- Se busca establecer un marco legal que obligue a las compañías de telefonía a implementar sistemas de monitoreo y alertas para detectar actividades fraudulentas
Con el fin de reforzar la seguridad digital en México, la diputada Claudia Sánchez Juárez del Partido Verde, propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, para establecer como obligación de las empresas de telefonía móvil el implementar mecanismos que prevengan, detecten y colaboren en la persecución de ciberdelitos.
La diputada Sánchez Juárez, explicó que con su propuesta busca establecer un marco legal que obligue a las compañías de telefonía celular a implementar sistemas de monitoreo y alertas para detectar actividades fraudulentas en sus redes.
Además, propone que las compañías deberán cooperar de manera inmediata con las autoridades competentes, entregando información útil para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo máximo de 48 horas.
La reforma también contempla establecer sanciones económicas y administrativas ejemplares, multas que puedan alcanzar hasta el 5 % de los ingresos anuales, suspensión de operaciones y, en casos graves de omisión reiterada, la revocación de concesiones.
Otra de las propuestas clave es la obligatoriedad de la geolocalización de dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos, lo que facilitaría la identificación y persecución de los responsables. Además, se plantea garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios.
De igual forma, propone el lanzamiento de campañas de concientización en materia de ciberseguridad, en colaboración con el gobierno federal, para educar a la ciudadanía sobre los riesgos y las mejores prácticas para prevenir ataques cibernéticos.
"Es urgente que tomemos medidas para proteger a las y los mexicanos, pues es lamentable que los ciberdelincuentes utilicen las redes de telefonía móvil como plataformas para realizar fraudes, extorsiones y distribuir contenido ilícito, sin que exista un mecanismo eficiente de monitoreo ni respuesta inmediata por parte de las empresas de telecomunicaciones", subrayó Sánchez Juárez.
Asimismo, destacó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de ciberataques, solo por detrás de Brasil. Además, señaló que cada año se registran más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en nuestro país.
“Con esta propuesta, en el Partido Verde, buscamos fortalecer la seguridad digital de los mexicanos, brindando herramientas legales y operativas a las autoridades para combatir los ciberdelitos, así como proteger la integridad y privacidad de los usuarios de telefonía móvil”, concluyó la legisladora.
- Plantea incorporar su función en la Ley de la FGR para darle el carácter institucional que merece y pueda operar con mayores garantías de estabilidad y eficacia
Ante la urgente necesidad de contar con una estructura institucional sólida y eficaz para atender los delitos que atentan contra el medio ambiente en México, el diputado Fausto Gallardo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde (GPPVEM), propuso incluir dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
Lo anterior, mediante su incorporación en los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República. De esta forma, explicó el legislador, su función no sólo quedará claramente delimitada en la norma, sino que se le otorgará el rango institucional que merece, permitiéndole operar con mayores garantías de estabilidad y eficacia.
Gallardo García explicó que actualmente, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales se encarga de estas tareas dentro de la FGR, sin embargo, su existencia no está contemplada en la Ley de la Fiscalía General de la República, sino únicamente en un acuerdo administrativo que carece de la fuerza jurídica de una ley, lo que implica que la fiscalía puede ser modificada o eliminada a discreción del fiscal general, sin necesidad de que el Congreso de la Unión intervenga.
Por ello, dijo "contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con sustento legal fortalecerá las capacidades del Estado mexicano para investigar y sancionar delitos que afectan directamente a los ecosistemas y a la biodiversidad. Además, permitirá una mejor coordinación con dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Guardia Nacional, lo que optimizará la respuesta institucional ante casos de daños ecológicos".
De acuerdo con la propuesta, corresponde a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, la investigación, prevención y persecución de los delitos contra el ambiente, incluyendo aquellos tipificados en el Código Penal Federal, así como en leyes especiales en materia ambiental y cualquier otro ordenamiento aplicable.
Su competencia abarca los delitos relacionados con la contaminación de cuerpos de agua, suelos y atmósfera; la gestión de residuos y sustancias peligrosas; el manejo inadecuado de actividades tecnológicas de alto riesgo; la afectación de áreas naturales protegidas; la deforestación y aprovechamiento ilícito de recursos forestales; el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre; la bioseguridad y la alteración de ecosistemas, entre otros.
Para el ejercicio de sus funciones, la fiscalía podrá actuar de oficio o a petición de parte, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, garantizando la protección del derecho humano a un medio ambiente sano conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos internacionales en la materia.
- Esto generará beneficios importantes en materia de productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades, entre otros.
A fin de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de nuestro país, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral máxima de 48 horas semanales a 40 horas.
La diputada Gabriela Benavides destacó que esta propuesta incluye el aumento de los días de descanso semanal de uno a dos días, lo que generará beneficios significativos en áreas como productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades y bienestar no material”.
Además, la diputada explicó que establecer jornadas laborales más razonables no solo incrementará el bienestar de los trabajadores, sino que también mejorará los esfuerzos de contratación y retención de personal, aumentará la participación laboral de las mujeres, facilitará la toma de decisiones familiares y optimizará los servicios públicos.
Lo anterior, a su vez, impulsará la eficiencia de los sistemas de transporte y fomentará la sostenibilidad ambiental.
Por otro lado, mencionó que en un estudio publicado en el 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que trabajar más de 55 horas a la semana causó 745 mil muertes por accidente cerebrovascular y enfermedades cardiacas en 2016.
"La evidencia sugiere que un horario laboral prolongado puede ser perjudicial para la salud personal. Por ejemplo, se observa un aumento significativo en los niveles de estrés y ansiedad, así como en problemas como la lumbalgia y la hipertensión arterial en quienes realizan jornadas laborales extensas", afirmó la legisladora.
Finalmente, la diputada, en representación del GPPVEM, subrayó que, con la aprobación de esta reforma, México tiene oportunidad de convertirse en pionero en la reducción de la jornada laboral y ser el tercer país de América Latina en implementar esta medida trascendental.
