El presidente Enrique Peña Nietosostuvo que el gobierno de la República no tolerará que se lucre electoralmente con los programas sociales, por lo que pidió a las fuerzas políticas del país implementar una estrategia de blindaje a los programas federales.

Dijo que un instrumento como el Pacto por México no está exento de eventuales tensiones y diferencias coyunturales “propias y naturales de la política”.

Al encabezar el foro “México incluyente”, que se realizó en esta ciudad, en el marco de las consultas ciudadanas para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el mandatario subrayó que todos los partidos políticos son autoridad en distintos órdenes de gobierno.

“Por eso, convoco a todas las fuerzas políticas del país para que, a través del diálogo y de una evaluación de las políticas sociales, hagamos un blindaje auténtico y real que nos permita asegurar que los programas sociales van a cumplir con un único propósito que es apoyar a quienes más lo necesitan, para lograr el México incluyente que todos queremos”, dijo.

Puso énfasis en que los programas se ajustarán estrictamente a las reglas de operación para impedir desvíos o manejos sesgados y eventualmente partidarios, como parte de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Peña dijo que en democracia es natural que haya diferentes opiniones: “Nuestra normalidad democrática permite la posibilidad de disentir, pero también de dialogar y asumir compromisos en favor de la nación”.

Y añadió que “en este contexto el gobierno de la República reconoce la madurez, la responsabilidad y la voluntad para construir acuerdos que han demostrado las principales fuerzas políticas de nuestro país que han estado agrupadas a través del Pacto por México”.

El Ejecutivo mencionó que el Pacto por México es la “hoja de ruta para transformar”, pero “no está exento de eventuales tensiones y diferencias coyunturales propias y naturales de la política”. Recalcó que por eso ha abierto un espacio al diálogo franco y propositivo.

Dijo que es momento de “replantearnos nuestra posición para conocer el punto de origen, dejar de lado cualquier interés de carácter particular o partidario para estar en favor de un ánimo positivo, constructivo, propositivo de enriquecer la agenda que nos permita impulsar el camino de desarrollo y progreso para el país”.

Peña Nieto defendió la reforma financiera que, dijo, presentará en los próximos días para impulsar el crédito a costos más bajos.

Lo anterior, después de que en la madrugada del martes, la presidencia de la República cancelara el evento en el que se presentaría la reforma financiera. En la agenda del evento que se canceló ante el anuncio de los líderes parlamentarios de que no asistirían a la presentación de la reforma financiera, estaba el discurso de los integrantes del Pacto por México.

“México, con sed de justicia social”

La titular de Sedesol, Rosario Robles, sostuvo a su vez que México tiene hambre y sed de justicia social y derechos ciudadanos plenos. Indicó que sin colores partidarios se debe participar en el objetivo de tener un país con mayor igualdad.

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle se sumó a la Cruzada Nacional contra el Hambre porque “no podemos permitir que diferencias ideológicas o políticas sean obstáculo para el desarrollo del país”.

    Fuente: EL UNIVERSAL

México, D. F., a 24 de abril de 2013

   

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO, RESPECTO AL DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO Y LEY DE PUERTOS

Con su venia, diputada presidenta.

En la historia del derecho marítimo, la figura del piloto es considerada como una de las más antiguas. El piloto o práctico de puerto tiene la responsabilidad de orientar al capitán en las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque de una embarcación en los puertos marítimos.

 

Los pilotos deben tomar decisiones técnicas para que en el arribo al puerto de las embarcaciones sean respetadas las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y preservación de la vida humana en el mar, así como la prevención de la contaminación marina.

En virtud de que toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto, está obligada a utilizar el servicio de pilotaje, éste es un servicio de carácter público pues el Estado tiene la obligación de garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias.

Así pues, el servicio que prestan los pilotos de puerto es una actividad fundamental en la preservación de la seguridad y la soberanía nacional, así ha sido considerado incluso desde la promulgación de nuestra Constitución Política, con esa finalidad,

Más adelante se determinó que para representar el cargo de capitán de puerto y prestar los servicios de pilotaje o practicaje es necesario ser mexicano por nacimiento.

El piloto de puerto sirve al interés público, al guiar a las naves para garantizar que sus maniobras sean seguras para preservar la vida de sus tripulantes y conservar limpias las aguas del mar, lo hace en atención de lo que demanda la nación, por ello está obligado a desempeñar su labor con eficacia y profesionalismo.

El servicio de pilotaje, por ser un servicio público sólo debe ser autorizado a quien cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. La designación de nuevos pilotos de puerto requiere que exista un mecanismo transparente para seleccionar a quienes aspiren a ocupar dichos cargos.

Derivado de lo anterior es evidente que las maniobras de pilotaje necesitan ser reguladas para brindar certeza jurídica a quienes requieren de la prestación del servicio y para garantizar que éste se realice de forma segura y eficiente.

En este sentido, el dictamen realiza las precisiones necesarias a la Ley en referencia al concepto de pilotos de puerto, dado que actualmente sólo se menciona a los pilotos, lo cual puede dar pie a confusiones.

Además se amplía el concepto de servicios de practicaje o de pilotaje, con el fin de armonizarlo con lo dispuesto por el artículo 32 constitucional en lo que se refiere a esta actividad.

Para garantizar la continuidad operativa del servicio de pilotaje, el dictamen establece que éste se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las 24 horas del día. Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar prácticas en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio en aras de impulsar la certificación de la calidad del mismo.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos positivo la aprobación del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y se reforma la fracción del artículo 44 de la Ley de Puertos, pues con ello se pretende crear un sistema portuario con transporte marítimo eficiente, oportuno y seguro.

Así, estaríamos contribuyendo a dinamizar una actividad productiva de gran relevancia para el país, como es el caso de la actividad portuaria.

Es cuanto, diputada presidenta.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  23 de abril de 2013.

  Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DECRETOS QUE EL JEFE DE GOBIERNO NO HA PROMULGADO NI PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,  bajo la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Uno de los temas en los que el Partido Verde ha participado de manera decidida, es el relativo a la reforma del sistema político mexicano y una de las asignaturas pendientes que hemos señalado, es la eliminación del llamado “veto de bolsillo” de las facultades del Poder Ejecutivo.   En el ámbito federal, esta propuesta finalmente fue tomada en cuenta para ser incluida en el pasado proceso de reforma política, motivo por el cual es nuestra intención traer dicha iniciativa a la esfera del Distrito Federal.   Derivado de esta figura jurídica, el Ejecutivo promulga o veta los decretos, de lo que se deduce que la atribución más importante de cualquier órgano legislativo en un régimen presidencial, no tiene efectos si no se cuenta con la aceptación de la persona que gobierna, en cuyas manos se concreta la mayor dosis de poder político real.   A ello debe agregarse que aunque el veto sea superado por el voto calificado de la Asamblea y el Jefe de Gobierno no tenga más remedio que promulgar la ley, ni la Constitución ni el Estatuto de Gobierno establece el tipo de responsabilidad en el que se incurre ni tampoco determina una sanción para el caso de que no se lleve a cabo dicha promulgación.   Sin embargo, más allá de establecer una sanción, lo que nos interesa es que se promulguen las leyes emanadas de esta Soberanía, por lo que la propuesta que YA HEMOS REALIZADO FORMALMENTE, consiste en establecer la facultad a cargo de la Asamblea Legislativa para que en este supuesto pueda mandar publicar las leyes o decretos que haya aprobado, evitando así que sus determinaciones se conviertan en letra muerta cuando no son del agrado del titular del Ejecutivo.   Desde nuestra perspectiva, el veto de bolsillo representa una atribución metaconstitucional a cargo del titular del Jefe de Gobierno y es contraria a los principios democráticos y republicanos.   Una ley en el Distrito Federal, para llegar a serlo, debe pasar por un proceso bastante largo que incluye la presentación de una iniciativa, su estudio y análisis en comisiones y su discusión y eventual aprobación por el pleno de la Asamblea.   Por lo que se refiere a la presentación de la iniciativa, para su elaboración en necesario realizar una fundamentación o exposición de motivos que regularmente requiere de una investigación integral sobre la propuesta a presentar. Esta investigación puede llevar semanas e incluso meses al proponente.   Posteriormente, una vez presentada ésta es turnada a una o varias comisiones que estarán a cargo de realizarle una valoración jurídica, social y económica, tal como lo dispone la ley, con el objeto de establecer su viabilidad o su desechamiento.   Para realizar tal valoración, normalmente conocida como Dictamen, las comisiones realizan estudios, investigaciones, consultas, foros y cualquier cantidad de actividades que les permita allegarse de los elementos suficientes para poder tomar una determinación al respecto.   Esta parte del proceso legislativo también puede tomar a las comisiones varios meses.   Al respecto, es oportuno mencionar que aunque deben presentar su dictamen dentro de los 30 días, si el asunto lo requiere, pueden pedir una prórroga que puede ser hasta de 90 días más.     Más aún, en caso de que el dictamen no llegara a presentarse una vez trascurrido el plazo de dicha prórroga, la iniciativa tendría que ser analizada entonces por la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y para emitir su dictamen puede tomar todo el tiempo que su Presidente considere necesario.   Ahora bien, para enlistar ese dictamen emanado de las comisiones para su discusión por el Pleno de la Asamblea, se debe solicitar a la Mesa Directiva su inscripción con 48 horas de anticipación para darle oportunidad a todos los legisladores de conocer dicho dictamen.  Ello sin dejar de mencionar que su discusión en el Pleno también puede llevar varias sesiones.   Ello porque primero se analiza en lo general y después en lo particular.  Puede haber reserva de artículos y la discusión en el mismo Pleno de cada uno de ellos, así como votos particulares e incluso mociones suspensivas.   También en el debate pueden darse alusiones personales, alusiones de partido, oradores en pro y en contra, suspensión de las discusiones por varios motivos y rectificaciones de hechos. En fin, una serie de acciones contempladas en el mismo Reglamento que pueden hacer que, como ya mencionamos, un debate dure varios días más.   Y todo ello para que al final, con una eventual aprobación, finalmente la iniciativa se convierta en decreto y se envíe para su publicación y promulgación al Jefe de Gobierno.   Y si éste simplemente decide no publicarlo, no pasa nada, con lo que el decreto simplemente quedará en el limbo jurídico.   Al respecto es importante hacernos la siguiente reflexión: las leyes se hicieron para cumplirse y son el producto del trabajo serio, comprometido y muy extenso de los legisladores, así como del diálogo entre las distintas fuerzas políticas, por lo que resulta totalmente contrario a la teoría constitucional, así como a los principios republicanos y democráticos, que una sola voluntad pueda impedir  que las leyes que necesita la sociedad, no se puedan llegar a aplicar.           La forma en la que se evitará esta trasgresión a la Constitución y al Estatuto de Gobierno derivado de las lagunas existentes en ambos cuerpos normativos, es mediante el otorgamiento a la Asamblea Legislativa de la facultad de poder promulgar las leyes o decretos que el Jefe de Gobierno no haya promulgado una vez transcurrido el periodo de tiempo que se establecen en ambos casos, y en el segundo, del establecimiento del procedimiento para desarrollar tal facultad.   No obstante lo anterior, la presente proposición tiene el único objetivo de llamar la atención nuevamente del Jefe de Gobierno para que cumpla con lo que hasta ahora forma parte aún del marco jurídico de la Ciudad de México, y lleve  a cabo la promulgación y publicación de los Decretos que esta Honorable Asamblea le ha enviado para tales efectos.   Un dato adicional que me gustaría compartir con ustedes es el que tiene  que ver con el número de decretos que el Jefe de Gobierno no ha publicado en los últimos 3 años: tan solo en materia de medio ambiente, 7 y, en todas las demás materias, más de 30…   Pero eso no es todo, en lo que va de la presente administración, los números tampoco son nada alentadores: la Asamblea Legislativa le ha remitido para los efectos constitucionales y estatutarios correspondientes, más de 35 decretos y solo 11 han sido promulgados y publicados.      

PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que, en cumplimiento de los dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, inmediatamente promulgue y publique la totalidad de los decretos que esta Soberanía le ha remitido para tales efectos y cuyo término para hacer observaciones ha fenecido.              

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

    DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  23 de abril de 2013.

  Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DECRETOS QUE EL JEFE DE GOBIERNO NO HA PROMULGADO NI PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,  bajo la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Uno de los temas en los que el Partido Verde ha participado de manera decidida, es el relativo a la reforma del sistema político mexicano y una de las asignaturas pendientes que hemos señalado, es la eliminación del llamado “veto de bolsillo” de las facultades del Poder Ejecutivo.   En el ámbito federal, esta propuesta finalmente fue tomada en cuenta para ser incluida en el pasado proceso de reforma política, motivo por el cual es nuestra intención traer dicha iniciativa a la esfera del Distrito Federal.   Derivado de esta figura jurídica, el Ejecutivo promulga o veta los decretos, de lo que se deduce que la atribución más importante de cualquier órgano legislativo en un régimen presidencial, no tiene efectos si no se cuenta con la aceptación de la persona que gobierna, en cuyas manos se concreta la mayor dosis de poder político real.   A ello debe agregarse que aunque el veto sea superado por el voto calificado de la Asamblea y el Jefe de Gobierno no tenga más remedio que promulgar la ley, ni la Constitución ni el Estatuto de Gobierno establece el tipo de responsabilidad en el que se incurre ni tampoco determina una sanción para el caso de que no se lleve a cabo dicha promulgación.   Sin embargo, más allá de establecer una sanción, lo que nos interesa es que se promulguen las leyes emanadas de esta Soberanía, por lo que la propuesta que YA HEMOS REALIZADO FORMALMENTE, consiste en establecer la facultad a cargo de la Asamblea Legislativa para que en este supuesto pueda mandar publicar las leyes o decretos que haya aprobado, evitando así que sus determinaciones se conviertan en letra muerta cuando no son del agrado del titular del Ejecutivo.   Desde nuestra perspectiva, el veto de bolsillo representa una atribución metaconstitucional a cargo del titular del Jefe de Gobierno y es contraria a los principios democráticos y republicanos.   Una ley en el Distrito Federal, para llegar a serlo, debe pasar por un proceso bastante largo que incluye la presentación de una iniciativa, su estudio y análisis en comisiones y su discusión y eventual aprobación por el pleno de la Asamblea.   Por lo que se refiere a la presentación de la iniciativa, para su elaboración en necesario realizar una fundamentación o exposición de motivos que regularmente requiere de una investigación integral sobre la propuesta a presentar. Esta investigación puede llevar semanas e incluso meses al proponente.   Posteriormente, una vez presentada ésta es turnada a una o varias comisiones que estarán a cargo de realizarle una valoración jurídica, social y económica, tal como lo dispone la ley, con el objeto de establecer su viabilidad o su desechamiento.   Para realizar tal valoración, normalmente conocida como Dictamen, las comisiones realizan estudios, investigaciones, consultas, foros y cualquier cantidad de actividades que les permita allegarse de los elementos suficientes para poder tomar una determinación al respecto.   Esta parte del proceso legislativo también puede tomar a las comisiones varios meses.   Al respecto, es oportuno mencionar que aunque deben presentar su dictamen dentro de los 30 días, si el asunto lo requiere, pueden pedir una prórroga que puede ser hasta de 90 días más.     Más aún, en caso de que el dictamen no llegara a presentarse una vez trascurrido el plazo de dicha prórroga, la iniciativa tendría que ser analizada entonces por la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y para emitir su dictamen puede tomar todo el tiempo que su Presidente considere necesario.   Ahora bien, para enlistar ese dictamen emanado de las comisiones para su discusión por el Pleno de la Asamblea, se debe solicitar a la Mesa Directiva su inscripción con 48 horas de anticipación para darle oportunidad a todos los legisladores de conocer dicho dictamen.  Ello sin dejar de mencionar que su discusión en el Pleno también puede llevar varias sesiones.   Ello porque primero se analiza en lo general y después en lo particular.  Puede haber reserva de artículos y la discusión en el mismo Pleno de cada uno de ellos, así como votos particulares e incluso mociones suspensivas.   También en el debate pueden darse alusiones personales, alusiones de partido, oradores en pro y en contra, suspensión de las discusiones por varios motivos y rectificaciones de hechos. En fin, una serie de acciones contempladas en el mismo Reglamento que pueden hacer que, como ya mencionamos, un debate dure varios días más.   Y todo ello para que al final, con una eventual aprobación, finalmente la iniciativa se convierta en decreto y se envíe para su publicación y promulgación al Jefe de Gobierno.   Y si éste simplemente decide no publicarlo, no pasa nada, con lo que el decreto simplemente quedará en el limbo jurídico.   Al respecto es importante hacernos la siguiente reflexión: las leyes se hicieron para cumplirse y son el producto del trabajo serio, comprometido y muy extenso de los legisladores, así como del diálogo entre las distintas fuerzas políticas, por lo que resulta totalmente contrario a la teoría constitucional, así como a los principios republicanos y democráticos, que una sola voluntad pueda impedir  que las leyes que necesita la sociedad, no se puedan llegar a aplicar.           La forma en la que se evitará esta trasgresión a la Constitución y al Estatuto de Gobierno derivado de las lagunas existentes en ambos cuerpos normativos, es mediante el otorgamiento a la Asamblea Legislativa de la facultad de poder promulgar las leyes o decretos que el Jefe de Gobierno no haya promulgado una vez transcurrido el periodo de tiempo que se establecen en ambos casos, y en el segundo, del establecimiento del procedimiento para desarrollar tal facultad.   No obstante lo anterior, la presente proposición tiene el único objetivo de llamar la atención nuevamente del Jefe de Gobierno para que cumpla con lo que hasta ahora forma parte aún del marco jurídico de la Ciudad de México, y lleve  a cabo la promulgación y publicación de los Decretos que esta Honorable Asamblea le ha enviado para tales efectos.   Un dato adicional que me gustaría compartir con ustedes es el que tiene  que ver con el número de decretos que el Jefe de Gobierno no ha publicado en los últimos 3 años: tan solo en materia de medio ambiente, 7 y, en todas las demás materias, más de 30…   Pero eso no es todo, en lo que va de la presente administración, los números tampoco son nada alentadores: la Asamblea Legislativa le ha remitido para los efectos constitucionales y estatutarios correspondientes, más de 35 decretos y solo 11 han sido promulgados y publicados.      

PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que, en cumplimiento de los dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, inmediatamente promulgue y publique la totalidad de los decretos que esta Soberanía le ha remitido para tales efectos y cuyo término para hacer observaciones ha fenecido.              

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

    DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  23 de abril de 2013.

  Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS MARCHAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  bajo la siguiente    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La libertad de expresión y asociación son los derechos esenciales que constituyen a las sociedades democráticas que han luchado a lo largo de la historia. Mucho sufrieron nuestros antepasados para poder alcanzar el estado de equidad y respeto a las libertades sociales y humanas, pero en la actualidad se ha visto un abuso por parte de grupos políticos respecto a las manifestaciones utilizando dicha libertad como un modus operandi ante las autoridades como medio de presión política destructiva.   Nuestra Constitución otorga las libertades de expresión y asociación, pero también se establecen restricciones a esta libertad para evitar el transgredir los derechos a terceros, y así mantener el orden y paz pública.   Nuestra Carta Magna establece en el Artículo 6° lo siguiente: ''La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”.   En ese sentido, para el Partido Verde, la libertad de expresión es una de las herramientas más poderosas, pues al externar nuestra postura -ya sea a favor o en contra- sobre algún asunto político, económico, social o cultural, tenemos la posibilidad de propiciar un cambio social que nos beneficie a todos.   Sin embargo, así como reconocemos el derecho de la libre manifestación, no podemos dejar de percibir e incluso padecer, lo que es una realidad en nuestra Ciudad: el impedimento de hacer uso del derecho de libre tránsito, el cual constantemente es vulnerado ante el ejercicio indebido del derecho de la  libre manifestación.   En el DF, por ser la Sede de los Poderes de la Unión y la capital financiera del país, nos encontramos amenazados de ser víctimas en cualquier momento de  paros y manifestaciones hechas por grupos políticos y sociales en contra de las autoridades federales o locales.   En el primer trimestre de 2013 han cerrado en la capital del país 2 mil 579 negocios, debido principalmente a marchas y plantones, dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), derivando en la pérdida de ocho mil 284 fuentes de trabajo.   Las vialidades más afectadas por las marchas y plantones son Insurgentes, Reforma, Bucareli, Chapultepec y Calzada de Tlalpan.   Ante ello nos encontramos como sociedad hacinados en la ciudad, traduciendo los traslados de un punto de la ciudad a otro en tiempo perdido, perdiéndose horas productivas al igual que deteniéndose toda actividad económica en las zonas donde se realizan las manifestaciones.   Un ejemplo fueron los acontecimientos del pasado primero de diciembre del 2012, en  el día de la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, donde no solo se detuvo a la Ciudad, sino también se generaron varios daños materiales en bienes públicos y privados.   El pasado 25 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de Distrito Federal el “Protocolo para Actuación Policial y Control de Multitudes” en el que advierten que ante una manifestación los policías primero convocarán a los integrantes del contingente a no cerrar vialidades, después a replegarse y como última opción se usaría la fuerza.   Sin embargo el protocolo mostró su falta de eficacia el pasado jueves cuando maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cerraron la calle de Bucareli, afectando el tránsito en Reforma, Chapultepec y toda la colonia Juárez.   Todo indica que cuando termine 2013 la Ciudad de México alcanzará un nuevo récord: el del mayor número de manifestaciones del que se tenga registro.   Las pérdidas económicas que registran, dependen del tiempo que duren las manifestaciones. Al respecto, las Cámaras empresariales ya se han pronunciado en cuanto a cifras calculadas por ellos mismos.   El problema es que como legisladores no contamos con información precisa de las pérdidas económicas sobre los diferentes sectores productivos de la Capital, cada vez que se realizan marchas, o plantones. Con información oficial, nosotros nos daríamos cuenta de la importancia que implica el regular las marchas en la ciudad de México.   No es óbice mencionar que el Partido Verde presentó el pasado 11 de diciembre del 2012, una iniciativa que pretende dar orden a esta libertad de expresión, incluso dotar de otras alternativas para manifestarse tales como el Sistema de Radio y Televisión de Gobierno Central, para utilizar los foros como el canal de Televisión Capital 21 y difundir sus demandas ante el resto de la ciudadanía, pero sin afectar a otros.   Por ello, para poder impulsar el orden en la ciudad, necesitamos urgentemente la información oficial de la pérdida económica por la realización de marchas y manifestaciones en la capital.   Es por todo lo anterior que también nos parece importante que para el proceso de creación de esta Ley se recoja la opinión de los habitantes de esta ciudad, a través de un instrumento de participación ciudadana que consulte  si los ciudadanos están de acuerdo en prohibir que las vías primarias y los accesos de entrada y salida de edificios públicos sean bloqueados, así como acerca del establecimiento de sanciones a los manifestantes que no cumplan con lo que la Constitución dispone al respecto.   Recordemos que nuestra intención no es prohibir la libre manifestación de ideas a través de la realización de marchas, sino el regularlas de tal manera que se respete la libertad de expresión, pero que también dicha manifestación no afecte la libertad de tránsito de terceros.   Para el Partido Verde es muy importante recoger y conocer la opinión de los más de 8 millones de capitalinos  y que su opinión constituya elementos de juicio para la regulación de las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal.   En este sentido es que a través del presente punto de acuerdo solicitamos a la Comisión de Gobierno de este Órgano Legislativo, la realización de una consulta ciudadana, a fin de conocer la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre la regulación de las marchas, para lo cual deberá celebrar un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el objeto llevar a cabo dicha consulta.   Igualmente, consideramos conveniente solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, que a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, de Trabajo y Fomento al Empleo, de Salud, de Transporte y Vialidad y de Medio Ambiente, informen a esta Soberanía de manera pormenorizada sobre las pérdidas económicas y daños a la salud y al medio ambiente, que sufrimos los capitalinos como producto de la realización de marchas, manifestaciones, mítines y plantones.   Por lo anteriormente expuesto, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

  PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, que a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, de Trabajo y Fomento al Empleo, de Salud, de Transporte y Vialidad y de Medio Ambiente, informen a esta Soberanía de manera pormenorizada sobre las pérdidas económicas y daños a la salud y al medio ambiente, que sufrimos los capitalinos como producto de la realización de marchas, manifestaciones, mítines y plantones       SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Gobierno de esta misma Soberanía, realice una consulta ciudadana a fin de conocer la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre la regulación de las marchas y celebre un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal para la realización de la misma.    

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

    DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a  23 de abril de 2013.

  Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS MARCHAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  bajo la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La libertad de expresión y asociación son los derechos esenciales que constituyen a las sociedades democráticas que han luchado a lo largo de la historia. Mucho sufrieron nuestros antepasados para poder alcanzar el estado de equidad y respeto a las libertades sociales y humanas, pero en la actualidad se ha visto un abuso por parte de grupos políticos respecto a las manifestaciones utilizando dicha libertad como un modus operandi ante las autoridades como medio de presión política destructiva.   Nuestra Constitución otorga las libertades de expresión y asociación, pero también se establecen restricciones a esta libertad para evitar el transgredir los derechos a terceros, y así mantener el orden y paz pública.   Nuestra Carta Magna establece en el Artículo 6° lo siguiente: ''La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”.   En ese sentido, para el Partido Verde, la libertad de expresión es una de las herramientas más poderosas, pues al externar nuestra postura -ya sea a favor o en contra- sobre algún asunto político, económico, social o cultural, tenemos la posibilidad de propiciar un cambio social que nos beneficie a todos.   Sin embargo, así como reconocemos el derecho de la libre manifestación, no podemos dejar de percibir e incluso padecer, lo que es una realidad en nuestra Ciudad: el impedimento de hacer uso del derecho de libre tránsito, el cual constantemente es vulnerado ante el ejercicio indebido del derecho de la  libre manifestación.   En el DF, por ser la Sede de los Poderes de la Unión y la capital financiera del país, nos encontramos amenazados de ser víctimas en cualquier momento de  paros y manifestaciones hechas por grupos políticos y sociales en contra de las autoridades federales o locales.   En el primer trimestre de 2013 han cerrado en la capital del país 2 mil 579 negocios, debido principalmente a marchas y plantones, dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), derivando en la pérdida de ocho mil 284 fuentes de trabajo.   Las vialidades más afectadas por las marchas y plantones son Insurgentes, Reforma, Bucareli, Chapultepec y Calzada de Tlalpan.   Ante ello nos encontramos como sociedad hacinados en la ciudad, traduciendo los traslados de un punto de la ciudad a otro en tiempo perdido, perdiéndose horas productivas al igual que deteniéndose toda actividad económica en las zonas donde se realizan las manifestaciones.   Un ejemplo fueron los acontecimientos del pasado primero de diciembre del 2012, en  el día de la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, donde no solo se detuvo a la Ciudad, sino también se generaron varios daños materiales en bienes públicos y privados.   El pasado 25 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de Distrito Federal el “Protocolo para Actuación Policial y Control de Multitudes” en el que advierten que ante una manifestación los policías primero convocarán a los integrantes del contingente a no cerrar vialidades, después a replegarse y como última opción se usaría la fuerza.   Sin embargo el protocolo mostró su falta de eficacia el pasado jueves cuando maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cerraron la calle de Bucareli, afectando el tránsito en Reforma, Chapultepec y toda la colonia Juárez.   Todo indica que cuando termine 2013 la Ciudad de México alcanzará un nuevo récord: el del mayor número de manifestaciones del que se tenga registro.   Las pérdidas económicas que registran, dependen del tiempo que duren las manifestaciones. Al respecto, las Cámaras empresariales ya se han pronunciado en cuanto a cifras calculadas por ellos mismos.   El problema es que como legisladores no contamos con información precisa de las pérdidas económicas sobre los diferentes sectores productivos de la Capital, cada vez que se realizan marchas, o plantones. Con información oficial, nosotros nos daríamos cuenta de la importancia que implica el regular las marchas en la ciudad de México.   No es óbice mencionar que el Partido Verde presentó el pasado 11 de diciembre del 2012, una iniciativa que pretende dar orden a esta libertad de expresión, incluso dotar de otras alternativas para manifestarse tales como el Sistema de Radio y Televisión de Gobierno Central, para utilizar los foros como el canal de Televisión Capital 21 y difundir sus demandas ante el resto de la ciudadanía, pero sin afectar a otros.   Por ello, para poder impulsar el orden en la ciudad, necesitamos urgentemente la información oficial de la pérdida económica por la realización de marchas y manifestaciones en la capital.   Es por todo lo anterior que también nos parece importante que para el proceso de creación de esta Ley se recoja la opinión de los habitantes de esta ciudad, a través de un instrumento de participación ciudadana que consulte  si los ciudadanos están de acuerdo en prohibir que las vías primarias y los accesos de entrada y salida de edificios públicos sean bloqueados, así como acerca del establecimiento de sanciones a los manifestantes que no cumplan con lo que la Constitución dispone al respecto.   Recordemos que nuestra intención no es prohibir la libre manifestación de ideas a través de la realización de marchas, sino el regularlas de tal manera que se respete la libertad de expresión, pero que también dicha manifestación no afecte la libertad de tránsito de terceros.   Para el Partido Verde es muy importante recoger y conocer la opinión de los más de 8 millones de capitalinos  y que su opinión constituya elementos de juicio para la regulación de las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal.   En este sentido es que a través del presente punto de acuerdo solicitamos a la Comisión de Gobierno de este Órgano Legislativo, la realización de una consulta ciudadana, a fin de conocer la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre la regulación de las marchas, para lo cual deberá celebrar un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el objeto llevar a cabo dicha consulta.   Igualmente, consideramos conveniente solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, que a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, de Trabajo y Fomento al Empleo, de Salud, de Transporte y Vialidad y de Medio Ambiente, informen a esta Soberanía de manera pormenorizada sobre las pérdidas económicas y daños a la salud y al medio ambiente, que sufrimos los capitalinos como producto de la realización de marchas, manifestaciones, mítines y plantones.   Por lo anteriormente expuesto, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

  PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, que a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, de Trabajo y Fomento al Empleo, de Salud, de Transporte y Vialidad y de Medio Ambiente, informen a esta Soberanía de manera pormenorizada sobre las pérdidas económicas y daños a la salud y al medio ambiente, que sufrimos los capitalinos como producto de la realización de marchas, manifestaciones, mítines y plantones       SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a la Comisión de Gobierno de esta misma Soberanía, realice una consulta ciudadana a fin de conocer la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre la regulación de las marchas y celebre un convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal para la realización de la misma.    

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

    DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 23 de Abril de 2013.

    HONORABLE ASAMBLEA:     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CIUDAD DIGITAL EN EL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.”

(Henry Ford)

 

    En septiembre del 2012 en Australia, se dio a conocer las 10 grandes ciudades más innovadoras del mundo, a través del observatorio de Smart Cities, en donde los indicadores para pertenecer a este top ten eran los siguientes:   -        Rankings sobre la calidad de vida en las ciudades; -        Ciudades digitales en comunidad digital; -       Utilización de tecnologías de la información y la comunicación para ser más inteligentes; -       Eficiencia en el uso de los recursos, ejemplo, ahorro de energía; -       Nuevos y mejores servicios; -       Aumento en la calidad de vida, a través de la reducción del impacto ambiental; y -       Disminución de la “economía del carbono”.     Así, dentro de las 10 ciudades más innovadoras de mundo están:   a)    Viena. Que es la única ciudad que se ubica entre las 10 primeras ciudades que cada categoría es decir, innovación en ciudades, ciudad y región verde, calidad de vida y gobierno digital b)    Toronto. La ciudad inteligente mejor valorada en América del Norte c)    París. En materia de innovación, ciudad verde y gobernanza digital d)    New York. Gobernanza digital e)    Londres. Gobernanza digital f)     Tokio. Gobernanza digital g)    Berlín. Gobernanza digital. h)   Copenhague. Gobernanza digital. i)     Hong Kong. Gobernanza digital. j)      Barcelona. Gobernanza digital.   En Latinoamérica, países como Panamá por ejemplo, a través de la página www.mipanamatransparente.org, se logra el trabajo coordinado y eficiente entre autoridades y ciudadanos, logrando que en el 2012, en ese país se presentaran las siguientes denuncias:   Robo: 48% Estafa 39% Servicios Públicos 38% Narcotráfico 31% Hurto 15% Delitos sexuales 14% Homicidio 5% Secuestro 3%.   En lo que tiene que ver con México, desde el 2012 varias autoridades a nivel nacional y estatal han iniciado la atención ciudadana a través de las denominadas redes sociales o “Apps ciudadanas.”   Sin duda, las Apps ciudadanas han motivado la aparición de nuevas formas de interacción entre gobernantes y gobernados, lo que ha revolucionado los esquemas tradicionales de trabajo y relación entre los servidores públicos y los ciudadanos, dando como resultado la transparencia instantánea.   Lo anterior ha sido posible ya que a finales de 2010, existían ya varios millones de  personas en todo el país que contaban con smartphones. De acuerdo al sitio www.notisureste.com.mx, actualmente este sistema a través de teléfonos inteligentes se ha implementado en las 32 Entidades del país, siendo Mérida, Yucatán, el primer punto en el que vio la luz en julio de 2011.   Desde entonces el sistema ha tenido una expansión notable en ciudades como el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, lo que ha demostrado que los gobernantes sí pueden resolver los problemas de los ciudadanos de manera instantánea sin necesidad de tanto papeleo o burocracia. Es importante señalar, que "Un 90 por ciento de las denuncias ciudadanas realizadas por las redes sociales son atendidas con prontitud cuando la falla es tan evidente que no hay motivo para dilatar su atención, sin embargo no todas pueden tener solución de un día para otro." [1] Por lo que hace a la Ciudad de México, el día 5 de diciembre pasado, en su mensaje de inicio de mandato ante esta Soberanía, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal señaló, entre otras cuestiones las siguientes:   -       Dar garantía a la participación ciudadana y escuchar a la gente; -       Implementar Programa Internet para Todos, para articular a la Ciudad mediante el uso de una infraestructura de banda ancha permitiendo contar con el mayor número de espacios de acceso gratuito en toda la Capital”. -       Convertir al Distrito Federal en una Ciudad Digital y del Conocimiento con el apoyo de la sociedad, de la iniciativa privada, las universidades, los científicos, los técnicos. -       Avanzar en la construcción de un gobierno electrónico y en el diseño de una ciudad inteligente que interactúe cada vez más con la ciudadanía para facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas. -       Gestión de puertas abiertas y de rendición de cuentas.   Ahora bien, durante los últimos días del mes de abril del 2013, el Jefe de Gobierno, así como el Secretario de Desarrollo Económico, señalaron que se usará fibra óptica del Sistema Colectivo Metro y utilización de esquemas de cooperación con la iniciativa privada, para brindar el servicio de internet gratis en espacios como la Alameda Central, el Zócalo, la Plaza de la República, parques de dimensiones similares del Bosque de Tlalpan, mercados públicos emblemáticos o culturales, así como en escuelas y hospitales de la ciudad. A la par del anunció del Jefe de Gobierno para impulsar la Ciudad Digital a que se comprometió en el mes de diciembre del 2012, la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad ha iniciado los trabajos de colaboración para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé a la ciudad los recursos para el funcionamiento de este proyecto.   De acuerdo a lo dicho por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, se busca que la Ciudad de México pueda acceder al fideicomiso para la conexión de banda ancha que maneja el Gobierno Federal.   Asimismo, de acuerdo a datos señalados por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, será la explotación de la fibra óptica que hay en los túneles del Metro, la utilizada como intercambios, así como la búsqueda de esquemas de colaboración estratégicas público - privadas.   Así, en un primer momento, se busca obtener 7,200 puntos de acceso a internet por Wi-Fi, 150 mil computadoras, y se requieren utilizar cuatro hilos de fibra óptica oscura del metro y la instalación de 41 antenas con tecnología WiMAX, de acuerdo con el diagnóstico de la Dirección de Investigación en Tecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, elaborado en 2011.   En otro orden de ideas, hace algunos días los Diputados del Partido Verde en esta Asamblea Legislativa, presentamos una aplicación diseñada para teléfonos inteligentes para presentar denuncias en el tema de maltrato animal, señalando que en próximas fechas se estarán presentando las aplicaciones para denuncia de fugas de agua, construcciones irregulares y violaciones al uso de suelo, que son los temas que más denuncia la ciudadanía actualmente ante estos representantes sociales.   Por ello, el Partido Verde asume el reto que en diciembre pasado el Jefe de Gobierno anunció, relativo de convertir la ciudad de México en una ciudad Digital, una ciudad inteligente, que interactué con la ciudadanía para facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas.   Por ello, a través de este punto de acuerdo se está exhortando al Jefe de Gobierno para que a la brevedad implemente la base de datos y soportes tecnológicos necesarios, para que las denuncias ciudadanas a través de las Apps sean una realidad, con el fin de erradicar la burocracia, malas practicas, pérdida de horas hombre, ineficiencia y corrupción que imperan en aquellas áreas de atención ciudadana.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

 

  ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que implemente a la brevedad las bases informáticas y soportes tecnológicas para que los ciudadanos puedan presentar sus denuncias ante las autoridades correspondientes por medio de aplicaciones para teléfonos móviles, con el fin de acabar con la deficiencia en la atención y recepción de las quejas, pérdida de horas-hombre, abatir costos de recursos humanos y materiales, todo ello para contribuir al desarrollo sustentable y a la eficientización de la administración pública local.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:            

       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 23 de Abril de 2013.

    HONORABLE ASAMBLEA:     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CIUDAD DIGITAL EN EL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.”

(Henry Ford)

 

    En septiembre del 2012 en Australia, se dio a conocer las 10 grandes ciudades más innovadoras del mundo, a través del observatorio de Smart Cities, en donde los indicadores para pertenecer a este top ten eran los siguientes:   -        Rankings sobre la calidad de vida en las ciudades; -        Ciudades digitales en comunidad digital; -       Utilización de tecnologías de la información y la comunicación para ser más inteligentes; -       Eficiencia en el uso de los recursos, ejemplo, ahorro de energía; -       Nuevos y mejores servicios; -       Aumento en la calidad de vida, a través de la reducción del impacto ambiental; y -       Disminución de la “economía del carbono”.     Así, dentro de las 10 ciudades más innovadoras de mundo están:   a)    Viena. Que es la única ciudad que se ubica entre las 10 primeras ciudades que cada categoría es decir, innovación en ciudades, ciudad y región verde, calidad de vida y gobierno digital b)    Toronto. La ciudad inteligente mejor valorada en América del Norte c)    París. En materia de innovación, ciudad verde y gobernanza digital d)    New York. Gobernanza digital e)    Londres. Gobernanza digital f)     Tokio. Gobernanza digital g)    Berlín. Gobernanza digital. h)   Copenhague. Gobernanza digital. i)     Hong Kong. Gobernanza digital. j)      Barcelona. Gobernanza digital.   En Latinoamérica, países como Panamá por ejemplo, a través de la página www.mipanamatransparente.org, se logra el trabajo coordinado y eficiente entre autoridades y ciudadanos, logrando que en el 2012, en ese país se presentaran las siguientes denuncias:   Robo: 48% Estafa 39% Servicios Públicos 38% Narcotráfico 31% Hurto 15% Delitos sexuales 14% Homicidio 5% Secuestro 3%.   En lo que tiene que ver con México, desde el 2012 varias autoridades a nivel nacional y estatal han iniciado la atención ciudadana a través de las denominadas redes sociales o “Apps ciudadanas.”   Sin duda, las Apps ciudadanas han motivado la aparición de nuevas formas de interacción entre gobernantes y gobernados, lo que ha revolucionado los esquemas tradicionales de trabajo y relación entre los servidores públicos y los ciudadanos, dando como resultado la transparencia instantánea.   Lo anterior ha sido posible ya que a finales de 2010, existían ya varios millones de  personas en todo el país que contaban con smartphones. De acuerdo al sitio www.notisureste.com.mx, actualmente este sistema a través de teléfonos inteligentes se ha implementado en las 32 Entidades del país, siendo Mérida, Yucatán, el primer punto en el que vio la luz en julio de 2011.   Desde entonces el sistema ha tenido una expansión notable en ciudades como el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, lo que ha demostrado que los gobernantes sí pueden resolver los problemas de los ciudadanos de manera instantánea sin necesidad de tanto papeleo o burocracia. Es importante señalar, que "Un 90 por ciento de las denuncias ciudadanas realizadas por las redes sociales son atendidas con prontitud cuando la falla es tan evidente que no hay motivo para dilatar su atención, sin embargo no todas pueden tener solución de un día para otro." [1] Por lo que hace a la Ciudad de México, el día 5 de diciembre pasado, en su mensaje de inicio de mandato ante esta Soberanía, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal señaló, entre otras cuestiones las siguientes:   -       Dar garantía a la participación ciudadana y escuchar a la gente; -       Implementar Programa Internet para Todos, para articular a la Ciudad mediante el uso de una infraestructura de banda ancha permitiendo contar con el mayor número de espacios de acceso gratuito en toda la Capital”. -       Convertir al Distrito Federal en una Ciudad Digital y del Conocimiento con el apoyo de la sociedad, de la iniciativa privada, las universidades, los científicos, los técnicos. -       Avanzar en la construcción de un gobierno electrónico y en el diseño de una ciudad inteligente que interactúe cada vez más con la ciudadanía para facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas. -       Gestión de puertas abiertas y de rendición de cuentas.   Ahora bien, durante los últimos días del mes de abril del 2013, el Jefe de Gobierno, así como el Secretario de Desarrollo Económico, señalaron que se usará fibra óptica del Sistema Colectivo Metro y utilización de esquemas de cooperación con la iniciativa privada, para brindar el servicio de internet gratis en espacios como la Alameda Central, el Zócalo, la Plaza de la República, parques de dimensiones similares del Bosque de Tlalpan, mercados públicos emblemáticos o culturales, así como en escuelas y hospitales de la ciudad. A la par del anunció del Jefe de Gobierno para impulsar la Ciudad Digital a que se comprometió en el mes de diciembre del 2012, la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad ha iniciado los trabajos de colaboración para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé a la ciudad los recursos para el funcionamiento de este proyecto.   De acuerdo a lo dicho por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, se busca que la Ciudad de México pueda acceder al fideicomiso para la conexión de banda ancha que maneja el Gobierno Federal.   Asimismo, de acuerdo a datos señalados por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, será la explotación de la fibra óptica que hay en los túneles del Metro, la utilizada como intercambios, así como la búsqueda de esquemas de colaboración estratégicas público - privadas.   Así, en un primer momento, se busca obtener 7,200 puntos de acceso a internet por Wi-Fi, 150 mil computadoras, y se requieren utilizar cuatro hilos de fibra óptica oscura del metro y la instalación de 41 antenas con tecnología WiMAX, de acuerdo con el diagnóstico de la Dirección de Investigación en Tecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, elaborado en 2011.   En otro orden de ideas, hace algunos días los Diputados del Partido Verde en esta Asamblea Legislativa, presentamos una aplicación diseñada para teléfonos inteligentes para presentar denuncias en el tema de maltrato animal, señalando que en próximas fechas se estarán presentando las aplicaciones para denuncia de fugas de agua, construcciones irregulares y violaciones al uso de suelo, que son los temas que más denuncia la ciudadanía actualmente ante estos representantes sociales.   Por ello, el Partido Verde asume el reto que en diciembre pasado el Jefe de Gobierno anunció, relativo de convertir la ciudad de México en una ciudad Digital, una ciudad inteligente, que interactué con la ciudadanía para facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas.   Por ello, a través de este punto de acuerdo se está exhortando al Jefe de Gobierno para que a la brevedad implemente la base de datos y soportes tecnológicos necesarios, para que las denuncias ciudadanas a través de las Apps sean una realidad, con el fin de erradicar la burocracia, malas practicas, pérdida de horas hombre, ineficiencia y corrupción que imperan en aquellas áreas de atención ciudadana.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

 

  ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que implemente a la brevedad las bases informáticas y soportes tecnológicas para que los ciudadanos puedan presentar sus denuncias ante las autoridades correspondientes por medio de aplicaciones para teléfonos móviles, con el fin de acabar con la deficiencia en la atención y recepción de las quejas, pérdida de horas-hombre, abatir costos de recursos humanos y materiales, todo ello para contribuir al desarrollo sustentable y a la eficientización de la administración pública local.   Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:             DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

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México, D. F., a 24 de abril de 2013

   

 Con el permiso de la presidencia.

Compañeras y compañeros diputados

 

El día de hoy, estoy aquí posicionando el punto de vista del Partido Verde Ecologista de México a la reforma de mérito, el poder incluir en el artículo 1395 del Código de Comercio, la necesidad de inscribir las garantías mobiliarias y de su consulta previa en una demanda de juicio ejecutivo mercantil, que dígase de paso, también suple a otros procedimientos especiales que el Código de Comercio determina, como es la ejecución de la prenda sin desplazamiento de posición y el fideicomiso de garantía es una acertada reforma.

Esto tiene que ver no sólo con la aplicación de los créditos y el movimiento económico que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene que ver con la garantía de legalidad jurídica, con la seguridad jurídica de las personas.

Los que alguna vez hemos litigado, sabemos que cuando se trata de garantías inmobiliarias recurrimos al Registro Público de la Propiedad, hacemos una búsqueda de bienes y ahí sabemos en qué calidad el actor está presentando su demanda, es decir si se encuentra en un primero, segundo o tercer grado, a comparación de otros acreedores.

Pero qué sucede cuando se presenta una demanda y la garantía es inmobiliaria, al final del día vienen apareciendo tercerías excluyentes de dominio o tercerías excluyentes de preferencia, que hacen que los juicios se vuelvan largos, tediosos, tardados y que la aplicación de la justicia no se dé de manera expedita.

La reforma de mérito, permite que al inscribir las micro, pequeñas, medianas empresas, aquellas que otorguen créditos pequeños sobre garantías de carácter mueble, como puede ser maquinaria, equipo de construcción, como pueden ser un sinnúmero de diversos bienes, agilizar el crédito y dar una garantía de seguridad a quien va a acreditar a una persona.

Con esto, al presentar la demanda, va en pleno conocimiento del grado de prelación que tiene en la aplicación de crédito y con ello, nos evitamos dilaciones procesales, nos evitamos tercerías, nos evitamos juicios de amparo, que en lugar de darle agilidad a la justicia hacen que ésta se retrase.

Por eso, el Partido Verde Ecologista de México, el día de hoy está a favor de la reforma que se presenta y votaremos a favor de la misma.

Es cuanto, señora presidenta.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Los Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ Y ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 17 de abril del 2013.

  HONORABLE ASAMBLEA:   Los Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ Y ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 Base Primera, fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracciones XIV y 46 la fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Se REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SUELO DE CONSERVACIÓN, bajo la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El Suelo de Conservación abarca aproximadamente una superficie de 87,204 hectáreas, y se extiende por toda la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las Cruces y la Sierra del Ajusco, el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, así como en las planicies lacustres de Xochimilco-Tláhuac y Chalco. Asimismo, la porción más pequeña del Suelo de Conservación abarca solamente 1,238 hectáreas y está localizado al norte del Distrito Federal, en la Sierra de Guadalupe y el Cerro del Tepeyac^[1].   La biodiversidad en suelo de conservación proporciona un refugio a más de 2,500 especies de flora y fauna, inmersas en una extensa gama de ecosistemas y hábitat únicos, dada por su inclusión en el eje neovolcánico, hábitat de 2% de la biodiversidad mundial, y el 12% de especies de flora y fauna de México. Ahora bien los ecosistemas naturales del suelo de conservación, son vitales porque aportan servicios ambientales que significan la sobrevivencia de la población que habita en la zona metropolitana; por la conservación de la biodiversidad de la región y por ser el espacio en el cual se realizan las actividades económicas de subsistencia para la población que habita la zona rural de la entidad.   Tres delegaciones políticas abarcan la mayor proporción del Suelo de Conservación. Casi dos terceras partes se ubican en las delegaciones Milpa Alta (32%), Tlalpan (29%) y Xochimilco (12%).  

Delegación	Superficie total (ha)	Superficie declarada como suelo de conservación (ha)	Porcentaje de suelo de conservación por Delegación	Porcentaje total del suelo de conservación en el DF.
Álvaro Obregón	8,850	2,735	30.9	3.1
Cuajimalpa	8,101	6,593	81.4	7.5
Gustavo A. Madero	8,729	1,238	14.2	1.4
Iztapalapa	11,605	1,218	10.5	1.4
Magdalena Contreras	6,609	5,199	78.7	5.8
Milpa Alta	28,464	28,464	100.0	32.1
Tláhuac	8,321	6,405	77.0	7.2
Tlalpan	30,870	26,077	84.5	29.4
Xochimilco	12,836	10,532	82.0	11.9
Total	124,686	88,442		100.0

  El Suelo de Conservación es vital para el bienestar de todos los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por los servicios ambientales que a continuación se enumeran:   I)         El funcionamiento natural de los ecosistemas y agroecosistemas es fundamental para el mantenimiento del ciclo hidrológico de la cuenca, ya que allí se realiza la mayor recarga del acuífero. II)        La vegetación natural regula los escurrimientos superficiales y protege el suelo de la erosión hídrica y eólica. Asimismo, es una región de alto valor para la conservación de la diversidad biológica, especialmente por la diversidad de tipos de vegetación que contiene y su riqueza de vertebrados terrestres. III)       Las actividades productivas, la agricultura y la ganadería abarcan las mayores extensiones y ocupan una proporción significativa de las actividades de la población que habita la zona rural. IV)      Igualmente, los bosques proveen recursos maderables y no maderables a las comunidades rurales de la región. V)       Provee diversas oportunidades de recreación a los habitantes de la ZMVM, por su riqueza cultural y sus escenarios paisajísticos.   Además de incluir suelos con aptitud para el desarrollo de actividades económicas primarias, como las agrícolas, pecuarias y acuícolas, en el Suelo de Conservación también se localizan Áreas Naturales Protegidas importantes para la conservación de la diversidad biológica del Distrito Federal. El establecimiento del sistema de áreas naturales protegidas y los programas de manejo que se derivan de las mismas constituyen instrumentos de política ambiental relevantes, ya que deberán estar en concordancia con los objetivos de desarrollo de los pueblos, ejidos y comunidades que habitan dentro o en su periferia.   La protección de estas áreas es indispensable para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de una buena calidad ambiental en la Ciudad de México, ya que su existencia permite que sigan ocurriendo procesos ecológicos y funciones de importancia vital, entre los que se encuentran la recarga de acuíferos; producción de oxígeno; regulación microclimática; control de erosión; barreras contra viento, polvo, contaminantes particulados y ruido; refugios para la biodiversidad; recreación; educación ambiental e investigación científica.   Los terrenos del Suelo de Conservación poseen capacidades distintas para soportar diversas actividades humanas en función de sus características físicas, ecológicas y socioeconómicas. Cada una de estas capacidades distintas se expresa en zonas con características muy parecidas, se llama unidad ambiental (zonificación) y se representa en mapas.   Los usos del suelo son regulaciones que determinan las actividades que es posible llevar a cabo en los terrenos del área rural o Suelo de Conservación, sin modificar la propiedad de la tierra y respetando la organización social de los núcleos agrarios. Estos diversos usos se expresan en las zonas que define el Ordenamiento Ecológico.   Es importante regular los usos del suelo, pues hay actividades adecuadas que los terrenos del área rural pueden soportar, pero hay otras que no son compatibles con esos terrenos, y que en lugar de beneficiar a la población, propician la pérdida de los recursos naturales y de las tierras productivas.           Entre los años 1940 y 1950, existían 81 ejidos y 12 comunidades. Para los años setenta habían desaparecido 40 núcleos agrarios; de ellos, 36 eran ejidos y 4 comunidades. Junto con estos núcleos se perdieron más de 17 mil hectáreas agropecuarias y forestales, que fueron utilizadas para los grandes desarrollos inmobiliarios habitacionales, financieros, comerciales y de redes viales. Se ha perdido 49% de los núcleos agrarios. De los 93 que existían, actualmente sólo hay 46 con propiedad social de la tierra.   De continuar la tendencia del crecimiento urbano sobre el Suelo de Conservación, se agudizarán los siguientes problemas:  

• Pérdida del patrimonio colectivo y familiar de los pueblos originarios sobre las tierras y recursos naturales, así como la del control jurídico y legal de las propias tierras.
• Pérdida del patrimonio y derecho al crecimiento natural de los pueblos, ejidos, comunidades y pequeñas propiedades rurales.
• Afectación de la base ecológica para la práctica de actividades agropecuarias y agroforestales, que posibiliten el desarrollo cultural, económico y sustentable de los núcleos agrarios.

  Por ello, es urgente: Aplicar el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal como instrumento legal, desde la competencia ambiental, para la defensa, protección y conservación de las tierras de propiedad social. Detallar y precisar los usos del suelo que actualmente se practican, así como la planeación para el desarrollo de los mismos, para beneficio de los dueños de las tierras a través de la Ley Ambiental del Distrito Federal y del Programa de Ordenamiento Ecológico.   Para poder conservar tan importante territorio del suelo de conservación, es necesario reformar la Ley Ambiental del Distrito Federal, por lo que proponemos las siguientes modificaciones:   En el artículo 1 de la Ley Ambiental se describe el objeto de la Ley; en la fracción IV se describe que se regula las áreas verdes, las áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, así como manejar y vigilar en aquellas que se tenga la administración. La propuesta de reforma en esta fracción es agregar suelo de conservación.         Asimismo, podemos lograr este objetivo si se realizan convenios de colaboración para mantener su conservación y preservación, por ello es importante adicionar dos fracciones en el artículo 69 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, para que del Fondo Ambiental Público se destinen recursos para la vigilancia y conservación de los recursos naturales en suelo de conservación, así como para la retribución por la conservación de los servicios ambientales en Suelo de Conservación.   Esto sin afectar lo descrito en la Ley para la retribución por la protección de los servicios ambientales del Suelo de Conservación del Distrito Federal, que tiene por objeto “establecer los mecanismos para retribuir a los núcleos agrarios y pequeños productores del Suelo de Conservación, por la protección, conservación o ampliación de los servicios ambientales que brindan a todos los habitantes del Distrito Federal, así como para la realización de actividades productivas vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable, acordes con la Ley Ambiental y el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.”   Con esta propuesta se busca fortalecer a la Secretaría de Medio Ambiente para poder actuar en la protección, restauración, preservación del suelo de conservación. Toda vez que del ámbito de competencia de la Ley Ambiental del Distrito Federal, ésta es de aplicación en el territorio del Distrito Federal en el caso de la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, y en las áreas naturales protegidas competencia del Distrito Federal.   Por lo que buscamos que el cambio de uso de suelo en suelo de conservación sea exclusivo su procedimiento a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, dejando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal el trámite del cambio de uso de suelo en suelo urbano.   Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo principal adicionar un CAPÍTULO III BIS 1 al TÍTULO CUARTO, denominado “SUELO DE CONSERVACIÓN” con los artículos 103 Bis 8, 103 Bis 9, 103 Bis 10, 103 Bis 11, 103 Bis 12, 103 Bis 13, 103 Bis 14, y 103 Bis 15 a la Ley Ambiental del Distrito Federal, para así dar mayor protección jurídica al Suelo de Conservación. Así como especificar cuales son las políticas ambientales, sus lineamientos generales que se deban observar para el cumplimiento de éstas y las zonificaciones en suelo de conservación.   De esta manera se otorgará a la Secretaría del Medio Ambiente y a las Delegaciones, la tarea de vigilar y monitorear la conservación del suelo de conservación, con la coordinación y participación de los ejidatarios, comuneros y vecinos aledaños a este.   Lo anterior se puede lograr con coordinación en el mantenimiento del suelo de conservación.   Si bien es cierto que los habitantes del Distrito Federal necesitan una casa digna para vivir, también necesitan los servicios ambientales que ofrece el suelo de conservación para poder seguir subsistiendo, ya que gracias al suelo de conservación, la Ciudad de México cuenta con recargas del acuífero.   Por ello es necesario prohibir las actividades en suelo de conservación en la Ley Ambiental, coincidiendo éstas con las contempladas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.   El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal vigente, contempla y describe las políticas ambientales de aplicación en el territorio suelo de conservación, siendo estas:  

1. Conservación: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas propios del Distrito Federal.
2. Protección Ecológica: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.
3. Restauración del Equilibrio Ecológico: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales
4. Aprovechamiento sustentable: Uso de los recursos naturales de forma que respete la integridad estructural y funcional de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos. Por periodos indefinidos y en congruencia con las necesidades de la población actual y futura.

  Derivado de lo anterior es que consideramos necesario que estas queden contempladas en la Ley Ambiental a fin de que cada vez que se modifique o expida un nuevo programa de ordenamiento ecológico, se contemplen siempre las políticas ambientales de aplicación, así como los lineamientos generales que se deban observar para el cumplimiento de éstas, y las zonificaciones en suelo de conservación, quedando éstas estipuladas en la adición de los artículos 103 Bis 13, 103 Bis 14 y 103 Bis 15.       Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Se REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SUELO DE CONSERVACIÓN.   ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 1; las fracciones III y VIII del artículo 69 recorriéndose las demás de manera subsiguiente; y se adiciona un CAPÍTULO III BIS 1 al TÍTULO CUARTO, denominado “SUELO DE CONSERVACIÓN” con los artículos 103 Bis 8, 103 Bis 9, 103 Bis 10, 103 Bis 11, 103 Bis 12, 103 Bis 13, 103 Bis 14 y 103 Bis 15 a la Ley Ambiental del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 1° La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:   I a la III…   IV. Establecer y regular el suelo de conservación, las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio con la Federación, estados o municipios;  

CAPÍTULO VIII

DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

 

ARTÍCULO 69.- Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a:   I a la II…   III. La vigilancia y conservación de los recursos naturales en suelo de conservación;   IV. El manejo y la administración de las áreas naturales protegidas;   V. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley;   VI. La retribución por proteger, restaurar o ampliar los servicios ambientales;   VII La retribución por la conservación de los servicios ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica;   VIII. La retribución por la conservación de los servicios ambientales en suelo de Conservación.   IX. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente;   X. El cuidado y protección de los animales del Distrito Federal;   XI. La supervisión del cumplimiento de los convenios con los sectores productivo y académico, y   XII. La reparación de daños ambientales.  

TÍTULO CUARTO

 

DE LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO

SUSTENABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

 

CAPÍTULO III BIS 1

SUELO DE CONSERVACIÓN

 

Artículo 103 Bis 8. Corresponde a las Delegaciones que tengan suelo de conservación en su demarcación territorial, el monitorear, vigilar y preservar el suelo de conservación evitando el crecimiento ilegal de los asentamientos humanos irregulares.     Artículo103 Bis 9. La Secretaría, las Delegaciones y los Ejidatarios o Comuneros podrán realizar convenios con los vecinos para que participen en el mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento y conservación en suelo de conservación.       Los vecinos cercanos podrán vigilar y denunciar cualquier irregularidad en suelo de conservación, así como las invasiones futuras, directamente en su Delegación o ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, quienes se verán obligados a dar vista al Ministerio Público.   En caso de observar alguna irregularidad como desmonte, tala ilegal, relleno de barrancas, tiro de cascajo, contaminación de ríos y otros ilícitos que se cometen contra los recursos naturales, debe ser denunciado a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, proporcionando los datos de los infractores, lugar, fecha y tipo de ilícito, o bien presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común, con copia a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, en donde se proporcione datos sobre los ilícitos y sobre las personas que los realizaron.     Artículo 103 Bis 10. Será obligación de los ejidatarios conservar y evitar el deterioro del suelo de conservación que se encuentre dentro de su propiedad, esto con apoyo de la Secretaría y con la aplicación del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.     Artículo 103 Bis 11. El suelo de conservación debe conservar su extensión, calidad y servicios ambientales.     Artículo 103 Bis 12. En suelo de conservación queda prohibido el uso distinto al permitido por su naturaleza, así como lo indicado en el Programa General del Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.     Artículo 103 Bis 13. Las políticas ambientales de aplicación en suelo de conservación, se clasificarán en:  

1. Conservación: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas propios del Distrito Federal.
2. Protección Ecológica: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.
3. Restauración del Equilibrio Ecológico: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales
4. Aprovechamiento sustentable: Uso de los recursos naturales de forma que respete la integridad estructural y funcional de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos. Por periodos indefinidos y en congruencia con las necesidades de la población actual y futura.

    Artículo 103 Bis 14. A fin de aplicar las políticas de conservación, protección ecológica, restauración del equilibrio ecológico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, las zonificaciones en suelo de conservación a fin de instrumentar las unidades y/o acciones de gestión ambiental son:  

1. I.              Forestal de Conservación ;
2. II.            Forestal de Conservación Especial;
3. III.           Forestal de Protección;
4. IV.          Forestal de Protección Especial;
5. V.           Agroforestal;
6. VI.          Agroforestal Especial;
7. VII.         Agroecológica; y
8. VIII.       Agroecológica Especial.

  Las zonificaciones definidas en esta Ley se integrarán a la clasificación de uso del suelo en las áreas de actuación del suelo de conservación.   El trámite de cambio de uso de suelo en suelo de conservación se realizará exclusivamente a través de la Secretaría.     Artículo 103 Bis 15. Los lineamientos generales que se deberán observar para el cumplimiento de las políticas ambientales, son las siguientes:  

1. I.              Sector Agrícola;
2. II.            Sector Agroturismo;
3. III.           Sector Pecuario;
4. IV.          Sector Forestal Maderable y no Maderable;
5. V.           Sector Agroforestal;
6. VI.          Sector Acuacultura;
7. VII.         Sector Agroindustria;
8. VIII.       Sector Vida Silvestre;
9. IX.          Sector Ecoturismo;
10. X.           Sector Turismo de Aventura;
11. XI.          Sector Turismo Convencional;
12. XII.         Sector Infraestructura y Servicios para la Conservación; y
13. XIII.       Sector Minería.

     

TRANSITORIOS

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.     SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá hacer las adecuaciones necesarias a la normatividad reglamentaria aplicable dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.         Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:                      DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ COORDINADOR                                         VICECOORDINADOR

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