Con el firme compromiso de fortalecer el marco legal en temas fundamentales para el país, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa con la cual se busca incrementar las penas a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción en el sector salud.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. con la finalidad de castigar con más severidad los delitos relacionados con actos de corrupción en el sector salud.
Las y los legisladores del Verde estamos convencidos de que la corrupción en el sector salud no solo representa un delito con un alto impacto económico y un daño al patrimonio del Estado, sino que constituye una amenaza directa a la vida y al bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.
Desde el Partido Verde subrayamos que el tráfico de medicamentos, la alteración de cadenas de suministro y el uso indebido de recursos públicos en el sector salud son crímenes que deben ser castigados con todo el peso de la ley por tratarse de actos que afectan directamente a las familias mexicanas en situaciones de vulnerabilidad.
La reforma busca imponer penas de hasta 70 años de prisión a quienes participen en el robo, acaparamiento, tráfico, aplazamiento de la distribución sin causa justificada o comercialización sin autorización de medicamentos, vacunas e insumos del sector salud. Asimismo, se establece la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos a los funcionarios que incurran en actos de corrupción relacionados con el sistema de salud.
Esta propuesta se encuentra alineada con la visión del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer las medidas anticorrupción y garantizar el acceso pleno a la salud para todas y todos los mexicanos.
En el Verde seguiremos promoviendo reformas que fortalezcan la confianza ciudadana, el combate a la corrupción y aquellas que contribuyan a construir un país que garantice a sus ciudadanos acceso pleno a la salud.
- En la actualidad el 40% y 50% del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de iniciados los descuentos vía nómina
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados. propuso reformar las leyes en materia de Vivienda para que los trabajadores que perciben entre uno y cuatro salarios mínimos y cuyo monto máximo de crédito sea de 850 mil pesos o 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), puedan acceder a éste con una tasa de cero por ciento de interés.
La iniciativa de la diputada Mayra Espino Suárez plantea reformar tanto la Ley del Infonavit como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que los trabajadores puedan tener un crédito para la adquisición o mejora de vivienda en condiciones realmente favorables.
La legisladora ecologista subrayó que lo anterior cobra sentido en virtud de que los recursos que maneja tanto el Infonavit como el Fovissste son de los trabajadores y resulta viable que sean ellos quienes se beneficien por su uso.
Explicó que su propuesta surge de la necesidad de actualizar y modificar los esquemas de pagos y amortizaciones que se han venido utilizando en los créditos de vivienda para ajustarlos a las necesidades y realidad económica de los trabajadores, sobre todo aquellos que menos perciben.
Señaló que, en la condición actual, el adquirir una vivienda, en lugar de convertirse en una satisfacción, se transforma en un problema de falta de liquidez y pesadumbre para las familias mexicanas cuya subsistencia depende de su ingreso, el cual se ve controvertido al destinar más del 30 por ciento del salario por un largo tiempo al pago de la hipoteca dejando de lado algunas otras necesidades básicas.
Añadió que los esfuerzos gubernamentales sin duda responden a las necesidades de los trabajadores, pero lamentablemente los esquemas crediticios y de pago no han sido los mejores, toda vez que aun cuando se ha otorgado el préstamo para vivienda en pesos o UMA, éstos no se pueden pagar en los plazos preasignados, ya que pasan 25 o 30 años y no se han terminado de pagar.
Ello, expuso, en virtud de que aproximadamente entre el 40 por ciento y 50 por ciento del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital no se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de realizarse los descuentos vía nómina al trabajador.
Espino Suárez indicó que, por ello, la intención de su propuesta es dar mejores oportunidades ya que más de 78 por ciento de los trabajadores aportantes a los fondos de vivienda establecidos por la seguridad social en el país, se encuentran en el rango de ingresos de uno a tres salarios mínimos, sin embargo. con dicha percepción y el costo actual de una vivienda hacen poco accesible el poder acceder a un crédito inmobiliario.
- Tala ilegal y deforestación agravan el cambio climático y ponen en riesgo el patrimonio natural del país
Ante problemas graves que enfrenta el país como la pérdida de suelos y la escasez de agua, el diputado José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso exhortar a las autoridades ambientales en el ámbito federal a hacer pública la información sobre las acciones estratégicas encaminadas a frenar la tala ilegal de árboles y el cambio de uso del suelo en zonas de conservación ecológica.
“Lo anterior con el fin de garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, apuntó el legislador en conferencia de prensa, donde dio a conocer los pormenores del Punto de Acuerdo que presentó en la Cámara baja.
El diputado ecologista, resaltó que para inicios de 2001 en México se deforestaron cerca de 500 mil hectáreas de bosques al año, esto, de acuerdo con datos del Instituto de Ecología de la UNAM. Sin embargo, debido a la falta de apoyo, la tala de árboles se ha convertido en una práctica común que afecta gravemente los ecosistemas.
Señaló que si bien, para mitigar y controlar el problema de la deforestación existen diferentes programas a cargo de los tres ámbitos de gobierno, también es importante fortalecer la Ley que sanciona la tala inmoderada.
"Es cierto que México ha avanzado en materia de protección del medio ambiente, pero es necesario también, procurar la educación ambiental desde la educación básica y que ésta impacte en los propietarios de los recursos naturales”, dijo.
Subrayó que tanto la tala de árboles como la deforestación agravan el cambio climático, ponen en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, generan desplazamiento de poblaciones originarias, pérdida de los suelos, de la fauna, de la flora y de la biodiversidad, así como escasez de agua y erosión de los suelos.
Resaltó que para finales de 2021 existían 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, generadas por tala clandestina, lavado de madera y sobreexplotación de los recursos, situación que aumentó entre 2015 y 2020, de acuerdo con cifras oficiales, acentuando las sequías y otros factores del cambio climático, lo cual se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Por lo anterior, dijo, es importante hacer cumplir lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ante las denuncias ambientales de la tala de árboles, no solo en la Ciudad de México si no también en el estado de México y demás zonas metropolitanas.
Ante todo esto, Hernández Pérez hizo hincapié en la importancia de exhortar a las autoridades federales para que informen de la estrategia a seguir para frenar la tala clandestina y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales.
