El suscrito SenadorJUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 numeral 1, fracción II, 95 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA REPRUEBA LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DE RUSIA EN PERJUICIO DE LA SOBERANÍA E INTEGIDAD TERRITORIAL DE UCRANIA, con base en la siguiente:

CONSIDERACIONES

Ucrania, después de Rusia es el país más poderoso surgido de la desintegración de la Unión Soviética y vive desde noviembre de 2013 en medio de las mayores protestas ciudadanas desde la llamada 'Revolución Naranja' debido al descontento ante la negativa de las autoridades a la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE). Las protestas llegaron a tal grado que el pasado 18 de febrero Kiev vivió uno de los peores enfrentamientos desde el comienzo de la crisis con un saldo de 28 muertos.

En este contexto, la relación entre Rusia y Ucrania se ha debilitado rápidamente tanto por la inestabilidad política por la que atraviesa actualmente Ucrania, que a decir de Rusia “pone en peligro la seguridad de los Rusos”, como por los intereses políticos y económicos que afectan la relación bilateral que sostienen ambos países.

Asimismo, las acciones que ha llevado a cabo la Federación Rusa en la península de Crimea (de mayoría prorrusa, y donde este país tiene su principal base naval, la Flota del Mar Negro de Rusia), ha hecho de esta zona un foco de tensión entre ambos países, tras la decisión del Presidente Ruso, Vladímir Vladímirovich Putin, avalado por la unanimidad del Parlamento en Moscú, para autorizar el uso de fuerzas militares que tomen el control de Crimea y con ello se proteja los intereses de Moscú en Ucrania [1].

Estas acciones claramente violatorias de los principios y normas de derecho internacional previstos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de Ginebra, en especial el IV Convenio, que protege a las personas civiles en tiempo de guerra y por supuesto a los Pactos Internacionales que sustentan los derechos fundamentales de las personas; ha generado que diversos mandatarios y líderes de carácter internacional fijen su postura respecto a este tema. Tal es el caso del Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, que llamó a respetar la integridad territorial de Ucrania; la Unión Europea; la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que ha realizado llamamientos a la calma para evitar un conflicto regional; líderes y mandatarios como el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; la Canciller alemana, Angela Merkel; el Primer Ministro británico, David Cameron, y el Presidente polaco, Bronislaw Komorowski, a los que se van sumando otros países como Japón, Francia y China que han enfatizado su apoyo a Ucrania. [2]

La situación que atraviesan estos países es preocupante por los efectos que puede generar a nivel internacional y porque constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

En mi Grupo Parlamentario estamos convencidos que nuestro país debe fijar una postura clara que se apegue a los principios y normatividad internacional, toda vez que ante cualquier conflicto internacional de esta naturaleza se debe privilegiar el diálogo y agotar cualquier otro mecanismo pacífico que garantice una solución política y diplomática ante el clima de crisis que atraviesan estos países.

De escalar en este tema, existe la posibilidad de que los problemas entre el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Occidente pueden tener graves ramificaciones en todo un abanico de conflictos internacionales desde Siria hasta el destino del programa nuclear de Irán [3].

De esta manera es apremiante que el Senado de la República, en ejercicio de sus atribuciones en materia de política exterior, repruebe de manera enérgica las acciones realizadas por la Federación Rusa que atentan contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y se pronuncie a favor de mantener abierto el camino del diálogo y evitar a toda costa el uso de la fuerza militar. Asimismo, esta soberanía debe exhortar al Gobierno de Rusia a que respete la integridad territorial de Ucrania y retire sus tropas del país.

Finalmente, también es oportuno exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del Gobierno Mexicano, dé puntual seguimiento a los hechos vinculados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se pronuncie a favor del pleno respeto de la soberanía de los Estados y a la resolución de los conflictos por la vía pacífica en pleno respeto a las normas internacionales. Del mismo modo no es óbice que se extienda para que se vele por la integridad física de los mexicanos que residen en Ucrania.

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República reprueba de manera enérgica las acciones realizadas por la Federación Rusa que atentan contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y se pronuncia a favor de mantener abierto el camino del diálogo y evitar a toda costa el uso de la fuerza militar. Asimismo, el Senado Mexicano exhorta al Gobierno de Rusia a que respete la integridad territorial de Ucrania y retire sus tropas del país.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del Gobierno Mexicano, dé puntual seguimiento a los hechos vinculados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se pronuncie a favor del pleno respeto de la soberanía de los Estados y a la resolución de los conflictos por la vía pacífica en pleno respeto a las normas internacionales. Asimismo, para que el Ejecutivo Federal vele por la integridad física de los mexicanos que residen en Ucrania.

Dado en el recinto del Senado de la República sede de la Comisión, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ

El que suscribe,Senador Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. CONSIDERACIONES.

El párrafo quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con el rango de derecho humano, el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estableciendo la obligación del Estado de garantizarlo y la generación de la responsabilidad por el daño y deterioro ambiental.

Ahora bien, la protección legal del ambiente resulta difícil no sólo por su calidad de bien jurídico difuso, cuya titularidad no recae en una persona en específico, sino también por su naturaleza compleja, al estar compuesto por diferentes elementos que conforman una integralidad que se interrelaciona y determina las condiciones en las que se desarrollan los sistemas vivos en nuestro planeta. Es ésta la razón por la que una calidad ambiental satisfactoria incide en la calidad de vida y, por ende, en la salud de las personas.

La fracción I del artículo 3o de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define al ambiente como“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”, de tal manera que uno de los elementos que lo conforman es el suelo, consistente en el conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre que constituye el sustento de la vida y las actividades productivas, gracias a su composición.

Además de formar parte de los sistemas naturales, los suelos constituyen sistemas en sí mismos al estar integrados por una vasta diversidad biológica, entre organismos vivos, como bacterias, hongos, microfauna, mesofauna y macrofauna, así como vegetales, cuya interrelación forma una compleja estructura de actividad biológica que provee servicios fundamentales para la sustentabilidad de los ecosistemas, tales como la nutrición y fertilidad de la tierra, la regulación de la dinámica de la materia orgánica, la captura de carbono y el depósito de agua. Todo lo anterior no sólo es decisivo para el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que constituye un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas.

Considerando su importancia, tanto en términos ambientales como productivos, el suelo requiere una protección jurídica para garantizar su calidad, conservación y aprovechamiento sustentable.

En tal sentido, el marco legal vigente del sistema jurídico mexicano contempla diversos mecanismos para la protección jurídica del suelo, tales como:

-     La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a los municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales (inciso d de la fracción V del artículo 115);

-     La LGEEPA, que prevé:

·    El aprovechamiento sustentable, preservación y restauración del suelo, así como la prevención y control de su contaminación, como parte de sus objetos (fracciones V y VI del artículo 1o); ·    La orientación de los usos de suelo como parte de la regulación ambiental de los asentamientos humanos (fracción II del artículo 23); ·    Un Capítulo relativo a la “Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos” (artículos 98 al 105), y ·    Un Capítulo relativo a la “Prevención y Control de la Contaminación del Suelo” (artículos 134 al 144);

-     La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), que prevé:

·    La promoción de acciones para la conservación y restauración de los suelos, como parte de sus objetivos (fracción XII del artículo 3); ·    Los inventarios nacional, estatales y municipales de suelos, y ·    Autorizaciones para el cambio de uso de suelo forestal;

-     La Ley General de Asentamientos Humanos, que faculta a los municipios paraexpedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo (fracción X del artículo 9o), y

-     El Código Penal Federal (CPF), que sanciona el cambio ilícito del uso del suelo forestal.

Este último ordenamiento legal constituye el objeto de la presente iniciativa, toda vez que la propuesta consiste en la protección de cualquier otro tipo de uso de suelo distinto al forestal.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La presente iniciativa tiene por objeto complementar la prohibición del cambio ilícito del uso del suelo prevista en la fracción III del artículo 418 del CPF, a fin de establecer una nueva hipótesis normativa que sancione como delito, además del cambio de uso del suelo forestal, el cambio de uso del suelo sujeto a algún régimen de protección, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial que correspondan; asimismo, se propone que también pueda ser sujeto activo de la presente conducta los servidores públicos que autorizan dicho cambio de suelo.

El artículo 418 del CPF vigente señala lo siguiente:

“Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.”

Del artículo transcrito se desprende que el tipo penal que nos ocupa contiene los siguientes elementos:

1.   Prevé una punibilidad de 6 meses a 9 años de prisión y multa de100 a 3,000 días;

2.   Establece una referencia espacial: que la conducta no se realice en una zona urbana;

3.   Exige una ilicitud administrativa como presupuesto de la conducta:

4.   Contempla tres verbos núcleos rectores del tipo como posibles supuestos de hecho, a saber:

a) Desmontar o destruir vegetación natural; b) Cortar, arrancar, derribar o talar árboles, y c) Cambiar el uso del suelo forestal.

De lo anteriormente descrito, llama la atención que la hipótesis relativa al cambio de uso del suelo se limita al suelo forestal, regulado por la LGDFS, en los términos del párrafo segundo del artículo 4o de la LGEEPA. En tal sentido, la LGDFS define al cambio de uso del suelo en terreno forestal como “La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales” (fracción V del artículo 7); asimismo, el Capítulo I del Título Quinto de dicha Ley contempla la regulación de dicho cambio de uso del suelo.

En este tenor, queda claro que el contenido de la norma penal prevista en la fracción III del artículo 418 del CPF es complementado por lo previsto en las disposiciones de la LGDFS que regulan lo relativo al cambio de uso del suelo forestal, de tal manera que el ámbito de aplicación material de dicho tipo penal queda limitado al suelo forestal, dejando fuera otros regímenes de protección de suelos que son ambientalmente relevantes y que, por ende, requieren de tutela penal. Tal es el caso de:

-     El suelo “preferentemente forestal”, definido en la fracción XLIII del artículo 7 de la LGDFS como “Aquel que habiendo estado, en la actualidad no se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía resulte más apto para el uso forestal que para otros usos alternativos, excluyendo aquéllos ya urbanizados”;

-     Las áreas naturales protegidas, definidas por la fracción III de la LGEEPA como “Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”, o

-     Las “zonas de restauración”, definidas por el artículo 78 de la LGEEPA como las áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, en las que la SEMARNAT deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.

Asimismo, destaca que el tipo penal objeto del presente dictamen únicamente prevé como conducta penalmente relevante el cambio material del uso de suelo forestal, ignorando que existen servidores públicos que, por actos de corrupción, desconocimiento o simple omisión, autorizan dicho cambio de suelo, causando el mismo impacto ambiental que quien materialmente lo lleva a cabo.

Por lo anterior, se propone reformar la fracción III del artículo 418 del Código Penal Federal a fin de que la sanción penal por el cambio ilícito del suelo no sólo se limite al suelo forestal, sino a cualquier suelo sujeto a algún régimen de protección, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial que correspondan; asimismo, se propone que también pueda ser sujeto activo de la presente conducta los servidores públicos que autorizan dicho cambio de suelo.

Por los argumentos expuestos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE CAMBIO DE USO DEL SUELO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 418 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. y II. …

III. Cambie o autorice el cambio de uso del suelo forestal o el sujeto a algún régimen de protección, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial que correspondan. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero dedel año dos mil catorce.

Senador Gerardo Flores Ramírez

México, D. F., a 13 de marzo de 2014

Boletín  051/14

Arturo Escobar y Vega, coordinador del Partido Verde en Cámara de Diputados, aseguró que la nueva Plataforma de Transparencia de Proyectos de Inversiones en Entidades Federativas y Municipios, es una muestra más del trabajo en conjunto de todos los actores políticos, pero sobre todo, del esfuerzo del Ejecutivo federal por terminar con la corrupción y opacidad  en el país.

“Es un paso muy importante de los muchos que se tienen que dar. En materia de transparencia y rendición de cuentas el trabajo nunca está acabado, el tema está en constante evolución y modernización, especialmente en gasto, recursos y administración pública, en todos los niveles de Gobierno”, agregó.

Escobar y Vega señaló que una de las principales funciones de esta plataforma es empoderar a los mexicanos y darles acceso a la información, en tiempos donde el Internet y las redes sociales se han convertido en herramientas muy importantes de participación ciudadana.

Asimismo, explicó que los recursos aprobados y sujetos a transparencia para este 2014, ascienden a más de 55 mil millones de pesos, por lo que los gobiernos estatales y municipales recibirán recursos para cada uno de los fondos que hayan solicitado, este proceso de entrega y uso de recursos se verá reflejado en la nueva plataforma de transparencia.

“Para nadie es un secreto que en administraciones pasadas se utilizaron de forma inadecuada los recursos destinados a la construcción de obras públicas como carreteras, escuelas, puentes, o algún programa social; sin embargo, con esta nueva figura todos los funcionarios que reciban recursos públicos, estarán obligados a informar cómo se ejerció dicho presupuesto”, indicó.

Finalmente, el coordinador reiteró que México está evolucionando como país, como democracia y sociedad. “Estamos entrando en una etapa donde las instituciones mexicanas están obligadas a rendir cuentas y como nunca, la ciudadanía tiene la posibilidad de informarse y acceder a la información, tenemos  que acostumbrarnos a ser una sociedad mucho más transparente”.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 13 de marzo de 2014

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DE LA DIPUTADA BÁRBARA ROMO FONSECA, RESPECTO AL DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Con su permiso diputado presidente,

Honorable Asamblea,

Han transcurrido varios años necesarios para alcanzar la justa integración de las mujeres en el mercado laboral. Por ignorancia, antiguas creencias y tradiciones ubicaban a la mujer como la única encargada en las labores del hogar y al cuidado de los hijos, ello sumado a los frecuentes actos de discriminación que impedían su desarrollo profesional.

El día de hoy, las mujeres gozamos de derechos laborales, sin prohibición alguna que nos impida o limite a participar casi en cualquier sector, sumándonos a desempeñar cargos de alta relevancia para el desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, la condición de género marca diferencias naturales en las circunstancias laborales, como el caso de la maternidad. Para ello se han definido las premisas básicas bajo las cuales se habrá de desempeñar mientras se encuentre en ese estado.

Ha sido necesario desarrollar el trabajo legislativo para llevar a cabo las diversas adecuaciones a las leyes correspondientes, mismas que señalan el derecho de la mujer para emplearse sin mayor limitación, sin embargo, actualmente se siguen presentado lamentablemente casos de discriminación, principalmente, por encontrarse embarazadas.

La discriminación generalmente se produce cuando el empleador trata desfavorablemente a una mujer embarazada, en situación de parto o trastornos médicos relacionados con este estado, también puede producirse cuando el empleador practica una política que excluye a las mujeres de puestos de trabajo determinados debido a que pueden quedar embarazadas.

Datos emitidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, señalan que de los trabajadores que acudieron a solicitar asesoría y representación legal a dicha institución,  el 42.6 por ciento de los usuarios fueron mujeres; es decir, 86 mil 611 mujeres, siendo las principales quejas las de hostigamiento, despidos por embarazos, problemáticas relacionadas con el cuidado de los hijos, así como despidos injustificados.

De lo anterior, se evidencia la gravedad de la situación laboral a la que se enfrentan constantemente las mujeres, a pesar de la creación de leyes e institutos para proteger y garantizar sus derechos laborales.

Además, es necesario señalar que no sólo se vulneran dichos derechos, sino que nos enfrentamos ya a situaciones de violencia en razón de género, pues como bien señala esta iniciativa que hoy está a consideración de esta Soberanía, la discriminación por embarazo se convierte en barreras para incorporarse al ámbito laboral público o privado.

Coincidimos en la necesidad de reforzar el marco jurídico con plena igualdad y sin discriminación alguna, reconociendo siempre los derechos laborales, erradicando por completo las prácticas empresariales de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o permanencia en su trabajo, así como prohibir las coacciones para renunciar a su empleo por encontrarse embarazada.

Por todo lo anterior, compañeros diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, pues con dichas modificaciones se abonará a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por cuestiones de género.

Es cuanto señor presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció la disminución de quejas contra la Administración Pública Federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente, hacia el nuevo enfoque de seguridad y justicia.

Luego de escuchar el informe del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, Peña Nieto reiteró el compromiso de su administración hacia el respeto a los derechos humanos.

Tras reconocer que no podemos caer en triunfalismos respecto a este tema, el titular del Ejecutivo Federal hizo también un llamado a los servidores públicos a respetar y hacer respetar los derechos humanos en todo momento.

En su conjunto, estos avances dan testimonio del firme compromiso que tiene el Gobierno de la República para lograr que los derechos fundamentales sean una realidad en la vida cotidiana de todas y todos los mexicanos”, expuso el mandatario.

Durante su mensaje destacó que entre las acciones que su gobierno ha implementado para garantizar las garantías individuales está la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas  y el Programa Nacional de Excarcelación de mujeres indígenas entre otros.

Sin embargo, de ninguna manera podemos caer en triunfalismos. Esta es una tarea permanente, un compromiso irrenunciable del Gobierno de la República ante una sociedad que con toda razón, exige de quienes tenemos responsabilidad pública, redoblar esfuerzos para dar respuesta oportuna a sus demandas y exigencias”, afirmó Peña Nieto.

Previamente, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia habló sobre la presencia de los grupos de autodefensas en Guerrero y Michoacán los cuales, “ante el precario imperio de la ley” buscan ejercer las labores de seguridad pública en sustitución de los órganos del estado.

En su informe destacó que las cinco autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violentar los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.

EXCELSIOR

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que revisará los términos en los que se aprobó la armonización de las leyes secundarias de la reforma educativa para "verificar que no incumplan" con lo establecido a nivel federal.

A través de un comunicado la dependencia, encabezada por el secretario Emilio Chuayffet Chemor, informó que en total fueron 28 las entidades que realizaron modificaciones a las leyes secundarias a nivel local.

La armonización se logró en 28 congresos, "faltando Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa".

Agregó, que "ahora habrá de iniciarse la revisión de las leyes locales a efecto de verificar que no incumplan con el Marco Normativo Constitucional y con las leyes generales".

EL UNIVERSAL

Boletín No. 223

Xalapa, Ver., 15 de abril de 2014

“En el Partido Verde queremos resaltar la Ley General de Playas impulsada por legisladores ecologistas como una propuesta que busca que todas la playas cuenten con garantía de calidad ambiental, mecanismos de seguridad y mantenimiento de sus costas sobre todo en temporada vacacional”, afirmó Juan Eduardo Robles Castellanos, diputado local de este instituto político.

Esta ley tiene como objetivo que las costas de uso turístico cuenten con la seguridad para prevenir y afrontar accidentes, que se establezcan normas para limpieza y se prohíban actos que busquen privatizar las playas.

Dijo que es importante garantizar la calidad ambiental, por lo que resaltó el proceso de certificación oficial de playas que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat), y la necesidad de que se realice dos veces al año para reducir también riesgos de salud en la población y elevar la competitividad de los destinos turísticos.

En Veracruz, como playa con certificado de calidad se encuentra la de San Isidro del municipio de Actopan, que es un sistema de playas y dunas de gran relevancia e importancia ecológica a nivel nacional e internacional.

Robles Castellanos refirió que México tiene más de 11 mil kilómetros de litoral y que las playas albergan alrededor del 40 y 50 por ciento del total de turistas en temporada vacacional, por eso la importancia de llevar a cabo un proceso de certificación frecuente, ya que el turismo representa la tercera fuente de captación de ingresos.

Asimismo, el legislador del Partido Verde hizo un llamado a la población a que en estas vacaciones mantenga limpias las playas. Dijo que es importante hacer conciencia de esto ya que mucha de la basura que se queda allí va hacia el océano afectando la vida marina.

México, D.F., a 12 de marzo de 2014

Boletín 048/12

El PVEM también va por la prohibición a nivel federal: Sesma

Como parte de su compromiso con la protección y el trato digno a los animales, el Partido Verde no desistirá en su propósito para prohibir el uso de animales en los circos en el DF y en todo el país, destacó el líder de la diputación ecologista en la Asamblea Legislativa del DF, Jesús Sesma Suárez.

Detalló que el instituto político va con todo desde el Senado de la Republica, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa para cancelar de manera definitiva la presentación de algún animal, ya sea silvestre, doméstico, mamífero marino o primate en cualquier espectáculo público o privado a nivel federal y local.

En la ALDF los diputados de las diferentes fuerzas políticas acreditadas en el órgano legislativo, han demostrado su voluntad política para avanzar en una propuesta que incluya las observaciones y puntos de vista de todos, orientada a proteger a los animales del maltrato y crueldad de que son victimas en estos lugares de entretenimiento, reveló el legislador ecologista.

Dijo estar confiado en que logrará el consenso necesario para que los circos sin animales sean una realidad en el DF, con la aprobación de su propuesta durante el próximo periodo ordinario de sesiones de la ALDF que inicia el 15 de marzo.