Con el permiso de la presidencia;
La violencia de género no es un fenómeno aislado ni reciente, sino es el resultado de años de desigualdad y discriminación que han quedado profundamente arraigadas en las estructuras sociales, políticas y culturales de nuestra sociedad.
Dicha problemática es consecuencia de un sistema que históricamente ha relegado a las mujeres a una posición de vulnerabilidad y que ha naturalizado la violencia como una forma de control y subordinación, lamentablemente, no se trata solo de un problema individual o de casos aislados, sino de una manifestación sistémica que atraviesa todas las esferas en la vida cotidiana de las mujeres.
La violencia contra las mujeres no se limita a los actos de agresión en sí, sino que es una realidad compleja que está sostenida por un entramado de actitudes, creencias y prácticas que normalizan la discriminación y perpetúan las desigualdades.
Este conjunto de prejuicios y estereotipos sobre el papel de las mujeres en la sociedad actúa como un freno para el pleno desarrollo de sus capacidades, sus aspiraciones y sus derechos.
Por lo tanto, la violencia de género no solo nos habla de un acto violento puntual, sino de una cultura profundamente desigual que debe ser transformada de raíz para que las mujeres puedan disfrutar de las mismas oportunidades, el mismo respeto y la misma libertad que los hombres, sin limitaciones.
En este sentido, y como parte de las acciones emprendidas para erradicar este terrible mal, nuestro país ha firmado diversos acuerdos y tratados internacionales en los cuales se comprometió a implementar acciones concretas dirigidas a abatir la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus expresiones, colocando a la mujer como prioridad dentro de la agenda pública.
Sin embargo, de manera paralela a las acciones institucionales que se puedan emprender es fundamental impulsar una transformación cultural profunda que nos permita no solo cuestionar, sino también atender y erradicar las causas estructurales que perpetúan la violencia de género.
Lo anterior, requiere de un compromiso conjunto dirigido a eliminar aquellas normas o patrones de conducta que generan desigualdad y maltrato hacia las mujeres.
El dictamen que hoy discutimos marca un referente, pero sobre todo una clara muestra del compromiso de la presente administración de continuar trabajando para transformar la realidad de millones de niñas y mujeres que, lamentablemente, siguen siendo víctimas de algún tipo de violencia.
Este esfuerzo no es solo una respuesta a la urgente necesidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres, sino también una muestra palpable de que estamos decididos a actuar con la misma determinación que exige la magnitud de este problema.
Por ello, con las presentes modificaciones a nuestra Carta Magna el Estado asume la obligación de contar con instituciones y figuras jurídicas que garanticen la protección integral de los derechos de las mujeres y las niñas.
Esta reforma no solo establece el compromiso de proporcionar un marco legal robusto, sino que también asegura que todas las mujeres, sin importar su contexto o situación, tengan acceso a mecanismos eficaces para defender sus derechos de manera justa, pronta y expedita.
En este sentido, coincidiendo con la propuesta de nuestra Presidenta, las y los integrantes del Partido Verde propusimos establecer como una obligación constitucional que las instituciones encargadas de la procuración de justicia cuenten con fiscalías especializadas en la investigación y persecución de los delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres.
El objetivo fundamental es garantizar que las mujeres puedan acceder a un sistema de justicia que responda de manera eficaz, rápida y especializada a las diversas formas de violencia que enfrentan en su vida diaria.
Al contar con estas fiscalías especializadas, aseguramos que se priorice la protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y que el proceso judicial esté diseñado para abordar las particularidades de estos delitos, con la sensibilidad y el enfoque adecuado.
Con esta reforma damos un paso decisivo hacia una sociedad más equitativa donde la protección de los derechos de las mujeres no sea únicamente una promesa, sino una realidad tangible para todas.
Es cuanto, muchas gracias.
