Con el permiso de la mesa directiva, Compañeros legisladores
México es un país cuyas leyes otorgan un alto nivel de protección a los derechos humanos.
Sin duda alguna, uno de los derechos humanos más importantes es la vida misma, pues de ella depende la realización del resto de derechos, como la libertad de expresión o el respeto de los principios de legalidad en todo acto de autoridad.
Sin embargo, México también es un país de normas, que busca en todo momento el cumplimiento del Estado de Derecho, a fin de alcanzar el anhelo de justicia al que todos aspiramos.
En el caso de nuestro compatriota, del mexicano Rubén Cárdenas, condenado a muerte en el estado de Texas, es uno más que entristece a nuestro país.
Más allá de descalificar una conducta o defender a una persona por el simple hecho de ser mexicano, como integrantes del Senado de la República tenemos que focalizar nuestra atención para este caso en tres aspectos fundamentales:
En primer lugar, el respeto irrestricto de los derechos humanos de cualquier mexicano sujeto a un procedimiento judicial, no sólo en los Estados Unidos de América, sino en cualquier parte del mundo.
En segundo lugar, el cumplimiento del Estado de Derecho, lo cual no sólo supone la sanción de cualquier delito, con la pena que merezca, sino también la observancia del debido proceso y las garantías de legalidad que merecen las partes involucradas.
Y en tercer lugar, la utilización de los mecanismos diplomáticos para defender la postura del Estado mexicano, en congruencia con los principios que rigen nuestra política exterior.
Ahora bien, ayer escuchamos con atención la conferencia de prensa ofrecida por el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Carlos Manuel Sada Solana, en la que se refirió al Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos.
En este reporte, expresó que en un 88 por ciento de los casos, el Gobierno de México, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha logrado revertir la condena de mexicanos sentenciados sentenciados a ser ejecutados en los Estados Unidos.
Esto quiere decir que el Estado mexicano está al pendiente de nuestros connacionales sentenciados en los Estados Unidos de América, y en gran parte de estos casos la Cancillería ha logrado la reconsideración de las condenas.
De esta forma, es evidente que los mecanismos diplomáticos están en marcha y han funcionado, tal como lo dijo el Subsecretario Sada, "no para condonar delitos, sino para promover que todos los mexicanos tengan acceso a un debido proceso legal".
Particularmente en el caso de Rubén Cárdenas, se "reiteró que México mantendrá hasta el último minuto su trabajo para lograr una moratoria o suspensión de la pena a la que ha sido condenado".
Asimismo, el Subsecretario expresó que ya existe una solicitud de clemencia, incluso suscrita por el propio Canciller Luis Videgaray.
Más allá de que el Estado y este Senado solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores que actúe en el ámbito de sus atribuciones en torno a este caso, debemos estar conscientes de que se está trabajando y la Cancillería ya ha empleado las herramientas a su alcance, como en todos los casos de mexicanos sentenciados en los Estados Unidos de América.
Por ello, los Senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, confiamos plenamente en que la Cancillería ya se encuentra atendiendo el asunto que nos ocupa, y utilizará todos los mecanismos legales y diplomáticos para que este caso sea resuelto conforme a Derecho.
Por su atención, muchas gracias.
