Noticias (1119)
Children categories
Milenio/19 de Agosto 2011
Petrofac Facilities y Administradora de Proyectos de Campos, los ganadores
Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó los primeros tres contratos incentivados para campos maduros a dos empresas privadas, lo cual tiene como objetivo incrementar la productividad de hidrocarburos.
Pemex realizó el análisis de las propuestas y costos que cada una de las compañías hizo, a fin de quedarse con tres áreas iniciales en la región sur del país, entre las que destaca: Magallanes, Santuario y Carrizo.
Los primeros dos fallos se dieron a favor de la británica Petrofac Facilities Management Limited, que se quedó con los contratos integrales de servicios de exploración y producción para los campos Santuario y Magallanes.
Esta empresa ofreció un precio de producción de 5.01 dólares por barril, para ambos complejos, luego de que Pemex pidiera un precio máximo de 7.97 y 9.78 dólares por barril respectivamente.
Cabe mencionar que esta compañía se especializa en la recuperación de campos en diversas partes del mundo e incluso ya realiza trabajos en África.
En el caso del campo Carrizo, la licitación fue adjudicada a la compañía mexicana, originaria de Monterrey, Administradora en Proyectos de Campos, luego de ofrecer un costo de 5.03 dólares por bidón producido, casi 7.28 dólares menos al máximo de 13.31 dólares que había establecido la paraestatal.
Cabe mencionar que los contratos integrales tienen como objetivo principal otorgar compensaciones económicas a las compañías que logren mejores resultados en la exploración y explotación de los yacimientos.
Según información de Pemex, las tres zonas petrolíferas cuentan con una superficie de aproximadamente 312 kilómetros cuadrados, una reserva de 207 millones de barriles de petróleo equivalente y una producción actual de 14 mil barriles diarios.
Vienen nuevas rondas, en las que esperan tener una buena participación e interés por parte de diversas empresas petroleras.
El pasado 1 de marzo Pemex Exploración y Producción lanzó al mercado ésta primera ronda de licitaciones de Contratos Integrales con número 18575062-512-11, generando gran interés por parte de empresas nacionales y extranjeras.
El 29 de julio, conforme al calendario establecido, se llevó a cabo la precalificación de 17 empresas, mismas que entregaron la documentación requerida.
El nuevo esquema ••• Luego de la aprobación de la reforma energética en 2008, las leyes aprobadas buscan que la rentabilidad de Petroleos Mexicanos se incremente de manera importante, es por ello que se ha emitido la modalidad de contratos incentivados.
Dicha modalidad contractual establece un esquema de asociación de largo plazo entre la paraestatal y particulares, los cuales realizarán en los campos maduros las actividades que hasta ahora venía realizando la petrolera.
Cabe mencionar que estos son los primeros tres contratos incentivados que otorga Pemex, aunque las empresas privadas ya realizaban diversos trabajos y servicios para la exploración, perforación y producción de petróleo en México.
Empresas de talla internacional como Halliburton, que obtuvo un contrato para la perforación de 58 pozos y diversos servicios petroleros por un monto de 683 millones de dólares en 2008.
El año pasado, Pemex renovó su contrato con Shell para la cooperación entre ambas empresas para la colaboración en áreas de investigación, desarrollo científico y recursos humanos.
El Universal/19 de Agosto 2011
El primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, dijo que existe una deficiente respuesta oficial a las víctimas inocentes de la violencia en el país. La Comisión ha registrado 158 casos de víctimas colaterales en dos años
La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a las autoridades y funcionarios de gobierno asumir su papel y dar atención integral a las víctimas inocentes surgidas a consecuencia de la violencia que se vive en México.
El primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, aseguró que todavía existe una deficiente respuesta de los servidores públicos que hacen que las víctimas sean objeto de olvido institucional o se les obligue a peregrinar justicia.
En estos dos últimos años, la CNDH ha realizado una investigación en torno e estos casos y como resultado de ese seguimiento ha registrado 158 casos de víctimas inocentes o colaterales, 111 pertenecen a 2010 y 47 a 2011, algunos de esos casos ya han resultado en recomendaciones particulares.
El organismo ya se halla en el proceso de sumar los asuntos similares desde 2005. La CNDH hace este recuento pero también rastrea cómo las autoridades han dado respuesta a este tipo de situaciones.
Valoran la atención recibida con base en el mandato constitucional que define los derechos de las víctimas: orientación jurídica para acceder a una denuncia y que se le haga justicia, atención médica y sicológica por los daños emocionales y estar siempre acompañada desde el momento en que pide auxilio a la autoridad hasta que se logra una sentencia.
Explicó que el Programa de Atención a Víctimas de la CNDH tiene justo la función vigilante y de acompañamiento a las víctimas. Recordó el caso reciente de la familia afectada en Veracruz por una explosión: “Inmediatamente la CNDH envió una brigada de abogados y sicólogos. Tuvimos comunicación con la directora del hospital, hablamos con la Procuraduría del Estado para realizar las acciones correspondientes”, explicó.
“Vemos un nivel de inseguridad importante, muchas víctimas, pocas denuncias y una inadecuada atención a las víctimas del delito. Debe haber un oportuno acceso a la justicia y en caso de agravios a la integridad referirlos a los hospitales y centros de salud para ser atendidos de la manera más eficaz para que victimización no se prolongue por más tiempo”, dijo Luis García López.
Para la CNDH la víctima debe ser colocada en un nivel de garantía y de protección para que pueda asumir los pasos para acceder a la justicia y recuperar su nivel de vida como el que tenía antes de ser víctima del delito. El primer visitador reconoció que falta mucho para llegar a ese nivel apegado a los estándares internacionales.
“El tema de atención a víctimas no es el que esperaríamos. Se le ha dado mayor interés al derecho del inculpado, a los derechos de presuntos responsables de delitos y la víctima, que es el actor principal que sufre la victimización, queda en el olvido. Tan es así que existen grandes expresiones sociales que reclaman justicia y derechos vigentes”, advirtió.
Dijo que la CNDH ya ha creado redes de atención a víctimas con organizaciones de la sociedad civil y las autoridades para procurar la atención integral.
Milenio/18 de Agosto 2011
En la reunión privada de cuatro horas, los legisladores y representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, apostaron a la confianza mutua y a la continuación del diálogo
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acordaron la creación de un grupo de trabajo integrado por diputados, senadores y representantes de organizaciones sociales, con la encomienda de analizar y dar seguimiento a las iniciativas en materia de seguridad nacional y atención a las víctimas del delito, entre otros temas.
Durante un encuentro privado de más de cuatro horas, los representantes del movimiento que encabeza Javier Sicilia y los legisladores de todos los partidos apostaron a la confianza mutua y a la continuación del diálogo.
Sicilia ofreció la bienvenida a la participación de otras organizaciones en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y otras propuestas, pues dijo, “todos cabemos y aquí se trata de lograr la unidad nacional”.
Según dijo la legisladora panista Josefina Vázquez Mota, el grupo de trabajo presentará en una semana un informe sobre el estado que guardan las iniciativas relacionadas con las demandas del movimiento, para determinar su curso.
Los diputados de todos los partidos políticos ofrecieron su respaldo a la propuesta de crear un fondo de atención a las víctimas de la violencia, a fin de integrarlo al Presupuesto de Egresos 2012 que el Ejecutivo Federal pondrá a consideración de los legisladores el próximo 8 de septiembre.
Excélsior/18 de Agosto 2011
Cuestionan la falta de libertad para manejar el ahorro de los trabajadores y la incertidumbre que se genera, advierte experta
La situación del sistema de pensiones en México es “bastante grave”, porque sólo 28 millones de mexicanos sustentan con su trabajo todo el régimen de retiro del país y ello lleva a una dinámica creciente de carencia de fondeo del sistema, advierte la especialista Georgina Isúnza Vizuet, del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (Ciecas) del IPN.
En entrevista con Excélsior, la especialista del Instituto Politécnico Nacional (IPN) destacó que el viejo sindicalismo corporativo, con cúpulas de poder privilegiadas, ha sido factor fundamental en la grave crisis del sistema de pensiones, pues sólo beneficia a unos pocos; mientras que “ha hecho polvo” el sindicalismo mexicano y ha dejado a la deriva a la mayoría de los trabajadores, ahora sometidos a contratos laborales leoninos, donde carecen de todo derecho a la prestación social.
Estudiosa del fenómeno de conflicto interno que tiene el sistema de pensiones y jubilaciones del país, Isúnza Vizuet recuerda que el problema no es exclusivo de México, sino que afecta a todos los países, precisamente porque va en aumento la población adulta mayor, y en varias naciones ha comenzado a generar un severo problema, porque la crisis se basa en la carencia de dinero para fondear las pensiones.
“Lo que la experiencia mundial nos ha demostrado es que la opción de las cuentas individualizadas administradas por un tercero, del sector privado, no es la salida, porque las comisiones que cobran y la falta de libertad para manejar el ahorro de los trabajadores genera incertidumbre.
“Observamos que el camino que se ha comenzado a tomar es la participación tripartita, donde los trabajadores, con un sindicato responsable, competitivo, comprometido con la productividad de las empresas y la administración pública, aportan 33 por ciento de los recursos al fondo común; por otro lado, el gobierno contribuye con 33 por ciento y regula el fondo común, sin transferir esta responsabilidad al sector privado.
Y, por último, las empresas aportan 33 por ciento restante, con una dinámica en la que a mayor compromiso laboral por parte de los trabajadores, mayor certidumbre en las plazas y los salarios de los trabajadores.
“El problema es que aquí tenemos un sindicalismo hecho polvo, que ha dejado a la deriva a la clase trabajadora, cada vez más desprotegida a nivel laboral, pero por otro lado tiene cúpulas privilegiadas que generan beneficios sólo para sus gremios afiliados, con prestaciones tan elevadas que les permiten tener automóviles de lujo o hacer viajes y vivir con mucha holgura.
“Y también tenemos el problema de un gobierno que elude su responsabilidad ante los millones de mexicanos que merecen un retiro digno del mercado laboral y los empuja al subempleo para sobrevivir; y, además, una clase empresarial que en su mayoría no tiene interés en incentivar la productividad de sus trabajadores con mayores salarios”, lamentó.
Avalan diagnóstico del PRI
Este diario informó que el grupo parlamentario del PRI en el Senado construye una propuesta de reforma para evitar el colapso en el sistema de pensiones, que se prevé empiece en el año 2015, cuando se acaben los fondos que lo sustentan, y con la expectativa de un hoyo fiscal por 3.025 billones de pesos; una carencia de fondos que lleva a los pensionados a vivir prácticamente en la indigencia.
La especialista politécnica aseguró que el diagnóstico priista es correcto, pero “lo importante es observar cuál es el camino que escogen para proponer una solución”.
La tasa de de desocupación en el género femenino subió a 5.83 por ciento
En julio, la tasa de desempleo como proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 5.62 por ciento, la cifra más alta en lo que va del año, señalan cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Con este resultado la población desocupada se ubicó en 2 millones 749 mil personas, cifra que significa un incremento de 185 mil personas respecto al mes anterior y en términos acumulados el aumento de la población en situación de no empleo es de 266 mil 566 personas en lo que va del año.
La tasa de desocupación se incrementó en el género femenino al pasar de 5.78 por ciento en julio de 2010 a una tasa de 5.83 por ciento en el séptimo mes de este año, mientras que en los hombres se ubicó en 5.50 por ciento y en el mismo mes del año anterior fue de 5.66 por ciento.
El mercado laboral sigue con signos de debilidad, consecuencia de la frágil reacción del mercado interno y la incertidumbre en el sector externo, el cual presenta signos de desaceleración.
De la población desempleada, el 35 por ciento cuentan con estudios a nivel superior o medio superior, para los que cuentan con secundaria el porcentaje es de 38.52 por ciento, mientras que el 26.55 restante corresponde a los que tienen sólo estudios de primaria.
A nivel regional, durante julio, las entidades con mayor desempleo fueron Tamaulipas con 8.81 por ciento, Aguascalientes con 7.23 y el Estado de México con 7.20 por ciento.
Por otra parte, la población ocupada llegó al 94.38 por ciento de la PEA durante el periodo referido.
Los servicios fueron el sector que mayor empleo ofreció a la población con el 41.1 por ciento del total, en el comercio trabajó el 19.7 por ciento, en la manufactura el 15 por ciento, en la construcción el 7.8 por ciento y el resto en otras actividades.
Otro indicador que confirma el deterioro del mercado laboral y la calidad del empleo es el incremento de la subocupación.
Al interior de la población que cuenta con un trabajo, el 8.85 por ciento se encuentra subocupada, es decir con disponibilidad y necesidad de trabajar más horas, este indicador se ubicó en su nivel más alto de los últimos 14 meses.
En su comparación mensual y en cifras ajustadas, la subocupación fue de 8.86 por ciento, el nivel más alto desde mayo del año anterior cuando llego a 9.12 por ciento en cifras desestacionalizadas.
Reforma/17 de Agosto 2011
Miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reúnen esta mañana con legisladores en San Lázaro, como parte de los diálogos de discusión sobre la Ley de Seguridad Nacional.
El encuentro comenzó alrededor de las 9:00 horas y se realiza a puerta cerrada.
Por parte del Movimiento acudió el poeta Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Miguel Álvarez y algunas víctimas, como Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido.
En la reunión se encuentran los líderes de las bancadas en la Cámara de Diputados.
El domingo, Javier Sicilia anunció la reanudación del diálogo con los legisladores, luego de haberlo suspendido durante dos semanas, en rechazo a la aprobación en comisiones de la Cámara baja de la minuta enviada por el Senado.
Asimismo, cerca de 35 líderes sociales, empresariales y académicos se reunieron ayer en la Secretaría de Gobernación con Francisco Blake para discutir las reformas que el Gobierno federal impulsa a la Ley de Seguridad Nacional.
MÁS DE 31 MILLONES DE TRABAJADORES SIN PLAN DE PENSIÓN; TEMEN INESTABILIDAD SOCIAL
PVEMExcélsior/16 de Agosto 2011
El actual modelo de retiro lleva a la indigencia a trabajadores y jubilados. El análisis del PRI señala que trabajadores en activo carecen de los beneficios de un seguro de retiro
Actualmente, más de 31 millones de trabajadores en activo están excluidos del sistema de pensiones y jubilaciones del país. Es decir, 67% del total.
De acuerdo con un análisis hecho por el PRI en el Senado, el actual modelo de retiro también “está enviando a la indigencia a la inmensa mayoría de los adultos mayores”, pues 4.8 millones de ancianos (80% del total) no tienen los beneficios de una jubilación.
Excélsior informó ayer que el déficit por las pensiones es de 3.025 billones de pesos, y que en 2015 el sistema colapsará, de no tomarse medidas. “La estrategia es que el problema le truene al siguiente gobierno”, se lee en el texto.
“Las disposiciones en los sistemas de pensiones son dramáticamente injustas, son socialmente inaceptables y representan un riesgo de inestabilidad social y política de muy graves proporciones”, advierte el documento.
El análisis asienta que, hoy en día, “varios de los sistemas de pensiones tienen reservas insuficientes o inexistentes”.
Advierten boom de indigentes
El sistema de pensiones y jubilaciones del país “está enviando a la indigencia a la inmensa mayoría de los adultos mayores”, pues 4.8 millones de personas de más de 70 años y 31 millones de trabajadores en activo están excluidos de los beneficios de un seguro de retiro y servicios médicos.
Así lo advierte el análisis hecho por el PRI en el Senado, coordinado por Francisco Labastida, para construir una propuesta que ayude al país a desactivar la bomba de tiempo que implica el hoyo fiscal de las pensiones en todo el país, que es de 3.025 billones de pesos, y cuyo primer detonante se ubica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en 2016 entrará en un déficit de 40 mil millones de pesos.
“Las disposiciones en los sistemas de pensiones son dramáticamente injustas, son socialmente inaceptables y representan un riesgo de inestabilidad social y política de muy graves proporciones”, advierte el documento.
El análisis detalla que “en un extremo están los trabajadores eventuales; aquellos que trabajan la mayor parte del año, pero sólo unas semanas o meses cotizan en el IMSS. Pueden trabajar 40 o más años, pero al no haber cotizado al IMSS un mínimo de mil 250 semanas (que establece la Ley) equivalen a 24 años de cotización y en consecuencia no tienen derecho a ninguna pensión.
“Estos trabajadores son los jornaleros agrícolas, los albañiles, obreros y oficinistas que tienen empleo formal una parte del año y otra parte están desempleados o autoempleados.
“En el otro extremo están los trabajadores de algunos organismos (IMSS o Pemex) que pueden jubilarse antes de los 50 años, con un ingreso superior al salario que recibían (cercano al 120% más) y con los servicios médicos garantizados para ellos y sus familiares. Por sus montos de pensiones y prestaciones, destacan también los jubilados del sector financiero (Banco de México, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Financiera Rural y Banobras)”, añade.
También hace ver que “varios de los sistemas de pensiones tienen reservas actuariales insuficientes o, en algunos casos, las reservas son inexistentes.
“Ejemplo de ello es que el seguro de enfermedades y maternidad para los jubilados del IMSS, que son más de tres millones de personas, tenían un déficit en diciembre de 2010 de un billón 863 millones 431 mil pesos y el sistema de pensiones de Pemex está desfinanciado a junio de este año en 692 mil 940 millones de pesos. Sus reservas actuariales son prácticamente cero.
“Esta inexistencia o insuficiencia de reservas actuariales se traducirá en altos costos fiscales o riesgos de falta de pago a pensionados. La deuda pública, de hecho, es mucho más grande que la deuda contratada al incluir los pasivos laborales.
“El balance del IMSS es muy ilustrativo de lo anterior. Sin incluir pasivos laborales, en diciembre del 2010 tuvo un patrimonio de 75 mil 608 millones de pesos; al incluir los pasivos laborales el patrimonio tiene un déficit de dos billones 300 mil millones de pesos”, destaca el documento.
De hecho, en 1997 ocurrió la primera reforma al sistema de pensiones de los afiliados al IMSS, que dio origen a las Afores, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y con el dominio priista en el Congreso, que, de acuerdo con Yolanda Daniel, investigadora de la UAM, agudizó la crisis en el rubro de pensiones.
El problema estallará en el siguiente gobierno
El análisis recuerda que el IMSS tiene enormes déficits operativos, que en lugar de reducirlos crecen cada año. “El IMSS programa dejar de invertir de 2013 en adelante deteriorando aún más la calidad de los servicios. Aun así, en 2015 podrá cubrir sus gastos operativos y en 2016 entraría a un déficit de 40 mil millones de pesos.
“La estrategia es que el problema le truene al siguiente gobierno, con las obvias consecuencias sociales, financieras y políticas correspondientes”, destaca el análisis de los senadores del PRI.
Francisco Labastida Ochoa hace ver que uno de los mayores problemas que enfrenta México en el envejecimiento de su población es precisamente el sistema de pensiones y jubilaciones que excluye a la mayoría de los adultos y los condena prácticamente a la indigencia.
Precisa, en entrevista con Excélsior, que sólo 20% de los mexicanos de más de 70 años de edad tiene una jubilación y pueden acceder a servicios médicos ilimitados; en otras naciones como Chile, Argentina y Brasil ocurre precisamente lo contrario, que el 80% de la población de esa edad tiene pensión.
Esta cifra implica que de los seis millones 19 mil 53 personas que tienen 70 ó más años, sólo un millón 203 mil 810 tienen prestaciones sociales, incluido un sistema de retiro; en contraste, cuatro millones 815 mil 242 personas están fuera de esos beneficios.
Además, explica Labastida Ochoa, “sólo una tercera parte de los trabajadores de México en activo tienen posibilidades de obtener una pensión. Dos terceras partes de los trabajadores mexicanos no tienen empleos formales que les permitan tener pensiones en el futuro”.
Así, de las 46 millones 355 mil 701 personas que componen la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, sólo 15 millones 297 mil 831 tienen un trabajo que les permite acceder a prestaciones sociales, incluido un sistema de pensiones y jubilaciones, pero 31 millones 58 mil 320 personas trabajan sin tener un mecanismo que les asegure una etapa adulta con un ingreso fijo.
La cuenta regresiva
Excélsior informó ayer que el sistema de pensiones y jubilaciones del país colapsará en cuatro años:
El sistema excluye a dos terceras partes de los trabajadores.
Los compromisos económicos a nivel federal y estatal llegan a 3.025 billones de pesos.
Esto es equivalente a 88% del presupuesto total para este año, que asciende a 3.4 billones de pesos.
Así lo establecen los análisis sobre los cuales el PRI en el Senado construye una propuesta para mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones.
El documento prevé que se vivirá un momento crítico en 2015, cuando se acaben las reservas para su pago.
De acuerdo con la información de los análisis, tan sólo las entidades federativas tienen un déficit por 1.3 billones de pesos, más 677 mil 109 millones de pesos de Pemex y otros 694 mil 900 millones de pesos del IMSS, a los cuales todavía deben sumarse los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 274 mil 429 millones de pesos.
Experta acusa a políticos de crear bomba de tiempo
El sistema de pensiones y jubilaciones en México es una “bomba de tiempo”, porque carece de dinero para fondear su pago, es injusto al condenar a 90% de los trabajadores a ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales y al excluir al grueso de la población que labora con esquemas de contratación que les impide prestaciones como el seguro médico.
Yolanda Daniel, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experta en el tema de pensiones y jubilaciones, advierte además que las crisis financieras internacionales tienen una repercusión directa en los esquemas individualizados de jubilación, como las Afores, pues golpean la generación de empleo, los niveles salariales y llevan a terrenos de mayor riesgo las inversiones que realizan los sistemas de ahorro para el retiro.
En entrevista con Excélsior, la especialista asegura que el esquema de retiro en México condena a la mayoría de la población adulta a niveles ínfimos de vida, porque forman parte de la economía informal o están sujetos a nuevos esquemas de contratación donde no hay posibilidad alguna de generar ahorros para el retiro.
Recordó que el problema de las pensiones arrastra desde hace varios años graves problemas. “La clase política sabe muy bien que ahí hay un grave problema, creado por la pésima administración que se ha hecho de ellos, sobre todo en la época de las ‘vacas gordas’, cuando se comenzó a tomar recursos del rubro de pensiones para financiar los servicios de salud.
“El problema se agudizó a raíz de la reforma de 1997 (creación de las Afores), pues bajó las aportaciones del patrón (23.63% a 21.45%) y eso repercutió en su fondeo, pero además, los trabajadores no tienen forma de conocer el dinero que les permitirá vivir al concluir su vida laboral; además, las altas comisiones que cobran las administradoras sólo las beneficia a ellas y perjudica de manera importante a los trabajadores”, recuerda la académica.
La experta confirma que el sistema de pensiones es una bomba de tiempo que será tema recurrente de aquí en adelante, pues el problema requiere de soluciones y no necesariamente se debe caminar por el modelo de las cuentas individualizadas autofinanciables, pues ello tampoco asegura un beneficio a los trabajadores.
Reforma/15 de Agosto 2011
Requiere $10 mil 661 millones para gastos operativos. Darán a direcciones aumentos en 2012 de hasta 1000%; 40% irá a sueldos
El IFE quiere servirse con la cuchara grande en cuanto a recursos públicos. Para 2012, que es un año electoral, el Instituto planea incrementar en 50 por ciento su gasto operativo y, de ese monto, destinar 4 de cada 10 pesos al pago de sueldos. De acuerdo con su proyecto de presupuesto para el próximo año, el desembolso total de operación del IFE -lo cual no incluye las prerrogativas a partidos políticos- ascendería a 10 mil 661 millones de pesos, esto es, 3 mil 498 millones de pesos más que en el presente año. En contraste, en 2006, en la pasada elección presidencial, se aprobaron alrededor de 7 mil millones de pesos para operación del órgano electoral. A servicios personales, el organismo destinará el próximo año 4 mil 413 millones de pesos. Por áreas, la que se verá más beneficiada es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la cual incrementará su presupuesto de 155 millones a mil 730.5 millones de pesos, un aumento superior al mil por ciento. Esta dirección es la encargada de apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral e integrar los expedientes para que el consejo general realice el cómputo de los votos. Además, el Instituto propone aumentar en 20 por ciento las asignaciones para los representantes de los partidos políticos en el consejo general, cuyo monto total pasará de 67 a 80 millones de pesos anuales. También pretende duplicar su gasto en comunicación social a pesar de contar con espacios en radio y TV como parte de los tiempos del Estado. Para esta área, el presupuesto subirá de 64 millones a 122 millones de pesos. En tanto, a la operación de la presidencia del consejo, encabezada por Leonardo Valdés, el Instituto asignará 39.3 millones de pesos. De este monto, el 92 por ciento -36.3 millones- cubrirá el pago de nómina, de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto del IFE para 2012. Actualmente, Valdés tiene un sueldo de 4 millones 12 mil pesos anuales antes del pago de impuestos. Entre los sueldos más altos de esa oficina, se encuentran los de su coordinador de asesores y su secretario particular, quienes ganan, cada uno, 2 millones 873 mil pesos al año. Las oficinas de los ocho consejeros restantes le costarán al erario 139.4 millones de pesos, un promedio de 17.4 millones anuales por integrante, aunque la Cámara baja aún no designa a tres. No se miden Áreas del IFE con mayor aumento presupuestal solicitado para 2012: (Cifras en millones de pesos)
| 2011 | 2012 | |
| Dir. de Organización Electoral | 155 | 1,730 |
| Dirección de Capacitación | 262 | 1,472 |
| Dirección Ejecutiva de Admistración | 611 | 1,536 |
| Comunicación Social | 64 | 122 |
| Dirección Jurídica | 82 | 143 |
Milenio/15 de Agosto 2011
En un año 61 mil 980 personas con mayor nivel de educación no lograron colocarse.
De los casi 2.6 millones de mexicanos que estuvieron desempleados en el segundo trimestre de 2011, una tercera parte de ellos afirmó tener un nivel de instrucción medio superior o superior, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con los indicadores estructurales de empleo del instituto, el número de desocupados con nivel bachillerato o licenciatura en México sumaron 902 mil 450 personas entre abril y junio de 2011, es decir, 7.4 por ciento más que en igual lapso de un año antes.
Lo anterior significó que en un año 61 mil 980 personas con mayor nivel de educación y con aspiraciones a trabajar, no tuvieron suerte de enrolarse en el mercado de laboral; sin embargo, la situación fue más grave entre las mujeres.
De las 61 mil 980 personas desocupadas con ese rango de instrucción educativo, 82 por ciento fueron mujeres, es decir, casi 51 mil personas de ese género, contra 11 mil 200 hombres que con esa misma condición tampoco hallaron oportunidad en alguna plaza de trabajo.
Cifras de la empresa de recursos humanos Manpower revelan que sólo 1.7 por ciento de los puestos directivos en el país son ocupados por mujeres y tienden a ser menor remunerados que los de los hombres.
Si bien no es un tema privativo de México, la firma apuntó que otras estadísticas muestran que la participación de las mujeres en el mercado laboral aún se encuentra en niveles bajos.
Aproximadamente 5 por ciento de las presidencias municipales en México son dirigidas por mujeres, en tanto, 28 por ciento de los diputados son de ese género y 19.5 por ciento senadoras.
Menores remuneraciones
Las mujeres mexicanas con la escala de remuneración más alta del INEGI perdieron terreno en el segundo trimestre de 2011, respecto de hace un año.
El instituto detalló que las mujeres con remuneraciones de entre tres y hasta cinco salarios mínimos (5 mil 384 a 8 mil 973 pesos mensuales) alcanzaron la cifra de 2 millones 226 mil 748 personas.
Eso significó que hubo una pérdida de 61 mil 648 plazas donde se ocuparon mujeres con ese rango de salario en el segundo trimestre de 2011 contra las que existían en igual periodo de un año antes.
Lo mismo ocurrió entre las mayor asalariadas, es decir, trabajadoras con remuneraciones mayores a cinco salarios mínimos, pues mientras hace un año habían un millón 103 mil mujeres, en el reporte del segundo trimestre de 2011 sólo fueron un millón 101 mil.
También presentaron una disminución el número de mujeres que ganaron hasta uno y máximo dos salarios mínimos en el último año.
En cambio, donde se abrieron las puertas para las mujeres y se generaron más plazas en este año respecto al anterior, fue en aquellos trabajos con remuneraciones de entre dos y hasta tres salarios mínimos, es decir, entre 3 mil 600 y 5 mil 400 pesos al mes.
Ahí se ubicaron 3.2 millones de trabajadoras, lo que resultó una adición de 244 mil mujeres más que las que se encontraban en ese rango de remuneraciones el año pasado.
Milenio/12 de Agosto 2011
Operaciones iguales o superiores a 50 mil pesos serán objeto de aviso ante Hacienda
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general su propuesta de modificaciones al proyecto contra el lavado de dinero que, entre otros aspectos, obligará a los abogados, contadores, notarios y corredores financieros, así como a vendedores de autos, joyería y arte, a reportar las operaciones sospechosas que sus clientes hagan con recursos en efectivo.
Los legisladores integrantes de esa instancia continuarán este viernes la discusión en lo particular, artículo por artículo, para en su caso turnar el documento a la Comisión de Justicia.
De acuerdo con la propuesta presentada por el legislador panista Mario Alberto Becerra, se considerarán operaciones vulnerables al lavado de dinero la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles superiores a 500 mil pesos en efectivo.
De igual forma se calificará la compra venta de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, cuando su valor esté por encima de los 300 mil pesos.
También serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda aquellas actividades cuyo monto de operación sea igual o superior a 50 mil pesos, así como los cheques de viajero por arriba de 40 mil pesos y los préstamos o créditos mayores a cien mil pesos.
Los establecimientos comerciales tendrán igualmente la obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda la venta de joyas y relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, al igual que la subasta o comercialización de obras de arte con valor de 300 mil pesos o más.
Según dijo el legislador Óscar Levín, vicecoordinador de Asuntos Económicos de la fracción priista en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Comisión representa un paso adelante, al tipificar los delitos y empezar a ver quiénes pueden tener “actividades sospechosas”.
“Vamos a hacer unas modificaciones muy importantes, porque el hecho de que se reporte una o dos operaciones no va a constituir necesariamente un acto de delito, sino la frecuencia con que éstas se efectúen”, agregó.
El petista Mario Di Costanzo, secretario de la Comisión de Hacienda, alertó a su vez sobre los riesgos que para la integridad de los ciudadanos representa la obligación de reportar operaciones sospechosas, sin garantía alguna a su integridad.
Anticipó que este viernes intentará convencer a los otros legisladores de hacerle modificaciones de fondo al proyecto, que a su juicio convierte en simples delatores a los ciudadanos y a cambio de ello solamente les ofrece secrecía y confidencialidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información.
More...
Día de la Juventud: Mercado laboral. Crece informalidad y falta de acceso a seguridad social entre esta población
El mercado de trabajo para la mayoría de los jóvenes está compuesto por una oferta precaria e inestable.
De acuerdo con los resultados del primer trimestre de 2011 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la mitad de los 31.7 millones de jóvenes de entre 14 y 29 años forma parte de la población económicamente activa. De éstos, uno de cada cuatro jóvenes de entre 14 y 29 años de edad trabaja en la informalidad y más del 70 por ciento carece de servicios de salud otorgados por su empleador. En tanto que el 8.1 por ciento no tiene trabajo. "Se calcula que, en este momento, al menos 2 millones de jóvenes buscan empleo. Más de la mitad de los desempleados tienen esa edad (14 a 29 años) y, particularmente, entre los 20 y 24 años", señala Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). "Sólo uno de cada tres jóvenes encuentra empleo en el sector formal. Esto quiere decir que las víctimas del desempleo y del empleo precario están siendo hoy los jóvenes", agregó. Según la encuesta, los 3.5 millones de jóvenes de entre 14 y 19 años que ya trabajan tienen un perfil laboral asociado con bajos ingresos y pocas prestaciones. Un tercio de ellos trabaja en el sector informal, 85 por ciento no recibe servicios de salud en su empleo, el 18 por ciento tiene ingresos de un salario mínimo o menos y el 26 por ciento ni siquiera recibe un sueldo. El 22 por ciento de este grupo se emplea en el sector primario, pero un tercio de ellos trabaja en la agricultura de subsistencia. En cambio, la población de entre 20 y 29 años tiene mejores condiciones laborales que los más jóvenes. Sin embargo, enfrenta mayores responsabilidades, pues, según el levantamiento, el 80 por ciento ya es padre de familia. El 60 por ciento de estos trabajadores tiene un empleo que no le brinda acceso a una institución médica y el 20 por ciento trabaja en la informalidad. La encuesta documenta que 1 de cada 10 de estos jóvenes labora toda la semana, pero el 8.4 por ciento no cuenta con un empleo que le permita trabajar más de cuatro días. La mayoría de esta población tiene un ingreso de entre 2 y 5 salarios mínimos, y sólo el 5 por ciento gana más de 8 mil 850 pesos, que es el equivalente a 5 salarios mínimos. El 9 por ciento tiene ingresos de un salario mínimo o menos y el 7 por ciento no recibe un salario por su trabajo. "Yo creo que la situación en general y la calidad en particular del empleo para los jóvenes es extremadamente mala y lo peor es que va empeorando", sostiene el especialista. Agrega que a estas circunstancias se le suma la expectativa de un futuro también precario, pues la mayor parte de estos jóvenes carece de un empleo que les otorgue una pensión en su vejez. "Se les promete un futuro donde tendrán que trabajar más tiempo para jubilarse, con menores pensiones, en donde la sociedad no se hace responsable de su vejez, sino que va a ser estrictamente a partir de su ahorro personal, manejado por cuentas privadas sujetas a especulación financiera. "Están siendo condenados a ese futuro, ya no podrán aspirar, como sus padres, a tener un empleo estable y una jubilación digna, sino que en general, aun para los profesionistas y los jóvenes calificados, se les promete un empleo inseguro con mala calidad, bajas prestaciones, con pocas esperanzas de jubilaciones y pensiones, en general un empleo precario", advierte.
Milenio/11 de Agosto 2011
La incertidumbre y la volatilidad que prevalece en el mundo llevó a la junta de gobierno de Banco de México a reducir por primera vez la expectativa de crecimiento económico para el país, al pasar a un rango de 3.8 y hasta 4.8 por ciento para el cierre de 2011.
Anteriormente el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para México se situaba entre 4 y hasta 5 por ciento.
Durante la presentación del informe de inflación abril-junio 2011, el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la corrección no fue tan fuerte, pero que tuvo que reducirse dada la desaceleración económica mundial, particularmente en Estados Unidos.
Asimismo, especialistas de BBVA Bancomer consideraron que los problemas financieros de Estados Unidos han reactivado las probabilidades de una nueva recesión en ese país, lo cual repercutirá en las economías de todo el mundo y con mayor razón en el caso de México, dada la alta dependencia con ese país.
Adolfo Albo, economista en jefe para México de BBVA Bancomer, expuso que en mayo pasado, la expectativa de crecimiento del PIB para México se ubicaba en 4.7 por ciento y actualmente el entorno lleva a que se prevea 4.1 por ciento.
“Ciertamente ha aumentado la probabilidad de recesión, pero el escenario base apunta a que este pronóstico de crecimiento se cumpla en 60 por ciento. Mucho dependerá de las noticias económicas que se den en las próximas semanas”, afirmó el experto.
Para el gobernador de Banco de México, sin embargo, no se anticipa una recesión económica en Estados Unidos, pero afirmó que hay un deterioro en las perspectivas de crecimiento de esa nación, pues en febrero de este año se esperaba que creciera a una tasa de 3 por ciento, y en días recientes esa estimación bajó a 1.8 por ciento para el cierre del presente año.
Carstens reconoció que aun así hay riesgos de que el crecimiento del PIB estadunidense sea menor, lo cual tendría un impacto negativo en la economía mexicana.
Al respecto, el equipo de análisis del banco, BBVA Research, advirtió que si bien anteriormente se observaba un repunte de la economía de Estados Unidos de 2.5 por ciento, ahora prevé un aumento de apenas 2.1 por ciento.
Para 2012 la expectativa del banco central también se modificó a la baja, al pasar a un rango de 3.5 a 4.5 por ciento, cuando tres meses antes se esperaba un crecimiento de 3.8 a 4.8 por ciento.
El gobernador del Banxico mencionó que otros factores que pueden limitar el crecimiento del país son la precaria situación fiscal y financiera de Europa, y la incertidumbre en los mercados internacionales, que conduzcan a una reversión en los flujos de capitales en México.
Sobre la generación de empleos, la junta de gobierno estimó que se agregarán al trabajo formal entre 575 mil y hasta 675 mil personas, aunque en el informe anterior la expectativa era de 600 mil y hasta 700 mil.
Pese a las correcciones, Carstens reconoció la solidez macroeconómica de México y una mejor posición fiscal respecto a otras naciones industrializadas.
Detalló que actualmente el riesgo por incumplimiento de pago en Francia, España e Italia es tres veces más alto que el de México.
Sobre el pronóstico de inflación, Agustín Carstens dijo que ésta se mantiene dentro del objetivo de Banxico que es de 3 por ciento con un intervalo de error de +/- 1 por ciento.
Revela la SSP resultado de evaluación de aspirantes. Reporta corporación que 62 de ellos no pasaron examen de control de confianza
Sólo 26 de cada 100 aspirantes a ser agente de la Policía Federal aprueban los exámenes de control de confianza, según la estadística oficial de la dependencia.
Las cifras establecen que, conforme al récord de 2010, de cada centenar de postulantes, 62 no cumplieron los requisitos de control y confianza y 12 no concluyeron el programa.
Apenas una cuarta parte logró su propósito de entrar.
"El proceso de evaluación de control de confianza tiene como fin obtener una visión biopsicosocial de la conducta del evaluado.
"El objetivo es seleccionar a personal de nuevo ingreso responsable de prevenir la comisión de delitos, salvaguardar la seguridad e integridad de los bienes y las personas", refiere la dependencia federal en un informe difundido vía transparencia.
En total, entre 2007 y 2010, la Policía Federal aplicó 182 mil 394 evaluaciones de control y confianza tanto a elementos en activo como a candidatos a ingresar a la corporación.
En 2009, de 100 aspirantes, 37 cumplieron requisitos; 60, no, y 3 no concluyeron el proceso de selección. Para el año siguiente, aumentaron los reprobados.
En 2010, para cumplir con los exámenes fueron erogados 17.8 millones de pesos.
Según el reporte de la PF, para practicar las evaluaciones son necesarias 12 horas. Solamente la valoración médica y toxicológica y el muestreo sanguíneo toman dos horas para cada persona.
La revisión del entorno socioeconómico (trabajo de gabinete sin considerar la visita domiciliaria) también dura dos horas.
Los exámenes que ocupan más tiempo son los poligráficos y los psicológicos.
En el primer caso, el tiempo de trabajo es de tres horas, mientras que la evaluación psicológica está diseñada para realizarse en cinco, según establece la Dirección General de Control de Confianza de la PF.
Ghaleb Krame, académico especialista en temas de seguridad, consideró que una modernización del sistema de control de confianza y mejoras en los salarios de los federales evitarían en gran medida los fracasos en los controles policiales.
Sugirió la aplicación en México de exámenes que midan los microtemblores de la voz para detectar mentiras y evaluar la inteligencia emocional en los agentes para garantizar que no vayan a ser cooptados por el crimen organizado.
"Se deben modernizar y actualizar los exámenes de confianza. En vez del polígrafo, debe ser utilizado el estrés de voz. El toxicológico debe ser necesario, pero, además, se debe de medir la inteligencia emocional, un examen que mide el criterio que es importante para tomar decisiones, decisiones como 'Acepto o no un cañonazo de medio millón de pesos'. Para eso sirve la inteligencia emocional", explicó.
Milenio/17 de Agosto 2011
El Presidente tendrá 30 días naturales para emitir observaciones a leyes del Congreso.
El presidente Felipe Calderón promulgó la reforma que elimina el veto de bolsillo, la cual le obliga a publicar o en su caso a rechazar en menos de 30 días una ley o reforma aprobada por el Congreso, pues de lo contrario dicha norma se dará por vigente.
El llamado veto de bolsillo permitía al Ejecutivo guardar de manera indefinida leyes emanadas del Congreso con el simple hecho de no publicarlas, sin remitir a los legisladores observaciones u objeciones.
Mediante un mensaje videograbado, y acompañado del secretario de Gobernación, Francisco Blake, el presidente Calderón explicó que el decreto modifica el artículo 72 de la Constitución y permitirá “que si el Presidente de la República no hace observaciones en los 30 días naturales siguientes a que haya recibido la ley... se entenderá por publicada y vigente. De manera que se cancela el llamado veto de bolsillo”.
Recordó que “tradicionalmente, el Presidente de la República podía ignorar una ley aprobada por el Congreso y simplemente no promulgarla, no publicarla y con ello evitar que entrara en vigencia”.
Esta acción era denominada coloquialmente como “veto de bolsillo, porque equivalía a que el Presidente de la República, cuando recibía una ley aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, la guardara en su bolsillo y evitara que entrara en vigor”, agregó.
Calderón se congratuló por la reforma por el Constituyente Permanente y procedió a su promulgación, mediante refrendo del secretario de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual entrará en plena vigencia.
En un comunicado se informó que la reforma, que también incluye los artículos 71 y 78 de la Constitución, “no contiene un régimen transitorio respecto del tratamiento procesal de los decretos pendientes, por lo que buscando garantizar plena certidumbre jurídica, una vez publicados la mayor parte de los proyectos del periodo pasado, se estima conveniente su inserción en nuestro sistema jurídico con esta fecha”.
La reforma cambia el plazo de 10 días “útiles” que se concedía al Presidente para emitir observaciones, a uno de 30 días naturales para publicar un proyecto de decreto emitido por el Congreso o ejercer su veto y de no devolverse con observaciones, habrá un plazo adicional de 10 días para su publicación, pues de lo contrario, el presidente de la Cámara de Diputados o Senadores estará facultado para ordenar su publicación.
Los plazos no se interrumpirán en receso del Congreso, ya que la Comisión Permanente estará facultada para recibir observaciones del Ejecutivo.
