FIRMA CONVENIO DE COALICIÓN EL PVEM CON EL PRI Y NUEVA ALIANZA PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DEL 8 DE DICIEMBRE
El pasado viernes, en las instalaciones del Instituto Electoral de Tlaxcala, se dieron cita los dirigentes del PVEM, Jaime Piñón Valdivia, por el PRI, Noé Rodríguez Roldán y del Nueva Alianza Alfonso, Lucio Torres, antes de que culminara el plazo para presentar el convenio de coalición, se dieron cita los tres dirigentes partidistas para que de manera formal se entregara a la autoridad electoral la solicitud de registro de coalición para la elección de diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el Distrito XIII con cabecera en el municipio de Calpulalpan, para contender en la próxima jornada electoral extraordinaria a celebrarse en dicho municipio el 8 de diciembre, el nombre de la coalición denominada “Bienestar para Todos” estará compuesta por los tres partidos PRI, PVEM y Nueva Alianza.
Por lo anterior, Jaime Piñón Valdivia dirigente del Partido Verde en Tlaxcala, manifestó su total apoyo para poder lograr el triunfo en la próxima jornada electoral, y vaticinó que esta alianza será la que obtenga la victoria el día 8 de diciembre el día de la elección.
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Astudillo Suárez dijo que los montos de apoyo van desde los 30 mil hasta los 180 mil pesos que bien pueden ser aplicados en proyectos de invernaderos engorda de ganado, en gorda de conejos, entre otros.
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, SOBRE DÍA NACIONAL DE LA ERRADICACIÓN DE LOS FEMINICIDIOS
México, D. F., a 12 de noviembre de 2013
POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, SOBRE DÍA NACIONAL DE LA ERRADICACIÓN DE LOS FEMINICIDIOS
Con su permiso Presidenta.
Diputados y diputadas, a nombre de la fracción del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, vengo a esta tribuna para llamar la atención sobre recordar este día tan triste, que fue el 6 de noviembre que desde 1993 viene recordándose, desafortunadamente en nuestro país. Pero también hacer un recuento de lo que hemos hecho desde el Poder Legislativo y lo que se ha hecho en las instituciones.
Y a preguntarme y a preguntarles: ¿qué vamos a hacer? cuando lo que hemos estado haciendo es insuficiente para enfrentar la problemática que crece día a día respecto a la violencia contra las mujeres.
¿Qué es lo que hemos hecho? Esta Soberanía, desde la XL Legislatura, destinó un recurso que se ha ido multiplicando, en ese tiempo de siete mil millones de pesos y ahora de 20 mil millones de pesos, y se pretende que para el siguiente año sea de 24 mil millones de pesos, para dirigir una política que se llama, de transversalización de perspectiva de género.
Esta política pretendía que, el recurso que se le daba a más de 20 instituciones, incluyendo a los militares y a la gente de diferentes instituciones que tienen que ver con el ámbito de la justicia, pudieran promover e impulsar un proyecto que generara igualdad de genero pero también, que enfrentará la situación de la violencia en contra de las mujeres.
La Cámara de Diputados, en especial el Senado de la República, han aprobando sendas reformas a la Constitución respecto a los derechos humanos de las mujeres y derechos políticos, pero también hemos emitido leyes contra la violencia familiar hacia las mujeres, hemos emitido leyes de la igualdad de mujeres y hombres y, hemos emitido reformas a la norma penal para constituir el delito de feminicidio tanto en lo federal como en lo estatal.
Solamente faltan tres estados, que no voy a decir su nombre porque luego me reclaman los diputados que lo mencione, pero hay tres estados que no han tipificado este delito, sin embargo no ha sido suficiente ni que reformemos la Constitución ni que emitamos leyes nuevas, ni que tengamos un presupuesto importante para enfrentar esta problemática.
Entonces qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer y desde mi punto de vista diputados y diputadas es precisamente buscar que todo esto que estamos haciendo sea medido, que haya rendición de cuentas de los gobiernos estatales y el gobierno federal.
También tenemos que buscar que la sociedad civil organizada tenga una mayor participación en estos temas, pero sobre todo compañeras y compañeros no simular que en esta soberanía les interesan estos temas sin verdaderamente enfrentar la problemática no solamente con recursos y normas sino generando una nueva cultura contra la violencia hacia las mujeres.
Esto lo menciono compañeros y compañeras porque la semana pasada se pospuso discutir este tema, pero el día de hoy son pocos los legisladores que les interesa estar escuchando esta discusión de análisis político respecto a lo que está pasando con las mujeres.
Si bien es cierto, aquí vino a declarar los representantes del INEGI, de que no había un reporte oficial respecto a los feminicidios como tales en los estados de la República y a nivel federal, también es cierto que cuando el Estado mexicano se presenta a la rendición de cuentas sobre los derechos humanos, se han emitido alertas respecto al incremento de asesinatos de mujeres en el país.
Hay varios estados que están mencionados y no vamos a hacer de esto un problema político, tenemos que verlo como un problema que tenemos que enfrentar desde diferentes aristas.
Sí seguir dando recursos, sí seguir reformando normas, pero sobre todo darle seguimiento y pedir la rendición de cuentas en todos los ámbitos, qué está haciendo la Procuraduría Federal, cómo está combatiendo la impunidad en estos asesinatos, qué están haciendo las procuradurías locales, qué están haciendo los Congresos locales para darle seguimiento y darle equilibrio de poder en los estados de la República para que le rindan cuentas.
Compañeras y compañeros, como éste, muchos de los temas que son relevantes para generar condiciones de igualdad, para generar condiciones de no discriminación y generar condiciones de resguardo y protección de los derechos humanos, pareciera que son temas secundarios para esta Honorable Asamblea.
Le pido a los legisladores, solicito a mujeres y hombres, que pongamos ayer atención principalmente en esas Comisiones Especiales y, desde luego, solicitar que la Comisión de Igualdad de Género siga dándole seguimiento a este importante tema, y a los reportes que a nivel internacional se están dando para que se puedan corregir las políticas públicas y pueda haber mayor cobijo y protección para el sector de las mujeres.
Este tema, compañeras y compañeros, sé que quizás en el discurso suela muy frío, pero cuando una madre de familia se enfrenta en el estado de Chihuahua, en cualquier estado, a que maten a su hija y no haya justicia para ella, a que maten a su hermana o a su madre y no haya justicia para ella o cuando nos toca a nosotros que nuestras familiares; hijas, hermanas, les suceda un problema de estos es cuando enfrentamos una realidad que no vemos cuando estamos en esta soberanía.
Es a lo que apelo a ustedes, a su sensibilidad para que este tipo de temas no pasen desapercibidos y pongamos mayor atención, mayor énfasis, en cómo enfrentarlos y, esos cómo, podamos resolverlos en conjunto para poder enfrentar la problemática.
Muchas gracias.
Es cuanto diputados y diputadas.
Gracias presidenta.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
FACULTAR A LA SSPDF PARA RETIRAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN SUELO DE CONSERVACIÓN, PROPONE PVEM
México, D.F. a 12 de noviembre de 2013
Boletín 195 /13
En el DF anualmente se pierden 450 hectáreas de suelo de conservación: Sesma
Los diputados locales del Partido Verde presentaron una iniciativa para facultar a la Secretaría de Seguridad Pública del DF, para retirar a aquellas personas que pretendan asentarse, obstaculicen o pongan en peligro el suelo de conservación, áreas naturales protegidas así como las áreas de valor ambiental para el DF.
Con la propuesta del PVEM explicó el diputado Jesús Sesma Suárez, además de realizar funciones de control, supervisión y vigilancia en suelo de conservación, la SSPDF deberá diseñar estrategias y dispositivos que garanticen el cumplimiento cabal de esas funciones.
Recordó que uno de los principales factores de riesgo y extinción, son precisamente los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, ya que desafortunadamente cada año se pierden 450 hectáreas.
Aclaro que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública ya cuenta con facultades para realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales, sin embargo los esfuerzos realizados no han sido suficientes, por lo que es absolutamente necesario redoblar esfuerzos.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL... (CMigrator copy 1)
Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 7 de noviembre de 2013.
HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE SE TIENE CONTEMPLADAS PARA PREVENIR RIESGOS EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO 2014, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, al tenor de los siguientes:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a sus condiciones geográficas, el tipo de clima, la estructura del subsuelo y su ubicación territorial sobre placas tectónicas susceptibles a movimientos telúricos, aunado a la existencia y proliferación de asentamientos humanos irregulares, la falta de información y la carencia de políticas públicas de prevención, el Distrito Federal se encuentra constantemente en riesgo de sufrir una emergencia o desastre de dimensiones sumamente considerables. Todos los habitantes sin excepción estamos expuestos a ello, sin embargo el estrato de población social de menos recursos son quienes se ven mayormente afectados por esta situación. Según datos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en la Ciudad existen 74 barrancas con riesgo de derrumbe y deslave, con un número aproximado de 11 mil 512 viviendas irregulares. El mejor ejemplo que podemos observar de estas situaciones son los desgajamientos que se han presentado en la Delegación Cuajimalpa, debido a la intensa lluvia que se registró en días pasados. No solo ha afectado servicios de primera necesidad como el servicio de agua potable o energía eléctrica, sino también vialidades importantes para el acceso a la zona. Las principales colonias afectadas fueron Manzanastitla, en donde se desgajó un alud de alrededor de 5 mil metros cúbicos de tierra, que se llevó por completo la vialidad de Tepozanco. La colonia San Pablo Chimalpa fue la zona más afectada, pues en Prolongación Juárez y Camino al Tecnológico destruyó una vivienda de lámina y madera, provoco la caída de tres árboles y el arrastre de seis vehículos. Otras colonias afectadas fueron Las Galicias, debido a la crecida de un río e inundación de casas; San Antonio, Ahuatenco y Acopilco, donde se deslavaron cuatro taludes más. En la carretera México-Toluca también se reportó el desgaje de un cerro que afectó un vehículo. El Jefe delegacional manifestó que uno de los problemas que persisten en la demarcación está en la franja de la barranca, que representa un riesgo para la ciudadanía, desde las colonias La Navidad y San José de los Cedros hasta El Ébano. Derivado de los acontecimientos de deslaves en la Delegación Cuajimalpa, es necesario que las autoridades de protección civil en coordinación con la Delegación, lleven a cabo acciones para la atención prioritaria de los 17 taludes que se encuentran en situación de riesgo en dicha demarcación. Según datos que le proporcionaron las áreas de Protección Civil y Obras al Jefe delegacional, le cuantificaron un monto de 30 millones de pesos para restablecer los diferentes desplomes de tierra o aludes que hubo en la demarcación. La precipitación pluvial atípica registrada el pasado viernes 6 de septiembre, logró una caída de 59.7 milímetros en cuatro horas, lo que equivale a cuatro meses de lluvia en la demarcación. Esto también ocasionó la caída de un muro de 8 metros del Parque San Francisco colindante con los departamentos afectados en la zona de Vista Hermosa. En septiembre de 2007 se presentó una situación similar en la Delegación Álvaro Obregón, cuando 2 personas fallecieron a causa del desgajamiento de las barrancas en esa demarcación, siendo sepultadas por toneladas de piedra y lodo. Es por ello que reiteramos ante esta tribuna la necesidad de atender problemas de alto riesgo en materia de protección civil tales como la atención del drenaje para prevenir y mitigar situaciones en temporada de lluvias, así como incendios y deslaves, entre otros. Debemos considerar que la Ley de Protección Civil local en diversos artículos contempla la necesidad de generar e implementar programas y políticas públicas en materia de protección civil a fin de proteger a la ciudadanía; promover la cultura de protección civil, organizando y desarrollando acciones, observando los aspectos normativos de operación, coordinación y participación con las autoridades participantes, tomando en cuenta que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil y al mismo tiempo que toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su entorno. El mismo ordenamiento jurídico estipula que uno de los objetivos del Sistema de Protección Civil, es brindar prevención, protección, auxilio y recuperación de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores; y que el objetivo prioritario del mismo es la conformación de una cultura en la materia que convoque y sume el interés de la población, así como su participación activa, individual y colectiva. También el propio ordenamiento de la materia obliga a la autoridad a prevenir situaciones de riesgo inminente que impliquen la posibilidad de una emergencia o desastre como la de estos días. Todas las situaciones anteriormente evocadas, que conforman parte integral de la legislación local en materia de protección civil, no han sido llevadas a cabo por las autoridades correspondientes, teniendo como resultado los acontecimientos de hace unos días en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, mismos que de manera reiterada se han presentado en los últimos años. Aunado a lo anterior, en el caso específico de Cuajimapa de Morelos, ésta claramente en una zona en una área inestable de taludes y laderas, por encontrase ubicada en las faldas de cerros, situación que demuestra el riesgo en que se encuentran varias familias. No podemos mitigar el riesgo latente en la Ciudad con acciones paliativas insuficientes que consistan solamente en la construcción de bardas y muros de contención para contener miles e inclusive millones de toneladas de roca, sino que debemos estudiar, explorar y replantear acciones, programas y políticas públicas prontas y eficientes que atiendan al problema de raíz. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta misma Soberanía, que considere en el Presupuesto de Egresos 2014, la cantidad de 30 millones de pesos adicionales al presupuesto de la delegación Cuajimalpa de Morelos, para atender los acontecimientos de deslaves en dicha demarcación territorial. SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, Ing. Fausto Lugo García, para que rinda un informe pormenorizado sobre las acciones, programas y políticas públicas que se tienen contempladas para prevenir riesgos en la delegación Cuajimalpa de Morelos referente a aludes. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ COORDINADOR VICECOORDINADORPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL...
Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 7 de noviembre de 2013.
HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE SE TIENE CONTEMPLADAS PARA PREVENIR RIESGOS EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO 2014, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, al tenor de los siguientes:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a sus condiciones geográficas, el tipo de clima, la estructura del subsuelo y su ubicación territorial sobre placas tectónicas susceptibles a movimientos telúricos, aunado a la existencia y proliferación de asentamientos humanos irregulares, la falta de información y la carencia de políticas públicas de prevención, el Distrito Federal se encuentra constantemente en riesgo de sufrir una emergencia o desastre de dimensiones sumamente considerables. Todos los habitantes sin excepción estamos expuestos a ello, sin embargo el estrato de población social de menos recursos son quienes se ven mayormente afectados por esta situación. Según datos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en la Ciudad existen 74 barrancas con riesgo de derrumbe y deslave, con un número aproximado de 11 mil 512 viviendas irregulares. El mejor ejemplo que podemos observar de estas situaciones son los desgajamientos que se han presentado en la Delegación Cuajimalpa, debido a la intensa lluvia que se registró en días pasados. No solo ha afectado servicios de primera necesidad como el servicio de agua potable o energía eléctrica, sino también vialidades importantes para el acceso a la zona. Las principales colonias afectadas fueron Manzanastitla, en donde se desgajó un alud de alrededor de 5 mil metros cúbicos de tierra, que se llevó por completo la vialidad de Tepozanco. La colonia San Pablo Chimalpa fue la zona más afectada, pues en Prolongación Juárez y Camino al Tecnológico destruyó una vivienda de lámina y madera, provoco la caída de tres árboles y el arrastre de seis vehículos. Otras colonias afectadas fueron Las Galicias, debido a la crecida de un río e inundación de casas; San Antonio, Ahuatenco y Acopilco, donde se deslavaron cuatro taludes más. En la carretera México-Toluca también se reportó el desgaje de un cerro que afectó un vehículo. El Jefe delegacional manifestó que uno de los problemas que persisten en la demarcación está en la franja de la barranca, que representa un riesgo para la ciudadanía, desde las colonias La Navidad y San José de los Cedros hasta El Ébano. Derivado de los acontecimientos de deslaves en la Delegación Cuajimalpa, es necesario que las autoridades de protección civil en coordinación con la Delegación, lleven a cabo acciones para la atención prioritaria de los 17 taludes que se encuentran en situación de riesgo en dicha demarcación. Según datos que le proporcionaron las áreas de Protección Civil y Obras al Jefe delegacional, le cuantificaron un monto de 30 millones de pesos para restablecer los diferentes desplomes de tierra o aludes que hubo en la demarcación. La precipitación pluvial atípica registrada el pasado viernes 6 de septiembre, logró una caída de 59.7 milímetros en cuatro horas, lo que equivale a cuatro meses de lluvia en la demarcación. Esto también ocasionó la caída de un muro de 8 metros del Parque San Francisco colindante con los departamentos afectados en la zona de Vista Hermosa. En septiembre de 2007 se presentó una situación similar en la Delegación Álvaro Obregón, cuando 2 personas fallecieron a causa del desgajamiento de las barrancas en esa demarcación, siendo sepultadas por toneladas de piedra y lodo. Es por ello que reiteramos ante esta tribuna la necesidad de atender problemas de alto riesgo en materia de protección civil tales como la atención del drenaje para prevenir y mitigar situaciones en temporada de lluvias, así como incendios y deslaves, entre otros. Debemos considerar que la Ley de Protección Civil local en diversos artículos contempla la necesidad de generar e implementar programas y políticas públicas en materia de protección civil a fin de proteger a la ciudadanía; promover la cultura de protección civil, organizando y desarrollando acciones, observando los aspectos normativos de operación, coordinación y participación con las autoridades participantes, tomando en cuenta que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil y al mismo tiempo que toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su entorno. El mismo ordenamiento jurídico estipula que uno de los objetivos del Sistema de Protección Civil, es brindar prevención, protección, auxilio y recuperación de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores; y que el objetivo prioritario del mismo es la conformación de una cultura en la materia que convoque y sume el interés de la población, así como su participación activa, individual y colectiva. También el propio ordenamiento de la materia obliga a la autoridad a prevenir situaciones de riesgo inminente que impliquen la posibilidad de una emergencia o desastre como la de estos días. Todas las situaciones anteriormente evocadas, que conforman parte integral de la legislación local en materia de protección civil, no han sido llevadas a cabo por las autoridades correspondientes, teniendo como resultado los acontecimientos de hace unos días en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, mismos que de manera reiterada se han presentado en los últimos años. Aunado a lo anterior, en el caso específico de Cuajimapa de Morelos, ésta claramente en una zona en una área inestable de taludes y laderas, por encontrase ubicada en las faldas de cerros, situación que demuestra el riesgo en que se encuentran varias familias. No podemos mitigar el riesgo latente en la Ciudad con acciones paliativas insuficientes que consistan solamente en la construcción de bardas y muros de contención para contener miles e inclusive millones de toneladas de roca, sino que debemos estudiar, explorar y replantear acciones, programas y políticas públicas prontas y eficientes que atiendan al problema de raíz. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta misma Soberanía, que considere en el Presupuesto de Egresos 2014, la cantidad de 30 millones de pesos adicionales al presupuesto de la delegación Cuajimalpa de Morelos, para atender los acontecimientos de deslaves en dicha demarcación territorial. SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita al Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, Ing. Fausto Lugo García, para que rinda un informe pormenorizado sobre las acciones, programas y políticas públicas que se tienen contempladas para prevenir riesgos en la delegación Cuajimalpa de Morelos referente a aludes. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ COORDINADOR VICECOORDINADORINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, LA NORMA DE ORDENACIÓN “26.- (CMigrator copy 1)
Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 5 de noviembre de 2013.
HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIV, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, LA NORMA DE ORDENACIÓN “26.- NORMA PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR”, bajo la siguienteEXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; …
Artículo 25
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
En nuestro país el derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Política, el cual establece en su parte conducente: “Artículo 4o. … … … … … ... … Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. … … … … …”. El precepto guarda estrecha concordancia con lo que se establece en los artículos 1 y 27 del texto Constitucional vigente, los cuales establecen en lo conducente: [1]Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. … Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. … La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. …”. Ahora bien, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, en el Eje México Incluyente[2], se establece en el tema Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial, lo siguiente: “En materia de vivienda e infraestructura socialbásica, se ha avanzado de manera importanteen los últimos 20 años. Entre 1990 y 2010,la proporción de la población que no contaba conservicios básicos de vivienda pasó de 44 a 19por ciento. Sin embargo, los avances en este rubro no han sidouniformes para todas las regiones y localidadesdel país. En 2010, la carencia de servicios básicosen la vivienda afectó a 9.4% de la población enlocalidades urbanas, mientras que en zonas ruralesse presenta en 50.4%. En el mismo sentido,existen grupos de la población particularmentedesatendidos: la necesidad de reemplazo devivienda está concentrada en la población noafiliada a la seguridad social, que representael 73% de la necesidad nacional y solamenterecibe el 30% del financiamiento total destinadoa vivienda. En este sentido, se requiere fomentarmecanismos que puedan dar respuesta a lasnecesidades específicas de las mujeres conesquemas de financiamiento apropiados a susituación en el mercado de trabajo. Actualmente existen en México 2.8 millones deviviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8millones que requieren algún tipo de mejoramientoo ampliación. Asimismo, para atender el crecimientode la población se estima que en los próximos 20años se demandarán 10.8 millones de solucionesde vivienda debido a la creación de nuevos hogares. El modelo de crecimiento urbano reciente hafomentado el desarrollo de viviendas que seencuentran lejos de servicios como escuelas,hospitales y centros de abasto. Es decir, laproducción de vivienda nueva ha estado basada enun modelo de crecimiento urbano extensivo. Losdesarrollos habitacionales se ubicaron en zonasalejadas de los centros de trabajo y de servicios,sin una densidad habitacional adecuada quepermitiera costear servicios, vías de comunicacióny alternativas de transporte eficientes. Esto hagenerado comunidades dispersas, un debilitamientodel tejido social y un uso poco eficiente delos recursos de la economía a través de altos costosde transporte para los trabajadores y las empresas. Lo anterior también se ha traducido en un importantenúmero de viviendas deshabitadas. De acuerdo conel Censo de Población y Vivienda 2010, el númerode viviendas deshabitadas fue de casi 5 millonesy las de uso temporal de poco más de 2 millones. Ante esta coyuntura, es necesario impulsar el desarrollo de ciudades más compactas con mayor densidad de población y actividad económica. Alternativas como los mercados de vivienda usaday en renta aún son incipientes, lo que dificultaque se pueda utilizar la oferta disponible parasolucionar las necesidades habitacionalesexistentes. El mercado secundario de vivienda enMéxico tiene un peso pequeño, aunque hay signosde que ha incrementado su participación. A pesarde que siguen existiendo inhibidores, como los altoscostos del traslado de propiedad, el financiamientopara la adquisición de vivienda usada en INFONAVITprácticamente se duplicó en la década pasada:mientras que en 2002 representaba 13%, para2012 la proporción fue de 21%. Dado el crecimientourbano antes descrito, la vivienda usadaresulta cada vez más atractiva ya que se encuentramejor ubicada que las nuevas, lo que ofrece unamejor calidad de vida a sus habitantes. Por su parte, el 23% de las viviendas habitadas seclasifican como no propias (rentadas, prestadasy en otra situación). En México, la mayor partedel mercado de renta es informal y no existe unsistema formal de propietarios, administradoresde la propiedad ni compañías dedicadas a invertiren la construcción y administración de viviendapara renta. Por otro lado, un México Incluyente tendrá comoobjetivo proveer un entorno adecuado para eldesarrollo de una vida digna. Para ello, se planteadar impulso a soluciones de vivienda dignas, asícomo al mejoramiento de espacios públicos. Enespecífico, la Política Nacional de Vivienda consisteen un nuevo modelo enfocado a promover eldesarrollo ordenado y sustentable del sector; amejorar y regularizar la vivienda urbana, así comoa construir y mejorar la vivienda rural. Esta Políticaimplica: I) lograr una mayor y mejor coordinacióninterinstitucional; II. transitar hacia un modelode desarrollo urbano sustentable e inteligente; III. reducir de manera responsable el rezago en vivienda; y IV) procurar una vivienda digna para losmexicanos. Por tanto, se plantea impulsar accionesde lotificación, construcción, ampliación y mejorade hogares, y se propone orientar los créditosy subsidios del Gobierno de la República haciaproyectos que fomenten el crecimiento urbanoordenado.” De manera adicional, en el documento de referencia se establecen como objetivos para lograr las acciones que en materia de vivienda se implantan una serie de objetivos y estrategias, entre ellos: “Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. Líneas de acción • Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica,orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. • Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. • Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo yzonificación. • Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio deintervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidadeshabitacionales que así lo necesiten. • Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales. • Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de lavivienda del parque habitacional existente. Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento dela adquisición de vivienda nueva. Líneas de acción • Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. • Desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para distintos segmentosde la población, y la atención a la población no cubierta por la seguridad social, incentivando suinserción a la economía formal. • Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social,procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales. Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenesde gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitanoy de vivienda. Líneas de acción • Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regionalurbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial yUrbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. • Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenesde gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia deordenamiento territorial y vivienda. • Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los objetivos de laNueva Política de Vivienda.[3] Respecto al Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo 2013 – 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federa el 11 de septiembre de 2013, se establece en el Eje 4 en el tema de Vivienda, lo siguiente[4]: “Ámbito urbano-ambiental De continuar la falta de una planeación urbana integral con una visión metropolitana, de proximidad, accesibilidad y equidad, que contemple la creación y mantenimiento de los espacios públicos, vivienda y servicios urbanos, articule y promueva el sistema de transporte público de la ciudad, así como formas demovilidad no motorizada, se podría aumentar el deterioro del tejido social, podríadisminuir la calidad de vida de la población y podrían incrementarse los nivelesde marginación y de riesgo en caso de desastres naturales. Esto a su vez puedecontribuir al incremento de la percepción de inseguridad entre la población ydisminuir la competitividad de la ciudad. Una parte de la población de la capital se ha desplazado de la zonacentro a la periferia. En este proceso, predomina la población debajos ingresos, ya que no están en condiciones de pagar el altocosto del suelo, la vivienda y los servicios en las áreas centrales dela ciudad. En éstas, la densidad de población se redujo de 206 hab/ha en 1980 a 137 hab/ha en el 2010. EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA Área de Oportunidad. Por último, el marco normativo vigente para la planeación y gestión del territorio,las políticas urbanas, ambientales y de movilidad, así como las correspondientes asuelo, vivienda, infraestructura y equipamiento, resultan excesivos, contradictoriose inflexibles. En adición, el contenido de la normatividad presenta inconsistenciasen relación a la regulación de los procesos de ocupación del territorio, lo queocasiona conflictos de interpretación y un manejo poco eficiente en su aplicación. Lo anterior, no permite realizar de manera eficiente el proceso de administracióndel desarrollo territorial de la ciudad y potenciar el desarrollo de la capital. Área de Oportunidad 6. VIVIENDA Basado en cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),los requerimientos de vivienda para nuestra entidad federativaconformados por las necesidades y rezago en esta materia seestiman para 2013 en aproximadamente 114,326 acciones, divididasen 55,410 acciones de vivienda nueva y 58,916 de mejoramiento. El 49.13% de estas necesidades se concentran en los nivelessocioeconómicos popular y bajo, que corresponden a personas queganan menos de 8 salarios mínimos, el 46.64% restante gana entre8 y 30 salarios mínimos. De acuerdo a la CONAVI, en la Ciudad de México operan lossiguientes organismos de vivienda gubernamentales: Instituto delFondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo deVivienda del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadoresdel Estado (FOVISSSTE), Instituto de Seguridad Social para lasFuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)-Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y la Armada S.N.C. (BANJERCITO), Petróleos Mexicanos (PEMEX),Comisión Federal de Electricidad (CFE), BANCA y Sociedades Financieras deObjeto Limitado (SOFOL) y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), queatienden el 46.2% de la demanda (52,819), existiendo un sector sin atención delorden de 53.8% (61,507) en todos los niveles socioeconómicos. Cabe señalar quelas acciones se ejecutan en función de los recursos que se programan anualmentepara las metas establecidas por cada organismo de vivienda. La atención al requerimiento por parte del Gobierno del Distrito Federal se da através del INVI. De las 52,819 acciones ejercidas en la entidad, el mismo organismoparticipa con el 43% de la atención en los niveles socioeconómicos popular y bajoque perciben de 1 a 8 salarios mínimos mensuales; de los cuales, el INVI participacon 94.32% de los requerimientos del nivel popular y con 35.31% del nivel bajo. Por su parte, con la política de redensificación iniciada a partir del año 2000, laoferta de vivienda generada se orientó hacia sectores sociales con ingresos porarriba de los 8 salarios mínimos, con la consecuente expulsión hacia los municipiosconurbados, de la población por debajo de ese nivel que busca una viviendaaccesible a sus posibilidades económicas. Entre los retos pendientes en materia de vivienda se encuentra la actualizaciónde la normatividad y los instrumentos jurídicos vigentes; la articulación de laspolíticas de desarrollo urbano, ambientales y sociales; y una mayor coordinación yarticulación por parte de las dependencias y entidades involucradas para planear yejecutar acciones.[5] OBJETIVO 1 Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital,brindando oportunidades económicas y sociales para su adquisición y haciendoénfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada y digna. META Construir vivienda de interés social con esquemas que permitan la sustentabilidad,la competitividad y la equidad. LÍNEAS DE ACCIÓN • Modernizar los proyectos y la normatividad para la construcción de viviendasocial que permita generar edificaciones de mayor superficie, menor costo y enel menor tiempo de ejecución; que sea cercana a las redes de transporte públicoy fuentes de empleo; que cuenten con servicios urbanos y de comercio local; yque sea amigable con el medio ambiente. META Ampliar la cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda incluyendocriterios de igualdad de género, preferentemente dirigida a la población residentede bajos recursos económicos, en condiciones de vulnerabilidad y en situación deriesgo. • Adecuar el programa de mejoramiento de vivienda para hacer frente a lasnecesidades reales de la población, generando esquemas que permitannormalizar la situación de viviendas divisibles, ampliadas y por lotes. • Propiciar el otorgamiento de subsidios, permisos y créditos para la adecuaciónde la vivienda, la ejecución de las adaptaciones especiales y el cambio defunción de los espacios para que respondan a las necesidades de la poblacióncon discapacidad, con movilidad reducida y personas adultas mayores. OBJETIVO 2 Impulsar la creación de un marco normativo que promueva y regule el desarrollode vivienda en áreas con posibilidades de redensificación y reciclamiento. META Actualizar el marco normativo y articular la acción de las diferentes dependenciasy entidades, para facilitar la gestión y desarrollo de vivienda de interés social. Revisar la legislación vigente en la materia para proponer los ajustes normativose institucionales necesarios, simplificar los trámites para construcción devivienda y supervisar a los inspectores de obra. META Adquirir inmuebles con características jurídicas, técnicas y financieras óptimaspara el desarrollo de vivienda de interés social. • Promover la adquisición de vecindades e inmuebles en condiciones de altoriesgo estructural, para integrarlos como parte de la bolsa de suelo, impulsandola expropiación de los inmuebles que se cataloguen como de alto riesgoestructural y cuyos propietarios no los atiendan. META Propiciar y concertar la ejecución de proyectos de vivienda sustentable, quebusquen el fortalecimiento de la convivencia e integración de la población,aprovechando la inversión acumulada en infraestructura, tanto en centralidadesexistentes como en áreas de potencial de reciclamiento, tales como viejas zonasindustriales, deterioradas o en desuso. LÍNEAS DE ACCIÓN • Incentivar y fortalecer procesos de planeación multiactoral de zonas específicasde la ciudad para generar esquemas novedosos de producción social delhábitat y de vivienda sustentable, adecuados a las condiciones del territorioespecífico. • Posibilitar la concreción de modelos novedosos de producción social devivienda sustentable en zonas estratégicas con la gestión de financiamientoante organismos públicos federales, locales y privados. • Fomentar la construcción de vivienda de interés social dentro de los desarrollosy barrios de interés medio.” Por su parte, el Programa General de Desarrollo Urbano vigente, en lo que tiene que ver con el tema de vivienda y construcción de la misma, establece lo siguiente: “La vivienda y las áreas excluidas La vivienda tiene un lugar relevante en la planeación y gestión urbana, pues constituye uno de los principales satisfactores sociales, participa activamente en los procesos económicos y es un estructurador determinante del ordenamiento territorial. El poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las últimas décadas, impidiendo adquirir la vivienda a quienes la necesitan; y a quienes la poseen, mejorarla, ampliarla o sustituirla por otra más acorde a sus nuevos requerimientos. La población con ingresos medios y bajos, a quien se oferta crédito de interés social para la compra de inmuebles, tiene problemas para ser sujeto de crédito, mientras que la alternativa devivienda en renta para estos sectores ha estado restringida, debido a la escasez de oferta y a las limitaciones en el marco jurídico para el control de esta actividad. La dinámica habitacional ha dado lugar a una ciudad segregada y polarizada. Las políticas emprendidas no han permitido el acceso a la de vivienda de todos los estratos de la población, sobre todo de los más pobres. En los últimos años, la mayor parte del requerimiento de vivienda de sectores populares se ha estado ofertando en la periferia y en los municipios conurbados, mientras que el de los sectores medios y altos se produce en el DF, sobre todo, en áreas ecológicas muy codiciadas por el capital inmobiliario: en Cuajimalpa y en menor medida Álvaro Obregón y Tlalpan. La vivienda popular ha venido enfrentando una serie de problemas heredados: la falta de una política integral de vivienda a largo plazo; la desarticulación entre las políticas de desarrollo urbano y las habitacionales; la existencia de programas poco acordes con los niveles socioeconómicos de la mayoría; la reducción de la acción de las instituciones públicas; desregulación, privatización y creciente eliminación de subsidios; la incompatibilidad entre la tierra disponible para programas de vivienda popular y la factibilidad de servicios, principalmente agua; la escasa producción de vivienda para renta y la reducción de los metros cuadrados por vivienda. Pero, sobre todo son los problemas por la recurrencia de crisis económicas con escenarios económicos y sociales adversos para las mayorías, lo que propicia la especulación inmobiliaria, con el consecuente acceso diferenciado a la vivienda. Es por eso que los demandantes de habitación popular han optado por la autoconstrucción, sin contar con la capacidad o asesoría técnica y con costos que al final resultan mayores a los de la vivienda institucional. Ante las dificultades para enfrentar el problema de la vivienda de los sectores de más bajos ingresos, en 1998 el Gobierno del Distrito Federal decidió modificar sus estrategias de financiamiento y canalizar directamente recursos fiscales para los programas de vivienda, por lo que creó el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI DF). De este modo, el organismo se propuso diversificar programas y esquemas financieros; adecuar las condiciones de recuperación a la capacidad de pago de los beneficiarios; facilitar el acceso de las familias menores ingresos y mayor vulnerabilidad; otorgar ayudas de beneficio social; y vincular la producción de vivienda a las programas de desarrollo urbano. A partir del 2001, el GDF está aplicando una política habitacional para consolidar la producción social de vivienda, conducir el desarrollo urbano y beneficiar a las familias pobres, a través de lineamientos e instrumentos específicos. Se promueve la vivienda como factor de ordenación territorial de los asentamientos humanos; se restringe la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales de alto impacto urbano en delegaciones con suelo de conservación; se impulsa la redensificación y repoblamiento de las delegaciones centrales y áreas con factibilidad de servicios; se contribuye al desarrollo económico con la reactivación del sector y la generación de empleos; y se incrementa y diversifica la oferta de vivienda social y popular. En los últimos tres años, se han desarrollado dos vertientes del programa: Vivienda en Conjunto y Mejoramiento, Ampliación y Vivienda Nueva en Lote Familiar, con una meta de 150,000 acciones en seis años. De 2001 al 2003 se han realizado cerca de 80,000 acciones de vivienda, de las cuales, más de 40,000 corresponden a vivienda nueva y cerca de 30,000 son acciones del programa de mejoramiento y ampliación. Se calcula que para el 2006 se habrán invertido en este programa cerca de 12 mil millones de pesos, financiados con recursos fiscales 3.2. Acceso equitativo a la vivienda • Impulsar la vivienda como factor de desarrollo social y de ordenamiento territorial. Garantizar que la gente de bajos recursos pueda acceder a una vivienda digna mediante créditos accesibles a sus posibilidades de pago. Vincular la producción de vivienda a los programas de desarrollo urbano para contribuir a frenar la expansión urbana; evitar la pérdida de población en la ciudad central; atender situaciones de vulnerabilidad; preservar el patrimonio natural e histórico; y a optimizar el uso de la infraestructura, los servicios y el equipamiento existente. Mantener la densidad poblacional en las delegaciones de los contornos para evitar nuevos asentamientos humanos en suelo no apto, mediante el impulso a programas de ampliación y mejoramiento de vivienda popular en lotes familiares y a través del otorgamiento de créditos que estimulen los procesos de autoproducción individual o colectiva Fomentar la participación concertada de las diversas dependencias del gobierno que intervienen en las gestiones y otorgamiento de permisos, licencias, registros, crédito, facilidades y apoyos sociales a fin de simplificar trámites y reducir tiempos de gestión. Agilizar mecanismos y trámites relacionados con la vivienda en donde intervienen diversas dependencias de gobierno, como el caso de la Ventanilla Única para emitir el Certificado Único de Uso de Suelo Específico y Factibilidades, que se expide en la SEDUVI. Desregular el sector, eliminando tramos de gestión, reduciendo trámites, mejorando la normatividad y transparentando el otorgamiento de permisos.”[6] Como se puede apreciar, la construcciòn de vivienda de bajo costo es una prioridad no solo en la Ciudad sino en todo el paìs. De ahí la necesidad de impulsar su construcciòn mediante el establecimiento de un marco jurìdico que de certeza a los desarrolladores, a las personas que demandan vivienda y a la misma autoridad. En ese sentido, la Ciudad de México cuenta desde el año de 1994 con normatividad específica para cumplir los criterios a que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de Desarrollo citados, y es el relativo a la Norma de Ordenación “26.- NORMA PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE”, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR. La Norma de Ordenación 26 nace bajo la gran presión que se surge de la crisis financiera de 1994, para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano y que quedó contenida en Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997, ya que los proyectos para construir vivienda de interés social o popular prácticamente desaparecieron, siendo consolidada la misma en el Programa General de Desarrollo Urbano 2003, vigente a la fecha. Por su parte, el Programa General de Desarrollo Urbano vigente de 2003, establece entre otros aspectos, la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad, en donde las disposiciones conocidas como Normas de Ordenación General, forman parte fundamental del mismo, y se incorporaron como parte de la entonces vigente Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1996. En este punto, es importante señalar que en lato sensu, las Normas de Ordenación General son instrumentos que complementan los ordenamientos normativos en la materia, así como las disposiciones señaladas en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano. Su objeto es el de regular las características de las edificaciones, el espacio urbano, la transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, el impacto urbano, entre otros; dichas normas se establecen en los Programas General, Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano. Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano vigente, define en su artículo 3 fracción XXI, como Norma de Ordenación: “Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley;” Sin embargo, de 2003 al día de hoy, la Norma General de Ordenación 26 ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones. Por ejemplo, la de marzo de 2005, en la que se mencionaba: a) Para el Registro de Manifestación de construcción, el solicitante y el Director Responsable de Obra deberían acreditar que el valor de la venta de vivienda de interés social no excediera el importe que resultara de multiplicar por 15 el salario mínimo vigente que correspondía al Distrito Federal elevado al año. b) Cuando por cualquier forma se contravenía el propósito de la norma, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda podía de oficio reconocer la anulabilidad o declarar la nulidad del acto en vía administrativa y revocar de oficio el certificado correspondiente. c) El área máxima construida por vivienda no debía rebasar los 65m2. d) La Norma no aplica en zonas que se encuentren dentro de los polígonos de los Programas Parciales. En el año 2010, se modifica nuevamente la Norma de Ordenación, en donde la Asamblea Legislativa incluso modificó la denominación: a) Norma de Ordenación Número “26.- Norma para Incentivar la Producción de vivienda Sustentable”, de Interés Social y Popular”. b) Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, la presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor y Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en todo lo que no contravenga a otras disposiciones jurídicas establecidas en materia de vivienda y de conservación patrimonial La Norma no aplica en:- Suelo de conservación.
- Zonas de riesgo y vulnerablidad,
- En predios que no tengan acceso a vía pública o sea menor a 6 metros de ancho.
- Predios ubicados en el tercer territorio, cuya factiblidad de servicios sea negativa.
- Áreas de conservación y valor patrimonial ubicadas en el tercer territorio de la presente norma.
- Centros de Barrio
- Zonas Patrimoniales
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA NORMA DE ORDENACIÓN “26.- NORMA PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR”
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Norma de Ordenación “26.- Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable”, de Interés Social y Popular, para quedar como sigue:Norma de Ordenación Número 26. PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR SUSTENTABLE EN SUELO URBANO
Para facilitar la construcción de vivienda de Interés Social y Popular Sustentable en Suelo Urbano, se aplicarán las medidas siguientes: Esta Norma de Ordenación aplicará exclusivamente en suelo urbano en zonificaciones con clasificación: Habitacional, Habitacional con Comercio, Habitacional con Oficinas y Habitacional Mixto. Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio, la presente Norma de Ordenación será aplicable en Áreas de Gestión Estratégica y ZODES que se ubiquen en suelo urbano. Queda prohibida la aplicación de esta Norma de Ordenación en: a) Suelo Urbano en:- Centros de Barrio.
- Zonas patrimoniales.
- Zonas que cuenten con Declaratoria Patrimonial por Organismos Internacionales, Nacionales o Locales.
- Zonas que cuenten con Declaratoria de Pueblo o Barrio Mágico en materia de turismo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero del año 2014. TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Norma de Ordenación. CUARTO.- Los trámites que hayan iniciado antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán concluir el mismo de acuerdo a la normatividad vigente al momento de iniciar.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ
COORDINADOR VICECOORDINADORINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, LA NORMA DE ORDENACIÓN “26.-
Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 5 de noviembre de 2013.
HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIV, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, LA NORMA DE ORDENACIÓN “26.- NORMA PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR”, bajo la siguienteEXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; …
Artículo 25
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
En nuestro país el derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Política, el cual establece en su parte conducente: “Artículo 4o. … … … … … ... … Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. … … … … …”. El precepto guarda estrecha concordancia con lo que se establece en los artículos 1 y 27 del texto Constitucional vigente, los cuales establecen en lo conducente: [1]Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. … Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. … La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. …”. Ahora bien, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, en el Eje México Incluyente[2], se establece en el tema Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial, lo siguiente: “En materia de vivienda e infraestructura socialbásica, se ha avanzado de manera importanteen los últimos 20 años. Entre 1990 y 2010,la proporción de la población que no contaba conservicios básicos de vivienda pasó de 44 a 19por ciento. Sin embargo, los avances en este rubro no han sidouniformes para todas las regiones y localidadesdel país. En 2010, la carencia de servicios básicosen la vivienda afectó a 9.4% de la población enlocalidades urbanas, mientras que en zonas ruralesse presenta en 50.4%. En el mismo sentido,existen grupos de la población particularmentedesatendidos: la necesidad de reemplazo devivienda está concentrada en la población noafiliada a la seguridad social, que representael 73% de la necesidad nacional y solamenterecibe el 30% del financiamiento total destinadoa vivienda. En este sentido, se requiere fomentarmecanismos que puedan dar respuesta a lasnecesidades específicas de las mujeres conesquemas de financiamiento apropiados a susituación en el mercado de trabajo. Actualmente existen en México 2.8 millones deviviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8millones que requieren algún tipo de mejoramientoo ampliación. Asimismo, para atender el crecimientode la población se estima que en los próximos 20años se demandarán 10.8 millones de solucionesde vivienda debido a la creación de nuevos hogares. El modelo de crecimiento urbano reciente hafomentado el desarrollo de viviendas que seencuentran lejos de servicios como escuelas,hospitales y centros de abasto. Es decir, laproducción de vivienda nueva ha estado basada enun modelo de crecimiento urbano extensivo. Losdesarrollos habitacionales se ubicaron en zonasalejadas de los centros de trabajo y de servicios,sin una densidad habitacional adecuada quepermitiera costear servicios, vías de comunicacióny alternativas de transporte eficientes. Esto hagenerado comunidades dispersas, un debilitamientodel tejido social y un uso poco eficiente delos recursos de la economía a través de altos costosde transporte para los trabajadores y las empresas. Lo anterior también se ha traducido en un importantenúmero de viviendas deshabitadas. De acuerdo conel Censo de Población y Vivienda 2010, el númerode viviendas deshabitadas fue de casi 5 millonesy las de uso temporal de poco más de 2 millones. Ante esta coyuntura, es necesario impulsar el desarrollo de ciudades más compactas con mayor densidad de población y actividad económica. Alternativas como los mercados de vivienda usaday en renta aún son incipientes, lo que dificultaque se pueda utilizar la oferta disponible parasolucionar las necesidades habitacionalesexistentes. El mercado secundario de vivienda enMéxico tiene un peso pequeño, aunque hay signosde que ha incrementado su participación. A pesarde que siguen existiendo inhibidores, como los altoscostos del traslado de propiedad, el financiamientopara la adquisición de vivienda usada en INFONAVITprácticamente se duplicó en la década pasada:mientras que en 2002 representaba 13%, para2012 la proporción fue de 21%. Dado el crecimientourbano antes descrito, la vivienda usadaresulta cada vez más atractiva ya que se encuentramejor ubicada que las nuevas, lo que ofrece unamejor calidad de vida a sus habitantes. Por su parte, el 23% de las viviendas habitadas seclasifican como no propias (rentadas, prestadasy en otra situación). En México, la mayor partedel mercado de renta es informal y no existe unsistema formal de propietarios, administradoresde la propiedad ni compañías dedicadas a invertiren la construcción y administración de viviendapara renta. Por otro lado, un México Incluyente tendrá comoobjetivo proveer un entorno adecuado para eldesarrollo de una vida digna. Para ello, se planteadar impulso a soluciones de vivienda dignas, asícomo al mejoramiento de espacios públicos. Enespecífico, la Política Nacional de Vivienda consisteen un nuevo modelo enfocado a promover eldesarrollo ordenado y sustentable del sector; amejorar y regularizar la vivienda urbana, así comoa construir y mejorar la vivienda rural. Esta Políticaimplica: I) lograr una mayor y mejor coordinacióninterinstitucional; II. transitar hacia un modelode desarrollo urbano sustentable e inteligente; III. reducir de manera responsable el rezago en vivienda; y IV) procurar una vivienda digna para losmexicanos. Por tanto, se plantea impulsar accionesde lotificación, construcción, ampliación y mejorade hogares, y se propone orientar los créditosy subsidios del Gobierno de la República haciaproyectos que fomenten el crecimiento urbanoordenado.” De manera adicional, en el documento de referencia se establecen como objetivos para lograr las acciones que en materia de vivienda se implantan una serie de objetivos y estrategias, entre ellos: “Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. Líneas de acción • Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica,orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. • Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. • Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo yzonificación. • Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio deintervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidadeshabitacionales que así lo necesiten. • Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales. • Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de lavivienda del parque habitacional existente. Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento dela adquisición de vivienda nueva. Líneas de acción • Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. • Desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para distintos segmentosde la población, y la atención a la población no cubierta por la seguridad social, incentivando suinserción a la economía formal. • Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social,procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales. Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenesde gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitanoy de vivienda. Líneas de acción • Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regionalurbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial yUrbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. • Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenesde gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia deordenamiento territorial y vivienda. • Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los objetivos de laNueva Política de Vivienda.[3] Respecto al Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo 2013 – 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federa el 11 de septiembre de 2013, se establece en el Eje 4 en el tema de Vivienda, lo siguiente[4]: “Ámbito urbano-ambiental De continuar la falta de una planeación urbana integral con una visión metropolitana, de proximidad, accesibilidad y equidad, que contemple la creación y mantenimiento de los espacios públicos, vivienda y servicios urbanos, articule y promueva el sistema de transporte público de la ciudad, así como formas demovilidad no motorizada, se podría aumentar el deterioro del tejido social, podríadisminuir la calidad de vida de la población y podrían incrementarse los nivelesde marginación y de riesgo en caso de desastres naturales. Esto a su vez puedecontribuir al incremento de la percepción de inseguridad entre la población ydisminuir la competitividad de la ciudad. Una parte de la población de la capital se ha desplazado de la zonacentro a la periferia. En este proceso, predomina la población debajos ingresos, ya que no están en condiciones de pagar el altocosto del suelo, la vivienda y los servicios en las áreas centrales dela ciudad. En éstas, la densidad de población se redujo de 206 hab/ha en 1980 a 137 hab/ha en el 2010. EJE 4: HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA Área de Oportunidad. Por último, el marco normativo vigente para la planeación y gestión del territorio,las políticas urbanas, ambientales y de movilidad, así como las correspondientes asuelo, vivienda, infraestructura y equipamiento, resultan excesivos, contradictoriose inflexibles. En adición, el contenido de la normatividad presenta inconsistenciasen relación a la regulación de los procesos de ocupación del territorio, lo queocasiona conflictos de interpretación y un manejo poco eficiente en su aplicación. Lo anterior, no permite realizar de manera eficiente el proceso de administracióndel desarrollo territorial de la ciudad y potenciar el desarrollo de la capital. Área de Oportunidad 6. VIVIENDA Basado en cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),los requerimientos de vivienda para nuestra entidad federativaconformados por las necesidades y rezago en esta materia seestiman para 2013 en aproximadamente 114,326 acciones, divididasen 55,410 acciones de vivienda nueva y 58,916 de mejoramiento. El 49.13% de estas necesidades se concentran en los nivelessocioeconómicos popular y bajo, que corresponden a personas queganan menos de 8 salarios mínimos, el 46.64% restante gana entre8 y 30 salarios mínimos. De acuerdo a la CONAVI, en la Ciudad de México operan lossiguientes organismos de vivienda gubernamentales: Instituto delFondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo deVivienda del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadoresdel Estado (FOVISSSTE), Instituto de Seguridad Social para lasFuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)-Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y la Armada S.N.C. (BANJERCITO), Petróleos Mexicanos (PEMEX),Comisión Federal de Electricidad (CFE), BANCA y Sociedades Financieras deObjeto Limitado (SOFOL) y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), queatienden el 46.2% de la demanda (52,819), existiendo un sector sin atención delorden de 53.8% (61,507) en todos los niveles socioeconómicos. Cabe señalar quelas acciones se ejecutan en función de los recursos que se programan anualmentepara las metas establecidas por cada organismo de vivienda. La atención al requerimiento por parte del Gobierno del Distrito Federal se da através del INVI. De las 52,819 acciones ejercidas en la entidad, el mismo organismoparticipa con el 43% de la atención en los niveles socioeconómicos popular y bajoque perciben de 1 a 8 salarios mínimos mensuales; de los cuales, el INVI participacon 94.32% de los requerimientos del nivel popular y con 35.31% del nivel bajo. Por su parte, con la política de redensificación iniciada a partir del año 2000, laoferta de vivienda generada se orientó hacia sectores sociales con ingresos porarriba de los 8 salarios mínimos, con la consecuente expulsión hacia los municipiosconurbados, de la población por debajo de ese nivel que busca una viviendaaccesible a sus posibilidades económicas. Entre los retos pendientes en materia de vivienda se encuentra la actualizaciónde la normatividad y los instrumentos jurídicos vigentes; la articulación de laspolíticas de desarrollo urbano, ambientales y sociales; y una mayor coordinación yarticulación por parte de las dependencias y entidades involucradas para planear yejecutar acciones.[5] OBJETIVO 1 Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital,brindando oportunidades económicas y sociales para su adquisición y haciendoénfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada y digna. META Construir vivienda de interés social con esquemas que permitan la sustentabilidad,la competitividad y la equidad. LÍNEAS DE ACCIÓN • Modernizar los proyectos y la normatividad para la construcción de viviendasocial que permita generar edificaciones de mayor superficie, menor costo y enel menor tiempo de ejecución; que sea cercana a las redes de transporte públicoy fuentes de empleo; que cuenten con servicios urbanos y de comercio local; yque sea amigable con el medio ambiente. META Ampliar la cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda incluyendocriterios de igualdad de género, preferentemente dirigida a la población residentede bajos recursos económicos, en condiciones de vulnerabilidad y en situación deriesgo. • Adecuar el programa de mejoramiento de vivienda para hacer frente a lasnecesidades reales de la población, generando esquemas que permitannormalizar la situación de viviendas divisibles, ampliadas y por lotes. • Propiciar el otorgamiento de subsidios, permisos y créditos para la adecuaciónde la vivienda, la ejecución de las adaptaciones especiales y el cambio defunción de los espacios para que respondan a las necesidades de la poblacióncon discapacidad, con movilidad reducida y personas adultas mayores. OBJETIVO 2 Impulsar la creación de un marco normativo que promueva y regule el desarrollode vivienda en áreas con posibilidades de redensificación y reciclamiento. META Actualizar el marco normativo y articular la acción de las diferentes dependenciasy entidades, para facilitar la gestión y desarrollo de vivienda de interés social. Revisar la legislación vigente en la materia para proponer los ajustes normativose institucionales necesarios, simplificar los trámites para construcción devivienda y supervisar a los inspectores de obra. META Adquirir inmuebles con características jurídicas, técnicas y financieras óptimaspara el desarrollo de vivienda de interés social. • Promover la adquisición de vecindades e inmuebles en condiciones de altoriesgo estructural, para integrarlos como parte de la bolsa de suelo, impulsandola expropiación de los inmuebles que se cataloguen como de alto riesgoestructural y cuyos propietarios no los atiendan. META Propiciar y concertar la ejecución de proyectos de vivienda sustentable, quebusquen el fortalecimiento de la convivencia e integración de la población,aprovechando la inversión acumulada en infraestructura, tanto en centralidadesexistentes como en áreas de potencial de reciclamiento, tales como viejas zonasindustriales, deterioradas o en desuso. LÍNEAS DE ACCIÓN • Incentivar y fortalecer procesos de planeación multiactoral de zonas específicasde la ciudad para generar esquemas novedosos de producción social delhábitat y de vivienda sustentable, adecuados a las condiciones del territorioespecífico. • Posibilitar la concreción de modelos novedosos de producción social devivienda sustentable en zonas estratégicas con la gestión de financiamientoante organismos públicos federales, locales y privados. • Fomentar la construcción de vivienda de interés social dentro de los desarrollosy barrios de interés medio.” Por su parte, el Programa General de Desarrollo Urbano vigente, en lo que tiene que ver con el tema de vivienda y construcción de la misma, establece lo siguiente: “La vivienda y las áreas excluidas La vivienda tiene un lugar relevante en la planeación y gestión urbana, pues constituye uno de los principales satisfactores sociales, participa activamente en los procesos económicos y es un estructurador determinante del ordenamiento territorial. El poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las últimas décadas, impidiendo adquirir la vivienda a quienes la necesitan; y a quienes la poseen, mejorarla, ampliarla o sustituirla por otra más acorde a sus nuevos requerimientos. La población con ingresos medios y bajos, a quien se oferta crédito de interés social para la compra de inmuebles, tiene problemas para ser sujeto de crédito, mientras que la alternativa devivienda en renta para estos sectores ha estado restringida, debido a la escasez de oferta y a las limitaciones en el marco jurídico para el control de esta actividad. La dinámica habitacional ha dado lugar a una ciudad segregada y polarizada. Las políticas emprendidas no han permitido el acceso a la de vivienda de todos los estratos de la población, sobre todo de los más pobres. En los últimos años, la mayor parte del requerimiento de vivienda de sectores populares se ha estado ofertando en la periferia y en los municipios conurbados, mientras que el de los sectores medios y altos se produce en el DF, sobre todo, en áreas ecológicas muy codiciadas por el capital inmobiliario: en Cuajimalpa y en menor medida Álvaro Obregón y Tlalpan. La vivienda popular ha venido enfrentando una serie de problemas heredados: la falta de una política integral de vivienda a largo plazo; la desarticulación entre las políticas de desarrollo urbano y las habitacionales; la existencia de programas poco acordes con los niveles socioeconómicos de la mayoría; la reducción de la acción de las instituciones públicas; desregulación, privatización y creciente eliminación de subsidios; la incompatibilidad entre la tierra disponible para programas de vivienda popular y la factibilidad de servicios, principalmente agua; la escasa producción de vivienda para renta y la reducción de los metros cuadrados por vivienda. Pero, sobre todo son los problemas por la recurrencia de crisis económicas con escenarios económicos y sociales adversos para las mayorías, lo que propicia la especulación inmobiliaria, con el consecuente acceso diferenciado a la vivienda. Es por eso que los demandantes de habitación popular han optado por la autoconstrucción, sin contar con la capacidad o asesoría técnica y con costos que al final resultan mayores a los de la vivienda institucional. Ante las dificultades para enfrentar el problema de la vivienda de los sectores de más bajos ingresos, en 1998 el Gobierno del Distrito Federal decidió modificar sus estrategias de financiamiento y canalizar directamente recursos fiscales para los programas de vivienda, por lo que creó el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI DF). De este modo, el organismo se propuso diversificar programas y esquemas financieros; adecuar las condiciones de recuperación a la capacidad de pago de los beneficiarios; facilitar el acceso de las familias menores ingresos y mayor vulnerabilidad; otorgar ayudas de beneficio social; y vincular la producción de vivienda a las programas de desarrollo urbano. A partir del 2001, el GDF está aplicando una política habitacional para consolidar la producción social de vivienda, conducir el desarrollo urbano y beneficiar a las familias pobres, a través de lineamientos e instrumentos específicos. Se promueve la vivienda como factor de ordenación territorial de los asentamientos humanos; se restringe la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales de alto impacto urbano en delegaciones con suelo de conservación; se impulsa la redensificación y repoblamiento de las delegaciones centrales y áreas con factibilidad de servicios; se contribuye al desarrollo económico con la reactivación del sector y la generación de empleos; y se incrementa y diversifica la oferta de vivienda social y popular. En los últimos tres años, se han desarrollado dos vertientes del programa: Vivienda en Conjunto y Mejoramiento, Ampliación y Vivienda Nueva en Lote Familiar, con una meta de 150,000 acciones en seis años. De 2001 al 2003 se han realizado cerca de 80,000 acciones de vivienda, de las cuales, más de 40,000 corresponden a vivienda nueva y cerca de 30,000 son acciones del programa de mejoramiento y ampliación. Se calcula que para el 2006 se habrán invertido en este programa cerca de 12 mil millones de pesos, financiados con recursos fiscales 3.2. Acceso equitativo a la vivienda • Impulsar la vivienda como factor de desarrollo social y de ordenamiento territorial. Garantizar que la gente de bajos recursos pueda acceder a una vivienda digna mediante créditos accesibles a sus posibilidades de pago. Vincular la producción de vivienda a los programas de desarrollo urbano para contribuir a frenar la expansión urbana; evitar la pérdida de población en la ciudad central; atender situaciones de vulnerabilidad; preservar el patrimonio natural e histórico; y a optimizar el uso de la infraestructura, los servicios y el equipamiento existente. Mantener la densidad poblacional en las delegaciones de los contornos para evitar nuevos asentamientos humanos en suelo no apto, mediante el impulso a programas de ampliación y mejoramiento de vivienda popular en lotes familiares y a través del otorgamiento de créditos que estimulen los procesos de autoproducción individual o colectiva Fomentar la participación concertada de las diversas dependencias del gobierno que intervienen en las gestiones y otorgamiento de permisos, licencias, registros, crédito, facilidades y apoyos sociales a fin de simplificar trámites y reducir tiempos de gestión. Agilizar mecanismos y trámites relacionados con la vivienda en donde intervienen diversas dependencias de gobierno, como el caso de la Ventanilla Única para emitir el Certificado Único de Uso de Suelo Específico y Factibilidades, que se expide en la SEDUVI. Desregular el sector, eliminando tramos de gestión, reduciendo trámites, mejorando la normatividad y transparentando el otorgamiento de permisos.”[6] Como se puede apreciar, la construcciòn de vivienda de bajo costo es una prioridad no solo en la Ciudad sino en todo el paìs. De ahí la necesidad de impulsar su construcciòn mediante el establecimiento de un marco jurìdico que de certeza a los desarrolladores, a las personas que demandan vivienda y a la misma autoridad. En ese sentido, la Ciudad de México cuenta desde el año de 1994 con normatividad específica para cumplir los criterios a que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de Desarrollo citados, y es el relativo a la Norma de Ordenación “26.- NORMA PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE”, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR. La Norma de Ordenación 26 nace bajo la gran presión que se surge de la crisis financiera de 1994, para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano y que quedó contenida en Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997, ya que los proyectos para construir vivienda de interés social o popular prácticamente desaparecieron, siendo consolidada la misma en el Programa General de Desarrollo Urbano 2003, vigente a la fecha. Por su parte, el Programa General de Desarrollo Urbano vigente de 2003, establece entre otros aspectos, la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad, en donde las disposiciones conocidas como Normas de Ordenación General, forman parte fundamental del mismo, y se incorporaron como parte de la entonces vigente Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1996. En este punto, es importante señalar que en lato sensu, las Normas de Ordenación General son instrumentos que complementan los ordenamientos normativos en la materia, así como las disposiciones señaladas en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano. Su objeto es el de regular las características de las edificaciones, el espacio urbano, la transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, el impacto urbano, entre otros; dichas normas se establecen en los Programas General, Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano. Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano vigente, define en su artículo 3 fracción XXI, como Norma de Ordenación: “Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley;” Sin embargo, de 2003 al día de hoy, la Norma General de Ordenación 26 ha sufrido diversas modificaciones y adecuaciones. Por ejemplo, la de marzo de 2005, en la que se mencionaba: a) Para el Registro de Manifestación de construcción, el solicitante y el Director Responsable de Obra deberían acreditar que el valor de la venta de vivienda de interés social no excediera el importe que resultara de multiplicar por 15 el salario mínimo vigente que correspondía al Distrito Federal elevado al año. b) Cuando por cualquier forma se contravenía el propósito de la norma, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda podía de oficio reconocer la anulabilidad o declarar la nulidad del acto en vía administrativa y revocar de oficio el certificado correspondiente. c) El área máxima construida por vivienda no debía rebasar los 65m2. d) La Norma no aplica en zonas que se encuentren dentro de los polígonos de los Programas Parciales. En el año 2010, se modifica nuevamente la Norma de Ordenación, en donde la Asamblea Legislativa incluso modificó la denominación: a) Norma de Ordenación Número “26.- Norma para Incentivar la Producción de vivienda Sustentable”, de Interés Social y Popular”. b) Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, la presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor y Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en todo lo que no contravenga a otras disposiciones jurídicas establecidas en materia de vivienda y de conservación patrimonial La Norma no aplica en:- Suelo de conservación.
- Zonas de riesgo y vulnerablidad,
- En predios que no tengan acceso a vía pública o sea menor a 6 metros de ancho.
- Predios ubicados en el tercer territorio, cuya factiblidad de servicios sea negativa.
- Áreas de conservación y valor patrimonial ubicadas en el tercer territorio de la presente norma.
- Centros de Barrio
- Zonas Patrimoniales
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA NORMA DE ORDENACIÓN “26.- NORMA PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR”
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Norma de Ordenación “26.- Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable”, de Interés Social y Popular, para quedar como sigue:Norma de Ordenación Número 26. PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR SUSTENTABLE EN SUELO URBANO
Para facilitar la construcción de vivienda de Interés Social y Popular Sustentable en Suelo Urbano, se aplicarán las medidas siguientes: Esta Norma de Ordenación aplicará exclusivamente en suelo urbano en zonificaciones con clasificación: Habitacional, Habitacional con Comercio, Habitacional con Oficinas y Habitacional Mixto. Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio, la presente Norma de Ordenación será aplicable en Áreas de Gestión Estratégica y ZODES que se ubiquen en suelo urbano. Queda prohibida la aplicación de esta Norma de Ordenación en: a) Suelo Urbano en:- Centros de Barrio.
- Zonas patrimoniales.
- Zonas que cuenten con Declaratoria Patrimonial por Organismos Internacionales, Nacionales o Locales.
- Zonas que cuenten con Declaratoria de Pueblo o Barrio Mágico en materia de turismo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero del año 2014. TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Norma de Ordenación. CUARTO.- Los trámites que hayan iniciado antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán concluir el mismo de acuerdo a la normatividad vigente al momento de iniciar.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ DIP. ALBERTO E. CINTA MARTÍNEZ
COORDINADOR VICECOORDINADORPUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE DISTINTOS PREDIOS A LOS QUE LES FUE AUTORIZADO MODIFICAR EL USO DE SUELO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA (CMigrator copy 1)
Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 5 de Noviembre de 2013.
HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE DISTINTOS PREDIOS A LOS QUE LES FUE AUTORIZADO MODIFICAR EL USO DE SUELO POR EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, bajo la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 31 de octubre del año 2012, durante la segunda reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura de esta VI Legislatura, se aprobaron distintos dictámenes de asuntos que habían sido analizados por la V Legislatura en Comisiones pero no en el Pleno, así como otros asuntos remitidos por el Jefe de Gobierno, todos relativos a modificaciones de uso de suelo en distintas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Durante la discusión en dicha reunión, varios Diputados señalaron la necesidad de establecer sanciones a los predios que ya habían modificado su uso de suelo, sin estar previamente autorizado, pues lo único se estaba haciendo era “REGULARIZAR LO PROHIBIDO ACTUALMENTE POR LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO RESPECTIVOS”. Por ello, las y los Diputados integrantes de Comisión aprobaron incluir un artículo transitorio con el fin de que el área jurídica de esta Asamblea Legislativa, iniciara las denuncias correspondientes por las faltas civiles, administrativas y penales que en su caso se hubieran cometido antes de la aprobación y publicación en la Gaceta Oficial de la modificación del uso de suelo. Derivado de lo anterior, en las sesiones ordinarias del Pleno de fechas 28 y 31 de diciembre del 2012, fueron presentados y aprobados los Dictámenes mencionados, no sin antes realizar modificaciones los mismos. En ese sentido, las reservas que fueron presentadas por el Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, previamente consensuadas con las distintas fuerzas políticas e integrantes de la propia Comisión Dictaminadora, fueron las siguientes: “PRIMERO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a los 30 días hábiles posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. … QUINTO.- Previamente a la entrada en vigor del presente decreto, se deberán presentar las denuncias ante las autoridades competentes con el objeto de que se sancione a las personas físicas, morales y servidores públicos que con motivo del contenido del presente decreto, hayan violentado disposiciones de la Ley de de Desarrollo Urbano y demás legislación aplicable. Para tal efecto, se instruye al apoderado legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para realizar dichas denuncias dentro de los siguientes días hábiles”.[1] Finalmente, éstas fueron aprobadas por UNANIMIDAD EN EL PLENO para ser incluidos en los siguientes dictámenes:- Decreto por el cual se reforma el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán” publicado el 10 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal respecto del inmueble ubicado en Corredores No. 65, Colonia Churubusco Country Club.
- Decreto que reforma el “Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez”, publicado el 6 de mayo de 2005 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal respecto del inmueble González de Cossío No.6, Col. Del Valle
- Decreto por el cual se reforma el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa” publicado el 2 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal respecto de los inmuebles ubicados en Avenida Río Churubusco No. 583, Col. Sector Popular y Avenida Río Churubusco No. 508, Col. el Retoño”.[2]
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTA MISMA SOBERANÍA COMO APODERADO LEGAL DE LA MISMA, QUE REMITA EN UN TÉRMINO DE 5 DÍAS NATURALES A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO JURÍDICO QUE GUARDAN LAS DENUNCIAS PRESENTADAS RESPECTO DE LOS SIGUIENTES PREDIOS MENCIONADOS EN LOS DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO CON FECHAS 28 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012: a) CALLE CORREDORES NO. 65, COLONIA CHURUBUSCO CONTRY CLUB, DELEGACIÓN COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04210, DE LA CIUDAD DE MÉXICO. b) CALLE GONZÁLEZ DE COSSIO NO. 6, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. c) AVENIDA RÍO CHURUBUSCO NO. 583, COLONIA SECTOR POPULAR, CÓDIGO POSTAL 09060, DELEGACIÓN IZTAPALAPA. Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR VICECOORDINADOR