Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ, ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 13 de Febrero de 2013.

  DIP. JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E       Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ, ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACURDO PARA SOLICITAR A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES REMANENTES DE LOS EJERCICIÓS FISCALES 2011 Y 2012, al tenor de la siguiente:    

EXPOSICION DE MOTIVOS

    El derecho a la información se ha constituido en una  la garantía fundamental para los ciudadanos sin  importar su condición social u origen. La instauración de este derecho se ha traducido en la facultad ciudadana de pedir información pública sin justificar el uso ni la razón de su petición. Esto es, requerir  una información que únicamente estará bajo la responsabilidad del solicitante, partiendo de la tesis de que si la  sociedad está informada, podrá tomar ediciones mejor informadas.   Además, con la disponibilidad de esa información, podrá evaluar -oportuna y adecuadamente- el desempeño de las autoridades.       El fortalecimiento de la democracia en el Estado Contemporáneo,  presupone   el cabal cumplimiento del derecho a la información, entendido éste en un sentido aún más amplio que el que prescribe la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, incluyendo el derecho a estar bien informados. No en balde se ha planteado como primer punto la necesidad de plasmar en la Constitución que la información es algo que pertenece, en primera instancia, al ciudadano.   La expedición de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información involucró  un fuerte impulso a la participación ciudadana y al perfeccionamiento de la democracia sustantiva, al fortalecer la participación social  en  las decisiones públicas, en beneficio de una mayor legitimidad de la  autoridad y de una mayor  certidumbre en el cumplimiento de los programas y el ejercicio de los recursos, generando con ello una mayor  rentabilidad política.   De esta manera, a partir de las reformas al artículo 6º Constitucional se ha abierto el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia. Con ello se han abierto nuevos  horizontes  para el desarrollo de la  democracia. También se han creado poderosos instrumentos para  enfrentar de manera decisiva las prácticas de evasión y resistencia a la apertura de la información.   Tales prácticas tienen su origen en el deseo de perpetuar múltiples privilegios y el ejercicio desmesurado de un creciente gasto corriente sin tener que dar cuenta a la sociedad sobre el desarrollo de los programas y actividades encomendados. Ante ello se precisa una acción decidida y organizada de los ciudadanos y sus organizaciones para romper con esos atavismos.   Pero no solo eso, también de un compromiso por los servidores públicos, particularmente de los representantes sociales, por velar de manera permanente por los intereses ciudadanos.   No obstante las bondades que aporta esta legislación, su consolidación debe acompañarse con un fuerte impulso a  los valores  éticos y democráticos en  la Sociedad, así como a la generalización del  ejercicio transparente de las funciones públicas y en la erradicación de vicios de burocratismo y  de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.           Por ello, la riqueza de los  objetivos planteados en la ley de la materia, la extensa gama de atribuciones conferidas, el enorme campo de aplicación de la Ley y su importante contribución  en términos de democratización de las instituciones, modernización de los procedimientos y transparencia de las facultades, recursos y responsabilidades relacionados con la instauración y  consolidación del Derecho a la Información, todo ello contrasta con la actuación y medidas adoptadas por los entes obligados, como es el caso de esta misma y Honorable Asamblea Legislativa.   Nos referimos de manera concreta al recientemente aprobado “Acuerdo de la Comisión de Gobierno por medio del cual se aprueba la propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”   Por virtud de éste, se aprueba la aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la cantidad de $24,749,827.42 para que sean utilizados para fortalecer la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, impactando principalmente conceptos como implementación y puesta en marcha del Servicio Civil de Carrera, capacitación en línea, y difusión de entes auditados, consultoría para la elaboración de libros blancos y entrega recepción, equipamiento y readaptación de inmuebles y mantenimiento al estacionamiento anexo de la misma institución…   Así, sin mayor explicación, se dispone de casi 25 millones de pesos sin conocer su destino final y el beneficio concreto que traerá su inversión en programas o proyectos concretos.   Cabe aclarar que aunque posteriormente la Contaduría Mayor de Hacienda pudiera informar a esta Soberanía sobre la aplicación y destino de los recursos mencionados, la precisión, transparencia e imparcialidad con la que debe hacerlo se ve sumamente dañada y el órgano que aprueba también se convierte en cómplice al avalar ese gasto público de manera velada.   Esto sin duda ocasiona que la información sobre el actuar de  órgano legislativo local del Distrito Federal, particularmente sobre la aplicación de los recursos presupuestales, quede en la más completa opacidad, vulnerando con ello los derechos ciudadanos y contribuyendo a que la imagen de los servidores públicos dentro de la sociedad y de sus representantes sociales, cada día sea más negativa.     No olvidemos que la legislación aplicable a los servidores públicos también hace clara alusión a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, mismos que debe regir el actuar  de todo ente de gobierno y, en el caso que nos ocupa, algunos de esos principios quedan seriamente comprometidos.       Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

  ÚNICO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, rinda dentro de los siguientes 3 días hábiles a esta Soberanía, un informe sobre lo siguiente:   A)   Aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2011, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales. B)   Propuesta de aplicación y destino de los recursos remanentes del ejercicio fiscal 2012, detallado por capítulo de gasto, programa y proyectos especiales.       Firman la presente proposición:         DIP. A. TONATIUH GONZALEZ C.         ____________________________   DIP. JESUS SESMA  SUAREZ               ____________________________       DIP. ALBERTO E. CINTA M.                    ____________________________