Con el permiso de la presidencia;
Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas;
Cuando hacemos referencia al término seguridad nos referimos a tener certeza sobre algo, es decir, una percepción personal que hace sentir a los individuos la confianza sobre algo o alguien. Ahora bien, si trasladamos dicho término al campo de lo social, encontramos que los gobiernos han diseñado un entramado de instituciones y normas con el fin de garantizar el orden y la paz pública dentro un territorio determinado.
Para alcanzar dicho objetivo, es fundamental que las políticas de seguridad sean integrales y multidimensionales, es necesario que aborden de manera adecuada no sólo la represión del delito, sino también la prevención, la rehabilitación y la reintegración social de los infractores.
En nuestro país, el derecho a la seguridad pública se encuentra consagrado en la Carta Magna, en su artículo 21, donde se establecen claramente las bases fundamentales para la protección de toda la población.
En dicho precepto se refleja con claridad la obligación del Estado en materia de seguridad, pero sobre todo hace énfasis en la importancia de un marco legal sólido el cual respalde la acción de las instituciones responsables de mantener el orden y la paz.
Bajo esta lógica, a pesar de los significativos esfuerzos emprendidos para afrontar la problemática en materia de seguridad, debemos reconocer que aún queda un largo camino por recorrer, ya que persisten zonas del territorio nacional afectadas por el fenómeno de la violencia e inseguridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondiente al tercer trimestre de 2024, durante septiembre el 58.6 por ciento de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Si bien es importante resaltar que el porcentaje de personas que se sienten inseguras bajó más del 15 por ciento durante el 2018, debemos de seguir avanzando en leyes y políticas públicas que reduzcan aún más ese porcentaje.
En este sentido, frente a las constantes amenazas resulta imprescindible que las autoridades redoblen los esfuerzos a fin de garantizar la seguridad en todos los rincones del país, sin distinción, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos puedan vivir seguros, en paz y con la certeza de que sus derechos y patrimonio se encuentran protegidos.
En este contexto, es necesario acelerar la modernización profunda del sistema de seguridad pública, así como de los mecanismos de procuración e impartición de justicia, la coordinación de los ministerios públicos o las instituciones de seguridad en todos los ámbitos y el fortalecimiento de las labores de inteligencia, como lo plantea la estrategia nacional de seguridad, con el fin de que el estado mexicano pueda cumplir con mayor eficacia su labor de proteger a los ciudadanos, más aún cuando se ha vuelto una realdad innegable que la capacidad operativa, económica y territorial de los grupos criminales en México ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años.
Frente a dicho escenario, el uso de tecnologías se ha convertido en un aliado contra el crimen, permitiendo a las autoridades contar con herramientas más eficaces y precisas para prevenir, identificar y perseguir conductas delictivas.
Las tecnologías de información y comunicación ofrecen capacidades sin precedentes para detectar patrones de comportamiento criminal, monitorear actividades sospechosas en tiempo real y anticipar posibles amenazas antes de que se materialicen en delitos que afecten a las personas.
Asimismo, el uso de tecnologías en tareas de vigilancia, como cámaras de seguridad, drones y sistemas de geolocalización, ha facilitado la localización de criminales, el desmantelamiento de redes delictivas y la mejora en la coordinación entre distintas fuerzas de seguridad.
Existen varios ejemplos del beneficio que se alcanza con el uso de la tecnología en tareas de seguridad pública. Uno de los más destacados es el de la Ciudad de México donde se ha implementado un sistema de videovigilancia el cual funciona mediante una red de cámaras interconectadas.
Derivado de lo antes expuesto, la propuesta de reforma que presentó el día de hoy a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y que fue una de nuestras propuestas de campaña, busca modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, tenga dentro de sus atribuciones el promover el aprovechamiento de la tecnología y la implementación de sistemas de videovigilancia interconectados entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, con el objetivo fundamental de reducir y prevenir las conductas delictivas.
Estamos convencidos de que con esta reforma se dará al Estado mexicano más herramientas para enfrentar con mayor rapidez, contundencia y coordinación el reto de garantizar que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas en paz.
Es cuanto, muchas gracias presidente.
