Con el permiso de la presidencia,
La tarea fundamental del Poder Judicial, desde su concepción, es impartir justicia de manera pronta y expedita. Esta función implica interpretar y aplicar las leyes, resolver conflictos entre individuos, entre estos y el Estado y entre las partes que lo conforman, garantizando que se respete el orden constitucional, así como la legalidad, los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Lo anterior incluye, por supuesto, la resolución de controversias, la protección de los derechos humanos y el control de la constitucionalidad de las leyes y los actos del gobierno, asegurando así que se mantenga el Estado de Derecho en una sociedad democrática como la nuestra.
Por lo anterior, el sistema de justicia juega un papel fundamental en la consolidación de un Estado democrático y de derecho. Sin embargo, el nuestro enfrenta desafíos que demandan cambios profundos y estructurales para mantenerlo alejado de intereses particulares que tanto daño le han hecho al pueblo de México.
La reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo Federal en febrero de este año y enriquecida posteriormente por el contenido de los Diálogos Nacionales que tuvieron lugar en toda la República y cuyas conclusiones se incluyen en el texto del dictamen que hoy discutimos, se fundamenta principalmente en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática.
Esta reforma propone, en primer lugar, garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y con ello lograr que los derechos de cada persona, sin importar su condición social, económica o cultural, sean protegidos y defendidos con equidad.
Esto implica no solo mejoras en la estructura del sistema, sino también en la selección de jueces y magistrados, quienes deben estar comprometidos con los derechos humanos y la justicia social.
En segundo lugar, la propuesta plantea agilizar los procesos del sistema judicial pues hoy en día la saturación de los tribunales y la lentitud en la resolución de casos son dos de los problemas que más afectan la impartición de justicia en nuestro país.
Con esta reforma se podrán reducir significativamente los tiempos de espera y garantizar una mayor eficiencia en la administración de justicia, especialmente en asuntos relativos a la materia fiscal, para los cuales se establece un plazo máximo de 6 meses para emitir la resolución.
En el mismo sentido, se propone un plazo de 1 año para resolver asuntos penales. Estos cambios permitirán a los ciudadanos un acceso más directo y fácil a los servicios judiciales, promoviendo una justicia más cercana y accesible para todos.
En tercer lugar, se propone una mayor apertura y participación ciudadana, la reforma al Poder Judicial propone democratizar el acceso a la justicia mediante la creación de mecanismos que permitan el voto directo de la ciudadanía, lo cual implica por supuesto, la posibilidad de votar y de ser votado en los procesos de selección de funcionarios judiciales, al igual que sucede con los integrantes de los otros dos poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo.
Quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial han dado un sinnúmero de pretextos contra la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sin embargo, no consiguen justificar que el pueblo esté facultado para elegir a sus gobernantes y representantes, pero, al mismo tiempo, está impedido para elegir funcionarios judiciales. Esto es un absurdo.
Lo que hay detrás del modelo tradicional de designación de integrantes del Poder Judicial son los acuerdos cupulares que hasta ahora han permitido imponer jueces, magistrados y ministros más afines a los intereses de las élites conservadoras que comprometidos con los intereses populares y de la Nación.
Lo anterior, es clara muestra de la utilización del Poder Judicial para impedir el avance de la transformación de la vida pública en nuestro país a través de toda clase de recursos legales muchas veces carentes de fundamento y que lesionan la división de poderes al invadir las competencias del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Quienes se escandalizan por la propuesta de legitimar en las urnas la designación de jueces, magistrados y ministros piden detener la aprobación de la reforma al Poder Judicial en aras de no afectar las relaciones comerciales con nuestro vecino del norte, pero omiten hablar de que, en Estados Unidos en 43 de 50 estados se eligen jueces por el voto popular de las ciudadanas y los ciudadanos.
Una mayor participación ciudadana en la integración del Poder Judicial fomentará, a su vez, una mayor transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, una mayor confianza en las instituciones judiciales. Si los jueces no tienen un vínculo con la gente, su supuesta independencia y autonomía no es tal porque la ausencia de ese vínculo les resta legitimidad y aumenta el riesgo de que en sus sentencias favorezcan intereses contrarios a la mayoría del pueblo.
La elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales y locales los hará responsables sólo ante los ciudadanos que los elijan y no ante el poder político o económico.
El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier influencia externa, solo de esa manera podrá recuperar la confianza pública de las y los ciudadanos, especialmente de aquellos que menos recursos tienen para acceder a la justicia y que han sido abandonados por ella, porque también hay que decirlo, nuestro sistema judicial muchas veces castiga más a la pobreza que a la delincuencia.
En la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura se propusieron modificaciones al mecanismo de elección planteado en la iniciativa original, con el propósito de garantizar que éste sea transparente e incluyente de modo tal que aquellas personas que cumplan con los requisitos de idoneidad puedan postularse.
Se incorporó al dictamen el establecimiento de un Comité de Evaluación en cada uno de los Poderes de la Unión que propondrán candidatos, integrado por cinco personas con amplia trayectoria en el ámbito jurídico, el cual se encargará de revisar cada postulación con rigurosidad y transparencia.
Al establecer la paridad de género en las postulaciones y eliminar el requisito de edad mínima para poder ser juzgador, se abren más oportunidades para mujeres y jóvenes, con lo cual se asegura un proceso abierto y no reservado para unos cuantos.
La justicia no debe ser percibida como un poder lejano e inalcanzable, sino como un servicio esencial que está al alcance de todos y que responde a las necesidades reales de la sociedad.
La reforma también propone dotar de mayor autonomía al órgano que imparte justicia y disciplina al interior del Poder Judicial, lo cual permitirá una administración más eficiente e imparcial del sistema de justicia, reduciendo la posibilidad de influencias externas que puedan comprometer la independencia de nuestros jueces, magistrados y ministros
Fortalecer la autonomía del órgano referido es un paso crucial para asegurar que las decisiones judiciales se tomen con base en criterios objetivos, sin la interferencia de intereses particulares o económicos.
Finalmente, quiero reiterar que los derechos laborales de todo el personal adscrito al Poder Judicial están a salvo, incluyendo la asignación de recursos para el pago de pensiones complementarias, apoyo médico y otras percepciones que representan conquistas irrenunciables de quienes con su trabajo dan soporte al sistema de impartición de justicia.
Lamentablemente, las y los trabajadores del Poder Judicial han sido engañados y utilizados por quienes ostentan privilegios que no pueden seguir existiendo y se aferran a mantenerlos a toda costa. Debemos aprovechar esta oportunidad para consolidar un Poder Judicial que esté verdaderamente al servicio de la sociedad, que proteja los derechos de todas y todos y que garantice un acceso igualitario a la justicia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, es tiempo de actuar con valentía y determinación, es tiempo de reformar nuestro sistema de justicia para el bien de todas y todos los mexicanos.
Es cuanto, muchas gracias.
