México, DF, a 26 de Septiembre de 2013

Boletín 149/13

 

Es necesario mejorar la transparencia y la eficacia del gasto: Sen. Calos Puente Salas

El senador Carlos Puente Salas reconoció a la propuesta de Reforma Hacendaria como una Reforma Social, pues el presidente Enrique Peña Nieto decidió de manera responsable y sensible no afectar a los que menos tienen.

Durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en el Senado de la República, comentó que la reforma contiene aspectos de Transparencia y Austeridad, señala la eficiencia del gasto, como por ejemplo Educación y Salud.

Abundó que con estas medidas se evitará la doble negociación salarial magisterial y ahorros muy importantes al transparentar la nómina educativa. Con las compras consolidadas de medicinas se garantizarán mejores precios y ahorros en el gasto público y limita el gasto corriente, pues dijo: “es necesario mejorar la transparencia y la eficacia del gasto, al tiempo de promover la responsabilidad en el gasto del gobierno”.

Por lo que, en su intervención pidió detallar sobre los mecanismos para mejorar la asignación de recursos, transparentar y hacer más eficiente el gasto público, para que se destine a áreas prioritarias.

Y es que el gasto debe estar orientado a resultados concretos para la población, para que sea más eficiente y transparente en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, promueva un aumento en la productividad, fomente el crecimiento económico, se puedan crear empleos y se priorice la inversión en infraestructura sobre el gasto corriente.

“Un Estado sin ingresos es un Estado débil, sin embargo, la fuerza no sólo está en el tamaño de su presupuesto sino en el cómo se ejerce. Coincidimos que las medidas de transparencia y eficiencia en el gasto que el gobierno federal propone, garantizan que el presupuesto se destine al mejor uso y para satisfacer las necesidades de la sociedad y la economía de la manera más eficiente”, subrayó.

Por otro lado, el legislador dijo que en el Partido Verde consideran que para responder a los anhelos y expectativas de los mexicanos, es necesario generar condiciones de entendimiento político.

En ese sentido, el senador por el estado de Zacatecas, recordó que este instituto político ha participado activamente en la aprobación de la Reforma Laboral, las Reformas en Telecomunicaciones y en Competencia; la Ley de Responsabilidad Ambiental y las Reformas en materia educativa, así mismo apoyará la reforma Financiera, Energética y Hacendaria, “porque buscan la Democratización de la Productividad”.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, DF, a 26 de Septiembre de 2013

Sr. Secretario, celebramos el compromiso social y la amplitud de miras mostrado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al proponer dicha Reforma Hacendaria. Sería ingenuo pensar que el escenario económico mundial adverso no impactaría en la economía mexicana, pero aquí lo importante y la clave está en generar condiciones de inversión productiva, de empleo, pero sobre todo, como usted lo ha mencionado para dar viabilidad financiera y sobre todo social al país. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde hace suyas las propuestas del titular del Ejecutivo Federal, estas reformas sobre las que hemos y estamos trabajando son complementarias y buscan la “Democratización de la Productividad”. o   En la Educativa, tener una educación de mayor calidad. o   En las Telecomunicaciones, que la población tenga acceso más barato y de mejor calidad a los servicios. o   En la de competencia: para que las MiPyMES puedan competir y crecer. o   En la Financiera generar condiciones de oportunidades y oportunidades de crecimiento a través de crédito más accesible y barato. o   En la Energética para tener precios de energía más bajos y generar el desarrollo nacional y regional. o   Y por supuesto en la Hacendaria para contar con un sistema tributario más justo y progresivo, en donde los que más tienen paguen más. Sr. Secretario, coincidimos plenamente que una mayor eficiencia en el gasto es un reclamo muy sentido de la ciudadanía, mismo que tiene que ver con la honestidad, la cual exige a los diferentes órdenes de gobierno y a los cuales de forma imperativa busca absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos. Un Estado sin ingresos es un Estado débil. Sin embargo, la fuerza no solo está en el tamaño de su presupuesto sino en el cómo se ejerce; así, en el contexto de la Reforma Hacendaria, coincidimos que las medidas de transparencia y eficiencia en el gasto que el gobierno federal propone garantizan que el presupuesto se destina al mejor uso y para satisfacer las necesidades de la sociedad y la economía de la manera más eficiente. Es momento, como usted lo ha mencionado, de emparejar la cancha. Recordemos compañeras y compañeros senadores, que nos debemos a las mayorías. Es por ello que el Partido Verde acompaña y respalda las políticas del Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 26 de septiembre de 2013

Boletín  57/13

 

El Partido Verde sancionado con el 0.47% del monto total de sanciones impuestas por el IFE por el ejercicio 2012.

El Partido Verde destacó nuevamente como el instituto político menos sancionado por el manejo de los recursos que recibe, de acuerdo con las resoluciones que emitiera el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la sesión celebrada el día 26 de septiembre del 2013 por la revisión anual de informes y gastos de los recursos públicos que utilizaron los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2012.

Cabe destacar que el Partido Verde Ecologista de México se ha consolidado como el instituto político menos multado en las revisiones anuales de informes de ingresos y gastos, pues en un periodo mayor de 10 años, ha registrado la menor cantidad de sanciones económicas impuestas por la autoridad electoral por sus actividades ordinarias.

Cabe decir que el IFE impuso sanciones por irregularidades en los informes de ingresos y gastos del año 2012 por un monto cercano a los 39 millones 600 mil pesos. No obstante ello, las sanciones impuestas al Partido Verde alcanzaron menos del uno por ciento de la totalidad de las sanciones a los partidos políticos, pues representan apenas el 0.47% del monto total, es decir, $187,489 pesos.

El Partido Verde reconoce la labor anual del IFE en la revisión anual de los informes de ingreso y gasto de los partidos políticos, con el fin de otorgar certidumbre a la ciudadanía respecto del adecuado uso del financiamiento público que reciben los partidos políticos.

En el Partido Verde reforzaremos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, a fin de que continuemos siendo el partido político con el menor registro de sanciones, y por ello buscaremos alcanzar la meta de entregar informes anuales que deriven en multa o sanción cero para nuestro instituto político.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 26 de septiembre de 2013

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA JUDIT GUERRERO LÓPEZ, RESPECTO AL DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

Con su venia, presidente.

Compañeras y compañeros legisladores.

Les presento a continuación el proyecto de dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se  adicionan las fracciones XI, XII y XIII del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que presentó a esta Cámara el pasado mes de abril la diputada Mónica García de la Fuente.

Lamentablemente, en nuestro país tenemos un importante rezago en lo que se refiere al fomento de la lectura y el libro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura del 2012, el mexicano lee poco menos de tres libros por año.

Por su parte, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe organismo dependiente de la UNESCO, realizó un estudio comparativo sobre el comportamiento lector y los hábitos de lectura en América Latina, tomando en cuenta datos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y España, en el cual se señala que nuestra población tiene el promedio más bajo de la región en lo que se refiere a la lectura de libros.

Cuando hablamos de fomento a la lectura y el libro, nos referimos a las acciones que buscan generar las condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras, el impulso de la producción y circulación del libro; la promoción de la lectura y la escritura; y el estímulo y protección de la creación intelectual.

La importancia de fortalecer la presencia del libro y de la lectura en la sociedad, radica en que ambas conllevan esencialmente, el desarrollo de la ciudadanía y de sus capacidades comunicativas. Nuestra democracia requiere que los individuos que la conforman sean capaces de reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar sus ideas.

Así, dentro de los esfuerzos realizados en la materia, resalto la creación del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, el cual, de acuerdo con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se conformó con el objeto de ser un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura.

En él, se trató de agrupar a los principales actores públicos, sociales y privados relacionados con el tema, integrando un cuerpo asesor que oriente las políticas públicas y al mismo tiempo, un espacio de discusión, análisis y consenso sobre los diversos intereses y necesidades que se generan en torno al libro y la lectura.

El dictamen que les , reconoce que al momento de la creación de dicho Consejo, por falta de visión y claridad en los alcances y exigencias de las labores propias del Consejo, se omitió integrar a tres instituciones fundamentales en el afianzamiento del papel del libro como vehículo cultural y del fomento de la lectura como motor del avance de la sociedad y su ciudadanía, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

En su momento, buscando subsanar esta omisión legislativa, el Consejo ha integrado como invitados con carácter no permanente a las mencionadas instituciones, procurando su participación de forma constante tanto en las sesiones, en los grupos de trabajo, comisiones y acuerdos tomados por este órgano colegiado.

El dictamen también toma en cuenta que el Fondo de Cultura Económica, es la editorial más importante de México en su género y una de las más importantes de Iberoamérica, cuenta con filiales en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Guatemala, Chile, Estados Unidos y España; así como con una red de 35 librerías propias, 24 en México y 11 en el resto del mundo hispanoparlante.

Por otra parte, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, y dentro de sus funciones encontramos el proteger y fomentar el derecho de autor.

A su vez, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, con fundamento en la gratuidad de la educación establecida en el artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública, creada con el objetivo de romper con las barreras económicas y garantizar condiciones educativas equitativas, a partir de la unificación de contenidos temáticos auspiciados por el Estado, con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, es un vehículo que faculta el diálogo y la equidad en la escuela.

En virtud de lo anterior, el dictamen reflexiona que en cada uno de los casos, se trata de instituciones de interés público que contribuyen directamente en el cumplimiento de los objetos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, así como de las funciones que dicha ley establece para el Consejo.

En congruencia, la iniciativa adiciona tres fracciones al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

“Artículo 14.- El Consejo estará conformado por:

I a X…

XI. El Director General del Fondo de Cultura Económica;

XII. El Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor;

XIII. El Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos”.

Por lo anterior, y con la finalidad de promover el fomento de la lectura y el libro, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el dictamen en comento.

Es cuanto, presidente.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, DF, a 26 de Septiembre de 2013

Boletín 148/13

 

 

Reformas Financiera y Hacendaria impulsarán crecimiento económico con equidad: Sen. Luis Armando Melgar Bravo

 

Durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el senador Luis Armando Melgar Bravo se manifestó a favor de las reformas Financiera y Hacendaria ya que “tienen una visión realista y valiente para impulsar una nación diferente”.

 

Al posicionar, el legislador del Partido Verde comentó que la Reforma Hacendaria busca más recursos pero con una visión moderna de Gobierno que transparenta, rinde cuentas, ejerce eficazmente y combate la corrupción.

 

“Jugará un rol fundamental en el desarrollo equitativo del país, crecer sin equidad significa hacer permanentes las actuales condiciones de desigualdad, en perjuicio de quienes más lo necesitan y menos tienen. Algo inaceptable”, aseguró el legislador por Chiapas, y al mismo tiempo dijo que se busca un México con equidad de “cancha pareja”.

 

De esta manera destacó que con las reformas aprobadas hasta el momento la democratización de la productividad en el país, impulsada por el Gobierno Federal es ya una realidad en nuestro país, lo que permitirá expandir el crecimiento económico con equidad.

 

Por lo que desde la tribuna reconoció los compromisos económicos asumidos, desde el primer día, por el presidente Enrique Peña Nieto, para contar con una Hacienda Pública sana, con finanzas y deuda manejables, y un tipo de cambio flexible que refleje la solidez de nuestra economía.

 

Señaló que “no hay tiempo que perder. Ya suman más de 30 años de crecimientos insuficientes y 12 años sin reformas de gran calado que cimienten el necesario desarrollo de México”.

 

“El espíritu transformador del Presidente Peña Nieto traza la ruta para corregir las últimas tres décadas en que nuestra economía no ha crecido de conformidad con su potencial, y por tanto, no ha podido abatir la pobreza en la medida en que la sociedad lo exige. No hay que olvidar que la pobreza solo se combate generando riqueza”, expresó.

 

Abundó que en la visión del Presidente, el gasto público es la palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico con equidad y con estricto apego a su uso eficiente, transparente y eficaz, con un combate a la corrupción total y permanente.

 

Por otra parte, resaltó que los más de nueve meses de la actual Administración Federal son testimonio fehaciente de lo mucho que se puede avanzar cuando lo que se antepone es el interés nacional, al personal o de grupo.

 

Celebró que en la iniciativa de reforma hacendaria, se incluya también impuestos a los combustibles con contenido de carbono y a los plaguicidas.

 

“Reconocemos el largo trecho que en este sentido queda por recorrer y en el Partido Verde estamos convencidos de la visión clara y el compromiso histórico que tiene el Presidente Enrique Peña Nieto con el crecimiento económico con equidad de México, que se logrará a través de esta reforma hacendaria con sentido social”, concluyó.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 26 de Septiembre de 2013.

  HONORABLE ASAMBLEA:     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

   

“Los pueblos indígenas hemos podido ocultar

nuestra identidad porque hemos sabido resistir”.

Rigoberta Menchú

    Pensar al México de hoy como una Estado multicultural es todavía un anhelo. Si bien nuestro país se reconoce como pluricultural, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva, de manera plena, y que acepte, como parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en su territorio.   En nuestro país, se hablan más de 60 lenguas originarias. 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. Las lenguas más habladas son el Náhuatl, el Maya y las lenguas mixtecas.   Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señalan que la población de personas indígenas en México es:    

[1]Población total en México	97 483 412
Estimación global de la población indígena CONAPO-INI	12 707 000
Población Indígena	10 253 627
Porcentaje	10.5
Población de cinco años y más hablante de lengua indígena	6 044 547
Porcentaje	7.1

    Hoy nadie puede negar la presencia viva de los pueblos indígenas, sus aportes y soluciones a los problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre otro. Quien lo hace no reconoce al otro como igual.   Por esta razón cada uno de los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades, exige el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios, regionales o nacionales. Cada integrante de un pueblo indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas que le atañen.   Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público; en que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural, derechos plenos. También tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia como pueblos está garantizada en condiciones de mayor equidad socio-política y con mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo.   Es importante que como país y Ciudad aceptemos a los pueblos indígenas de manera plena. Si cada uno de nosotros no reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos.   Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no indígenas con base en el diálogo y el respeto pero sobre todo con la firme convicción que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar, en los hechos y en nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos enorgullece como Nación.   Los pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos, mayas o chatinos, en sus tierras originales, o en cualquier estado de la República, con dignidad y en armonía con los demás mexicanos.   Por eso los pueblos reclaman que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, se reflejen debidamente en todas las formas de educación e información pública. Al mismo tiempo, exigen a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales que los consulten y que obtengan su consentimiento, con libertad y conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales.   Exigen, igualmente, el cumplimiento y respeto de sus Derechos Humanos, así como la adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.   Ahora bien, un elemento muy importante que distingue y les da identidad a las personas indígenas, es la lengua con la que se comunican.   De acuerdo al INEGI, existen 13 Entidades del país en las que habitan más de 100 mil personas hablantes de lenguas indígenas. Estas entidades federativas son: Chiapas, con un millón 209 mil 57 personas hablantes de alguna lengua indígena; Oaxaca, con un millón 203 mil 150; Veracruz, con 662 mil 760; Puebla, con 617, mil 504; Yucatán, con 544 mil 927; Guerrero, con 481 mil 098; Estado de México, con 379 mil 75; Hidalgo, con 369 mil 549; San Luis Potosí, con 256 mil 468; Quintana Roo, con 198 mil 587; Michoacán, con 140 mil 820; el Distrito Federal, con 123,224; Chihuahua, con 109 mil 378; y Campeche, la cual, aunque no rebasa los 100 mil habitantes, registra una cantidad muy cercana, con 92 mil 128.   Por su parte, datos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, en la Ciudad de México se encuentran hablantes de 55 agrupaciones lingüísticas.   De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2000 (INEGI), existía en el Distrito Federal una población indígena de 141,710 habitantes; sin embargo, el II Conteo de Población y Vivienda de 2005 registró una población de 118,424 hablantes de lengua indígena, de los cuales 55,487 son hombres y 62,937 mujeres.   Según este mismo instrumento, las delegaciones que tienen mayor presencia de miembros de pueblos indígenas en el Distrito Federal son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc. Las delegaciones consideradas como rurales tienen una población de 37,904 indígenas, es decir, 32.2% indígenas habitan en esta zona.[2]   De acuerdo al Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de distinto Origen Nacional de la Ciudad de México[3], el estudio realizado en 2002 por Conapo-INI estima una población total de 333,428 indígenas en el D.F., de los que157,714 son hombres y 175,714 mujeres.   Por su parte, las cifras de las propias organizaciones indígenas hablan casi de 500 mil habitantes en la Ciudad de México.   De acuerdo, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 7 se establece:    “ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:       a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” [4]   Es oportuno mencionar que en el Distrito Federal, si bien no se tiene una certeza sobre el número de personas indígenas que habitan en la Ciudad, de acuerdo al INEGI, menos del 2% de la población total del Distrito Federal pertenece alguna comunidad o pueblo indígena.   Ahora bien, de acuerdo al Programa de Derechos Humanos vigente en el Distrito Federal, en su Capítulo 32 relativo a la Agenda Legislativa local por derecho y Grupo de Población, el subtema 32.19 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas[5], se establece como una estrategia el “reconocer e implementar acciones para permitir el derecho de los pueblos indígenas a determinar y mantener su identidad comunitaria”.                 En ese sentido, la presente iniciativa de Ley tiene como primer objetivo, el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas en un tema que es fundamental en la actualidad, que es el acceso a la información pública por los Entes Obligados[6], tal y como lo establece la Ley General de la materia, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de la siguiente manera:   “Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas; III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados; V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los Entes Obligados; VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho; VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, y VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.”   No obstante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no establece disposición alguna en la que se mencione que la información deberá estar disponible en lenguas maternas indígenas cuando así se solicite, imperando una clara discriminación hacia este grupo vulnerable de la ciudad en cuanto a la apertura de la información pública se refiere. Al respecto consideramos que debiera existir una discriminación positiva o pro persona, tal como se reconoce en la Ley de la materia para los pueblos y comunidades indígenas.         Por ello, el Partido Verde propone al Pleno de esta Soberanía a través de la presente iniciativa, el incluir acciones concretas de igualdad y equidad a los pueblos y comunidades indígenas en el tema de transparencia y acceso a la información, de tal manera que se garantice el respeto irrestricto al derecho fundamental a la información de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Distrito Federal, para que este se realice en su lengua materna.     Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente    

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

  ÚNICO.-  Se reforma el tercer párrafo del artículo 1; se reforman los incisos a) y b) y se adiciona un inciso c) al artículo 5; se adiciona un artículo 22 bis; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 34; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:    

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

  Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito Federal.   El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y  Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba  recursos públicos del Distrito Federal.       El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información pública. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Distrito Federal, todo ello se realizará en su lengua materna.     Artículo 5. Es responsabilidad de todo Ente Obligado:   a) Facilitar la participación de las personas en la vida política, económica, social y  cultural del Distrito Federal; para lo anterior, deberán difundir entre los  habitantes de esta entidad federativa, el contenido de la presente Ley;   b) Contribuir al fortalecimiento de espacios de participación social, que fomenten  la interacción entre la sociedad y los entes obligados en temas de  transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; y   c) Instrumentar las medidas necesarias para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.     Artículo 22 bis. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas en los términos que establece el artículo 14 en lengua indígena.     Artículo 34. El Instituto propondrá a las autoridades educativas competentes, incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública, en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Distrito Federal.   Asimismo, de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, deberá trabajar para incluir contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales en lengua indígena.  

 

 

 

TRANSITORIOS

    PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.   SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.         Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:         DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR  

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 26 de Septiembre de 2013.

  HONORABLE ASAMBLEA:     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

   

“Los pueblos indígenas hemos podido ocultar

nuestra identidad porque hemos sabido resistir”.

Rigoberta Menchú

    Pensar al México de hoy como una Estado multicultural es todavía un anhelo. Si bien nuestro país se reconoce como pluricultural, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva, de manera plena, y que acepte, como parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en su territorio.   En nuestro país, se hablan más de 60 lenguas originarias. 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. Las lenguas más habladas son el Náhuatl, el Maya y las lenguas mixtecas.   Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señalan que la población de personas indígenas en México es:    

[1]Población total en México	97 483 412
Estimación global de la población indígena CONAPO-INI	12 707 000
Población Indígena	10 253 627
Porcentaje	10.5
Población de cinco años y más hablante de lengua indígena	6 044 547
Porcentaje	7.1

    Hoy nadie puede negar la presencia viva de los pueblos indígenas, sus aportes y soluciones a los problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre otro. Quien lo hace no reconoce al otro como igual.   Por esta razón cada uno de los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades, exige el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios, regionales o nacionales. Cada integrante de un pueblo indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas que le atañen.   Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público; en que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural, derechos plenos. También tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia como pueblos está garantizada en condiciones de mayor equidad socio-política y con mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo.   Es importante que como país y Ciudad aceptemos a los pueblos indígenas de manera plena. Si cada uno de nosotros no reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos.   Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no indígenas con base en el diálogo y el respeto pero sobre todo con la firme convicción que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar, en los hechos y en nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos enorgullece como Nación.   Los pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos, mayas o chatinos, en sus tierras originales, o en cualquier estado de la República, con dignidad y en armonía con los demás mexicanos.   Por eso los pueblos reclaman que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, se reflejen debidamente en todas las formas de educación e información pública. Al mismo tiempo, exigen a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales que los consulten y que obtengan su consentimiento, con libertad y conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales.   Exigen, igualmente, el cumplimiento y respeto de sus Derechos Humanos, así como la adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.   Ahora bien, un elemento muy importante que distingue y les da identidad a las personas indígenas, es la lengua con la que se comunican.   De acuerdo al INEGI, existen 13 Entidades del país en las que habitan más de 100 mil personas hablantes de lenguas indígenas. Estas entidades federativas son: Chiapas, con un millón 209 mil 57 personas hablantes de alguna lengua indígena; Oaxaca, con un millón 203 mil 150; Veracruz, con 662 mil 760; Puebla, con 617, mil 504; Yucatán, con 544 mil 927; Guerrero, con 481 mil 098; Estado de México, con 379 mil 75; Hidalgo, con 369 mil 549; San Luis Potosí, con 256 mil 468; Quintana Roo, con 198 mil 587; Michoacán, con 140 mil 820; el Distrito Federal, con 123,224; Chihuahua, con 109 mil 378; y Campeche, la cual, aunque no rebasa los 100 mil habitantes, registra una cantidad muy cercana, con 92 mil 128.   Por su parte, datos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, en la Ciudad de México se encuentran hablantes de 55 agrupaciones lingüísticas.   De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2000 (INEGI), existía en el Distrito Federal una población indígena de 141,710 habitantes; sin embargo, el II Conteo de Población y Vivienda de 2005 registró una población de 118,424 hablantes de lengua indígena, de los cuales 55,487 son hombres y 62,937 mujeres.   Según este mismo instrumento, las delegaciones que tienen mayor presencia de miembros de pueblos indígenas en el Distrito Federal son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc. Las delegaciones consideradas como rurales tienen una población de 37,904 indígenas, es decir, 32.2% indígenas habitan en esta zona.[2]   De acuerdo al Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de distinto Origen Nacional de la Ciudad de México[3], el estudio realizado en 2002 por Conapo-INI estima una población total de 333,428 indígenas en el D.F., de los que157,714 son hombres y 175,714 mujeres.   Por su parte, las cifras de las propias organizaciones indígenas hablan casi de 500 mil habitantes en la Ciudad de México.   De acuerdo, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 7 se establece:    “ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:       a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” [4]   Es oportuno mencionar que en el Distrito Federal, si bien no se tiene una certeza sobre el número de personas indígenas que habitan en la Ciudad, de acuerdo al INEGI, menos del 2% de la población total del Distrito Federal pertenece alguna comunidad o pueblo indígena.   Ahora bien, de acuerdo al Programa de Derechos Humanos vigente en el Distrito Federal, en su Capítulo 32 relativo a la Agenda Legislativa local por derecho y Grupo de Población, el subtema 32.19 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas[5], se establece como una estrategia el “reconocer e implementar acciones para permitir el derecho de los pueblos indígenas a determinar y mantener su identidad comunitaria”.                 En ese sentido, la presente iniciativa de Ley tiene como primer objetivo, el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas en un tema que es fundamental en la actualidad, que es el acceso a la información pública por los Entes Obligados[6], tal y como lo establece la Ley General de la materia, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de la siguiente manera:   “Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas; III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados; V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los Entes Obligados; VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho; VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, y VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.”   No obstante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no establece disposición alguna en la que se mencione que la información deberá estar disponible en lenguas maternas indígenas cuando así se solicite, imperando una clara discriminación hacia este grupo vulnerable de la ciudad en cuanto a la apertura de la información pública se refiere. Al respecto consideramos que debiera existir una discriminación positiva o pro persona, tal como se reconoce en la Ley de la materia para los pueblos y comunidades indígenas.         Por ello, el Partido Verde propone al Pleno de esta Soberanía a través de la presente iniciativa, el incluir acciones concretas de igualdad y equidad a los pueblos y comunidades indígenas en el tema de transparencia y acceso a la información, de tal manera que se garantice el respeto irrestricto al derecho fundamental a la información de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Distrito Federal, para que este se realice en su lengua materna.     Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente    

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

  ÚNICO.-  Se reforma el tercer párrafo del artículo 1; se reforman los incisos a) y b) y se adiciona un inciso c) al artículo 5; se adiciona un artículo 22 bis; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 34; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:    

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

  Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito Federal.   El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y  Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba  recursos públicos del Distrito Federal.       El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información pública. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Distrito Federal, todo ello se realizará en su lengua materna.     Artículo 5. Es responsabilidad de todo Ente Obligado:   a) Facilitar la participación de las personas en la vida política, económica, social y  cultural del Distrito Federal; para lo anterior, deberán difundir entre los  habitantes de esta entidad federativa, el contenido de la presente Ley;   b) Contribuir al fortalecimiento de espacios de participación social, que fomenten  la interacción entre la sociedad y los entes obligados en temas de  transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; y   c) Instrumentar las medidas necesarias para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.     Artículo 22 bis. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas en los términos que establece el artículo 14 en lengua indígena.     Artículo 34. El Instituto propondrá a las autoridades educativas competentes, incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública, en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Distrito Federal.   Asimismo, de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, deberá trabajar para incluir contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales en lengua indígena.  

 

 

 

TRANSITORIOS

    PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.   SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.         Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:         DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR

México D.F., a 26 de septiembre de 2013

Boletín 164/13

 

 

Se entrometió en conflictos que no le correspondían,  mientras que estuvo ausente en las violaciones y agresiones que provocaron manifestantes: Sesma

 

Al considerar que no cumple con los requisitos de imparcialidad, transparencia y apartidismo que exige su cargo, los diputados  del Partido Verde en la ALDF, rechazaron respaldar a Luis González Plascencia para que se reelija por un periodo de 4 años más, al frente de la Comisión de los Derechos Humanos del DF.

El diputado Jesús Sesma Suárez, cuestionó la gestión  del Ombdusman del DF    por asumir facultades que no le corresponden, obedecer a los intereses del perredismo capitalino y ser omiso ante conflictos de su competencia. Se entrometió en la designación del Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuestión que no le corresponde, mientras que estuvo ausente en las violaciones y agresiones que cometieron manifestantes.

Los coordinadores del PAN y el PRI, Federico Döring y Tonatiuh González Case, también anunciaron que sus grupos parlamentarios votarán en contra de la reelección de González Plascencia.

El panista Döring Casar destacó que entre los varios argumentos para no ratificar al titular de la CDHDF, se encuentran que su actuación ha estado más a favor de grupos radicales y no de los ciudadanos; pero sin duda, un caso emblemático fue la omisión del Ombudsman ante el caso del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, Genaro Góngora Pimentel.

“Algo bien importante para nosotros y que nos hizo razonar el voto, fue que el pasado 1 de diciembre la ciudad fue un desastre, fue un caos y el señor creo que confundió lo que es una manifestación con actos vandálicos de grupos que se hacen llamar anarquistas y que para él son unas blancas palomitas”, argumentó el priista Tonatiuh González Casé,

Exhortaron a la mayoría perredista en la ALDF para que se abstengan de realizar una “chicanada” legislativa que sería no someter a votación el dictamen para decidir el futuro de González Plascencia, en violación a la Ley Orgánica de la Asamblea y de la CDHDF. El plazo para la renovación del presidente de Derechos Humanos del DF vence el 30 de septiembre y debe contar con 44 votos de los 66 diputados locales, es decir con las dos terceras partes de los asambleístas.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Los Diputados Jesús Sesma y Alberto Cinta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En conferencia de prensa y en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 26 de Septiembre de 2013, México, Distrito Federal   [gallery columns="2"]

México, D. F., a 26 de septiembre de 2013

   

 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA JUDIT GUERRERO LOPEZ DURANTE LA DISCUSION DEL DICTAMEN QUE ADICIONA LA FRACCIÓ IX AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Con su venia señor presidente.

 

Señoras y señores legisladores, sin duda alguna un tema de suma importancia para un país en vías de desarrollo como el nuestro, es el combate a la pobreza. De acuerdo al Informe de Análisis y Medición de la Pobreza 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México existen 53.3 millones de personas que presentan carencias o por lo menos uno de los satisfactores básicos.

Esta es una circunstancia vergonzosa que exige poner en marcha políticas públicas y generar leyes encaminadas a disminuir y en su caso erradicar esta lacerante realidad, la Cruzada Contra el Hambre representa un esfuerzo muy valiosos en este sentido, sin embargo debemos recordar que la pobreza no constituye un asunto monotemático, pues ella engloba mucho más la falta de alimentos o la simple carencia de recursos económicos.

La pobreza es un problema complejo cuyo análisis debe abordarse con un efecto multidimensional, sobre todo si se quiere que las políticas orientadas a corregirlo tengan un impacto más contundente.

La Ley General de Desarrollo Social publicada en el año 2004, establece en su artículo 36 los criterios mínimos para la definición, identificación y medición de la pobreza. De esta manera el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, a calidad y espacios de vivienda, el acceso a los servicios básicos, así como  el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social son las variables consideradas para obtener una medición multidimensional del fenómeno en cuestión y con ello generar elementos cuantificables para la creación de recursos de acción y políticas públicas en la materia.

Cierto es que el establecimiento de los anteriores criterios ha permitido junto con la instauración, en el año 2005, del Coneval un avance significativo en lo que se refiere a la generación de políticas y estrategias muchos más adecuadas para combatir efectivamente la pobreza, que lamentablemente afecta, como ya señalamos, a casi la mitad de la población en nuestro país.

Sin embargo en virtud de que la condición de pobreza sólo puede ser abatida cuando existen los medios, a través de los cuales los individuos tienen la oportunidad de superarse y acceder a un mejor nivel de vida, es necesario considerar otros factores de vital importancia como es, por ejemplo, el grado de accesibilidad a carreteras y caminos que permiten mantener un contacto con los grandes centros de población en los cuales tienen lugar, por lo regular, la toma de decisiones en los ámbitos administrativos, políticos y económicos que tienen importantes repercusiones, incluso para las comunidades más alejadas.

Cuando no se tiene acceso a la infraestructura carretera, no se puede distribuir apropiadamente el fruto del trabajo como tampoco puede accederse a una adecuada atención médica ni a una educación de calidad, asimismo hacer llegar a una comunidad poco accesible las provisiones más elementales como alimentos, agua potable, medicinas, es una labor muy complicada.

El establecimiento de infraestructura de comunicaciones adecuada, moderna y suficiente constituye un elemento indispensable para incrementar la superación de las familias  más pobres.

Romper el asilamiento y la marginación en las que se hallan muchas comunidades en el país, promueve la salud, la educación, la vivienda limpia al tiempo que favorece igualmente la producción de servicios básicos y multiplica las posibilidades de ingreso al fomentar la realización de inversiones productivas por parte de los agentes económicos.

Así pues, el grado de accesibilidad de una población a carreteras y caminos adecuados debe entenderse como el acceso a una red de infraestructura física que permita movilizar bienes, servicios, información y personas de un lugar a otro con lo cual se generan diversos beneficios que hacen posible acortar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres.

Por este motivo el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente proyecto de decreto, el cual pretende adicionar una fracción al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social con la finalidad de agregar el criterio de Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada, como uno de los elementos básicos para la definición, identificación y medición de la pobreza.

Es cuanto presidente.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO