Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores:
Uno de los fenómenos que más preocupan a la ciudadanía y que se ha convertido en una de las exigencias más sentidas sobre todo en los últimos días es el castigo a los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, entendiendo esta corrupción por conductas que desvían los recursos públicos hacia objetivos distintos de políticas públicas favoreciendo a unas cuantas personas y generando enriquecimiento ilícito de funcionarios prueba de esto fue el hartazgo fue el caso del Sr. Duarte.
De acuerdo con la Organización de Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos del mundo ubicándose en el lugar 135 de 180 países la corrupción genera intranquilidad a la ciudadanía, desconfianza entre las instituciones e incertidumbre para las inversiones con los impactos económicos que con esto conlleva.
Si bien con esto se han logrado avances legislativos importantes a partir del sistema anticorrupción la realidad refleja que estos esfuerzos han sido insuficientes para erradicar estas conductas que resultan inadmisibles por parte de un funcionario, de quien debemos esperar una conducta honrosa.
Por ello una de las grandes exigencias sociales en las elecciones de Julio pasado fue el combate decisivo contra la corrupción pero para eso se necesitan penas severas, penas que sean ejemplos y no las que están en nuestro Código Penal Federal.
Más allá de entender este legitimo reclamo ciudadano quienes ostentamos un cargo público como los integrantes del Congreso de la Unión, debemos emprendes acciones contundentes para revertir esta creencia, para recobrar la confianza de los ciudadanos.
A la luz de este hartazgo ciudadano los senadores del Partido Verde presentamos esta iniciativa de reforma al código penal federal para endurecer las penas aplicables a los delitos asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.
En primer lugar proponemos que todos los servidores públicos sin distinción de la función que desempeñe merezcan la aplicación de una causa agravante de la pena cuando cometan delitos de asociación delictuosa. Esto obedece a que el papel que desempeñan los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo tienen acceso a información técnica o herramientas sensibles, de tal suerte que su calidad de garante la conducta tipificada como asociación delictuosa debe ser general; actualmente el código penal solo da esa agravante a los miembros de la corporación policiaca nosotros proponemos que sea a los servidores públicos en general .
En segundo término proponemos duplicar las penas aplicadas al delito de enriquecimiento ilícito para que puedan ser aplicables penas de 6 meses hasta a 28 años de prisión y multas más onerosas.
Se estima que las reformas que se proponen se establecerán incentivos suficientes para que los servidores públicos eviten caer en la tentación de realizar las conductas de asociación delictuosa y de enriquecimiento ilícito.
En caso de que estos delitos sean cometidos, sus autores recibirán sanciones ejemplares no que disuelvan, que impidan que otros servidores públicos cometan esta acción, también para que la sociedad perciba que hay derecho y justicia en la imposición de estas sanciones y no quedemos tristes por sanciones tan pequeñas y delitos tan grandes.
Es cuanto señor presidente, muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
