- Busca castigar con mayor fuerza estas conductas, catalogándolas como delito grave a fin de disuadir la comisión de actos contra el medio ambiente.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para que las penas y multas por delitos ambientales se incrementen, sobre todo cuando éstos se cometan intencionalmente.
La propuesta del Partido Verde es que los delitos ambientales se clasifiquen como graves cuando la conducta se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que dichas acciones constituyen un delito.
Con esta clasificación, se establece en la exposición de motivos, se pretende disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente.
Con los cambios propuestos la pena pasaría de nueve a diez años de cárcel y las multas que actualmente establece el Código Penal Federal de 300 a tres mil días, aumentaría de 887 a 6 mil 878 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente es de 113.14 pesos.
Es decir, el monto máximo de multa pasaría de 339 mil 420 pesos a 778 mil 176 pesos.
Entre los delitos que se sugiere incluir en esta categoría se encuentran el desmonte y la destrucción de áreas forestales; el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre; el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas.
Asimismo, se debe considerar la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.
“En síntesis, lo que se propone es castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten.
“Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución”, indica la iniciativa.
