Gracias presidente, con su permiso.
Uno de los crímenes más graves que pueden cometerse, no solamente en contra de las personas en particular, sino contra la humanidad entera, sin duda, es la desaparición forzada.
La Corte Penal Internacional ha reconocido este delito como uno de los doce crímenes de lesa humanidad, siendo imprescriptible y susceptible de ser denunciado por cualquier Estado miembro; México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se prevén acciones contra la desaparición forzada de personas, entre ellos la Convención Nacional de Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada, que conlleva obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que debe tener ciertos deberes.
En marzo de 2011 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó nuestro país con el propósito de desarrollar una amplia agenda con autoridades federales y estatales, así como con víctimas y familiares, organizaciones sociales y especialistas académicos.
De dicha gira derivaron diversas recomendaciones generales, de las que se destaca la necesidad de reconocer el problema con el fin de desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
En 2013, el Gobierno de la República, comprometido con atender estas recomendaciones, estableció la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.
Y de estas diversas sentencias recaídas sobre el Estado Mexicano, principalmente los casos del Campo Algodonero y por supuesto el emblemático caso de Rosendo Radilla, derivaron en sendas recomendaciones para el Estado Mexicano y concretamente para nosotros, para el Poder Legislativo, para poder adoptar ciertas reformas legislativas a fin de armonizar el Código Penal Federal con los estándares internacionales y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Ante estas justas demandas, que vinieron tanto de Amnistía Internacional como del Observatorio de Derechos Humanos, el Poder Legislativo empezó un arduo trabajo en conjunto con todos los actores involucrados en la materia, haciendo suyo el tema con la finalidad de dar respuesta a los familiares de las víctimas de los desaparecidos que siguen en búsqueda de sus seres queridos.
Durante más de dos años, esta labor en el Senado y tras múltiples reuniones, diálogos y retroalimentación con diversas organizaciones civiles, por fin se logró llegar a un consenso respecto al proyecto de ley que sería sometido a la consideración en esta colegisladora.
Ahora, si bien persisten algunas observaciones de diversas organizaciones civiles; lo cierto es que el tema es de absoluta relevancia para nuestro país y por ello resulta urgente concretar la aprobación del presente dictamen, pues con ello estamos dándole respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana.
Es por esto que el Partido Verde celebra la aprobación del dictamen, dando nuestro voto a favor, pues con esto se están atendiendo diversas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de otras organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional, pero sobre todo, aprueba la medida legislativa más importante en búsqueda de los desaparecidos y la atención integral de sus familiares.
Muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
