Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 2 de abril de 2013.

  DIP. EFRAÍN MORALES LÓPEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIV, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Y DE CÓDIGO PENAL, TODOS DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  De acuerdo con el último censo del INEGI, en México hay 28 millones 159 mil 372 hogares. En cada uno de ellos habitan 3.9 mexicanos.     En ese sentido, el INEGI señala, que la Ciudad de México, cuenta con el 8.4% del total de la población de todo México, misma que habita en el entorno urbano en un 99%, y que somos casi 9 millones de residentes, más 5 millones de trabajadores que llegan diariamente, conformando una población de 14 millones de personas, en donde existían 2 386 605 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 3.6 personas en cada una de ellas.[1]   Por su parte, de acuerdo al 6to. Informe de actividades del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura y Vivienda, en el mes de octubre del año 2012, en lo conducente a construcción de vivienda realizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, del periodo de septiembre del 2011 al mes de agosto del 2012, señaló:[2]   “El INVI (Instituto de Vivienda del DF) en el Programa de Vivienda en Conjunto, - periodo 2011-2012- realizó 4,382 acciones de vivienda dentro del Programa de Vivienda Nueva o en Conjunto: 927 créditos para vivienda nueva. 16,514 viviendas terminadas en 506 predios”.     En otro orden de ideas, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, en el periodo comprendido de septiembre de 2010 al mes de agosto del 2011, se abrieron 8 mil 460 nuevos negocios a través del sistema de apertura rápida [3].     En ese sentido, la Ciudad de México representó el 0.1 % de área total del país, y su aportación al PIB nacional representó el 21% del total, siendo los servicios las actividades que mayor ingreso registran a este rubro.     Adicionalmente, en su informe la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad, señalo que hasta el mes de septiembre del 2011, el Comité Evaluador de Proyectos de Inversión, aprobó 1 mil 8 proyectos que en conjunto representan una inversión de 35 mil 870 millones de pesos y la generación de 81 mil 562 empleos.     Estos proyectos se localizan en las 16 Delegaciones, siendo Benito Juárez y Cuauhtémoc las demarcaciones territoriales con mayor demanda de proyectos, lo que les permite atraer mayores inversiones y potencial de crecimiento económico en los sectores de comercio, servicios y desarrollo inmobiliario.     El 56% de los proyectos agrupados por Sector Económico, corresponden a servicios, seguido por el comercio, industria y la vivienda. Por tamaño, el 83 por ciento son micro y pequeñas empresas, aunque también hay medianas y grandes empresas dedicadas a la construcción de parques tecnológicos, hospitales, oficinas, hoteles, desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales y vivienda.     En ese sentido, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que se establece en la Ley de Establecimientos Mercantiles, desde su inicio de funciones al mes de septiembre del 2011, arrojó de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico, que se otorgaron permisos de impacto vecinal y zonal que han permitido la generación de 47 mil 139 empleos y se abrieron 8 mil 460 nuevos negocios de Bajo Impacto en la ciudad con estricto apego a la normatividad.     Sin embargo, la realidad de la ciudad en materia de desarrollo urbano y desarrollo económico va mucho más allá, prueba de ello, son las constantes violaciones en el uso de suelo de la ciudad.     Como botón de muestra, datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señalan que existen aproximadamente 300 mil construcciones irregulares, lo que ha derivado que la propia Secretaría suspenda autorizaciones de viviendas, como fue el caso del mes de octubre pasado, donde se emitió un acuerdo que suspendía la aplicación de la Norma 26 (para vivienda social y sustentable) hasta nuevo aviso.   Sin duda, el mayor problema de la ciudad es la modificación del uso de suelo y su vocación del mismo; en este sentido, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, tiene contabilizados 842 asentamientos humanos irregulares en el Distrito Federal, lo cual en estricto sentido, significa una violación en el uso de suelo.   Por ello, es que resulta relevante el trabajar en la creación de un marco legal, que dé los elementos necesarios en las distintas áreas en que impacta la violación de usos de suelo, para no legalizar y dar legitimidad a la ilegalidad.     En ese sentido, la Iniciativa de Ley que se está presentando tiene como objetivo, realizar las adecuaciones legales a la Ley de Desarrollo Urbano, a la Ley de Establecimientos Mercantiles, al Código Penal y a la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, para cumplir con el objetivo que se plantea.     Sobre la Ley del Instituto para la seguridad de las construcciones del Distrito Federal, resulta importante señalar que la misma fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el mes de noviembre del año 2010, cuyo objetivo es:   “Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con atribuciones específicas en materia de seguridad en las construcciones, facultado para vigilar que los proyectos de obra y edificaciones que se plantean y ejecuten, así como los edificios existentes, cumplan con las normas y medidas de seguridad estructural, de diseño urbano y arquitectónico y en materia de instalaciones, así mismo ser el responsable de los procesos de admisión, certificación, control, supervisión y sanción de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables.”     Adicionalmente, es importante señalar que las atribuciones de este Instituto son entre otras: (artículo 5)   a)    controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los DRO (Directores Responsables de Obra) y Corresponsables en los proyectos, la obra, su terminación, el uso, la ocupación y en su caso aplicar las sanciones que les correspondan por ese motivo. b)    Coordinarse con las delegaciones para verificar las construcciones consideradas como de riesgo e instrumentar medidas de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables. c)    Revisar la seguridad de las edificaciones para las cuales se presente proyecto de cambio de uso de suelo y que se considere de riesgo, debiendo emitir el dictamen técnico correspondiente, que incluya las medidas que obligatoriamente debe cumplir el propietario o poseedor para garantizar la seguridad del inmueble, así como la vida y seguridad de los usuarios..     En ese sentido, datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal dados a conocer en su 6to. Informe de actividades señalan que:   “- El padrón de DRO y CO consta de 3.004 registros: (SEDUVI)   • 380 peritos en desarrollo urbano • 61 peritos responsables en la explotación de yacimientos • 1029 directores responsables de obra • 248 corresponsables en diseño urbano y arquitectónico • 129 corresponsables en instalaciones, • 183 corresponsables en seguridad estructural”.     Sin embargo, a pesar de la importancia y trascendencia del trabajo de este Instituto, es sólo hasta este 2013, que la Asamblea Legislativa le dotó de un presupuesto de casi 20 millones de pesos.     Sin duda, la trascendencia e importancia de este Instituto radica, en que como se señaló los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, ahora tienen una mayor responsabilidad y supervisión por parte del Gobierno a través del Gobierno; por ello, el trabajo que estos profesionistas realizan es fundamental, para inhibir la modificación de uso de suelo, cuando ésta no está permitida.       Basta ver, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y de Construcciones del Distrito Federal, para observar que estos profesionistas son los encargados de dar su responsiva, así como de suscribir la solicitud de licencia de construcción y el proyecto de obra, el dirigir y vigilar la obra, asegurándose que tanto el proyecto, como la ejecución cumplan con lo establecido en los ordenamientos y disposiciones aplicables. [4]     Adicional al trabajo que realizan los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, resulta fundamental el trabajo que realizan las Delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, no sólo en por lo que hace al tema de violaciones de uso de suelo en materia de construcción de vivienda, sino también de establecimientos mercantiles.     Aunado a lo anterior, no podemos dejar a un lado, la responsabilidad que tienen no sólo los desarrolladores, titulares de predios, arrendatarios, usufructuarios, comodatarios, en la violación del uso de suelo que hacen cuando renta o usan un bien inmueble.     Si bien en materia civil, existe como sanción la rescisión de un contrato por hacer un uso distinto al que se establece en el contrato, lo cierto es que hacia los compradores de bienes inmuebles que no cuentan con uso de suelo no existe sanción alguna.     Por ello se propone de igual forma, que todos aquellos que compren una vivienda en el Distrito Federal, sean responsables penalmente en caso de que la construcción de la misma se haya realizado sin contar con uso de suelo permitido o un certificado de modificación de uso de suelo, tal y como ocurre actualmente con los compradores de vehículos. Es decir, ya no existirá la figura de compradores de buena fe.       Es decir, la Iniciativa que se presenta tiene dos vertientes:   a) EN EL CASO DE OBRAS POR CONSTRUIR Y YA CONSTRUIDAS:   -           Que los Directores Responsables de obra y corresponsables, hacerlos penalmente responsables cuando realicen proyectos, obras, notifiquen la terminación, uso y ocupación de obras que violen el uso de suelo o que signifiquen la modificación del uso de suelo.   -           Hacer responsables penalmente a los poseedores, inquilinos, usufructuarios, representantes legales de desarrolladores, vendedores y compradores de inmuebles, cuando realicen actividades que violen el uso de suelo. -              En el caso de los compradores de inmuebles, también serán penalmente responsables en caso de comprar un inmueble que no tiene uso de suelo autorizado - así como actualmente ya no hay compradores de buena fe en la compra de vehículos automotrices, ahora en materia de inmuebles también se va a proponer que deje de existir esa figura-.   -              Cuando se tramite la modificación de uso de suelo de acuerdo al procedimiento de la Ley de Desarrollo Urbano, ésta no procederá si ya está construido o funcionando. Es decir, dejara de operar el principio de buena fe, tal como actualmente ocurre.     b)   EN EL CASO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SE ESTÁ PROPONIENDO:   - Que la Delegación una vez que cuenta con la documentación del Aviso a que se refiere la Ley de Establecimientos Mercantiles, por parte del Titular del Establecimiento Mercantil, y se da cuenta que el uso de suelo está siendo violado, el Jefe Delegacional deberá dar aviso tanto al Instituto de Verificación Administrativa como al Ministerio Público, para que en su caso se finquen las responsabilidades penales que procedan.       En virtud de lo anterior, es que resulta igualmente necesario realizar las adecuaciones al Código Penal del Distrito Federal, específicamente al artículo 343 bis, en el que se establecen las sanciones penales para aquellas personas que hacen un uso de suelo distinto al permitido.     Diputadas y Diputados, con la presentación de esta Iniciativa de Ley se podrá argumentar por algunos que lo único que se generará de aprobarse, será desalentar la inversión de construcción e instalación de empresas en la ciudad, lo cual no sería más que el reconocimiento explícito del estado de ingobernabilidad que en materia de desarrollo urbano y usos de suelo existe en el Distrito Federal.     Es decir, el reconocimiento de que la autoridad está solapando las modificaciones en el uso de suelo y que éstos son violados todos los días.     Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente:    

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, DE LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DE LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS DEL DISTRITO FEDERAL

   

DECRETO

  PRIMERO.-  Se reforma el primer párrafo y la fracción I y se adiciona un último párrafo al artículo 41; se reforman los párrafos tercero y cuarto y se adicionan dos párrafos al artículo 54; ambos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar como sigue:      

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

  Artículo 41.- La formulación de modificaciones a los programas iniciada a solicitud de una persona distinta de los diputados de la Asamblea; de un órgano de representación ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, sólo procederá cuando se acredite no haber modificado el uso de suelo y no estar haciendo uso distinto al permitido en los programas, y se sujetará al siguiente procedimiento:  

1. I.              El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría y acreditar desde ese momento que no se ha modificado el uso de suelo;

  II a XX. …   El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano estará integrado por un representante de: I a XII…     El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias para dictaminar en tiempo y forma las solicitudes que se presenten.   El Comité desechará la solicitud en aquellos casos en los que se demuestre que el uso de suelo ha sido modificado previamente. En este caso, la Secretaría deberá dar vista al Ministerio Público en términos de lo que establece el artículo 343 bis del Código Penal del Distrito Federal y no aplicará la afirmativa ficta.     Artículo 54. … …       Los requisitos y procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, se establecerán en la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y en el reglamento de la presente ley.   La evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables quedará a cargo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el cual funcionará de conformidad con la ley de la materia y el Reglamento de la presente Ley.   Queda prohibido a los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, realizar proyectos de obra y cualquier acto a que se refiere el reglamento de esta Ley, el Reglamento de Construcciones y la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, sobre predios que no cuenten con uso de suelo permitido o certificado de modificación de uso de suelo.   Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables que violen esta ley y demás normatividad aplicable, se harán acreedores a las penas que para tal efecto se establecen en el artículo 343 bis del Código Penal del Distrito Federal, además de aquellas de carácter administrativo.           SEGUNDO.- Se  adiciona la fracción III al Artículo 7; y se reforman las fracciones II y VI del artículo 8; todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:    

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL

  Artículo 7.- Corresponde al Instituto:   I.  a II. …           III. Dar vista al Ministerio Público cuando de las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles se acredite la violación al uso de suelo permitido o que no se cuenta con certificado de modificación de uso de suelo.     Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones:   I. … II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su demarcación y, en caso de que éstos operen sin uso de suelo permitido o sin certificado de modificación de uso de suelo, dar vista al Ministerio Público. III. a V. … VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará la negativa ficta. Asimismo, deberá negar por medio del sistema los permisos cuando no se cuente con el uso de suelo permitido o con certificado de modificación de uso de suelo emitido con anterioridad al inicio de funciones del establecimiento: VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito de su competencia; y VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables.       TERCERO.- Se reforma el artículo 1; se reforman las fracciones IV, VIII, IX, X, XI y XIX del Artículo 5; ambos de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, para quedar como sigue:            

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con atribuciones específicas en materia de seguridad en las construcciones, facultado para vigilar que los proyectos de obra y edificaciones que se plantean y ejecuten, así como los edificios existentes, cumplan con las normas y medidas de seguridad estructural, de diseño urbano y arquitectónico, así como de uso de suelo y en materia de instalaciones, así mismo ser el responsable de los procesos de admisión, certificación, control, supervisión y sanción de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables.     Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones:   I a III. … IV. Controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los DRO y Corresponsables en los proyectos, la obra, su terminación, el uso, uso de suelo, la ocupación y en su caso aplicar las sanciones que les correspondan por ese motivo; V. a VII. … VIII. Revisar el uso de suelo, diseño estructural, urbano y arquitectónico y las instalaciones proyectadas para las obras y emitir dictamen técnico, notificando sus observaciones a los propietarios o poseedores, así como a los titulares de las Delegaciones en las que se localicen o se proyecte edificarlas, para que se corrijan como condición previa y de procedencia del registro de las manifestaciones de construcción o de la expedición de las licencias especiales. Cuando se trate de observaciones relativas a la modificación del uso de suelo, de no corregirse las mismas, se dará vista al Ministerio Público en términos del artículo 343 bis del Código Penal para el Distrito Federal;       IX. Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de todas las construcciones existentes cuando menos una vez al año, e intervenir para los mismos efectos en nuevas edificaciones en los avisos de terminación de obra, dar visto bueno para las autorizaciones de uso y ocupación por parte de la Delegación, los vistos buenos de seguridad y operación, las constancias de seguridad estructural, dar el visto bueno para los registros de obra ejecutada por parte de la Delegación, dar el visto bueno de seguridad estructural de las ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas y graderías desmontables. Cuando de la evaluación de la seguridad estructural se observe violaciones en el uso de suelo, se deberá dar vista al Ministerio Público en términos del artículo 343 bis del Código penal para el Distrito Federal; X. Ordenar la revisión anual de la seguridad de las edificaciones distintas a las señaladas en la fracción anterior, que por su tipo o por la modificación en el uso de suelo, pueden causar graves daños o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia; XI. Revisar la seguridad de las edificaciones para las cuales se presente proyecto de cambio de uso de suelo y que se considere de riesgo, debiendo emitir el dictamen técnico correspondiente, que incluirá las medidas que obligatoriamente deberá cumplir el propietario o poseedor para garantizar la seguridad del inmueble, así como la vida y seguridad de los usuarios. En caso de detectarse que no fueron instrumentadas las medidas de seguridad en el proceso constructivo las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables, se procederá a la demolición de la obra con cargo al propietario o poseedor, XII a XVIII. … XIX. Coordinarse con las Delegaciones para verificar cuando menos una vez al año, las construcciones consideradas como de riesgo. XX a XXIII. …       CUARTO.- Se reforma el penúltimo párrafo y se adicionan un párrafo con incisos de la a) a la h), recorriéndose el último párrafo, todo ello al artículo 343 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:        

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

 

 

ARTÍCULO 343 BIS. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un beneficio económico derivado de éstas conductas.     I a IV. …   Las penas previstas en este artículo se aplicarán cuando, las actividades realizadas, aún siendo diferentes a las previstas en el uso de suelo correspondiente, se encuentren previstas en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, o en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables.   Serán responsables de los supuestos a que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades:   a) Los Directores Responsables de obra y/o Corresponsables, cuando realicen proyectos, obras, notifiquen la terminación, uso y ocupación de obras que violen el uso de suelo o que signifiquen la modificación del uso de suelo, sin estar previamente autorizado.   b) Los poseedores, inquilinos, usufructuarios, que violen el uso de suelo permitido.   c) Los representantes legales de desarrolladores o desarrolladores que construyan sin contar con uso de suelo permitido o sin certificado de modificación del uso de suelo.   d) Los vendedores de desarrollos inmobiliarios que no tengan uso de suelo permitido o sin certificado de modificación del uso de suelo.   e) Los compradores de inmuebles en caso de que éstos no tengan uso de suelo permitido o que no cuenten con certificado de modificación del uso de suelo.   f) Los Notarios Públicos o corredores que inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del comercio, escrituras públicas de inmuebles con uso de suelo distinto al permitido o sin certificado de modificación del uso de suelo.   g) Los propietarios de predios por modificar el uso de suelo sin estar  permitido o sin contar con el certificado de modificación de uso de suelo.   h) Los servidores públicos que autoricen, registren u otorguen permisos, manifestaciones o autorizaciones que violen el uso de suelo permitido. En este caso, la pena se incrementará en dos terceras partes.   No se considerará violatorio del uso de suelo el supuesto establecido en el artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles.    

TRANSITORIOS

 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.   ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del 2014.   ARTÍCULO TERCERO.- Los trámites ingresados y en proceso de modificación se sujetaran al procedimiento vigente al momento de inicio del trámite administrativo, pero quedan sujetos a los términos y tiempos que para tales efectos establece la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su normatividad interna.   ARTICULO CUARTO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberá realizar las modificaciones correspondientes a los Reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano y para las Construcciones, en lo relativo a los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en un término de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.   Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:             DIP. JESUS SESMA  SUAREZ              DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

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Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 2 de abril de 2013.

    DIP. EFRAÍN MORALES LOPEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PERMANENTE P R E S E N T E     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN JURÍDICA Y FÍSICA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    Lo ocurrido en días pasados en el Mercado de la Merced de la Ciudad de México, lamentablemente se ha convertido en un claro referente del estado físico de deterioro en que se encuentran estos espacios de comercio público.   Si observamos con detenimiento, en los últimos 2 años en esta Ciudad, algunos de los más importantes y representativos mercados públicos del Distrito Federal han sufrido alguna conflagración. Como botones de muestra, tenemos los siguientes casos:  

• Mayo de 2011 y noviembre del 2012, Mercado de Jamaica
• 28 de septiembre del 2012, Mercado de San Juan en la Delegación Cuauhtémoc
• 5 de enero 2013, Central de Abastos del Distrito Federal, Delegación Iztapalapa
• 27 de enero de 2013, incendio en la Nave Mayor del Mercado de la Merced.

  Los problemas a que se enfrentan estos centros de abasto son de la más distinta índole. A continuación mencionaremos algunos de los más representativos:  

• A la fecha se desconoce si existe un programa de fumigación de plagas de fauna nociva por parte de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal, que forma parte de la Secretaría de Salud Local, acción que es fundamental, principalmente en esta temporada de pleno calor.

  Se tienen registros que en el año 2010 existían, de acuerdo a un comunicado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Distrito Federal, 180 millones de cucarachas y 45 millones de ratas, animales que causan y transmiten enfermedades como lepra, diarrea, infecciones, inflamaciones, pus, tifoidea, fiebre y dermatitis, entre otras.   Aunado a lo anterior, también recordemos que las ratas al mordisquear cables, exponen la conducción de electricidad, lo que puede generar incendios, como los que han ocurrido en los mercados antes citados, y muchos más de la Ciudad.  

• Es fundamental que los mercados públicos cuenten con programas de protección civil, pues en ellos no sólo se encuentran los locatarios y sus familias, sino también visitantes y compradores, incluso CENDIS  para la atención de los hijos e hijas de los trabajadores, además de instalaciones de gas en franco deterioro. Todo esto, sin un programa interno de protección civil, incrementa los niveles de inseguridad física y patrimonial de estos espacios.

 

• Las 16 delegaciones año con año reciben recursos económicos para trabajos de mantenimiento y remozamiento, por parte de esta Soberanía. Sin embargo, se desconoce la cantidad de recursos económicos que la Secretaría de Finanzas otorga a la Secretaría de Desarrollo Económico y que ésta a su vez distribuye a las 16 demarcaciones territoriales para realizar trabajos en la infraestructura de los mercados públicos que hay en la ciudad y no sólo para empadronar locatarios. También desconocemos el trabajo que la Secretaría de Desarrollo Económico realiza de manera integral en los mercados públicos, ya que en los últimos años se ha reportado que se está realizando una gran labor de empadronamiento de locatarios, bajo el argumento de regularizar los giros que existen en los mismos, acto por cierto al que la mayoría de los locatarios se oponen.

  Los recursos de los que hablamos son los siguientes: -       En el 2008, la Asamblea creó el fondo para Mantenimiento y Remoción de Mercados Públicos por un monto de $205,800,000.00, el cual sería ejercido en el año 2009. -       En el año 2009, la Asamblea aprobó que la Delegación Venustiano Carranza destinara $30,000,000 de pesos para la obra pública y mejoramiento del Mercado de la Merced Nave Menor. El cual sería ejercido en el año 2010. -       En el año 2010, aprobó que la Delegación Venustiano Carranza destinara $9,000,000 de pesos para el mantenimiento de la Nave Mayor, remozamiento y conservación al mercado de la Merced-Comidas (en donde fue el siniestro más reciente). -       Para la Delegación Iztacalco, se destinaron $8,000,000 de pesos para la construcción de un mercado en la Colonia Granjas México. -       En ese mismo año, se estableció que dentro del Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, se asignarían recursos para el Programa de Regularización y Empadronamiento de Locatarios de Mercados Públicos por un monto de $8,000,000 de pesos.   Cabe mencionar que para los años 2012 y 2013, la Asamblea Legislativa no destinó un solo peso para obras de mantenimiento y remodelación de los mercados públicos.   -       Por otro lado, se sabe que la anterior administración creó la Norma de Ordenación Número 29 para la protección de los mercados públicos, ante el embate de la competencia desleal por parte de las grandes cadenas de distribución de alimentos, sin embargo, no se conoce a la fecha los beneficios que esta Norma ha generado a los mercados públicos.   Es decir, en materia de mercados públicos, la única certeza que se tiene al día de hoy es que:   a)    Los mercados públicos de la ciudad de México se rigen por una normatividad que es el Reglamento de Mercados del año de 1951. b)    Se pretende actualizar y generar políticas de desarrollo de los mercados públicos de manera aislada, sin un marco legal vigente y acorde a las necesidades de los locatarios, pero también de los visitantes y consumidores. c)    No se conoce con certeza el número de mercados públicos que se encuentran en la Ciudad y mucho menos los que se encuentran  en inminente riesgo, no sólo de incendios sino también de derrumbes.   Sobre este punto, los datos son que en el año 2010, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, informó al Pleno que existían 77 mercados públicos de alto riesgo; en el año 2011, el número fue de 53, y la última cifra de este fin de semana es de 50 en alto riesgo y 10 en riesgo inminente.   En el foro realizado a inicios de este año por la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, se señaló que son 9 los mercados que se encuentran en riesgo inminente.   Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad, señala 44 mercados públicos con riesgo inminente.   Por lo que se refiere al número total, tampoco existe certeza, pues hasta el año 2011 la Secretaría de Desarrollo Económico señalaba 319 y ahora señala 325. Sin embargo, la Federación de Mercados y Concentraciones Populares de Anáhuac, AC, señala que son 324.   En otro orden de ideas, debemos decir que en los mercados públicos también se realizan actividades que incluso están prohibidas por Ley, tal como hace algunos días  denunciamos la venta de especies protegidas.   Estas son sólo algunas de las anomalías, irregularidades y desorden que existe en la materia. Y la lista sigue y sigue…   Como podemos observar, de nada nos va a servir dotar de recursos económicos, empadronar locatarios, crear normas de ordenación para la protección de los mercados, crear programas de protección civil, subsidios y aplicación de recursos autogenerados, si estos espacios no cuentan con un marco legal vigente que dé certeza y seguridad jurídica, que establezca derechos y obligaciones tanto a locatarios como a visitantes y consumidores, así como facultades a las autoridades de gobierno central y delegacionales, entre otras.   Por ello, resulta impostergable que todas las fuerzas políticas que formamos parte de esta VI Legislatura, otorguemos a los mercados públicos de la ciudad un marco jurídico que venga a dar orden y certeza a tan importante actividad económica y social de la Ciudad de México.   Tan es así, que en la V Legislatura la mayoría de las fuerzas políticas (PRD, PAN, PRI Y PT), presentaron sendas iniciativas de Ley en materia de mercados públicos, lo que es un claro referente de la existencia del consenso que existe  por crear un marco legal actualizado en la materia, ya que las políticas públicas que en la actualidad se llevan a cabo en realidad son acciones aisladas y que tienen como referencia y sustento una normatividad con más de 50 años de antigüedad.     Debemos considerar que de no tomar conciencia de la necesidad de legislar de manera urgente al respecto, estaremos propiciando el derroche de recursos públicos y, lo más grave, poner en riesgo la seguridad, salud, integridad y vida de los locatarios y visitantes de los mercados públicos.   Finalmente, es importante mencionar lo manifestado hace un par de semanas por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, señalando que:   Los 325 mercados públicos redujeron de 80 a 20 por ciento su participación en el abasto de alimentos en el Distrito Federal, por falta de modernización de sus procesos y deterioro de las instalaciones: De ellos, 50 se encuentran en alto riesgo y 10 en situación de riesgo inminente, como el Lagunilla Varios, San Juan de Aragón, Aculco, Sinfón, Hidalgo Zona Argentina, Morelos, Jamaica Zona, 20 de Abril y Xochimilco Anexo.   Además de que 71 por ciento de las instalaciones hidrosanitarias de los mercados se encuentran en malas condiciones, así como 64 por ciento de su red eléctrica, 55 por ciento de techumbres y pisos y, finalmente, 63 por ciento de los registros pluviales.   Señala que se requieren 768 millones de pesos para transformar estos centros de abasto, que cuentan con 70 mil  136 comerciantes permanentes, y son fuente directa de empleo para 300 mil personas.   También resaltó que se ha logrado que 10 por ciento de los mercados públicos cuenten con terminales punto de venta para los pagos con tarjetas electrónicas y cobros por servicios de agua, luz y teléfono; pero se requiere actualizar el reglamento y discutir los anteproyectos de ley de mercados públicos y la ley general de sistemas de abasto del Distrito Federal.”   Compañeras y compañeros legisladores:   Como podemos observar, lo que estamos solicitando en el presente punto de acuerdo es algo en lo que las autoridades de la ciudad en la materia coinciden plenamente y consideran como impostergable, es decir, legislar en materia de mercado públicos para darle sustento y marco jurídico a tan importante actividad económica del Distrito Federal.       Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de esta Soberanía, para que de inmediato convoque a todas las fuerzas políticas en ella representada, con el fin de concretar un acuerdo que permita crear la Ley de Mercados Públicos del Distrito Federal, que otorgue marco legal y certeza jurídica en los siguientes temas:   -       Establecimiento de la figura de concesión. -       Elección de su forma de representación. -       Ampliación de giros comerciales de bienes y servicios que se ofertan. -       Protección y competencia económica, sin afectar intereses y negocios legalmente constituidos que realizan actividades lícitas. -       Establecimiento de facultades a los órganos de Gobierno del Distrito Federal, en esta materia. -       Aplicación directa a los mercados públicos de los recursos generados por el pago de derechos. -       Creación de programas de vivienda y seguridad social para los locatarios y sus familias. -       Establecimiento de sanciones económicas a locatarios y penales a servidores públicos por el subejercicio de recursos. -       Programas de protección civil. -       Establecimiento de guarderías. -       Programas de fumigación permanentes. -       Creación de lineamientos de respeto y convivencia con el entorno social y ambiental, así como en materia de ruido y relativos a la salvaguarda de estos espacios como patrimonio y fuente de trabajo de los locatarios, visitantes y consumidores.                 Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

       DIP. JESÚS SESMA  SUÁREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR