidades penales que conforme a derecho corresponda, todo ello con el objeto de combatir de manera frontal esta práctica ilegal. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
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PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS REMANENTES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (CMigrator copy 1)
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 13 de Febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ, ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACURDO PARA SOLICITAR A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REMANENTES DE LOS EJERCICIÓS FISCALES 2011 Y 2012, al tenor de la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
El derecho a la información se ha constituido en una la garantía fundamental para los ciudadanos sin importar su condición social u origen. La instauración de este derecho se ha traducido en la facultad ciudadana de pedir información pública sin justificar el uso ni la razón de su petición. Esto es, requerir una información que únicamente estará bajo la responsabilidad del solicitante, partiendo de la tesis de que si la sociedad está informada, podrá tomar ediciones mejor informadas. Además, con la disponibilidad de esa información, podrá evaluar -oportuna y adecuadamente- el desempeño de las autoridades. El fortalecimiento de la democracia en el Estado Contemporáneo, presupone el cabal cumplimiento del derecho a la información, entendido éste en un sentido aún más amplio que el que prescribe la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, incluyendo el derecho a estar bien informados. No en balde se ha planteado como primer punto la necesidad de plasmar en la Constitución que la información es algo que pertenece, en primera instancia, al ciudadano. La expedición de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información involucró un fuerte impulso a la participación ciudadana y al perfeccionamiento de la democracia sustantiva, al fortalecer la participación social en las decisiones públicas, en beneficio de una mayor legitimidad de la autoridad y de una mayor certidumbre en el cumplimiento de los programas y el ejercicio de los recursos, generando con ello una mayor rentabilidad política. De esta manera, a partir de las reformas al artículo 6º Constitucional se ha abierto el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia. Con ello se han abierto nuevos horizontes para el desarrollo de la democracia. También se han creado poderosos instrumentos para enfrentar de manera decisiva las prácticas de evasión y resistencia a la apertura de la información. Tales prácticas tienen su origen en el deseo de perpetuar múltiples privilegios y el ejercicio desmesurado de un creciente gasto corriente sin tener que dar cuenta a la sociedad sobre el desarrollo de los programas y actividades encomendados. Ante ello se precisa una acción decidida y organizada de los ciudadanos y sus organizaciones para romper con esos atavismos. Pero no solo eso, también de un compromiso por los servidores públicos, particularmente de los representantes sociales, por velar de manera permanente por los intereses ciudadanos. No obstante las bondades que aporta esta legislación, su consolidación debe acompañarse con un fuerte impulso a los valores éticos y democráticos en la Sociedad, así como a la generalización del ejercicio transparente de las funciones públicas y en la erradicación de vicios de burocratismo y de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, la riqueza de los objetivos planteados en la ley de la materia, la extensa gama de atribuciones conferidas, el enorme campo de aplicación de la Ley y su importante contribución en términos de democratización de las instituciones, modernización de los procedimientos y transparencia de las facultades, recursos y responsabilidades relacionados con la instauración y consolidación del Derecho a la Información, todo ello contrasta con la actuación y medidas adoptadas por los entes obligados, como es el caso de esta misma y Honorable Asamblea Legislativa. Nos referimos de manera concreta al recientemente aprobado “Acuerdo de la Comisión de Gobierno por medio del cual se aprueba la propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal” Por virtud de éste, se aprueba la aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la cantidad de $24,749,827.42 para que sean utilizados para fortalecer la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, impactando principalmente conceptos como implementación y puesta en marcha del Servicio Civil de Carrera, capacitación en línea, y difusión de entes auditados, consultoría para la elaboración de libros blancos y entrega recepción, equipamiento y readaptación de inmuebles y mantenimiento al estacionamiento anexo de la misma institución… Así, sin mayor explicación, se dispone de casi 25 millones de pesos sin conocer su destino final y el beneficio concreto que traerá su inversión en programas o proyectos concretos. Cabe aclarar que aunque posteriormente la Contaduría Mayor de Hacienda pudiera informar a esta Soberanía sobre la aplicación y destino de los recursos mencionados, la precisión, transparencia e imparcialidad con la que debe hacerlo se ve sumamente dañada y el órgano que aprueba también se convierte en cómplice al avalar ese gasto público de manera velada. Esto sin duda ocasiona que la información sobre el actuar de órgano legislativo local del Distrito Federal, particularmente sobre la aplicación de los recursos presupuestales, quede en la más completa opacidad, vulnerando con ello los derechos ciudadanos y contribuyendo a que la imagen de los servidores públicos dentro de la sociedad y de sus representantes sociales, cada día sea más negativa. No olvidemos que la legislación aplicable a los servidores públicos también hace clara alusión a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, mismos que debe regir el actuar de todo ente de gobierno y, en el caso que nos ocupa, algunos de esos principios quedan seriamente comprometidos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición conPUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, rinda dentro de los siguientes 3 días hábiles a esta Soberanía, un informe sobre lo siguiente: A) Aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2011, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales. B) Propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales. Firman la presente proposición: DIP. A. TONATIUH GONZALEZ C. ____________________________
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PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS REMANENTES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 13 de Febrero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ, ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACURDO PARA SOLICITAR A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REMANENTES DE LOS EJERCICIÓS FISCALES 2011 Y 2012, al tenor de la siguiente:EXPOSICION DE MOTIVOS
El derecho a la información se ha constituido en una la garantía fundamental para los ciudadanos sin importar su condición social u origen. La instauración de este derecho se ha traducido en la facultad ciudadana de pedir información pública sin justificar el uso ni la razón de su petición. Esto es, requerir una información que únicamente estará bajo la responsabilidad del solicitante, partiendo de la tesis de que si la sociedad está informada, podrá tomar ediciones mejor informadas. Además, con la disponibilidad de esa información, podrá evaluar -oportuna y adecuadamente- el desempeño de las autoridades. El fortalecimiento de la democracia en el Estado Contemporáneo, presupone el cabal cumplimiento del derecho a la información, entendido éste en un sentido aún más amplio que el que prescribe la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, incluyendo el derecho a estar bien informados. No en balde se ha planteado como primer punto la necesidad de plasmar en la Constitución que la información es algo que pertenece, en primera instancia, al ciudadano. La expedición de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información involucró un fuerte impulso a la participación ciudadana y al perfeccionamiento de la democracia sustantiva, al fortalecer la participación social en las decisiones públicas, en beneficio de una mayor legitimidad de la autoridad y de una mayor certidumbre en el cumplimiento de los programas y el ejercicio de los recursos, generando con ello una mayor rentabilidad política. De esta manera, a partir de las reformas al artículo 6º Constitucional se ha abierto el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia. Con ello se han abierto nuevos horizontes para el desarrollo de la democracia. También se han creado poderosos instrumentos para enfrentar de manera decisiva las prácticas de evasión y resistencia a la apertura de la información. Tales prácticas tienen su origen en el deseo de perpetuar múltiples privilegios y el ejercicio desmesurado de un creciente gasto corriente sin tener que dar cuenta a la sociedad sobre el desarrollo de los programas y actividades encomendados. Ante ello se precisa una acción decidida y organizada de los ciudadanos y sus organizaciones para romper con esos atavismos. Pero no solo eso, también de un compromiso por los servidores públicos, particularmente de los representantes sociales, por velar de manera permanente por los intereses ciudadanos. No obstante las bondades que aporta esta legislación, su consolidación debe acompañarse con un fuerte impulso a los valores éticos y democráticos en la Sociedad, así como a la generalización del ejercicio transparente de las funciones públicas y en la erradicación de vicios de burocratismo y de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, la riqueza de los objetivos planteados en la ley de la materia, la extensa gama de atribuciones conferidas, el enorme campo de aplicación de la Ley y su importante contribución en términos de democratización de las instituciones, modernización de los procedimientos y transparencia de las facultades, recursos y responsabilidades relacionados con la instauración y consolidación del Derecho a la Información, todo ello contrasta con la actuación y medidas adoptadas por los entes obligados, como es el caso de esta misma y Honorable Asamblea Legislativa. Nos referimos de manera concreta al recientemente aprobado “Acuerdo de la Comisión de Gobierno por medio del cual se aprueba la propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal” Por virtud de éste, se aprueba la aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la cantidad de $24,749,827.42 para que sean utilizados para fortalecer la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, impactando principalmente conceptos como implementación y puesta en marcha del Servicio Civil de Carrera, capacitación en línea, y difusión de entes auditados, consultoría para la elaboración de libros blancos y entrega recepción, equipamiento y readaptación de inmuebles y mantenimiento al estacionamiento anexo de la misma institución… Así, sin mayor explicación, se dispone de casi 25 millones de pesos sin conocer su destino final y el beneficio concreto que traerá su inversión en programas o proyectos concretos. Cabe aclarar que aunque posteriormente la Contaduría Mayor de Hacienda pudiera informar a esta Soberanía sobre la aplicación y destino de los recursos mencionados, la precisión, transparencia e imparcialidad con la que debe hacerlo se ve sumamente dañada y el órgano que aprueba también se convierte en cómplice al avalar ese gasto público de manera velada. Esto sin duda ocasiona que la información sobre el actuar de órgano legislativo local del Distrito Federal, particularmente sobre la aplicación de los recursos presupuestales, quede en la más completa opacidad, vulnerando con ello los derechos ciudadanos y contribuyendo a que la imagen de los servidores públicos dentro de la sociedad y de sus representantes sociales, cada día sea más negativa. No olvidemos que la legislación aplicable a los servidores públicos también hace clara alusión a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, mismos que debe regir el actuar de todo ente de gobierno y, en el caso que nos ocupa, algunos de esos principios quedan seriamente comprometidos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición conPUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, rinda dentro de los siguientes 3 días hábiles a esta Soberanía, un informe sobre lo siguiente: A) Aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2011, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales. B) Propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales. Firman la presente proposición: DIP. A. TONATIUH GONZALEZ C. ____________________________
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SOBRE LAS RESOLUCIONES QUE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL HA EMITIDO EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN
PVEMRecinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 30 de Enero de 2013.
DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS RESOLUCIONES QUE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL HA EMITIDO EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN, bajo la siguiente:![Más...](http://www.partidoverde.org.mx/pvem/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif)
EXPOSICION DE MOTIVOS
La creación de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), se planteó en la Ley Ambiental del Distrito Federal y su diseño se consolidó el 24 de abril de 2001 con la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Así surgió la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, como una autoridad especializada en la atención de denuncias ciudadanas por presuntos incumplimientos a la normatividad urbano-ambiental. La PAOT es una de las autoridades del Distrito Federal que tienen como finalidad la defensa de los derechos ambientales y territoriales de los habitantes de la Ciudad de México, además de ser a nivel nacional la única institución de tal naturaleza que concentra bajo una autoridad la materia ambiental y el ordenamiento territorial. La principal atribución de la PAOT es la atención de las denuncias ciudadanas. Si bien los resultados de las investigaciones benefician en primera instancia a los denunciantes, lo cierto es que la trascendencia de estos resultados significa mejores condiciones de vida para la población del Distrito Federal, derivado de la protección ambiental y el ordenamiento territorial. Es importante mencionar que el tema más denunciado es el uso de suelo urbano, seguido por la afectación de áreas verdes en suelo urbano y, en un tercer lugar, las denuncias por ruido y vibraciones. (1) En cuanto al uso de suelo, debemos decir que, tal como lo ha expuesto la propia PAOT, la planeación del desarrollo urbano se ejecuta mediante el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), el cual sienta las bases para expedir los programas delegacionales y parciales en la materia. Además de estos instrumentos, también se encuentran las Áreas de Gestión Estratégica y las Normas de Ordenación. La observancia de los instrumentos de planeación, antes mencionados, es obligación de toda persona física o moral, pública o privada. De acuerdo a los resultados obtenidos de la gestión e investigación de las denuncias en materia de uso de suelo presentadas ante la PAOT, esta institución ha observado que el vertiginoso crecimiento urbano del Distrito Federal impone un tipo de dinámica diferente a la establecida en los programas de desarrollo urbano, mismo que conlleva al incumplimiento constante de estos programas por parte de las personas. Por tal motivo, la ciudad ha crecido de manera desordenada ocupando áreas, que desde el punto de vista formal, no son susceptibles de ser utilizadas para usos distintos a los establecidos en estos programas. De este modo, el ordenamiento territorial se convierte en una referencia técnica, pues los usos reales se han ido alterando con impactos negativos sobre el medio natural circundante. Por otra parte, existen incongruencias entre los programas que regulan la actividad territorial en las zonas de transición entre el suelo urbano y el de conservación, por las incompatibilidades entre el PGDU y el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOE). __________ 1.- Informe Anual de Actividades, Enero de 2011 – Febrero de 2012, PAOT. Lo anterior resulta de suma importancia pues desde el año 2011 la PAOT ha emitido trece resoluciones relacionadas con asentamientos irregulares, principalmente en suelo de conservación, que básicamente involucran a las Delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Alvaro Obregón y Xochimilco, así como a la Secretarías de Medio Ambiente (SMA) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), sin que hasta la fecha se hayan observado resultados tangibles que beneficien el cuidado y la permanencia del suelo de conservación. La invasión por asentamientos humanos al suelo de conservación es un asunto de la más alta relevancia por los siguientes motivos:- El suelo de conservación abarca una superficie de poco más de 88,000 hectáreas.
- En suelo de conservación se localizan aproximadamente 34 mil hectáreas de propiedad social y 27 mil hectáreas con poblados con procedimientos agrarios en trámite.
- La biodiversidad en suelo de conservación proporciona un refugio a más de 2,500 especies de flora y fauna, inmersas en una extensa gama de ecosistemas y hábitat únicos, dada por su inclusión en el eje neovolcánico, hábitat de 2% de la biodiversidad mundial y del 12% de especies de flora y fauna de México.
- La recarga del acuífero, ya que se capta la mayor parte del agua que se recarga a los mantos acuíferos del Valle de México.
- La captación de partículas suspendidas.
- La producción de oxígeno y la captura de carbono, indispensables para contener y mitigar el impacto del cambio climático.
- La regulación climática y microclimática.
- La mitigación de la contaminación auditiva.
- La retención de suelo fértil.
- La función como espacios de esparcimientos turísticos y culturales.
- La sobreexplotación de los recursos naturales.
- La tala clandestina.
- Los tiraderos clandestinos de residuos urbanos y de la construcción
- El cambio de uso de suelo inmoderado
- Las construcciones ilegales realizadas en su mayoría por asentamientos humanos Irregulares
- Expediente PAOT-2010-1120-SOT-710 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011.
- Expediente PAOT-2010-888-SOT-519 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011
- Expediente PAOT-2010-10-33-SOT-23 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011.
- Expediente PAOT-2010-660-SOT-301 Y ACUMULADOS. Resolución del 30 de septiembre de 2011.
- Expedientes PAOT-2010-10-130 AL 147-SOT-120 AL 135 Y ACUMULADOS: PAOT-2011-0110-SOT-49 AL 125-SOT-64. Resolución del 28 de octubre del 2011.
- Expediente POT-2A010-650-SOT-291. Resolución del 28 de octubre de 2011.
- Expediente PAOT-2010-1070-SOT-60 Y ACUMULADOS. Resolución del 29 de noviembre de 2011.
- Expediente PAOT-2010-10-19-SOT-9 Y ACUMULADOS. Resolución del 24 de noviembre de 2011
- Expediente PAOT-2010-657-SOT-298 Y ACUMULADOS. Resolución del 29 de Noviembre de 2011.
- Expediente PAOT-2010-888-SOT-711 Y ACUMULADOS. Resolución del 16 de diciembre de 2011.
- Expediente PAOT-2010-642-SOT-283 Y ACUMULADOS. Resolución del 23 de enero de 2012.
- Expediente PAOT-2010-1122-SOT-712 Y ACUMULADOS. Resolución del 28 de febrero de 2012.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a los Jefes y Jefas Delegacionales en Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Xochimilco, así como al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaria del Medio Ambiente y al Titular del Instituto de Verificación Administrativa, todos del Distrito Federal, den inmediato cumplimiento a las Resoluciones Administrativas emitidas con motivo de invasiones por asentamientos irregulares en suelo de conservación y áreas naturales protegidas, a saber:
- PAOT-2010-888-SOT-519 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-888-SOT-711 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-1120-SOT-710 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-1122-SOT-712 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-10-33-SOT-23 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-1070-SOT-60 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-10-130 AL 147-SOT-120 AL 135 Y ACUMULADOS: PAOT-2011-0110-SOT-49 AL 125-SOT-64
- PAOT-2010-10-19-SOT-9 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-650-SOT-291
- PAOT-2010-642-SOT-283 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-748-SOT-389
- PAOT-2010-660-SOT-301 Y ACUMULADOS
- PAOT-2010-657-SOT-298 Y ACUMULADOS
![01](http://www.partidoverde.org.mx/2016/images/cmigration/015.jpg)