Displaying items by tag: Alberto Emiliano Cinta Martínez

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 8 de Octubre de 2013.

HONORABLE ASAMBLEA:   Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XII, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS, EL ABUSO SEXUAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

“Esta historia no trata tanto de lo que no se ve

 como de lo que, viéndose, no se mira.”

Belén Gopegui

-

 

  El sociólogo Zygmunt Bauman, señaló “en un planeta negativamente globalizado, los problemas más fundamentales son globales y, como tales, no admiten soluciones locales. De ser posible, el único modo de conseguir la reunión del poder y la política será a escala planetaria. Ya no es posible garantizar la democracia y la libertad en un sólo país, ni siquiera en un grupo de ellos; la defensa de tales valores en un mundo saturado de injusticias y poblado por miles de millones de seres humanos a los que se les niega la dignidad corromperá sin remedio los principios que se pretende proteger. El futuro de la democracia y la libertad sólo puede asegurarse a escala planetaria."

-

En distintas ocasiones el Partido Verde ha señalado datos de la expansión de las redes de tratantes de personas en todo el mundo y de las millonarias ganancias que esta genera en sus diversas modalidades, y que se debe en buena parte a la practicidad y eficiencia de las nuevas tecnologías como el Internet o la transferencia de archivos vía electrónica.   Ejemplo de ello es la producción y distribución de las imágenes pornográficas por internet que representan un negocio de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares, según datos de UNICEF- México.   De acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas realizado por la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[1] del año 2009, se estableció que la explotación sexual es, con gran diferencia, la forma de trata de personas detectada con más frecuencia 79%, seguida del trabajo forzado 18%, lo que podría obedecer a un sesgo estadístico.   En ese sentido, este Informe establece que la explotación de la mujer suele ser visible y ocurre en los centros urbanos o al lado de las carreteras, por lo que es objeto de denuncias más frecuentes. La explotación sexual ha pasado a ser el tipo de trata más documentado en las estadísticas globales.   En cambio, otras formas de explotación no son notificadas suficientemente como el trabajo forzado o en condiciones de servidumbre, -entre la que se encuentra la servidumbre doméstica y el matrimonio forzado-; la extracción de órganos; y la explotación de los niños en la mendicidad, la industria del sexo y la guerra.   Adicionalmente, el Informe de referencia establece que la mayoría de los delitos de trata de personas, revisten un carácter nacional o regional y los cometen personas cuya nacionalidad es la misma que sus víctimas; estableciendo que se dan algunos casos notables de trata de personas sobre largas distancias.   Así, Europa es el destino de víctimas de los más variados puntos de origen; las víctimas procedentes de Asia son objeto de trata a la más amplia variedad de destinos; mientras que el continente americano destaca como origen y destino de las víctimas de trata de seres humanos.   En el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil en el pasado mes de noviembre, UNICEF advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.   Por ello, no podemos perder de vista que además del aumento en el número de víctimas, el nivel de organización y estructura que han alcanzado las redes de delincuencia organizada dedicadas a la trata y explotación de personas en nuestro país se ha incrementado, así como las gigantescas ganancias que este mercado ilícito genera.   Por su parte, nuestro país no sólo se ha convertido en un destacado destino para el turismo sexual, sino que además ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción de pornografía infantil, adolescente y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, sólo atrás de Tailandia; y el quinto en trata de personas en sus diversas modalidades.   Datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, arrojaron en promedio que a diario se denuncian dos casos de abuso sexual contra infantes -muchos de ellos cometidos por familiares o amigos-, siendo tan solo en el año 2010 recibidas por esa Institución 18 mil 12 denuncias de maltrato infantil, de las cuales: alrededor del 5% correspondieron a denuncias referentes al abuso sexual infantil - equivalente a 900 denuncias en ese año-.   De igual forma, el Diagnóstico de Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association (ABA), señala que en México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas con fines sexuales y laboral y se ha documentado que las Entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, entre otras.   En cuanto al Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dado a conocer el año 2011, se estableció que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales:     a)           79% son para explotación sexual, b)           3% son para extracción de órganos y, c)            18% son para explotación laboral.     En lo que tiene que ver con la Trata de personas con fines de explotación sexual, datos de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, señalan que de 2005 a 2008 se detectaron más de 300 casos de trata[2].   Sobre el particular, la Procuraduría General de la República informó a la Cámara de Diputados que del 2008 al 2010, diversas Entidades le han reportado averiguaciones previas por trata de personas en agravio de 271 víctimas, 167 mujeres, 30 hombres y 74 cuyo sexo no se especificó.   El INEGI por su parte, señala que de 3.6 millones de personas que sufren trata: 31% son menores de edad, -entre 5 y 17 años-, y 70% son personas migrantes e indígenas que se explotan para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral.   Por otro lado, el Protocolo de Palermo declara que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino para que se incluyan:   a)           Medidas de prevención de la trata; b)           Sanciones a los traficantes; y, c)            Protección a las víctimas.   Sobre este último punto, incluso nuestro más Alto Tribunal ya ha establecido criterios de seguimiento y cumplimiento al Protocolo de Palermo, mismo que a continuación se transcribe:   “TRATA DE PERSONAS. CONFORME AL ARTÍCULO 3, INCISO B), DEL PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR ESE DELITO, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PROTOCOLO DE PALERMO), LA DEFENSA DEL ACTIVO BASADA EN QUE LA VÍCTIMA MAYOR DE EDAD CONSINTIÓ INICIALMENTE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL A QUE FUE SOMETIDA, SE EXCLUYE CUANDO SE DEMUESTRA QUE PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO EL TRATANTE RECURRIÓ A CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PROHIBIDOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).[3] El delito de trata de personas previsto en el artículo 188 Bis del Código Penal para el Distrito Federal debe entenderse como un proceso que empieza con la captación de una persona, continúa con el traslado de ésta al lugar designado y sigue la fase de explotación, durante la cual la víctima se ve sometida a una servidumbre sexual, laboral o a otras formas de explotación. En este sentido, conforme al artículo 3, inciso b), del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), la defensa del activo basada en que la víctima mayor de edad consintió inicialmente la explotación pretendida, se excluye cuando se demuestra que para obtener el consentimiento el tratante recurrió a cualquiera de los medios prohibidos, como amenazas, fuerza, engaño, coacción o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. De ahí que, si en el caso, la ofendida en un principio consintió trasladarse al Distrito Federal e incluso vivir en la casa de los activos del delito, en razón de la propuesta de trabajo como modelo que le hicieron vía internet; lo que, si bien pudiera ser un consentimiento o cooperación inicial entre la ofendida y los sujetos activos, lo cierto es que éste queda efectivamente anulado al encontrarse viciado, primero por el engaño y, posteriormente, por la coacción a través de la fuerza física y amenazas, para lograr la explotación sexual a que fue sometida. Por tanto, no puede tenerse como defensa situaciones de las que se advierta un aparente consentimiento de la víctima, puesto que éste debe considerarse viciado y, por ende, anulado, al probarse que los activos del delito utilizaron cualquiera de los medios prohibidos mencionados para obligar a la víctima a permanecer con ellos y explotarla sexualmente.  

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO

EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.”

  Nuestro país ha generado en el último lustro una serie de modificaciones al marco legal creando leyes como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y reformando el Código Penal Federal para tipificar y sancionar a los vendedores, compradores, promotores, divulgadores y traficantes de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial sexual infantil, en la vertiente de explotación sexual y comercio infantil con fines sexuales.   Sin embargo, México, muy tristemente, es el segundo lugar en tráfico de personas con fines de comercio sexual infantil únicamente por debajo de Tailandia, y que representó a nivel mundial en el 2012, una ganancia de 32 mil millones de dólares.   En lo que tiene que ver con la Ciudad de México, de acuerdo a los datos del Procurador General de Justicia del Distrito Federal dados a conocer a este Pleno en el mes de abril pasado, informó que:   “… han sido consignadas 172 personas, de las cuales 78 han sido acreedoras a sentencia condenatoria. … fueron incorporados al patrimonio de Gobierno del Distrito Federal 3 inmuebles, con un monto de afectación de más de 9 millones de pesos. …Han sido atendidas 42 víctimas directas y 22 víctimas indirectas. En el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de delitos sexuales, CTA por sus siglas, donde se les ha brindado psicológica, médica, jurídica y social, que han sido atendidas por este delito, se les da todo ese apoyo a las víctimas. … han sido emitidas 306 medidas de protección de emergencia que han sido complementadas a través de una cédula multidisciplinaria que fue creada para este efecto… .”[4]   De manera adicional es importante no perder de vista que el artículo décimo transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece:   “Décimo.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.”     Es decir, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada el 14 de junio 2012 en el Diario Oficial de la Federación; establece la competencia concurrente entre la Federación, Entidades Federativas y los Municipios en materia de trata de personas.   Como botón de muestra, el Título Tercero de la Ley General relativo a las facultades y competencias de las autoridades de los tres Órdenes de Gobierno, en su Capítulo II que se refiere a las autoridades, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, de manera expresa mandata entre otros temas en su artículo 114:   “Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes: I. En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esta Ley, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos; III. Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización para las y los actores institucionales que participan en los procesos de prevención y combate a los delitos previstos en esta Ley y de asistencia y protección de las víctimas, de conformidad con las disposiciones generales que las autoridades federales determinen; IV. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de esclavitud, trata de personas o explotación y demás delitos previstos en esta Ley; V. Impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan programas de desarrollo local; VI. Creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero común, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley; VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales; VIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración; IX. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y X. Las demás aplicables a la materia, que les confiera esta Ley u otros ordenamientos legales.”   Por lo que hace a las obligaciones de las Delegaciones, se establece en el artículo 115 de la Ley General de la materia, lo siguiente:   Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, de conformidad con esta Ley, la legislación aplicable en la materia y las políticas y programas federales, estatales y del Distrito Federal: I. Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas o demás delitos previstos en esta Ley; II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los servidores públicos y funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley; III. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, ofendido o testigo de los delitos previstos en esta Ley; IV. Detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley, en el territorio bajo su responsabilidad, a través de la autorización de funcionamiento de establecimientos como bares, clubs nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia e inspección de estos negocios, y V. Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera esta Ley y otros ordenamientos jurídicos.     Sin embargo, a pesar que en los últimos meses las autoridades de la ciudad, específicamente el Jefe de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, han trabajado en materia de procuración de justicia y persecución del delito de trata de personas, estableciendo en un primer momento la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, así como protocolos de cadena de custodia sobre pruebas, atención con un perfil de respeto a los derechos humanos de las víctimas de Trata.   Lo cierto es que, no podemos dejar de reconocer que existe y es evidente en lugares como la zona de Buenavista, la Merced, la explotación sexual y trata de personas se sigue ejecutando, con el beneplácito o cuando menos complacencia de algunas autoridades.   En el caso de la zona de Buenavista, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha identificado cuando menos 5 hoteles en donde se explota sexualmente a niñas principalmente de entre 12 y 15 años de edad, y se ubica en el área de influencia del Edificio Delegacional en Cuauhtemoc.   Por lo que hace, a la zona de la Merced, en avenidas como Circunvalación, San Pablo, Manzanares, durante el día y la noche, es evidente la explotación sexual que se realiza en la zona.       De igual forma, de acuerdo al estudio realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del año 2012, se estableció que:   “La zona de la merced en el Centro Histórico, es el primer lugar en América Latina donde se da la trata de menores con fines sexuales, lo anterior se manifestó en el " Segundo Informe en Respeto a los Derechos Humanos en Trata de Personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal.   De manera adicional el informe, señala que en promedio al año una mujer que es tratada sexualmente en la ciudad de México, deja a los proxenetas un promedio de 53 mil dólares al año. .[5]   Es importante señalar que, los ciudadanos desconocen el trabajo que realizan autoridades como la Secretaría de Desarrollo Económico o Turismo, respecto a apoyos económicos e información sobre como la ciudad de México trabaja para erradicar la Trata de Personas con fines de explotación sexual.   Por ello, el tema de trata de personas y explotación con fines de comercio sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, debe ser estudiado y legislado de manera pronta por esta Asamblea Legislativa, para dar cumplimiento a la Ley General y al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal mismo que tiene rango de Ley, el cual establece distintas líneas de acción entre las que podemos señalar las relativas al Capítulo 30[6].   Por lo anterior, es que el Partido Verde presenta al Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa de Ley con el fin de erradicar y proteger a las mujeres de todas las edades y en general a las personas que han sido víctimas y hoy sobrevivientes de la Trata de Personas con fines de explotación sexual, armonizando la Ley de la materia del Distrito Federal con la Ley General, por ser un mandato del Congreso de la Unión a los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa.     En ese sentido, esta iniciativa lo que busca es:   a)    Inclusión como objetivos de la Ley, la protección y asistencia a las víctimas de Trata. b)    Armonización e integración de principios como derecho a la reparación del daño, garantía de no revictimización, presunción de minoría de edad; medidas de atención, asistencia y protección a las personas víctimas de trata. c)    Inclusión de definiciones como abuso de poder, daño grave o amenaza de daño grave, asistencia y protección a las víctimas. d)    Claridad de conceptos armonizándolos con la Ley General. e)    Atribuciones del Jefe de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económica, a esta última como responsable en el acompañamiento a las sobrevivientes de trata para acceder a apoyos para generar empleo. f)     Armonizar la Ley con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en lo que tiene que ver con los refugios especializados. g)    Atribuciones a las Delegaciones, para detectar y prevenir la trata. h)   Establecer de manera clara que no podrá ser tomada en cuenta la declaración de víctimas de trata, cuando declaren que dieron su consentimiento para ejercer la prostitución, sin importar su edad.   Por todo lo anterior es que el Partido Verde presenta al Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa, con el fin de erradicar y proteger a las mujeres de todas las edades y en general a las personas que han sido víctimas y hoy sobrevivientes de la trata con fines de explotación sexual, como una forma de decir YA BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.     Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS, EL ABUSO SEXUAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

       

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS, EL ABUSO SEXUAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

EL DISTRITO FEDERAL.

    Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en el Distrito Federal, y tiene por objeto:   I a III. …   IV. Promover para toda víctima, ofendido y/o testigo de los delitos contemplados en la presente Ley, la protección médica, psicológica y jurídica necesaria, de manera gratuita, especializada, interdisciplinaria, integral y expedita, así como la defensa del ejercicio de sus derechos.   V a VI. …   VII. Proteger  y dar asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos.     Artículo 3. En todo lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas de los Tratados que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Código Penal para el Distrito Federal, Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables.     Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:   I a IV. …   V. La protección, seguridad, apoyo y asistencia a la víctima, ofendido y testigos;   VI. a VIII. …   IX. La Prohibición de devolución o expulsión, por virtud del cual las víctimas de los delitos previstos en esta Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta condición y dar vista a la autoridad Federal en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, será siempre voluntaria y conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para garantizar un retorno digno y seguro, de acuerdo a las leyes federales en materia de migración y transito de personas en el territorio nacional y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.   X. El Derecho a la reparación del daño, entendida como la obligación del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.   XI. La Garantía de no revictimización, como una obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.   XII. La Presunción de minoría de edad, por la cual, en los casos que no pueda determinarse o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.   XIII. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.     Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:   I a XVIII. …   XIX. Víctima: A la persona que haya sufrido daño psicológico o físico, como consecuencia de la acción u omisión realizada en su contra y tipificada como delito de Trata.   XXI. Ofendido: el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y/o familiares de la víctima hasta el cuarto grado, dependientes económicos que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo con motivo del delito de trata perpetrado.   Asimismo, se consideraran ofendidos:   a)    . El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima u ofendido. b)   La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.   XXII. Testigo: persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal.   XXIII. Comisión de Derechos Humanos: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.   XXIV. El Programa Nacional: el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.   XXV. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.       XXVI. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o seguir sometida a la conducta de explotación, y que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento de la víctima.   XXVII. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de su identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para ella y su familia.   XXVIII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:   a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados; c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena; e) Ser una persona mayor de sesenta años; f) Cualquier tipo de adicción; g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor de edad, o h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito.     Artículo 7. Corresponde al Jefe de Gobierno:   I. y II.   …   III. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de trata de personas o explotación y demás delitos previstos en esta Ley, así como establecer de manera concertada las acciones de prevención y de protección que deberán ejecutarse en el ámbito de la Administración Pública;     Artículo 9. Corresponde a la Procuraduría:   I a VIII.   IX. Atender los Refugios especializados a su cargo en términos de lo que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federa; y   X. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa.     Artículo 16 bis. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:   I. Dar atención prioritaria a sobrevivientes de trata de personas, para la obtención de créditos a que se refiere la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal; y   II. Convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.     Articulo 17. Corresponde a las Delegaciones:   I a VI. …   VII. Detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley, en el territorio bajo su responsabilidad, a través de la autorización de funcionamiento de establecimientos como bares, clubs nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia y verificación de estos negocios, en términos de la legislación aplicable.   VIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa.     Artículo 20. La Comisión será integrada por: I a III. …   IV. Los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Turismo, Desarrollo Económico, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, Instituto de la Juventud del Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;   V a VI. … …     Artículo 29. El Agente del Ministerio Público y los Jueces que conozcan de los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, además de lo previsto en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, deberán tanto en la etapa de investigación como en la sustanciación del proceso judicial lo siguiente:   I a VI. …   VII. Respecto al consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal, y   VIII. …     Artículo 31. Cuando se trate de víctimas extranjeras, se deberá estar a lo que establece para tu atención y trato la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. .     Artículo 36. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley comprenderá, además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás contemplados en esta Ley, los siguientes rubros:         I. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización. Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones dignas y viables para su reinserción social encaminada a la construcción de autonomía.   II. Se garantizará a las víctimas y ofendidos, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.   Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en los términos que para tal efecto establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.   III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el libre desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.     Artículo 37. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material, jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, por conducto de las autoridades encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de organizaciones privadas, comunitarios y de la Sociedad Civil.   En todo momento la autoridad que corresponda les informarán y gestionarán los servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.     Artículo 38. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, se proporcionará al personal de policía, justicia, salud, servicios sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como directrices que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna.     Artículo 39. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las necesidades especiales que resulten por la índole de los daños sufridos o debido a cualquier situación de vulnerabilidad.     Artículo 40. Al aplicar las disposiciones de esta Ley, las autoridades darán la debida consideración a factores humanitarios y personales, especialmente para la reunificación familiar en un entorno seguro.     Artículo 41. Las víctimas, ofendidos y testigos tendrán derecho a que se les dicten cualquier tipo de medidas cautelares, providencias precautorias y protección personal, que garanticen la vigencia y salvaguarda de sus derechos, las cuales tendrá vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de penas, y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en los términos que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.     Artículo 42. Además de garantizar las medidas previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, y Código Penal del Distrito Federal, a las víctimas, ofendidos y testigos, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán asegurar, que durante las comparecencias y actuaciones de éstos sus declaraciones se desarrollen libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas, por lo que al menos garantizará:   I. Medios remotos de distorsión de voz y rasgos; II. Comparecencia a través de Cámara de Gesell, y III. Resguardo de la identidad y otros datos personales.  

 

TRANSITORIOS

    PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal   SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial.   TERCERO- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto a la presente Ley.   CUARTO.-  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los 180 días siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito de la presente reforma, deberá realizar las reformas a los marcos legales aplicables.     Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                    VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 26 de Septiembre de 2013.

  HONORABLE ASAMBLEA:     Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 apartado C, Base Primera, inciso V, letra i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII, y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

   

“Los pueblos indígenas hemos podido ocultar

nuestra identidad porque hemos sabido resistir”.

Rigoberta Menchú

    Pensar al México de hoy como una Estado multicultural es todavía un anhelo. Si bien nuestro país se reconoce como pluricultural, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva, de manera plena, y que acepte, como parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en su territorio.   En nuestro país, se hablan más de 60 lenguas originarias. 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. Las lenguas más habladas son el Náhuatl, el Maya y las lenguas mixtecas.   Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señalan que la población de personas indígenas en México es:    

[1]Población total en México	97 483 412
Estimación global de la población indígena CONAPO-INI	12 707 000
Población Indígena	10 253 627
Porcentaje	10.5
Población de cinco años y más hablante de lengua indígena	6 044 547
Porcentaje	7.1

    Hoy nadie puede negar la presencia viva de los pueblos indígenas, sus aportes y soluciones a los problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre otro. Quien lo hace no reconoce al otro como igual.   Por esta razón cada uno de los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades, exige el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios, regionales o nacionales. Cada integrante de un pueblo indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas que le atañen.   Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público; en que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural, derechos plenos. También tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia como pueblos está garantizada en condiciones de mayor equidad socio-política y con mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo.   Es importante que como país y Ciudad aceptemos a los pueblos indígenas de manera plena. Si cada uno de nosotros no reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos.   Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no indígenas con base en el diálogo y el respeto pero sobre todo con la firme convicción que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar, en los hechos y en nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos enorgullece como Nación.   Los pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos, mayas o chatinos, en sus tierras originales, o en cualquier estado de la República, con dignidad y en armonía con los demás mexicanos.   Por eso los pueblos reclaman que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, se reflejen debidamente en todas las formas de educación e información pública. Al mismo tiempo, exigen a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales que los consulten y que obtengan su consentimiento, con libertad y conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales.   Exigen, igualmente, el cumplimiento y respeto de sus Derechos Humanos, así como la adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.   Ahora bien, un elemento muy importante que distingue y les da identidad a las personas indígenas, es la lengua con la que se comunican.   De acuerdo al INEGI, existen 13 Entidades del país en las que habitan más de 100 mil personas hablantes de lenguas indígenas. Estas entidades federativas son: Chiapas, con un millón 209 mil 57 personas hablantes de alguna lengua indígena; Oaxaca, con un millón 203 mil 150; Veracruz, con 662 mil 760; Puebla, con 617, mil 504; Yucatán, con 544 mil 927; Guerrero, con 481 mil 098; Estado de México, con 379 mil 75; Hidalgo, con 369 mil 549; San Luis Potosí, con 256 mil 468; Quintana Roo, con 198 mil 587; Michoacán, con 140 mil 820; el Distrito Federal, con 123,224; Chihuahua, con 109 mil 378; y Campeche, la cual, aunque no rebasa los 100 mil habitantes, registra una cantidad muy cercana, con 92 mil 128.   Por su parte, datos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, en la Ciudad de México se encuentran hablantes de 55 agrupaciones lingüísticas.   De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2000 (INEGI), existía en el Distrito Federal una población indígena de 141,710 habitantes; sin embargo, el II Conteo de Población y Vivienda de 2005 registró una población de 118,424 hablantes de lengua indígena, de los cuales 55,487 son hombres y 62,937 mujeres.   Según este mismo instrumento, las delegaciones que tienen mayor presencia de miembros de pueblos indígenas en el Distrito Federal son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc. Las delegaciones consideradas como rurales tienen una población de 37,904 indígenas, es decir, 32.2% indígenas habitan en esta zona.[2]   De acuerdo al Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de distinto Origen Nacional de la Ciudad de México[3], el estudio realizado en 2002 por Conapo-INI estima una población total de 333,428 indígenas en el D.F., de los que157,714 son hombres y 175,714 mujeres.   Por su parte, las cifras de las propias organizaciones indígenas hablan casi de 500 mil habitantes en la Ciudad de México.   De acuerdo, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 7 se establece:    “ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:       a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” [4]   Es oportuno mencionar que en el Distrito Federal, si bien no se tiene una certeza sobre el número de personas indígenas que habitan en la Ciudad, de acuerdo al INEGI, menos del 2% de la población total del Distrito Federal pertenece alguna comunidad o pueblo indígena.   Ahora bien, de acuerdo al Programa de Derechos Humanos vigente en el Distrito Federal, en su Capítulo 32 relativo a la Agenda Legislativa local por derecho y Grupo de Población, el subtema 32.19 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas[5], se establece como una estrategia el “reconocer e implementar acciones para permitir el derecho de los pueblos indígenas a determinar y mantener su identidad comunitaria”.                 En ese sentido, la presente iniciativa de Ley tiene como primer objetivo, el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas en un tema que es fundamental en la actualidad, que es el acceso a la información pública por los Entes Obligados[6], tal y como lo establece la Ley General de la materia, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de la siguiente manera:   “Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas; III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados; V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los Entes Obligados; VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho; VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, y VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.”   No obstante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no establece disposición alguna en la que se mencione que la información deberá estar disponible en lenguas maternas indígenas cuando así se solicite, imperando una clara discriminación hacia este grupo vulnerable de la ciudad en cuanto a la apertura de la información pública se refiere. Al respecto consideramos que debiera existir una discriminación positiva o pro persona, tal como se reconoce en la Ley de la materia para los pueblos y comunidades indígenas.         Por ello, el Partido Verde propone al Pleno de esta Soberanía a través de la presente iniciativa, el incluir acciones concretas de igualdad y equidad a los pueblos y comunidades indígenas en el tema de transparencia y acceso a la información, de tal manera que se garantice el respeto irrestricto al derecho fundamental a la información de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Distrito Federal, para que este se realice en su lengua materna.     Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente    

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

  ÚNICO.-  Se reforma el tercer párrafo del artículo 1; se reforman los incisos a) y b) y se adiciona un inciso c) al artículo 5; se adiciona un artículo 22 bis; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 34; todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:    

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

  Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito Federal.   El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y  Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba  recursos públicos del Distrito Federal.       El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información pública. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el Distrito Federal, todo ello se realizará en su lengua materna.     Artículo 5. Es responsabilidad de todo Ente Obligado:   a) Facilitar la participación de las personas en la vida política, económica, social y  cultural del Distrito Federal; para lo anterior, deberán difundir entre los  habitantes de esta entidad federativa, el contenido de la presente Ley;   b) Contribuir al fortalecimiento de espacios de participación social, que fomenten  la interacción entre la sociedad y los entes obligados en temas de  transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; y   c) Instrumentar las medidas necesarias para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.     Artículo 22 bis. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas en los términos que establece el artículo 14 en lengua indígena.     Artículo 34. El Instituto propondrá a las autoridades educativas competentes, incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública, en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Distrito Federal.   Asimismo, de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, deberá trabajar para incluir contenidos que versen sobre la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales en lengua indígena.  

 

 

 

TRANSITORIOS

    PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.   SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.         Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:         DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR  

Los que suscriben, Diputados Jesús Sesma Suarez y Alberto E. Cinta Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 24 de Septiembre de 2013.

    HONORABLE ASAMBLEA:     Los que suscriben, Diputados Jesús Sesma Suarez y Alberto E. Cinta Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 42 fracción VIII y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción II y 17 fracción IV, 88 fracción I y 89 párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 85 fracción I, 86 párrafo primero y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto a la consideración de esta Soberanía, la presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    El 27 de diciembre de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal,  la cual  redujo la pena de prisión para el delito de ataques a la paz pública, que era de cinco a treinta años de prisión. Ahora, derivado de dicha reforma, la pena es de dos a siete años.   El artículo 362 vigente  del Código Penal del Distrito Federal, señala lo siguiente:   Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los  que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública   La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código.                                                                                                                            Ahora bien, en la versión estenográfica de la reunión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de fecha 24 de diciembre de 2012, que contiene el análisis, discusión y votación del dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo 362 del Capítulo denominado ataques a la paz pública, se menciona por parte de los diputados  que  la finalidad de las modificaciones al Código Penal, obedecieron a lo siguiente:   “En ese sentido lo que estamos pretendiendo nosotros, es quitarle la gravedad en una primera instancia a este delito, para que aquellos que estén procesados o sean procesados por la comisión de alguno de los tipos penales o supuestos que establece este artículo, puedan gozar de libertad bajo caución, seguir su proceso normal hasta sentencia.”   “Lo conveniente es para no entrar en interpretaciones, lo que necesitamos y la finalidad de estar aquí, es la liberación de los jóvenes que se encuentran recluidos de manera presumiblemente injusta, al estar ante una aprehensión desatinada, al tener como marco un operativo reactivo, y es en ese sentido, vamos por la derogación para no dar pie a la posibilidad de que a través de pandillerismo o algún tema de acumulación de delitos, estos muchachos estén impedidos de liberarse.”   Como se aprecia de la versión estenográfica, la finalidad de la reforma al artículo 362 era liberar a los jóvenes que se encontraban recluidos a efecto de que su proceso lo pudieran llevar gozando de la libertad bajo caución, más no el estudio de fondo del tipo penal para garantizar su mejor aplicación aplicación.   Hace aproximadamente 9 meses entró en vigor las nuevas disposiciones del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, en el que efectivamente se suprimió el concepto de violencia extrema, para dejarlo en violencia y servicios públicos por  bienes públicos,  por considerarlas subjetivas y generar confusión en el  juzgador al momento de aplicar la ley al caso concreto.   Sin embargo,  aun cuando dicho precepto suprimió 2 palabras que efectivamente generaban confusión y modificó la pena, consideramos que el artículo 362 merece ser revisado y modificado en su redacción nuevamente, pues  el tipo penal  de  paz pública, en la actualidad  continua siendo confuso, pues el legislador no incluyó una definición  que desde nuestro punto de vista es necesaria para encuadrar la conducta del infractor al tipo penal, es decir, no existe claridad en su definición y sigue dejando arbitrio e interpretación del juzgador una cuestión de tal relevancia y magnitud que puede llegar afectar al justiciable, a la estabilidad social y al orden público, es decir, a la paz pública. En el Constitucionalismo Mexicano el principio de legalidad es una constante, siendo los componentes básicos del mismo,  los siguientes preceptos constitucionales:   En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada  por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.   El Código Penal del Distrito Federal, desarrolla el principio de legalidad penal inicialmente en el artículo primero en los siguientes términos:   ARTÍCULO 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta.   Otros principios importantes para los fines de la presente iniciativa son los siguientes, también del Código Penal:   ARTÍCULO 2 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón). No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona alguna.   ARTÍCULO 4 (Principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material). Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal.   Como sabemos,  el tipo penal establecido en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, no limita el derecho a protestar o manifestarse, sino simplemente se dirige a castigar el ejercicio de violencia contra bienes públicos y privados y la alteración del orden y la paz pública, cuando se realicen en el marco de la misma protesta o manifestación.   Recordemos que el artículo 6o. Constitucional señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”.   Por su parte, el artículo 7o. De nuestra Carta Magna establece que: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública...”.   Es decir, las libertades de expresión e imprenta no pueden limitarse sino solo cuando se ataque a la moral, se provoque algún delito, se perturbe el orden o la paz pública, o a los derechos de los demás y, en especial, el derecho a la vida privada.   Igualmente, la Constitución señala en su artículo 29  que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación.   Lo anterior no es cosa menor si tomamos en cuenta que la perturbación de la paz pública (bien jurídico tutelado por el artículo 362), es objeto de regulación para el caso de suspensión de garantías individuales, es decir, es tan delicado este supuesto que incluso puede llegar al extremo de ser causa de lo previsto por el mismo artículo 29 en comento.   Ahora bien, el principal instrumento de Derecho internacional que regula los derechos civiles y políticos y sus limitaciones, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  del que México es parte desde 1981. En su articulo 21  reconoce el derecho a la reunión, sin embargo, también señala que se pueden establecer limitaciones a este derecho sólo si éstas  están previstas por la ley.   Desde nuestra perspectiva, estas limitaciones son necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, y para proteger la salud y la moral públicas, así como los derechos y libertades de los demás.   Este Pacto también  señala que el derecho a la libertad de expresión debe cumplir con el requisito de proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, por ello señaló que la moral pública comprendía todo aquel comportamiento individual que resultara apegado a las prescripciones que el orden jurídico establece para normar las relaciones del gobernado con la sociedad y el Estado. En consecuencia, se deduce que el Estado mexicano –a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente con la seguridad pública– debe coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados.   En otro orden de ideas, al interpretar el artículo 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana a señaló  que “la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos o sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad”.   En el  texto de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con oficio identificado con clave alfanumérica CDHDF/OI/CIIL/0148/2012, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, signado por el Presidente de la Comisión, Doctor Luis Armando González Plasencia, señaló con respecto al delito de ataques a la paz pública contenido en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, lo siguiente:   El otro grave defecto que tiene la descripción típica del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, es que el bien jurídico tutelado en éste tipo (paz pública) es tan impreciso que no se sabe en que consiste, y por lo tanto tampoco cuando está siendo lesionado o se le está poniendo en peligro…   Asimismo, señaló que dado que el derecho de manifestación se debe ejercer de manera pacífica, el legislador sí está facultado para tipificar conductas delictivas cuando las personas con motivo del ejercicio de tal derecho, hacen violencia en las personas o en las cosas, pero teniendo claridad que la paz pública puede protegerse también a través del derecho penal, los supuestos de alteración de dicha paz deben ser específicos y la punibilidad obviamente no puede ser la del terrorismo, porque los medios de comisión de éste ultimo delito son extremadamente graves debido a la afectación masiva de bienes jurídicos fundamentales que pueden llegar a producir o producen.             Así, la descripción adecuada de la conducta idónea para lesionar un bien jurídico debe ser acorde con los actos y sus efectos, como es el caso de aquellos tipos penales que caracterizan el bien jurídico protegido como alterar el orden público mediante causar lesiones a las personas, producir daños en la propiedades, obstaculizar las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, dado que estos supuestos permiten caracterizar la conducta que el legislador considera idónea para la afectación a la paz pública.   Como sabemos, el  orden público determina un estado de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad; esta idea está asociada con la noción de paz pública, objetivo específico de las medidas de gobierno.   En sentido técnico, la  paz pública se refiere al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen el derecho de una comunidad; principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos, (no está bajo el imperio de la autonomía de la voluntad) ni por la aplicación del derecho extranjero.   El orden público funciona como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos o se impide que ciertos actos jurídicos válidos tengan efectos dentro de un orden jurídico específico.   Tradicionalmente se ha definido el concepto de paz pública como la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, bajo la soberanía del Estado y del Derecho. Se le ha asimilado al orden público, como desenvolvimiento regular de la vida en sociedad. En definitiva, es la expresión del clima de tranquilidad pública que normalmente debe imperar en una sociedad organizada.   En consecuencia, la noción de paz pública se ubica -como bien jurídico superior, tutelado por el Estado- en una posición notoriamente jerarquizada, al extremo que impone a todo gobierno la prioridad de su preservación.   Por otro lado,  la pena establecida en todo tipo penal tiene como referente básico el grado de protección que se pretende dar al bien jurídico que es valioso para la sociedad. Y, por supuesto, la cantidad de años de prisión debe ser proporcional al daño causado, según lo establece expresamente el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a  la letra señala:     “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.   Sobre la proporcionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto lo siguiente:   “LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA. El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.   A efecto de analizar los elementos del tipo penal contenidos en el artículo 362 del Código Penal,  se señala lo siguiente:  

• Sujeto activo:  “puede ser cualquier persona (al que)”;

 

• Medios comisivos: “mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia”;

 

• Sujeto pasivo: “en contra de las personas”

 

• Conducta: “realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos”;

 

• Bien jurídico tutelado: “la paz pública”

 

• Resultado: “que perturben la paz pública”

 

• Pena: Se le impondrán de dos a  siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años.

  Por todo lo anterior el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, merece ser revisado y modificado en su redacción, ya que el tipo penal en la actualidad representa confusión para la autoridad al momento de su aplicación y al momento de realizar el encuadramiento de la conducta.   Esto no debe suceder, puesto que no se debe dejar al arbitrio de la autoridad una cuestión de tal relevancia y magnitud, ya que puede constituirse en perjuicio del justiciable. Es confuso como está establecido el tipo penal de “ataques a la paz pública”, no hay propiamente una definición.   Numerosas declaraciones de Naciones Unidas respaldan que la paz es una condición previa para el pleno disfrute de los Derechos Humanos y, que sin estos, es imposible la creación de una sociedad pacífica.   El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalo el pasado 30 de agosto de 2013, lo siguiente:   “Una cosa es manifestarse públicamente y otra que se cometan delitos, la autoridad debe de actuar y aplicar la ley como la mejor medida para que estos hechos no se sigan repitiendo”.   Hoy en día la Ley esta rebasada por nuestra realidad.   El comportamiento de la gente que integra una sociedad tiene y debe tener límites.   Los daños a la infraestructura urbana, a negocios y a vehículos, así como el rompimiento de vallas metálicas, no están consagrados dentro del derecho a la manifestación, por lo que estos actos deben investigarse y sancionarse penalmente, más aun cuando se perturba la paz pública.   Estamos ante la urgente necesidad de proteger los bienes jurídicos que son el orden social, la paz púbica, el normal desarrollo del régimen político democrático, la sana convivencia, la libertad, el respeto a las autoridades  y, por supuesto, el derecho que tenemos todos los que habitamos en esta ciudad de tener una vida en plena libertad, paz y tranquilidad.   Es por ello, que al considerarse como tipo penal el ataque a la paz pública, merece ser protegido de manera proporcional al bien jurídico tutelado, en tal sentido, nos parece que la sanción vigente actualmente que va de 2 a 7  años, no cumple con los principio señalado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que  “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.     Ello porque, como ya quedo establecido, la paz pública se ubica como un bien jurídico superior, tutelado por el Estado, en una posición notoriamente jerarquizada al extremo que impone a todo Gobierno la prioridad de su preservación, por lo que los principios, normas e Instituciones no pueden ser alterados ni por la voluntad de los individuos pues este tiene un rango superior de protección.   En consecuencia, la presente iniciativa tiene como finalidad, primero, definir en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, lo que se entiende por  paz pública; aumentar la pena de prisión para que esta sea de 3 a 10 años para considerar al delito en cuestión como grave; y segundo, reformar los artículos 287, 288 y 289, a efecto de incrementar la sanción  a quien cometa los delitos de ultrajes a la autoridad y de ejercicio ilegal del propio derecho,  pues estas acciones definitivamente también alteran la paz pública al involucrar el ataque a la integridad física, así como la vejación de los derechos de los agentes del Estado, y con el objeto de que también se consideren como delitos graves.     Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración para su estudio, análisis, dictamen y eventual aprobación, la presente    

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE FORMAN

 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL

PARA EL DISTRITO FEDERAL

                                                                                                     ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 362; y se reforman los artículos 287, 288 y 289; todos del Código Penal para el Distrito Federal,  para quedar como sigue    

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

  ARTÌCULO 362.- Se les impondrán de tres a diez años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por doce años, a los  que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.       Para efectos del presente artículo se entenderá por paz pública,  la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, bajo la soberanía del Estado y del Derecho, que permite el desenvolvimiento regular de la vida en sociedad, bajo un clima de tranquilidad y protección.   La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código.     ARTÍCULO 287. Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o  con motivo de ellas, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa  de veinte a   ciento sesenta  días de  multa.                 ARTÍCULO 288. Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho, que deba ejercitar, empleare violencia, se le impondrá prisión tres a diez años de prisión.     ARTÍCULO 289. Al que cometa un delito en contra de un servidor o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena que corresponda por el delito cometido, se le impondrá de tres a diez años de prisión.                  

TRANSITORIOS

  PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.   SUGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.        

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

   

DIP. JESUS SESMA  SUAREZ            DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR                                         VICECOORDINADOR

                                                   

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 21 de Agosto del 2013.

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E   Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del órgano político administrativo de Álvaro Obregón el C. Leonel Luna Estrada a que resuelva las diversas necesidades de las colonias de la demarcación de Álvaro Obregón, bajo los siguientes:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  La delegación Álvaro Obregón es una de las delegaciones que presenta los mayores contrastes sociales, al tener zonas residenciales muy exclusivas enfocadas al poder adquisitivo medio-alto y alto como lo son Lomas de Santa Fe, San Ángel, San Ángel Inn, Lomas de San Ángel Inn, Florida, Tlacopac, Jardines del Pedregal, Guadalupe Inn, Colinas del Sur, Las Águilas, Chimalistac, Jardines del Pedregal y Villa Verdún; de clase media como: San Pedro de los Pinos, Tetelpan, Tizapán,  Alpes y Mixcoac así como colonias de clase media baja y baja con un alto índice de delincuencia como lo son: Observatorio, Roebuck, Merced Gómez, Plateros, Américas, Alfonso XIII y Olivar del Conde y otras de clase baja de carácter más irregular donde predominan la delincuencia, marginación y hacinamiento como en el pueblo de Santa Fe, El Cuernito, Golondrinas, La Araña, Punta del Ceguayo, Jajalpa, Barrio norte o la Zona de Cristo Rey. En la delegación también se pueden encontrar en pequeña porción pueblos y colonias de carácter rural y semi-urbano con cierto grado de marginación localizadas en los límites con el Desierto de los Leones hacía el suroeste como Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco. Álvaro Obregón es también una de las delegaciones con una zona rural y zonas montañosas boscosas, entre los pueblos ubicados en la sierra están: San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, El Desierto de los Leones y también Tizapán. Su nombre significa "escudos blancos". Tizapán- Tiza: yeso o greda; pan: en, sobre, encima. El significado del nombre es "en donde la tiza", una zona que en los últimos años ha cambiado de ser un pueblo como se le denominaba hace veinte años, con la ventaja de contar con todos los servicios ya que al estar rodeada de San Ángel y Pedregal. Las zonas montañosas localizadas en esta delegación alcanzan los 3.800 msnm, en donde hay sitios ideales para el excursionismo, campismo y la caminata de alta montaña. Por la delegación corre el Rio Magdalena, último río vivo de la ciudad que sufre un grave problema de contaminación, aunque se planea su limpieza y embellecimiento del entorno que lo rodea. De igual modo, antaño, en los alrededores de periférico y Plateros se encontraba ubicado el ya famoso Manicomio General de La Castañeda, instituido en el año de 1910 por el expresidente, Porfirio Díaz, para celebrar 100 años de la Independencia. Éste tuvo una doble función de hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, de cualquier edad, nacionalidad y religión. Debido a las pésimas condiciones en que se encontraban los internos en La Castañeda, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz decidió, en 1967, inaugurar granjas-hospitales ubicadas en las afueras de la ciudad, a donde fueron trasladados los 5 000 habitantes del antiguo manicomio. Del Manicomio, sobrevivió la fachada majestuosa de estilo francés, que piedra por piedra fue trasladada de la ciudad de México a Amecameca, en donde hoy resguarda celosamente la vida religiosa de Los Legionarios de Cristo. Algunas colonias de la delegación se encuentra en zona de minas, tales como Olivar del Conde, Presidentes, Capula, Piloto, Bellavista entre otras y están catalogadas como "zona minada de alto riesgo"; en 2005 en la colonia Olivar del Conde es donde más cavidades se han localizado, y del año pasado a la fecha, por medio de un convenio de colaboración con ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se identificaron 21 minas, de las cuales tres fueron consideradas de muy alto riesgo.   También tiene una gran cantidad de riesgos.  El 60% de la población vive sobre suelo minado de relleno,  en taludes, barrancas.  Hay 800 puntos de riesgos.  Tiene siete grandes barrancas que impiden mucho la comunicación entre ellas. Aquí conviven los dos polos opuestos de la sociedad: las zonas con mayor marginación y los de mayor ingresos y son vecinos, lo que convierte a este delegación en la más compleja, porque aquí se suma toda la problemática de la ciudad. “En las laderas de ríos y barrancas viven unas 150 mil personas. Aquí son vecinos  los muy ricos y los muy pobres. Ambos nos piden solución de problemas”. Los millonarios viven en colonias como San Ángel, San Angelín, El Pedregal, Chimalistac, Rancho San Francisco, Complejo Santa Fe, zonas de muy alto ingreso. La gente en extrema pobreza vive en La Araña, El Queso, La Coyate, Barrio Norte, Jalalpa, Lomas de Becerra, con alto grado de marginación. Esto sin duda  remarca la complejidad delegacional. Aun con los programas que se realizan en estas demarcaciones para el desazolve de presa con aguas negras, como la ubicada en Av. Minas de Cristo, la población de las colonias aledañas siguen utilizando estos lugares como depósitos de basura, por lo cual las autoridades tienen que crear nuevas estrategias para contrarrestar la problemática que se vive con la falta de cultura el manejo de la basura.   En este sentido,  el pasado sábado 17 de agosto de este año, los diputados del grupo Parlamentario del Partido Verde realizaron un recorrido por diversas colonias de la delegación Álvaro Obregón,  como la  Colonia Barrio Norte y  la Colonia Palmas Axotlita, los habitantes de dichos lugares expresaron que se requiere más seguridad e incrementar más la vigilancia, pues existen muchos lugares donde se ejerce el narcomenudeo, generando una gran inseguridad como los asaltos en vía pública.   Los habitantes de esta delegación nos comentaron que las condiciones de vida en la delegación Álvaro Obregón se han deteriorado cada vez más, por ejemplo, se han removido varias áreas de banquetas que hasta la fecha siguen sin pavimentar, es casi imposible transitar a pie por las calles: es muy deficiente el servicio de recolección de basura y el servicio de limpia   Otra situación que pasan los habitantes de estos barrios es la aglomeración de basura en las esquinas de las  calles,  provocando contaminación ambiental y como consecuencia, reiteradas  enfermedades infecciosas para los que viven y pasan por dicho lugar, por lo que solicitan mayor vigilancia a efecto de que se sancione a las personas que tiran basura y en consecuencia se eliminen por completo estos tiraderos.   Manifestaron la urgente necesidad de que se solucione el  foco de infección que representa la presa que se encuentra ubicada en la Colonia Barrio Norte en la cerrada de la presa y golondrinas, toda vez que representa para sus habitantes un foco de infección,  despide olores que contaminan y dañan la salud de los pobladores, además de que es utilizada de manera permanente como tiradero.   Solicitan también que se verifique la calidad y la cantidad de agua que llega a la Colonia Barrio Norte, pues lamentablemente la escasez y la mala calidad del agua, ha ocasionado también problemas de salud y dificultad para desarrollar sus actividades de aseo de forma permanente.   Solicitaron que se  limpien las barrancas, pues se han convertido en tiraderos de basura y constantemente hay incendios.   En relación a los incendios, solicitaron que exista mayor vigilancia por parte de la Secretaria de Seguridad Pública, pues en muchas ocasiones los mismos vecinos han tenido que intervenir para apagar los incendios, asumiendo incluso los riesgos que eso conlleva.   Tal como se puede apreciar, es necesario que las autoridades (comenzando por las delegacionales), atiendan de manera urgente la grave problemática que enfrenta  la Delegación Álvaro Obregón, es por ello es que a través del presente Punto de Acuerdo,  hacemos nuestras todas y cada una de las demandas y necesidades de los ciudadanos de esa delegación y solicitamos a las autoridades correspondientes su inmediata intervención.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita al Jefe Delegacional en  Álvaro Obregón,  Leonel Luna Estrada, atienda de inmediato las siguientes demandas ciudadanas:     EN  COLONIA PALMAS AXOTITLA y COLONIA BARRIO NORTE.

• Solicitan se sustituya el  alumbrado público.
• Solicitan el desazolve de las coladeras.
• Se solicita la instalación de un gimnasio al aire libre.
• Solicita que rehabiliten de las banquetas que están en Av. San Antonio.
• Solicita  canchas de futbol un gimnasio al aire libre, en el área de la barranca donde esta un estacionamiento.
• Solicita que se entube o se construya un muro de contención en la presa Becerra A, ubicada en la colonia Barrio Norte.
• Se solicita se atienda de manera inmediata el hundimiento  ubicado en la calle Minas de Cromo y en  diversas calles de las colonias,  ya que la delegación ha hecho caso omiso.
• Se solicita que de manera inmediata atiendan y reparen las fugas de agua que existen en esa zona ya que cuando son reportadas tardan mucho en repararlas hasta quince días.
• Solicitan que de inmediato se concluya la construcción del CENDI que se encuentra ubicado en minas de sal y minas de sufre, ya que desde hace 13 años que comenzó su construcción no se ha concluido.
• Solicita el retiro del poste que está tirado en la esquina de López Mateos y Malinche ya que los utilizan para tirar la basura y como asiento.

  SEGUNDO.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, atienda de inmediato las siguientes demandas ciudadanas de las colonias Palmas Axotitla y colonia Barrio Norte.

• Incrementar la vigilancia de las calles, en parques y jardines, además de  rondines permanentes en patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal.
• Solicitan que se atienda denuncias de narcomenudeo e inseguridad.
• Solicitan Cámaras de Vigilancia en vía pública.
• Se solicita la instalación de Alarmas Vecinales.
• Se solicita mayor vigilancia y patrullajes principalmente los fines de semana en la calle Malinche y esquina con López Mateos.
  • Solicitan mayor seguridad ya que los policías no entran en los callejones y solo se quedan en las avenidas principales, también los policías no atienden las peticiones de los vecinos y hay mucha delincuencia.

    TERCERO.-  Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita al titular del Sistema de Agua del Ciudad de México,  atienda la  solicitud de los vecinos de las  COLONIAS PALMAS AXOTITLA y COLONIA BARRIO NORTE.

• Solicita atiendan el cobro excesivo de agua, además de que el recibo no  llega a sus hogares.
• Revisar fugas de agua que por lo regular hay en dichas  colonias
• Solicitan se atienda la falta del servicio de agua, porque no siempre hay en la zona y cuando llega sale muy sucia.

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

 

DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ

COORDINADOR                                                            VICECOORDINADOR

 

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 4 de Septiembre de 2013.

    Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, PROTECCION CIVIL Y MEDIO AMBIENTE, TODAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LAS 16 DELEGACIONES POLÍTICAS, PARA QUE REALICEN CONJUNTAMENTE Y DESDE EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, OPERATIVOS CON LA FINALIDAD DE VIGILAR, CONTROLAR Y CLAUSURAR RASTROS CLANDESTINOS, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El cierre del único rastro que existía en Milpa Alta, (hace un año ocho meses) ha ocasionado la aparición de rastros clandestinos en casas, bodegas, terrenos e incluso a bordo de tráileres, donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; alrededor de 3 mil animales a la semana en la demarcación^[1]. El máximo número de matanzas clandestinas en esa demarcación se da jueves y viernes, pues el fin de semana es la venta de la carne.   Según el médico veterinario de la UNAM, Roberto Duarte, es imposible cuantificar los rastros clandestinos, y no solo en Milpa Alta. La existencia de estos rastros recorre todo el Distrito Federal, pero principalmente las delegaciones rurales: Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Milpa Alta.   De los 1,151 rastros que hay en el país, solo hay uno en el Distrito Federal, pero está clausurado desde el 6 de julio de 2011.   Actualmente, no existen medidas de higiene. “Esos animales se matan en las casas: en cualquier parte se mata para su venta al público; el cierre del rastro originó la clandestinidad. En los domicilios la gente compra los animales de traspatio para vender la carne, y al no haber dónde matarlos se sacrifican en otro lugar”, asegura el Médico Veterinario Roberto Duarte.   El último dato de 2003 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dice que los rastros clandestinos en México (DF) representan 30 por ciento del total nacional.^[2]   El Estado de México cuenta con 41 rastros municipales, 18 privados y tres de los llamados TIF (Tipo de Certificado Federal; lo más moderno en rastros): Toluca, Ayapango y Ecatepec. De estos puntos llega la carne al DF, pero también de los rastros clandestinos.   Dependencias federales o locales, como SAGARPA, COFEPRIS o la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, alegan falta de personal para la verificación o que simplemente no es de su competencia llevar a cabo la clausura de rastros clandestinos.   La carne es un componente básico de la alimentación diaria de cualquier persona, que permite un alto valor nutritivo. El 20% de la carne es pura proteína acompañada de aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana.   Sin embargo, la matanza de traspatio como comúnmente se le conoce a la matanza clandestina, se hace sin ningún tipo de condiciones de sanidad y genera un problema de salud pública y un impacto ambiental negativo.   Los rastros se clasifican de acuerdo al tipo de actividades que realizan, por el equipamiento y la finalidad para los que fueron creados. En este sentido, existen los rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y los rastros Tipo Inspección de la Secretaría de Salud (TSS).   Rastros TIF: Estos rastros son aquéllos que además de prestar servicios básicos que proporcionan los rastros TSS, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación.   La ventaja de los rastros TIF es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo su operación requiere necesariamente de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados.   Rastros TSS: Estos rastros son los que se conocen comúnmente como rastros municipales. Se caracterizan por el equipamiento y servicios que proporcionan, así como por el tipo de inspección que lleva a cabo la Secretaría de Salud consistente en el control sanitario de la carne.   De acuerdo con la  LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 2009^[3].   DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL   Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria que correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través del órgano desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a la que corresponde:   I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente Título, así como en: a) Restaurantes y bares; b) Comercio al por mayor de productos lácteos; c) Productos naturistas; d) Productos de la pesca; e) Carnes; f) Huevo; g) Frutas y legumbres; h) Calidad del agua, agua embotellada y hielo; i) Cadáveres y agencias funerarias; j) Ambulancias y servicios de salud; k) Establecimientos especializados en adicciones; l) Sanidad internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, y (…) V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las  condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios en el Distrito Federal; VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley, la Ley General y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas locales y demás disposiciones legales aplicables; VIII. Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Ley de Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Verificaciones, en lo que le sea aplicable al esquema normativo regulatorio de la Secretaría, en los términos de sus facultades específicas y necesidades técnicas y organizacionales;   Artículo 147.- La central de abastos, mercados públicos, centros de abasto y similares, serán objeto de verificaciones sanitarias periódicas por la Agencia.   Artículo 167.- El sacrificio de animales se efectuará en los lugares, días y horas que fije la Agencia, tomando en consideración las condiciones del lugar y los elementos de que disponga dicha autoridad para realizar la verificación sanitaria. Queda estrictamente prohibido el sacrificio de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Si la carne y demás productos animales se destinan al consumo familiar, la Agencia concederá permiso para el sacrificio de ganado menor a domicilio, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.   Artículo 168.- Los rastros, establos o caballerizas y otros similares deberán contar con la autorización sanitaria que emita la Agencia y su operación se apegará a lo estipulado en el Reglamento de control sanitario que al efecto emita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.   Artículo 169.- Los animales destinados al consumo humano deberán ser examinados en pie y en canal por la Agencia, la cual señalará qué carne puede dedicarse a la venta pública, mediante la colocación del sello correspondiente. El manejo, disposición y expendio de la carne para consumo humano y sus derivados, se sujetará a las acciones de verificación sanitaria establecidas por la Agencia. El sacrificio de animales para consumo humano, en cualquiera de sus formas, deberá ser humanitaria y se utilizarán los métodos científicos y técnicas actualizadas que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes.   Artículo 170.- Queda a cargo del Gobierno las actividades de funcionamiento, conservación y aseo de los rastros públicos, así como la vigilancia y supervisión de la operación de los privados. Dichas funciones las podrá ejercer por conducto de las delegaciones, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.   Las funciones de control y verificación sanitaria corresponden a la Agencia.   Artículo 171.- Todo personal que preste sus servicios en contacto directo con los animales en pie o en canal, deberá contar con la tarjeta sanitaria que expida para tales efectos la Agencia.   Ahora bien la LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL  DISTRITO FEDERAL. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de abril  de 2003^[4].Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del DF, 18 de Agosto de 2009, establece lo siguiente:   Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:   I. Arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, y en general en sitios no autorizados, residuos sólidos de cualquier especie; II. Depositar animales muertos, residuos sólidos que despidan olores. desagradables o aquellos provenientes de la construcción en los contenedores instalados en la vía publica para el arrojo temporal de residuos sólidos de los transeúntes; III. Quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados cualquier tipo de los residuos sólidos; IV. Arrojar o abandonar en lotes baldíos, a cielo abierto o en cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas, residuos sólidos de cualquier especie;   El cierre del único rastro que tenía el Distrito Federal, en Milpa Alta, ocasionó la aparición de rastros clandestinos donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; alrededor de 3 mil animales a la semana. Todo ello sucede sin medidas de higiene. Esos animales se matan en casas, bodegas, terrenos e incluso a bordo de tráileres: en cualquier parte se mata para su venta al público.^[5].   “No hay control de la carne que sale al mercado: los animales pueden estar enfermos, contagiados”, causando algunas enfermedades que pueden contraer las personas que ingieren la carne como son diarreas y salmonelosis.   Imposible cuantificar los rastros clandestinos, la existencia de estos rastros recorre todo el DF, pero principalmente las delegaciones rurales: Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Milpa Alta.   Hay rastros clandestinos en los que se vende carne de ganado engordado con clembuterol, sustancia que se concentra en las vísceras de los animales, y puede ser peligroso para quienes padecen problemas cardiovasculares.   El clembuterol puede causar problemas de taquicardia, nauseas, incremento de la presión sanguínea e intoxicación, adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares, lesiones hepáticas, cáncer estomacal, alteraciones de tiroides, disfunciones metabólicas, entre otras enfermedades de difícil tratamiento, que constituyen riesgo para la salud.   Las consecuencias para la salud pública del consumo de clembuterol en productos de origen animal (POA) se centran mayormente en los riesgos que representa para el consumidor de productos de origen animal contaminados con este fármaco, carne que  carece de algún control sanitario y veterinario.   Se siguen presentando casos de intoxicaciones en humanos debido a que existe poco control o vigilancia de las autoridades correspondientes, ya que no se cuenta con un programa efectivo debidamente supervisado por veterinarios oficiales, por lo que es indispensable erradicar los rastros clandestinos en el Distrito Federal.   “Rastros y establecimientos de venta de carne de res que no cumplen con los requisitos sanitarios, se han convertido en un peligro de salud pública, pues contaminan agua y medio ambiente a los ojos de todos por incapacidad oficial”^[6].   “En las delegaciones Venustiano Carranza y Azcapotzalco, se han detectado rastros que violan la Ley de Residuos, y en Iztacalco, en la zona de San Juan, también la higiene es un problema constante y con el peligro de salud pública”.   “Desde los encargados de la matanza hasta los comerciantes de venta de carne y sus derivados tiran en el drenaje o en plena calle los desechos de sangre, grasa y otros residuos de los animales”^[7].   Los rastros y mataderos tienen un gran impacto ambiental negativo en la mayoría de las localidades donde se asientan. Los residuos sólidos y líquidos son vertidos, casi en la totalidad de los rastros, en el drenaje o cuerpos de agua. Esta situación representa, además del evidente daño ambiental, un gran desperdicio de recursos que pueden ser empleados en diversas actividades y bien pueden ser considerados como un subproducto de la matanza.   Actualmente, la disposición final de los residuos en estos establecimientos tiene un impacto adverso en la biodiversidad local y en el agua con consecuencias directas e indirectas en la salud pública^[8].   Los residuos de los rastros no son basura de la cual se deba deshacer  rápidamente sino que son recursos que pueden tener un uso y aprovechamiento. Para lograr esto último es indispensable, primeramente, recuperar y separar los residuos de manera integral para poder manejarlos de la manera más adecuada y fácil. Lo más importante es evitar al máximo la disposición de residuos en el drenaje o cuerpos de agua ya que el tratamiento posterior resulta muy costoso y se aumentan los riesgos a la salud de la población.   Gran parte del impacto ambiental y en salud pública que tienen los residuos sólidos y líquidos de los rastros no puede ser cuantificado, sin embargo, la evaluación de riesgos proporcionó una perspectiva de la situación.   La recuperación y separación de los residuos de manera integral en el rastro es esencial, primeramente para valorarlos como un subproducto y poderlos utilizar en otras actividades como la elaboración de harinas y alimentos, compostaje o, incluso, generación de energía. Posteriormente, al separar los residuos se facilita el tratamiento del agua residual que se debe realizar para cumplir con la normatividad en la materia (NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996) y con ello también evitar la contaminación de cuerpos de agua que abastecen a la población.   Por otro lado, el 60% de la carne producida en México se comercializa en forma de canal caliente (sin congelar), lo que afecta la calidad e higiene para el consumidor. El resto se realiza por otros canales donde la calidad es superior, Sin embargo, consumir carne en condiciones poco higiénicas y sanitarias para su ingesta es un tema de salud en el DF^[9].   En este sentido, es importante que las Secretarías de Salud y de Protección Civil del Gobierno capitalino, implementen operativos de vigilancia en las zonas de sacrificio de reses y caballos conocidas como rastros, debido a que la matanza y manejo de mucha de esa carne para consumo humano está fuera de control.   Si esto se lleva a cabo, los rastros y mataderos tienen un gran impacto ambiental negativo toda vez que los residuos sólidos y líquidos son vertidos, casi en la totalidad en el drenaje o cuerpos de agua. Esta situación representa un evidente daño ambiental.   Por lo cual, el PVEM cree indispensable fomentar el aprovechamiento de recursos que pueden ser empleados en otras actividades y pueden ser considerados como subproductos de matanza, mediante un buen manejo de los residuos en forma adecuada e integral, evitando a toda costa la disposición de residuos en el drenaje y cuerpos de agua, que representan aumento en el riesgo de salud de la población.   Es indispensable implementar operativos de vigilancia en las zonas de sacrificio de reses y caballos conocidos como rastros, ya que la matanza y el manejo de esa carne para consumo humano está fuera de control.   Las autoridades deben ocuparse de resolver ese problema de manejo de sangre y vísceras sin propiciar una contaminación del medio ambiente y evitando que taponen el drenaje de desechos, que acarrearía un gran potencial de riesgo para la salud ciudadana y de medio ambiente citadino^[10].   La población exige que la carne para consumo humano reuna las condiciones higiénicas y sanitarias para su ingesta; realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano; evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares, y generar más ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales.     Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración del pleno la siguiente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO:

  ÚNICO. La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  VI Legislatura, respetuosamente exhorta a las Secretarías de Salud y Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, así como a las 16 Delegaciones, para que de manera conjunta y desde el ámbito de su competencia, implementen políticas públicas con la finalidad de evitar el funcionamiento de rastros clandestinos y, en su caso, sancionar las conductas ilegales en la que se incurran al respecto.

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

    DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                       VICECOORDINADOR  

 

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 28 de Agosto de 2013.

    DIP. VIDAL LLENERAS MORALES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E                                                    Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REGULAR LAS MARCHAS Y MANIFESTACIONES EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente:

 

 

                                             EXPOSICION DE MOTIVOS

 

  El pasado jueves 22 de agosto, la estación del metro Zócalo suspendió su  servicio ocasionando grandes problemas a los usuarios.  Por otra parte, la invasión total del Zócalo por parte de los maestros agremiados a la CNTE obligó a modificar la ruta del Maratón Internacional de la Ciudad de México en su edición XXXI, poniendo en riesgo la certificación mundial de la competencia. El miércoles 21 de agosto, un hombre murió en las calles aledañas el platón del magisterio en el Zócalo, debido a un paro cardiaco y a que la ambulancia no pudo entrar.   A esto debemos sumar que los manifestantes usan el mobiliario urbano para colocar sus carpas, por lo que ya se han  presentado denuncias en su contra. Solo por mencionar un caso, ocuparon la estación 90 de Ecobici para colgar sus lonas y abrieron un registro de la CFE.   Igualmente, el Palacio Nacional se encuentra cerrado a visitas y que decir de los Portales de Mercaderes que únicamente cuentan con un par de metros para el paso peatonal y el ingreso a los negocios.   Al día de hoy,  personal de concertación política  del GDF, calcula 18 mil personas ocupando el Zócalo. Pero no solo eso, sino que los propios manifestantes se encuentran en peligro, pues algunas de sus carpas están sobre registros eléctricos de la CFE y bloquean la salida de los edificios aledaños, lo que ocasionaría que en una emergencia, la evacuación fuera sumamente complicada.   En cuanto a los números,  son ya 7 mil 500 negocios en la delegación Cuauhtémoc afectados y el sector empresarial del DF pierde 100 millones de pesos diarios, según la COPARMEX.   También se ha visto afectada la circulación  del Metrobús y, en consecuencia, el servicio que presta en detrimento de miles de personas.   El día en que se manifestaron en la Cámara de Diputados, según notas periodísticas (La Prensa), hubo 20 policías heridos y 17 autos dañados. También se agredió a elementos de la Policía Federal, en un claro ejemplo de ultrajes a la autoridad. Todo ello sin dejar de mencionar las agresiones a reporteros que se encontraban cubriendo periodísticamente los hechos.   Pero no solo se afecta la zona del Zócalo capitalino, todos hemos sido testigos de afectaciones viales en las calles de Tacuba, Hidalgo, Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Bucareli y el Circuito Interior. También en las entradas de las carreteras a Cuernavaca y Pachuca, desquiciando la circulación de automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.   Los datos más recientes indican que las manifestaciones y plantones recientes. El pequeño y mediano comercio de la Ciudad reportó pérdidas por más de 400 millones de pesos. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño en el DF indicó que se ha afectado a poco más de 16 mil negocios establecidos en las inmediaciones de los puntos en donde se han realizado bloqueos.   Tan solo en el bloqueo en la zona del Aeropuerto, abarrotes, papelerías y farmacias disminyeron sus ventas en 60% y los negocias de comida en casi 90%. Ello aunado a los miles de viajeros que no pudieron tomar sus vuelos a tiempo y cuyas pérdidas aún no se han cuantificado.   Se estima que el bloqueo del Boulevard Puerto Aéreo que ocasiono el cierre de de la circulación en Río Churubusco y Viaducto Río Piedad duro entre 10 y 12 horas.   El Metro cerró sus estaciones Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1 y Terminal Aérea de la línea 5.       Dejó sin vuelo a 4 mil 160 pasajeros, según cálculos del director  general del AICM, quien preciso que se programaron y operaron mil 80 vuelos y que los pasajeros que no alcanzaron a llegar a tiempo tenían un boleto para la mitad de los vuelos programados, es decir 540.   Otros medios afirman que se afectó a 500 vuelos y a 3 mil pasajeros   En el ramo turístico, los hoteleros también han hechos sentir su frustración al tener que reubicar a un número indeterminado de turistas de los hoteles cercanos a las zonas de conflicto a otras más desahogadas, con el consecuente desprestigio para la Ciudad.   También la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño del DF, (Canacope) denunció que los hoteles del Centro Histórico perdieron hasta el 90 por ciento de su ocupación por el plantón. La mayoría de los huéspedes venían al Maratón de la Ciudad de México.   Los hoteles absorbieron el costo de la comisión por cancelación, no lo cobraron a los maratonistas.   Para la Canacope el plantón magisterial ha ocasionado pérdidas por 150 mil millones de  pesos ante la baja actividad comercial y turística  en el centro de la  ciudad.   Al respecto, el propio Secretario de Desarrollo Económico del D.F., también ha dicho que no existe “una métrica robusta,seria, que pudiera calcular las pérdidas.   Todo ello solo en lo que se refiere a los eventos suscitados durante los últimos 10 días en los que ha participado la CNTE.   Pero los maestros no son los únicos que constantemente se manifiestan con desorden. También el Sindicato Mexicano de Electricistas, organizaciones civiles y en general cualquier grupo que ve afectados sus intereses.   Es verdad, uno de los derechos humanos más importantes es la libertad de expresión, pues gracias a ella todos tenemos la oportunidad de externar nuestras ideas y opiniones. De ahí que todos nos podamos manifestar y reunirnos para ello.   Pero por otro lado encontramos a las personas que simplemente no forman parte de las mismas y que necesitan circular, llegar a su trabajo, hacer sus actividades cotidianas o simplemente ejercitar su derecho de tránsito, el cual también es un derecho de todos.   Recordemos que, según la Constitución, la manifestación de ideas debe realizarse sin atacar la moral, los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público, todas ellas condiciones que constantemente son violadas en perjuicio de millones de personas en el Distrito Federal.   Por ello es sumamente urgente que las autoridades pongan un alto a las personas que violan las leyes y la Constitución de manera sistemática, afectando el trabajo, la economía, la educación y la salud de todas esas personas que habitamos la Ciudad de México.   La solución consiste simple y sencillamente en regular las marchas, salvaguardando el derecho de expresión de quienes quieren hacerse escuchar por parte de las autoridades, así como protegiendo los intereses individuales y colectivos de los ciudadanos que vivimos y trabajamos en la Capital.   Debo señalar que países como España, Rusia, Libia, Colombia y Chile, ya cuentan con leyes que regulan las manifestaciones, porque coincidieron en que se requería regular la libertad de expresión y manifestación para garantizar el orden público y proteger los derechos de terceros.   Y aunque en el DF las propuestas ya están hechas con ese mismo objetivo, el PRD insiste en detenerlas fomentando el caos.   En este sentido, el sector privado ha hecho públicas algunas cifras muy reveladoras los problemas de tráfico vehicular en la Ciudad de México se traducen en pérdidas anuales de 33 mil millones de pesos. Y según la investigación a pesar de las grandes inversiones que han hecho las diferentes administraciones del Gobierno del Distrito Federal, como lo son el Metrobus, segundos pisos, ampliaciones al Sistema de Transporte Colectivo en tan solo 4 años el promedio de tiempo que lleva trasladarse de un punto a otro de la ciudad pasó de 53 minutos a 81 minutos.   Todo esto es tan solo por el trafico que se genera independientemente si se genera por una manifestación o no, mas la Canaco emitió un comunicado en donde establecía que tan solo en la Delegación Cuauhtémoc se registran pérdidas por unos 957 millones de pesos cuando las manifestaciones duran de siete a ocho horas; cuando su duración es de cuatro a cinco horas, la pérdida es de 574 millones de pesos; y las de menor tiempo son de unos 319 millones de pesos.   Los sectores comercio, servicios y turismo registran pérdidas de unos mil millones de pesos a causa de las marchas en el Centro Histórico del Distrito Federal, por lo que la Cámara Nacional de Comercio local (Canaco) pidió reglamentar estas manifestaciones.   La marcha estudiantil del 2 de octubre de 2012, tan sólo en la delegación Cuauhtémoc se registran pérdidas por unos 957 millones de pesos en casos en los que las marchas duran de siete a ocho horas.^[1]   Los sectores comercio, servicios y turismo registran pérdidas de unos mil millones de pesos a causa de las marchas en el Centro Histórico del Distrito Federal, por lo que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local pidió reglamentar estas manifestaciones.   De acuerdo con un estudio del Centro de Transporte Sustentable, los problemas de tráfico vehicular que se presentan a diario en el DF dejan pérdidas anuales de 33 mil millones de pesos, 2 mil 450 millones de dólares.   La velocidad promedio de los vehículos en el Distrito Federal se redujo en 2 décadas de 38 a 17 km por hora, según el Centro de Transporte Sustentable.   Pero eso no es todo, también la sociedad se ha pronunciado en torno a la realización de marchas y plantones: El Universal: 82% de encuestados está a favor de impedir los bloqueos como los de la CNTE; 16% dice Sí a permitir los bloqueos. Encuesta BGC-Excélsior: 52% está a favor de usar la fuerza pública.   Derivado de todo lo anterior es que consideramos que es impostergable que las autoridades tomen cartas en el asunto. No se trata de reprimir ni de ejercer violencia contra nadie. Simple y llanamente se trata de hacer cumplir la ley y la ley dice que existen instituciones para hacer valer las inconformidades de personas y grupos, que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, que nadie puede afectar los derechos de terceros y que las autoridades deben velar por el respeto de todas estas prerrogativas de los ciudadanos.   Por eso es que hoy, más que nunca, urge regular las manifestaciones en la vía pública, para que toda persona pueda decir lo que quiera usando los medios idóneos para que su voz sea escuchada, incluso los mismos que utiliza el Gobierno, pero de una manera ordenada, sin transgredir los derechos de la gran mayoría que se ve afectada seriamente su economía, seguridad e integridad física.         Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con      

PUNTO DE ACUERDO

 

  PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal respetuosamente solicita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, que dentro del ámbito de sus facultades, tome las medidas oportunas y necesarias para que el sector productivo del Distrito Federal pueda reducir sus pérdidas durante la realización de marchas, mítines, manifestaciones y plantones, mediante la aplicación de instrumentos económicos y fiscales.   SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita a su Comisión de Gobierno para que a la brevedad acuerde lo necesario con la finalidad de que este Órgano legislativo se avoque de inmediato al estudio de las distintas iniciativas que se han presentado en materia de regulación de marchas u manifestaciones en la vía pública.           Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:             DIP. JESUS SESMA  SUAREZ              DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                  VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 28 de Agosto de 2013.

    DIP. VIDAL LLENERAS MORALES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E                                                    Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA EXTINCIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO DE LAS Y LOS JÓVENES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente:

 

 

                                             EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El 24 de febrero de 2011, la Comisión de Gobierno hizo del conocimiento del Pleno de la ALDF, la aprobación de la Constitución del Fideicomiso denominado “Fondo de Apoyo para la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal” (FIJOV) e instruyó a la Oficialía Mayor para la contratación de la institución financiera  que se encargaría de realizar los fines del mismo.   Posteriormente, dicho Fideicomiso encontró sustento legal en la legislación  interna de la propia ALDF mediante su incorporación a la Ley orgánica de la misma por virtud del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  el 9 de mayo de 2012.   Las reglas de operación de emitidas por el Comité Técnico de del Fideicomiso en la V Legislatura mencionaban que el objetivo consistía en apoyar a los jóvenes con una beca escolar en los niveles medio superior y superior cuyos ingresos familiares fueran hasta de 10,000 pesos.     Esta beca cubriría el costo de la inscripción o reinscripción, colegiaturas, incorporaciones y expedición de la primera credencial y sería para estudiar en algunas de las instituciones educativas que conformaban la red de Servicios Educativos. Los recursos, entonces, se canalizarían a dichas instituciones cada mes.   Y así fue. Para cumplir con este objetivo la ALDF destinó 150 millones de pesos en el 2011 y 100 millones más para el 2012.   No obstante, con el tiempo los buenos fines que perseguía dicho fideicomiso fueron pervertidos y utilizados para lucrar económicamente con la juventud de la Ciudad.   Padrones de beneficiarios inexistentes o inflados, controles sumamente laxos por parte de la ALDF, pobre fiscalización sobre los beneficiados y las instituciones académicas, así como una nula rendición de cuentas, ocasionaron la comisión de abusos e incluso de conductas ilícitas que hacían indefendible su permanencia como un instrumento de ayuda social.   Nunca hemos sabido a cabalidad el listado de todas las instituciones que participaban en el Fondo, tampoco la cantidad exacta de recursos que se les destinaron a cada una. Mucho menos supimos de los perfiles de cada alumno o de su control de asistencia a los planteles educativos.   Todo ello derivó en una absoluta opacidad y descontrol que permitió que vivales sin escrúpulos  cometieran fraudes y tal vez también actos de corrupción. Y parece ser que nunca sabremos lo que pasó con todos los recursos que en su momento se destinaron a tales fines educativos por la sencilla razón de que no hay información fidedigna acerca de los supuestos alumnos matriculados en escuelas patito e incluso fantasma. Es decir, los millones se pagaron puntualmente como si en verdad estuvieran inscritos varias decenas de miles estudiantes, pero jamás se conoció de su real existencia y mucho menos se sabe a dónde fue a parar el dinero.   Derivado de ello es que en la presente legislatura se decidió extinguirlo con la intención de poder crear un nuevo instrumento que le permitiera a la Asamblea cumplir con esa noble labor de apoyar en su educación a los más necesitados.   En ese orden de ideas, se creó el Programa de Apoyo a la Educación de la Juventud del Distrito Federal, para dotar de un apoyo a los beneficiarios que aparecieran en el Padrón del antiguo FIJOV, con el objeto de no dejar de apoyar a los jóvenes en su educación. Sin embargo, ahora los apoyos se entregarán directamente a los estudiantes y ya no a las escuelas que, dicho sea de paso, colaboraron en sobremanera para que la ALDF jamás tuviera control y transparencia en la operación del Fideicomiso.   En las Reglas de Operación del nuevo Programa se establecen lineamientos que buscan un mayor control y claridad sobre el uso y destino de los apoyos.   No obstante, dejan totalmente al margen un asunto toral que esta constituido por elevar el nivel de aprovechamiento de los beneficiarios, a fin de que tanto los estudiantes de bachillerato como de estudios profesionales, cuenten con una mejor preparación para su vida laboral.   ¿Quién puede negar que nuestra sociedad se encuentra ávida de mejores profesionistas que con su trabajo contribuyan a mejorarla y dignificarla?   ¿Quién puede estar en contra de exigirle a los estudiantes un mejor aprovechamiento escolar para que con su esfuerzo se conviertan en mejores personas, más serias y más comprometidas con la sociedad?   ¿Quién puede decirle a un joven que estudie, pero que no importa que calificaciones obtenga? Al fin, el dinero para pagar su escuela allí va estar disponible, estudie o no, vaya a la escuela o no?   ¿Lo haríamos nosotros con nuestros propios hijos?   Tan es así, que TODAS las escuelas, serias lo hacen. TODAS piden una calificación superior a la media para otorgar becas. TODAS piden un mínimo de asistencia a sus alumnos, no para otorgarles una beca, sino simplemente para acreditar sus materias. TODAS exigen ser un alumno regular, es decir, que no adeude materias de años anteriores para hacerse acreedores de algún beneficio económico.   Pero contrario a toda lógica y en un claro desprecio por mejorar la calidad educativa y el futuro de los jóvenes, las Reglas de operación del Programa que quiere “““mejorar””” al anterior Fideicomiso, establecen requisitos sumamente laxos y hasta ridículos para ser beneficiario del apoyo económico, tales como “haber tenido un promedio mínimo de 7.0 (SIETE) y no tener más de 3 (TRES) asignaturas reprobadas”, así como después “alcanzar y conservar un promedio mínimo de 8.0 y no tener más de una asignatura reprobada”, principalmente.   Dichos requisitos constituyen un retroceso en el objetivo de mejorar la educación en la Ciudad de México. Más allá de contribuir a mejorar la operación y los resultados del anterior Fideicomiso, con el establecimiento de requisitos tan simples y bajos que lo único que promueve es que el desempeño académico de los jóvenes estudiantes no mejore, produciendo funestos resultados para el desarrollo de nuestra sociedad.   Para dar sustento a esta afirmación contamos con información que nos indica que los promedios de los más de 3,500 estudiantes beneficiados hasta 2012, oscilan entre 6.41 y 8.30 en nivel bachillerato y entre 7.71 y 9.11 en nivel licenciatura. No obstante, hay instituciones académicas que se destacan por sus bajos promedios que van de 6.31 a 6.71, aunque también existe una que mantiene ese promedio entre 8.15 y 8.55.         Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

  ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respetuosamente solicita a su Comisión de Gobierno que modifique las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación de la Juventud del Distrito Federal, aprobadas el pasado 26 de Agosto del presente año, con el objeto de que en los requisitos para ser beneficiario se establezcan los siguientes:   A)   Haber tenido un promedio mínimo de 8 (OCHO) durante el último ciclo escolar. B)   No tener asignaturas reprobadas durante el último ciclo escolar. C)   Tener un mínimo de 80% de asistencia a clases durante el último ciclo escolar.       Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:                 DIP. JESUS SESMA  SUAREZ              DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                  VICECOORDINADOR

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 14 de Agosto de 2013.

    DIP. VIDAL LLENERAS MORALES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E                                                    Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA MALA SITUACIÓN EN QUE VIVEN LOS HABITANTES DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, bajo la siguiente:

 

 

                                             EXPOSICION DE MOTIVOS

 

 

La Delegación Iztapalapa posee una superficie algo mayor a 116 km y se localiza en el oriente de la capital mexicana, ocupando la porción sur del extinto vaso del lago de Texcoco.   De acuerdo al último Censo realizado por el INEGI, Iztapalapa registro una población de 1,815,786 habitantes, lo que la convierte en la demarcación más poblada de todo el país.   En cuanto a su comparación con el resto del Distrito Federal, Iztapalapa presenta indicadores socioeconómicos menos favorables. Si bien alberga a la quinta parte de los capitalinos, su participación en la economía es mucho menor. El sector de los servicios constituye el componente más importante de su PIB, y un número importante de sus habitantes deben trasladarse fuera de la demarcación para conseguir trabajo.   La infraestructura y los servicios urbanos se encuentran menos desarrollados o son deficientes, particularmente en el caso de la distribución del agua potable, que es uno de los retos más importantes para los gobiernos locales.     En términos generales, la delegación posee un desarrollo humano alto, pero hay muchos contrastes en su interior. La marginación de los vecindarios en la zona poniente es mucho menor en comparación con las colonias populares de la sierra de Santa Catarina, entre ellas, Santa María Aztahuacan.   Sobre este punto es importante señalar que, Iztapalapa recibió las olas inmigratorias provenientes del resto del país, incluyendo el centro de la Ciudad de México durante varios periodos entre los que podemos mencionar 1960 (con el auge económico del país); los 80´s (con los sismos); y a partir de los primeros años de este siglo, con la entrada en vigor de distintos programas sociales que son para beneficio de los habitantes y residentes del Distrito Federal.   De manera adicional, no podemos perder de vista que su posición estratégica en la zona metropolitana al colindar con los municipios de Netzahualcóyotl; Los Reyes la Paz e Ixtapaluca, todos del Estado de México, así como con 6 de las 16 demarcaciones territoriales, la han convertido en una Delegación con serios problemas a resolver entre los que podemos citar la falta de agua, la inseguridad, el narcomenudeo, la venta de autopartes robadas, la mala recolección de residuos sólidos y la falta de infraestructura, entre otros.   Por otra parte, no podemos perder de vista una diversidad de factores que hacen que en esta Delegación de manera inmediata se intervenga para la recomposición del tejido social.   Para robustecer lo anterior, me permito señalar sólo algunos datos a considerar dados a conocer por el CONAPO y el CONEVAL, respecto a esta Delegación:  

Indicadores sociales

 

• Índice de Desarrollo Humano: El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Iztapalapa (que es un coeficiente en el que se considera el acceso a la educación, la salud y el ingreso) es de 0,8359, que coloca a la delegación en el sitio 13 de 16 en el Distrito Federal (el IDH de la Ciudad de México es de 0,871, el más alto de México). La mayor parte de la población es de clase media baja y baja con pequeños sectores de clase media y media alta

 

• Marginación: La zona más marginada de la delegación Iztapalapa se encuentra en las faldas de la Sierra de Santa Catarina y San Lorenzo Tezonco. Se trata de los asentamientos más recientes, cuya fundación oscila entre la década de 1960 y el tiempo actual. La zona poniente, colindante con Benito Juárez, es la menos marginada (entre las que destacan las colonias Sinatel, Ampliación Sinatel, Banjidal, Apatlaco y Justo Sierra como las de mayor calidad de vida en el Distrito Federal).
• Alfabetismo: De la población mayor de 15 años que habita en Iztapalapa (poco más de 1,200,000 personas), el 96,3% sabe leer y escribir; en tanto que la tasa observada en el Distrito Federal fue de 97,0%. En lo respectivo a los niños en edad escolar, sólo el 91,88% de los sujetos en ese rango saben escribir. El índice observado para el Distrito Federal fue de 92,94%. El promedio de grado escolar en Iztapalapa es de 9 años de instrucción, en tanto que para el DF es de 10 años.

 

• Indigenismo: Para el 2005 del total de la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena, un gran porcentaje también lo hace en el idioma español (94.8%) y aunque la población que no habla español es un porcentaje diminuto (0.4%), posiblemente es mayor en realidad si se toma en cuenta que el restante 4.8% no especificó si hablaba español además de su lengua indígena materna.
• El desabasto de agua: Iztapalapa es la Delegación más oriental del Distrito Federal y ello complica la dotación de agua potable para la zona. En Iztapalapa existen varios pozos de extracción de agua de los acuíferos subterráneos, los que se encuentran alrededor de la sierra de Santa Catarina, mismos que no son suficientes para satisfacer la demanda de agua.

  Cabe mencionar que datos de la Comisión Nacional del Agua indica que 4 mil 870 litros por segundo son dotados a esta demarcación (un volumen superior a lo recomendado por la ONU para cada habitante). Sin embargo, se calcula que entre un 40 y 50% se pierde en filtraciones por falta de infraestructura y fugas en domicilios.  

• Comercio Informal: Este tipo de comercio ha desvanecido en parte la imagen de la Demarcación, ya que se establece en cualquier parte, donde se tenga oportunidad y ha creado un problema en seguridad pública y de contaminación. En cuestión de contaminación, producen grandes cantidades de basura, los cuales no se hacen responsables por darle su destino correspondiente, generando también un problema de mal aspecto e imagen para la Delegación.

  El tianguis El Salado a un lado del metro Acatitla, en Iztapalapa es uno de los principales puntos de contaminación producido por el comercio informal y nadie se hace responsable de las toneladas de basura que son producidas por este tianguis. Muchos de los vecinos que viven en donde se instala este tianguis, muchas de las ocasiones realizan la limpieza de la calle y han tratado de que las autoridades hagan algo al respecto, pero éstas no han hecho lo necesario para controlar la contaminación que produce este tianguis.   No obstante y a pesar de los problemas ecológicos que genera este tipo de comercio, es una realidad que constituye una fuente para el ingreso familiar de muchas personas, sin el cual se verían en grandes dificultades.  

• Recolección de Residuos Sólidos. Los artículos que se encuentran en el tianguis son variados, estos pueden ser nuevos o usados, algunas veces lo que es considerado como basura aquí se encuentra en venta, aunque es complicado salir o entrar a las unidades cercanas, es una fuente económica importante.

  De acuerdo al reporte del INEGI dado a conocer en el mes de abril de este 2013. En México se recolectan cada día en promedio 86 mil 343 toneladas de residuos sólidos urbanos, que son los generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente, y son en cinco Entidades donde se recoge casi la mitad de los residuos del país.   Sobre el particular, el Distrito Federal registra la mayor proporción con 19.7% del total nacional; le siguen el estado de México con 9.6%; Jalisco con 7.6%; Veracruz de Ignacio de la Llave, con 5.2% y Guanajuato con 4.3 por ciento.   Por lo que hace a los Municipios y/o Demarcaciones Territoriales, el estudio del INEGI, arrojó que “en 50 municipios y delegaciones, donde reside 32.2% de la población, se concentra el 50.6 % de la recolección. Cabe destacar que tres delegaciones del Distrito Federal explican el 10% de la recolección total nacional: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc”. [1]  

• Inseguridad Pública, datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señalan a la Delegación Iztapalapa como la segunda más violenta con 2,377 delitos con un promedio diario de 79.23, por atrás de Cuauhtémoc sólo por lo que hace al promedio de delitos, pues la incidencia delictiva diaria en Iztapalapa es mayor, estando la colonia Juan Escutia entre las 25 más peligrosas de toda la Ciudad.

Derivado de toda esta situación, los diputados del Partido Verde decidimos hacer un recorrido por algunas colonias de la delegación, como la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco y Ejidos de santa María Aztahuacán, lugares en los que los vecinos reportan problemas como la falta de luminarias en la vía pública, delincuencia e inseguridad, tiraderos clandestinos de basura, falta y mala calidad del aire, malas condiciones de los mercados públicos e inundaciones, principalmente.   En cuanto a la zona de Santa Cruz Meyehualco, el día 10 de agosto, los vecinos nos manifestaron el riesgo que existe de hundimientos derivados de grietas y fracturas en el subsuelo que existen en todo el oriente de la Ciudad y concretamente por la Av 2 de esa Colonia, por lo que las casas y escuelas están en grave riego y consecuentemente las personas y los niños que en ellas se encuentran.   En el mismo caso se encuentra la intersección de la Calle 7 y la Av. Ermita Iztapalapa, donde también existe un hundimiento que resulta todavía más peligroso.   Otro problema que aqueja a la zona es el Tianguis que desde hace muchos años se coloca en la calle 55 y la Av. 4 y que cada vez crece más sin los permisos correspondientes otorgados por la autoridad, dejando grandes cantidades de basura y ocasionando problemas en las vialidades aledañas.  Al parecer, los tianguistas acabaron con las áreas verdes y árboles de los camellones para ubicar sus puestos, problemas que se ahondan por la falta de mantenimiento que se da a los pocos que existen Por otro lado nos indican que existe un Centro de Salud, pero que este es insuficiente para toda la población que allí habita, al igual que las rampas y facilidades para la gente con discapacidad y adultos mayores. Por otro lado, los vecinos también nos indicaron que pese a que la tarifa del transporte público se incrementó en el caso de los microbuses, el personal que opera las unidades de las rutas que pasan por esa colonia continua prestando un servicio muy deficiente, peligroso y de mala calidad.   En lo que se refiere a la inseguridad que a diario padecen, los vecinos comentaron que existe mucha drogadicción entre los jóvenes de la colonia, por lo que se mostraron en contra de legalizar el comercio de la mariguana. También indicaron que los elementos de seguridad pública (policías), así como las patrullas que deben vigilar la zona, son insuficientes y que lamentablemente no acuden a los llamados que se les hace en caso de emergencias. Todo ello provoca, aunado a la falta de luminarias en la vía pública, que los robos a transeúntes y a casa habitación sean una constante todos los días. En lo relativo al abasto y la calidad del agua, los vecinos comentan que aunque el abasto ha mejorado, el liquido continua saliendo sumamente sucia de sus llaves, lo que la hace prácticamente inservible para el consumo y para otras actividades como el lavar su ropa o utensilios e cocina. En otro orden de ideas, también hubo mujeres que hicieron patente la poca falta de oportunidades que existen para conseguir un empleo que les permita llevar el sustento a sus familias, por lo que solicitaron a las autoridades la realización de ferias de empleo.   En adición a todo lo anterior, es evidente las malas condiciones en que se encuentran las calles de esta colonia, por lo que los habitantes de la misma también solicitaron que se tapen los hoyos y baches que existen.   Mención aparte merece la cantidad de basura y los malos olores que esta genera en toda la zona, por lo que las personas que se nos acercaron igualmente solicitaron que mejore la recolección de la basura, tanto por los camiones como por el personal de limpia que debe limpiar las calles y que no lo hace.   Finalmente, los vecinos comentaron que todos estos problemas de falta de servicios públicos y de actuación deficientes por parte de sus autoridades, se reproducen en las colonias Vicente Guerrero y  Leyes de Reforma. Cabe hacer mención de que todas estas quejas e inconformidades la han hecho del conocimiento del actual Jefe Delegacional Jesús Valencia, quien no ha hecho nada al respecto. Incluso algunos vecinos manifestaron que después de la época en la que estuvo haciendo campaña como candidato a la Jefatura Delegacional, no ha regresado a verificar las condiciones en las que viven y el cumplimiento de sus promesas, mismas que consistían en que dar una solución a toda esta problemática.   Y lo que es más lamentable aún, actualmente no recibe a los vecinos que le solicitan audiencia para tratar todos estos temas. Ahora bien, en lo que se refiere a la Colonia Santa María Astahuacán, tuvimos la oportunidad de visitar el Parque Valentín Campa, donde los vecinos denunciaron que este no tiene mantenimiento por parte de las autoridades. Las áreas verdes están descuidadas y llenas de basura. No hay luminarias suficientes, lo que provoca, aunado a la falta de patrullaje de elementos de la policía, la presencia de “borrachos y drogadictos”.   A una calle del parque, en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Filomeno Mata, por las mismas circunstancias se ha convertido en una zona sumamente peligros, donde los robos a  transeúntes, principalmente jóvenes estudiantes, son una constante sin que la autoridades hagan algo al respecto.   En esta misma calle, los vecinos denunciaron a una fábrica tostadora de cacahuates, misma que provoca mucha contaminación ambiental y por el ruido que genera, lo cual ha causado muchas enfermedades, sobre todo respiratorias en niños y personas adultas mayores. Otra denuncia generalizada fueron los malos olores generados, primero por las coladeras, mismas que constantemente se inundan por falta de desazolve (como en la calle Álamos) y, en segundo lugar, por la basura que se acumula por varías días en la vía pública y en las áreas verdes.   En cuanto al agua, los vecino se quejaron de desabasto, de pocas pipas para surtirles por parte de la delegación y de que los operadores de éstas incluso se las llegan a cobrar con muy mala atención.   En lo que se refiere al alumbrado público, los vecinos de la calle Álamos también denunciaron que no hay suficientes y las que actualmente están instaladas muchas no funcionan. También nos comentaros y pudimos constatar la gran cantidad de hoyos y baches en esa misma calle   Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con      

PUNTO DE ACUERDO

 

  ÚNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta a Jefe Delegacional en Iztapalapa,  Jesús Valencia Guzmn, para que de manera inmediata atienda y/o gestione ante las autoridades competentes, en uso de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 39 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,  los siguientes requerimientos y denuncias de los vecinos de la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco y de la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán:  

1. Grietas que afectan calles, casas y escuelas.
2. Falta de oportunidades de empleo y realización de ferias o eventos similares que vinculen a la población con el sector productivo.
3. Los problemas que genera el crecimiento desmedido y en la ilegalidad de los comerciantes del Tianguis que se coloca 3 veces por semana en la zona de Santa Cruz Meyehualco, tales como generación de basura y el maltrato de áreas verdes.
4. Malas condiciones en las que se presta el servicio de transporte público en la zona.
5. Poca presencia policíaca y falta de respuesta oportuna en caso de emergencias como robos.
6. Falta de luminarias en la vía pública, así como reparación de las que no funcionan.
7. Desabasto y pésima calidad de agua.
8. Malas condiciones de la carpeta asfáltica, presencia de hoyos y baches de grandes dimensiones.
9. Falta de desazolve que provoca inundaciones, encharcamientos y malos olores.
10. Deficiente recolección de basura por parte de los camiones, así como de la que se encuentra en la vía pública y áreas verdes.
11. Falta de mantenimiento de parques y áreas verdes
12. Verificación de las fábricas que operan en la Colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán con la intención de que cumplan con la normatividad aplicable, evitando que contaminen y ocasionen daños y molestias a los vecinos.

      Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:         DIP. JESUS SESMA  SUAREZ              DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                  VICECOORDINADOR  

---

[1]http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/abril/comunica2.pdf

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 10 de Julio de 2013.

    DIP. VIDAL LLENERAS MORALES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PROBLEMAS QUE VIVEN LOS VECINOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, bajo la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

  La Delegación Iztacalco cuenta con 9 Barrios y 29 colonias. La totalidad de su territorio es suelo urbano con una superficie de 23.3 kilómetros cuadrados.   En cuanto al numero de personas que viven en la misma, de acuerdo al Censo del 2010, se contabilizaron 395,025 habitantes en Iztacalco, de los cuales, 207,166 son mujeres y 187,859 son hombres. Por lo tanto, el 47,56% de la población son hombres y el 52,44 % mujeres.   Si comparamos los datos de Iztacalco con los de la totalidad del Distrito Federal, concluimos que ocupa el puesto 10 de las 16 Delegaciones que existen en la Ciudad de México y representa un 4,5296% de la población total de la ciudad.   A nivel nacional, Iztacalco ocupa el puesto 56 de los 2,454 municipios que hay en México y representa un 0,3825 % de la población total del país.   En días pasados, con motivo de los recorridos que el Partido Verde está realizando en cada una de las 16 demarcaciones territoriales a través del Programa MOVER DF, los vecinos de la Delegación Iztacalco plantearon una serie de problemas que de manera común se encuentran en todas las delegaciones, como es la inseguridad, la falta de iluminarias, deficiente recolección de residuos sólidos, falta de desazolve y bacheo.   Sin embargo, en esta Delegación dos temas predominaron y son de llamar la atención.   El primero relativo a la tira de cascajo en cualquier colonia de la Delegación; y el segundo, relativo al desempleo, principalmente entre los adultos jóvenes y jóvenes, pero con un grado de educación de licenciatura o de especialidad.   Sobre estos dos puntos, resulta importante que como lo ha anunciado el Secretario de Trabajo de la Ciudad en reiteradas ocasiones, se realicen ferias de empleo especializadas, es decir, acercar el empleo a los jóvenes y adultos jóvenes que cuentan con un mayor grado de estudios.   Respecto al tema de la tira de cascajo en prácticamente todo el territorio de la Delegación, la Jefa Delegacional puede y debe gestionar ante las instancias correspondientes, en este caso las Secretarías de Obras y Servicios y Medio Ambiente, el levantamiento del cascajo, además de presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.   En lo que tiene que ver con la recolección de residuos, los vecinos señalan que los camiones no pasan de manera regular, por ello la basura se acumula en las calles originando la proliferación de fauna nociva y malos olores, con los graves problemas que estos generan en la salud de las personas.   Por lo que hace a la inseguridad, baste señalar que de acuerdo a las propias autoridades de la Ciudad, la Delegación Iztacalco ocupó el 9 lugar en índices de delincuencia a nivel Distrito Federal y colonias como Pantitlán y Agrícola Oriental se encuentran entre las 25 colonias más peligrosas de la Ciudad.   Sólo por mencionar algunos ejemplos de zonas, tenemos a la Unidad Habitacional Mujeres Ilustres, que se ubica en Avenida Tezontle y Río Churubusco, misma que a solicitud del entonces Jefe Delegacional de Iztacalco (2009), se inició procedimiento de extinción de dominio al ser considerado un punto rojo en el trafico y consumo de droga y la comisión de otros delitos.               En ese sentido, es importante de la Secretaría de Seguridad Pública implemente las acciones necesarias y en su caso revise que los cuadrantes en que esta divida la ciudad para su seguridad estén funcionando de manera eficaz, para evitar el robo en calles y casas de la Delegación.   Por otra parte, los vecinos se quejan de que las autoridades Delegacionales se niegan a tapar baches, destapar coladeras y reparar fugas de agua en las calles, las cuales principalmente se encuentran en las Colonias Agrícola Oriental y Cuchilla Ramos Millán, por lo que reiteramos la importancia del trabajo coordinado entre el Sistema de Aguas de la Ciudad y las Jefaturas Delegacionales, pues ante la actual temporada de lluvias es importante evitar la perdida del patrimonio de los vecinos que se generan por las inundaciones.   Un tema que resulta importante para abatir la inseguridad tiene que ver con el buen funcionamiento de las luminarias públicas, ya que ayudan a mitigar o desactivar acciones de grupos de personas que se drogan, roba, tiran residuos o cascajo en las calles, por lo que es importante que estén funcionando correctamente, lo que los vecinos han negado.   Las autoridades en la Delegacional en Iztacalco, estableció informaron recientemente que se ha trabajado y atendido a vecinos y problemas como inseguridad, recolección de residuos solidos, realizado ferias de empleo y actividades para niños, jóvenes y adultos mayores, además de que se ha priorizado el tema de desarrollo social a través de diversos programas.   Sin embargo, los vecinos señalan que “La Señorita viene platica con nosotros muy amable, pero no nos hace caso, no hay luminarias, la gente sigue tirando basura que hacen ratas, hay baches y no quieren desazolvar, porque dice que no tiene dinero, porque el gobierno no le quiere dar”. La Delegación debe dar soluciones inmediatas a todos aquellos problemas y solicitudes que se encuentran en el ámbito de su competencia.   Por otro lado, los vecinos denunciaron la concesión de las áreas verdes y espacios deportivos a particulares, como es el caso de los Deportivos Leandro Valle, Santa Anita y la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca. En este sentido, es importante que la Delegación tome en cuenta que existen muchas personas que no pueden pagar por ingresar a estos espacios, por lo que la delegación debe ofrecer alternativas a los ciudadanos para que puedan disfrutar sin costo de este servicio público.   Una zona que merece una especial atención de la Delegación es la que se encuentra en la Colonia Agrícola Oriental, en las calles de Sur 20, desde Avenida Rojo Gómez y hasta Oriente 223. Es esta zona se encuentra un área verde totalmente descuidada. En su interior existen juegos infantiles, canchas deportivas y una biblioteca pública, todo en completo abandono, sin servicio publico de luz y lleno de basura.   En las calles aledañas, los vecinos también manifiestan la presencia de ladrones, drogadictos y la existencia de animales muertos, grandes baches y coladeras tapadas  que generan, entre otros problemas, congestionamientos viales, todo lo cual lo han hecho del conocimiento de la Jefa Delegacional desde que tomo el cargo, sin que hasta la fecha se les haya atendido.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con  

PUNTO DE ACUERDO

 

  PRIMERO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta respetuosamente a la Jefa Delegacional en Iztacalco, a que en coordinación con las autoridades competentes y de manera inmediata se realicen los trabajos en las siguientes materias:  

1. Desazolve y bacheo en las calles Sur 8, Sur 16, Oriente 257, 245, 243.
2. Recolección de residuos sólidos en las colonias Agrícola Oriental y Chuchilla Ramos Millan.
3. Instalación de luminarias en el Parque de la Colonia Agrícola Oriental ubicado en Sur 16 esquina con Javier Rojo Gómez; instalación de sistemas aspersor de agua tratada para el Jardín; y terminación de la instalación de contenedores de recolección de residuos sólidos en el mismo.
4. Colocación de mallas de sombra durante esta temporada de vacaciones en las instalaciones de las escuelas públicas, con el fin de reducir la exposición a la radiación solar a los niños que estudian en los distintos planteles que se ubican en la Demarcación Territorial.

  SEGUNDO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, realice Jornadas o Ferias de Empleo en la Delegación Iztacalco, dirigidas a personas con estudios de Licenciatura y Posgrado principalmente.           TERCERO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta a los Titular de la Agencia de Gestión Urbana y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada atiendan la problemática de bacheo y fugas de agua en las colonias Agrícola Oriental particularmente en la Calle Oriente 247 entre Sur 8 y Calzada Ignacio Zaragoza.   CUARTO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos que inicie los trabajos de recolección de cascajo en distintos puntos de la Delegación Iztacalco tales como Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, Campamento 2 de Octubre, Agrícola Oriental, Ramos Millan, Barrio la Asunción y San Pedro respectivamente.   QUINTO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, realice de manera pronta un trabajo de inteligencia para abatir los índices de delincuencia e implementar efectivamente el programa de policía de proximidad y por cuadrante, ante las constantes denuncias de robo a transeúnte que hay en la zona de las colonias Agrícola Oriental y Ramos Millán en sus distintas secciones.   SEXTO.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta respetuosamente a la Jefa Delegacional en Iztacalco, a que en coordinación con las autoridades competentes y de manera inmediata se resuelvan las siguientes denuncias:  

1. En la Colonia Agrícola Oriental, en la calle de Sur 20, desde Avenida Rojo Gómez y hasta Oriente 223, se encuentra un área verde totalmente descuidada y en su interior existen juegos infantiles, canchas deportivas y una biblioteca pública, todo en completo abandono, sin servicio publico de luz y lleno de basura.
2. La presencia de ladrones, drogadictos y la existencia de animales muertos, grandes baches y coladeras tapadas  que generan, entre otros problemas, congestionamientos viales.

  Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:   DIP. JESUS SESMA  SUAREZ              DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                        VICECOORDINADOR

Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Recinto de la Asamblea Legislativa, D.F., a 3 de julio de 2013.

  Los suscritos, Diputados JESÚS SESMA SUÁREZ y ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17, fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DELEGACIÓN DE XOCHIMILCO, AL SISTEMA DE AGUAS, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA SECRETERARIA DE PROTECCION CIVIL, TODAS DEL DISTRITO FEDERAL, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, bajo la siguiente:

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

 

En el territorio de Xochimilco se encuentran catorce pueblos originarios que conservan muchos rasgos de su cultura tradicional y herencia indígena, a pesar del avance de la urbanización.   En contraste, la zona norte de Xochimilco se encuentra plenamente integrada a la mancha urbana de la Ciudad de México, y en ella se asientan algunas zonas industriales y de servicios que constituyen parte importante de la vida económica de la delegación. Finalmente, las montañas del sur y la zona lacustre del centro, forman parte de la mayor reserva natural del Distrito Federal.   Ante ello, el pasado viernes 28 de junio de acudimos a realizaron un recorrido por diversos puntos de la delegación Xochimilco.   Uno de esos puntos fue la Unidad Habitacional Nativitas, en donde los habitantes principalmente solicitaron más seguridad para sus familias ya que existe mucha delincuencia de la que son objeto por medio  de asaltos y debido a la poca iluminación que existe. Por ello es que han solicitado en muchas ocasiones a la Delegación que se arregle el alumbrado público, ya que muchas de las lámparas ya no sirven.   También nos informaron que otra de las demandas que han hecho a la delegación sin que hasta la fecha se tenga una respuesta, es la relativa a realizar una poda general de toda la Unidad, tanto de arbustos como de árboles.   Otras de las peticiones fue sobre la presa o vaso regulador de  Xochimilco, ya que las descargas de aguas negras y residuales en el Río Santiago provenientes del Reclusorio Sur,  de asentamientos irregulares y pueblos de la montaña, han provocado una severa contaminación del lecho de la presa San Lucas, la cual sirve como vaso regulador de agua pluvial hacia los canales de la demarcación.   La contaminación de la zona, agregaron,  ha provocado enfermedades entre los pobladores. “Los niños empiezan a experimentar irritación de los ojos e incluso, quienes viven en la unidad habitacional Nativitas, les han empezado a surgir manchas en la piel, además de problemas gastrointestinales”.   En el recorrido por la presa se pudo apreciar el alto grado de contaminación tanto del lecho del río como de la presa y que continúan las descargas de aguas negras desde el Reclusorio Sur.   Esta problemática inició desde hace 30 años, cuando se instaló el Reclusorio Sur, lo que provocó que la fauna de la zona empezara a desaparecer, pues aquí se podía ver patos canadienses, silvestres, ranas, carpas.   La principal función de la presa es surtir de agua a los canales de Xochimilco, por la entrada de Galeana, con el agua pluvial que llega del Río Santiago, además de que sirve para recargar el manto acuífero, pues hay seis pozos que envían agua a diversas zonas de la ciudad; sin embargo, 20 por ciento de la población de la zona carece del líquido.   Por otro lado, en lo que tiene que ver con  los Mercados públicos, nos encontramos con que los espacios públicos en el centro histórico de Xochimilco, las banquetas y plazuelas de los barrios, han sido ocupados por los comerciantes informales (comercio en vía pública), provocando grandes cantidades de basura y perjudicando a los usuarios de los mercados  44 y 377.   En ese sentido, los comerciantes de los mercados 377 y 44 ubicados en la Delegación Xochimilco solicitaron nuestra intervención para solucionar los problemas que les aquejan, mismos que se señalan a continuación:  

• Los locatarios enfrentan una competencia desleal con del comercio informal en los alrededores de los mercados, lo cual ha afectado sus ganancias y ha puesto en peligro su subsistencia.
• Que a pesar de que han sido construidos dos naves para reubicar a los vendedores ambulantes, no han hecho uso de ellos.
• El estacionamiento de los mercados se ocupa como bodegas.
• Solicitan se realice la recolección de residuos sólidos, que no ocurre y que  pone en peligro la salud de los usuarios y locatarios.
• Las instalaciones de gas de la zona de la tortillería y comida, tiene más de 24 años y no reciben el mantenimiento adecuado.
• No hay supervisión de protección civil para la detención de áreas de riesgo.
• No hay mantenimiento de las instalaciones de electrificación, impermeabilización, pintura y  drenaje.
• Solicitan cisternas de agua
• Solicitan vigilancia policiaca para evitar robos.
• Que en épocas de lluvia sufren de inundaciones causadas por  las láminas rotas del techo, la falta de desazolve de las coladeras y la gran cantidad  de basura que se encuentra dentro del mercado.

  Es importante mencionar que el pasado 2 de abril de este año, el Partido Verde  presentó un punto de acuerdo para que, entre otras cosas, se convocara a todos las fuerzas políticas para elaborar y aprobar la Ley de mercados, ya que la normatividad que los rige es un Reglamento que se hizo hace más de 50 años. Desde luego, el punto de acuerdo fue rechazado por la mayoría perredista en esta Honorable Asamblea.   Las 16 delegaciones (incluyendo a Xochimilco) año con año reciben recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos para la realización de trabajos de mantenimiento y remozamiento. Sin embargo, se desconoce la cantidad de recursos económicos que la Secretaría de Finanzas otorga a la Secretaría de Desarrollo Económico y que ésta a su vez distribuye a las 16 demarcaciones territoriales para realizar trabajos en la infraestructura de los mercados públicos que hay en la ciudad.   Los 325 mercados públicos redujeron de 80 a 20 por ciento su participación en el abasto de alimentos en el Distrito Federal, por falta de modernización en sus procesos y deterioro de las instalaciones.   En otro orden de ideas, en lo que tienen que ver con el Bosque de Nativitas,  los vecinos manifestaron lo siguiente:  

• Se necesitan luminarias, riego de agua, jornadas de limpieza y de reforestación, así como una mayor  vigilancia.
• Limpieza en la loma de Tonalco, ubicada  a un costado del bosque de Nativitas.

  Por último, en la zona del embarcadero Nativitas, se solicitó la limpieza de los canales (ya que no se ha realizado desde hace muchos años, no obstante todos los programas que les han prometido implementar al respecto), así como realizar acciones para evitar el crecimiento urbano en suelo de conservación.   Compañeras y compañeros Diputados:   Tal como se puede apreciar, es necesario que las autoridades (comenzando por las delegacionales), atiendan de manera urgente la grave problemática que tiene la Delegación Xochimilco, no solo en sus mercados, sino también en sus zonas turísticas,  sus áreas naturales, sus bosques, sus calles, en su gente. Por ello es que a través del presente Punto de Acuerdo hacemos nuestras todas esas inquietudes y necesidades de los ciudadanos de esa delegación  y solicitamos a las autoridades su inmediata intervención.     Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con    

PUNTO DE ACUERDO

 

  PRIMERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita al Jefe Delegacional en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara Arango, lo siguiente:  

1. Se realicen trabajos de mantenimientos en los mercados 377 y 44 ya que en las láminas de la azotea de los mismos existen escurrimientos cuando hay lluvia, el drenaje se tapa debido a las grandes goteras que tienen y el drenaje se tapa al interior del mercado.
2. Su intervención para solucionar el problema del comercio informal en los alrededores de los mercados 377 y 44.
3. Su intervención para la liberación de los estacionamientos de los mercados 377 y 44 que actualmente son ocupados como bodegas.
4. La reinstalación de los comerciantes informales que existen en los alrededores de los mercados antes mencionados.
5. Se realicen trabajos de mantenimiento en la Unidad Habitacional Nativitas  ubicada en la calle prolongación 16 de Septiembre y Prolongación División del Norte, particularmente de desazolve para evitar inundaciones, de cambio de focos en los postes de alumbrado público para inhibir la delincuencia y de poda de árboles.

  SEGUNDO.- La Asamblea legislativa del Distrito Federal, solicita al Secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, que realice junto con las Delegación Xochimilco, las acciones necesarias para la detención de zonas de riesgo en el interior de cada mercado público en dicha demarcación.   TERCERO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, para que despliegue más elementos de seguridad y se lleve a cabo una mayor presencia policiaca dentro de la Unidad Habitacional Nativitas  ubicada en la calle Prolongación 16 de Septiembre y Prolongación División del Norte, con el objeto de combatir a la delincuencia que existe al interior de la misma, así como los problemas de  drogadicción y otras violaciones a la Ley.   CUARTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en coordinación con la Delegación Xochimilco realicen las acciones necesarias para la limpieza de las cinco hectáreas de la presa denominada Vaso regulador de Xochimilco, así como la limpieza y rehabilitación de taludes del Río Santiago.       Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:       DIP. JESUS SESMA  SUAREZ                  DIP. ALBERTO E. CINTA MARTINEZ COORDINADOR                                                          VICECOORDINADOR