INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 110 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
La suscrita, Senadora
Ninfa Salinas Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 163, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 110 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En un mundo caracterizado por la globalización de los mercados, la demanda de bienes y servicios se incrementa constantemente. Sin embargo, en su producción, distribución y consumo no sólo se utiliza una importante base de recursos naturales, sino que también se genera un impacto ambiental considerable. El desequilibrio ecológico que ha sido inducido por la tendencia de hacer un uso desmedido de los recursos naturales utilizados para satisfacer las necesidades humanas llevó a la Comunidad Internacional a proponer acciones que contribuyeran a evitar el agotamiento de dichos recursos, en beneficio de nuestra y las generaciones venideras.
Una de las principales aportaciones que a nivel internacional se han hecho es la adopción del concepto de desarrollo sustentable. Éste se entiende como aquel que “
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” Para transitar en el proceso de dicho desarrollo, el Informe de la Comisión Brundtland presentó a la comunidad internacional 6 recomendaciones básicas que detonarían los cambios legales e institucionales que se requerirían. De esas, 3 cobran relevancia para efectos de la propuesta que sometemos a su consideración, a saber:
1.- La toma de decisiones informada que permitieran a los Estados y a la población en general conocer el impacto ambiental de los productos que consume e incidir mediante su decisión informada en el mercado.
2.- La provisión de los medios legales necesarios que permitieran perfeccionar los modos de producción existentes y promovieran el surgimiento de otros con un reducido impacto en el ambiente, sin que ello obstaculizara el desarrollo y el bienestar.
3.- La inversión en el futuro, que no es otra cosa que destinar recursos económicos a la protección, conservación y uso adecuado de los recursos naturales, así como a la implementación de políticas de crecimiento económico y de desarrollo social ambientalmente amigables.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, dos de los documentos adoptados por la comunidad internacional conocidos como la
Declaración de Río y la
Agenda 21 retomaron el espíritu de las recomendaciones antes descritas. El principio 8 de la Declaración de Río, vigente hasta nuestros días, estableció que
“[p]ara alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.”
Por su parte, el Capítulo Cuarto de la
Agenda 21 reafirmó que una de las principales causas del recurrente deterioro ambiental tenía su origen en las pautas de producción y consumo insustentables. En ese sentido recomendó “
[p]romover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones a que se somete el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la humanidad”. Para ello sería necesario promover una producción eficiente así como cambios en las modalidades de consumo por parte de la sociedad con el fin de priorizar un uso óptimo de los recursos naturales y minimizar el desperdicio. Entre las acciones que México y otros Estados participantes se comprometieron a considerar en sus políticas nacionales se encontraban:
“a) El fomento de la difusión de las tecnologías ecológicamente racionales ya existentes.
b) La promoción de la investigación y el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales.
c) La asistencia a los países en desarrollo para que usen con eficacia esas tecnologías y desarrollen las tecnologías que mejor se adapten a sus circunstancias concretas.
d) El fomento del uso ecológicamente racional de las fuentes de energía nuevas y renovables.
e) El fomento del uso ecológicamente racional y sostenible de los recursos naturales renovables.
f) La reducción al mínimo de la generación de desechos.”
Veinte años después de la CNUMAD, la importancia de continuar la promoción de modalidades de producción y consumo sustentables mantiene su vigencia y así fue demostrado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (CNUDS), celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. En dicha reunión, la comunidad internacional reiteró que:
“para lograr el desarrollo sostenible mundial es indispensable efectuar cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen.” Se propuso asimismo la incorporación de una herramienta novedosa que contribuirá a erradicar la pobreza y a propiciar el crecimiento económico sostenido, al tiempo que se mantiene el sano funcionamiento de los ecosistemas terrestres, nos referimos a
la economía verde, cuyas políticas deben promover, entre otras cosas, modalidades de consumo y producción sustentables.
En este punto, se considera necesario hacer un paréntesis para comentar que de acuerdo con la División para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la producción y el consumo sustentables implican “
el uso de productos y servicios relacionados, que además de responder a las necesidades básicas de la población y proveerle una mejor calidad a lo largo de su ciclo de vida, minimizan el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos; las emisiones de contaminantes y los residuos generados, con objeto de no poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones”.
Con objeto de que los Estados miembros de las Naciones Unidas den celeridad al proceso de transición a prácticas de producción y consumo sustentable en la CNDUS también se estableció un marco de acción a diez años en el que además de los gobiernos se convoca a participar a las organizaciones internacionales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores interesados en implementar dicho marco. Éste establece 5 programas en los que se puede participar, a saber: (1) información al consumidor; (2) estilos de vida y educación sustentables; (3) adquisiciones públicas sustentables; (4) edificios y construcciones sostenibles; (5) turismo sustentable incluido el ecoturismo.
Al Marco Decenal se suma la experiencia obtenida a lo largo de 8 años de trabajo en la que se han implementado acciones que han detonado importantes avances en la materia. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) da cuenta de la exitosa implementación de más de 35 proyectos de producción y consumo sustentable en todo el mundo, tales como:
- El desarrollo del esquema de eco-etiquetado en productos agrícolas, pesqueros forestales y turísticos en África a través de la Agencia Africana de normalización.
- La implementación de la iniciativa para ahorro de agua potable en la industria refresquera, que cuenta con la participación de 18 industrias localizadas en Egipto, Etiopía, Kenia y Ruanda, Tanzania y Zimbawe.
- La implementación del Programa de Producción y Consumo Sustentable en El Cairo, Egipto, que ha dado como resultado la reducción de residuos y su mejor manejo, así como la mayor sensibilización de la comunidad para reducir los residuos que genera mediante un consumo informado.
- La conformación de la Asociación para la Educación y la Investigación sobre Modos de Vida Responsables (PERL, por sus siglas en Inglés) en la que participa nuestro país, agrupa a investigadores y profesores de instituciones académicas que llevan a cabo investigación sobre estilos de vida sustentables e imparten cursos sobre consumo sustentable, además de promover el intercambio de experiencias replicables.
A nivel nacional, las acciones que se han llevado a cabo para promover patrones de producción y consumo sustentables son diversas y sus antecedentes datan de la década de los años 90 del siglo XX. Un ejemplo destacable es el de las acciones implementadas a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), establecido en agosto de 1990. Desde su creación y a la fecha, éste ha financiado 4,777 proyectos. También ha otorgado 2.67 millones de créditos para la sustitución de electrodomésticos y aislamiento térmico de las viviendas; ha facultado la sustitución de luminarias cuyo consumo energético era ineficiente por 59.95 millones de lámparas fluorescentes compactas auto balastradas y ha otorgado apoyos para sistemas de bombeo y cámaras de enfriamiento en el sector agropecuario que tienenun menor consumo energético.
Los beneficios de los proyectos apoyados por el FIDE se resumen de la siguiente forma: un ahorro de 16,891 GW/h en el consumo de energía y de 3,552 MW en la demanda; un ahorro de $ 31.9 mil millones de pesos y se ha evitado la emisión de 11.2 millones de toneladas de CO2e, es decir, el equivalente a la quema de 30,157 millones de barriles de petróleo equivalente.
No obstante lo anterior, fue hasta inicios del presente siglo que la promoción de patrones de producción y consumo sustentables surtió efectos para todas las dependencias del Ejecutivo Federal, ello mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los “
Lineamientos y Estrategias Generales para Fomentar el Manejo Ambiental de los Recursos en las Oficinas Administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Posteriormente, en el año 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó por primera vez el
Manual para la implementación de los Sistemas de Manejo Ambiental en la Administración Pública Federal, mismo que en el año 2010 fue actualizado y publicado junto con la
Guía de Implementación de dichos manuales. El Manual establece líneas generales para que el sector ambiental federal tenga las herramientas necesarias para elaborar, implementar y llevar el seguimiento y evaluación de las acciones que integrarán sus respectivos sistemas de manejo ambiental. Por su parte, la Guía, como su nombre indica, establece los pasos que seguirán las dependencias y entidades de la administración pública federal, además de las entidades federativas y municipales que así lo decidan con objeto de administrar sustentablemente el agua, la energía eléctrica y los materiales de oficina que utilizan en sus instalaciones.
Un programa gubernamental que estimula la producción y el consumo sustentable es el de Hipotecas Verdes, implementado en el año 2010. Éste otorga un crédito para la adquisición de una vivienda que incorpore tecnologías eficientes que reduzcan el consumo de agua, electricidad, y gas. Con estas mejoras tecnológicas no sólo se ha abierto un mercado tecnológico sustentable sino que permite ahorros a los trabajadores de entre $ 215 y $ 400 pesos al mes. En ese año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el primer borrador de la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable.
En el año 2011 se implementó el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad. Este se dirige a empresas con más de 10 empleados que “
se dedican a las actividades de manufactura y/o transformación pertenecientes a cadenas de proveeduría de grandes compañías, para lograr beneficios económicos y ambientales que mejoren su competitividad.” En el programa participan 5,243 empresas que además de haber recuperado su inversión en un periodo promedio de 7 meses y medio lograron generar un ahorro económico promedio de $ 5 mil millones de pesos por año.
Asimismo, la implementación del referido Programa ha logrado que los participantes reduzcan su consumo de agua en un promedio de 17 millones de m3/año, cantidad con la que se puede abastecer a 33.8 mil hogares. El ahorro en el consumo eléctrico no es menos despreciable porque asciende a 963 millones de KWh/año, es decir, la electricidad con la que se abastecen 332 mil hogares. La generación de residuos también se ha reducido en 626 mil toneladas/año, cantidad equivalente a la que generan 2 millones de personas. Adicionalmente debe destacarse que con este Programa se evitó emitir a la atmósfera el equivalente a 1.3 millones de toneladas/año, que se calcula es la cantidad que emitirían 260 mil autos compactos.
En materia legal, el Congreso Mexicano también ha contribuido al esfuerzo nacional para promover la producción y el consumo sustentables, así como al fortalecimiento de la gestión ambiental de los recursos materiales. Como ejemplo está la adición del artículo 17 BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el año 2003. Éste dispone que:
“[l]a Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.”
Con la expedición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en octubre de 2003, se faculta a la Federación a “
formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del Gobierno Federal que apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal”.
En abril de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la ley de Aguas Nacionales, entre ellas la reforma al artículo 47 Bis, que faculta a la Autoridad del Agua a promover “
entre los sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, reuso y restauración de las aguas residuales referentes al [uso público urbano]”.
Aunado a ello, está la adición de una fracción tercera al artículo 22 y la reforma al artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de septiembre de 2007. La adición tiene por objeto facultar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios para que en las políticas, bases y lineamientos en la materia establezcan los
aspectos de sustentabilidad ambiental que deberán observarse con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales. La reforma al artículo 27 asegura al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a la optimización y uso sustentable de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios. También se establece la obligación de que en el caso de adquisiciones, arrendamientos y servicios que impliquen
productos de madera, muebles y suministros de oficina de este material se deben requerir certificados que garanticen el manejo sustentable de los bosques donde proviene dicha madera. Y para el caso de las adquisiciones de papel para uso de oficina se deberá requerir un mínimo de 50% de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro.
A esas reformas se suma la publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2013, por la que se adiciona el artículo 17 TER a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que reza: “
Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.
La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles…”
Pero no es sólo promoviendo reformas a la legislación federal que el Congreso Mexicano contribuye a fomentar las prácticas de producción y consumo sustentables. En congruencia con esta tendencia a la que nos hemos venido refiriendo, en el Senado de la República también se han llevado a cabo importantes esfuerzos. Al respecto destaca que la nueva Sede fue edificada tomando en cuenta criterios de sustentabilidad ambiental. Entre ellos destacan: el sistema de calentadores solares para agua que permite el ahorro de 50 mil litros de gas al año; la iluminación artificial utiliza comprende focos ahorradores, LED y de halógeno, que permiten ahorrar 124,100 KWh/año, el equivalente del consumo de 113 hogares al año; el consumo de agua en excusados y mingitorios húmedos que es tratada en una planta propia permite el ahorro anual de 3,350 millones de m3, es decir la que se utilizaría para consumo de 6.6 mil hogares. Aunado a ello se está implementando el Programa de Separación y Reciclaje de Residuos.
No obstante lo anterior, el estado del medio ambiente mundial y nacional pone de manifiesto que los esfuerzos implementados con objeto de inducir pautas de producción y consumo responsable no han sido suficientes. El Informe “
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” demuestra que en el periodo 1955-2005, la demanda de recursos naturales como agua, madera, semillas y combustibles fósiles, utilizados como insumo en los procesos productivos que permitieron satisfacer diversos requerimientos de la población mundial y a la vez generar un avance en el desarrollo de ciertas regiones del mundo, ha sido la más vertiginosa de que se tenga conocimiento. En consecuencia se tiene que 15 de un total de 24 ecosistemas evaluados fueron utilizados en forma no sustentable, lo que podría tener repercusiones en el bienestar de la humanidad, al contribuir a perpetuar las condiciones de pobreza e incluso conflicto por el acceso a recursos naturales en diversas zonas del mundo.
De acuerdo con el más reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza intitulado “
El Planeta Viviente”, en el año 2008 la huella ecológica de la humanidad se calculó en 18.2 miles de millones de hectáreas globales (hag), mientras que la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos naturales consumidos fue de sólo 12 mil millones de hag; lo que significa que nuestro planeta tardará 1.5 años en regenerar los recursos naturales que la humanidad consumió en un solo año. Lo anterior quiere decir que la humanidad está consumiendo 50% más recursos de los que la Tierra es capaz de reponer y de continuar la tendencia actual, hacia el año 2050, la humanidad requerirá los recursos naturales que pueda proveer no sólo un planeta Tierra sino casi tres.
La tendencia de hacer un aprovechamiento poco sustentable de los recursos naturales no exceptúa a nuestro país. Al respecto se estima que “[e]n México, cada habitante tiene un déficit ecológico de 1.9 hectáreas globales, ya que nuestra huella estimada es de 3.3 hectáreas y la biocapacidad de 1.4 ha globales por persona. La huella ecológica de México en 2008 ocupó el lugar 49 dentro de los [73] países que tienen más de un millón de habitantes.”
Lo anterior contribuye a explicar hasta cierto punto por qué, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática, el costo total por agotamiento y degradación ambiental en el periodo 2007-2012 representó el 6.9% del Producto Interno Bruto, es decir $983 mil 886 millones de pesos. La cifra cobra relevancia si se toma en consideración que en el año 2006 el costo ascendió a $836 mil millones de pesos.
Así se demuestra que aún hay muchas acciones que implementar para promover pautas de producción y consumo sustentables como parte toral de una economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza y es que, en la actualidad, nadie puede permanecer ajeno a la creciente tendencia de impulsar el crecimiento verde e incluyente que en paralelo preserve la base natural a partir de la cual desarrollamos nuestras actividades y a la vez nos haga más eficientes.
Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que una forma de continuar impulsando el consumo responsable y sustentable es a través de la legislación. A diferencia de otras reformas que este Grupo Parlamentario ha promovido y que hoy son ley vigente, el proyecto de decreto que se presenta tiene por objeto incidir directamente en el impacto ambiental que generan nuestras actividades legislativas, pues ya es tiempo de que los legisladores pongamos el ejemplo. Por ello se propone adicionar un artículo 110 BIS a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Secretaría General de Servicios Administrativos elabore y difunda un manual de manejo ambiental.
Al respecto es necesario hacer un segundo paréntesis para explicar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales define a los sistemas de manejo ambiental como “
estrategias que incorporan, mediante diversos instrumentos institucionales, criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de una empresa o institución, de tal modo que su desempeño ambiental mejore en el tiempo.”
Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos que esta iniciativa además de fortalecer el marco legal que nos rige sentará las bases para que se generen importantes cambios, no sólo en la gestión de los recursos materiales y servicios que utilizamos, sino también en nuestra actitud y sensibilidad respecto de la protección y el cuidado del ambiente. Esto se afirma porque como se ha mencionado, existen ejemplos de éxito en la aplicación de sistemas de manejo ambiental en el ejecutivo federal y en otros países.
Por si lo anterior no fuese suficiente, esta iniciativa se suma a los objetivos del
Pacto por México, respecto de transitar hacia una economía baja en carbono, además de ser congruente con el mandato que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente da no sólo al Poder Legislativo, sino a los poderes Ejecutivo y Judicial. Aunado a lo anterior la adición en comento guarda estrecha afinidad con la línea estratégica de promoción del el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono, que forma parte de la Estrategia 4.4.1 “Implementarunapolíticaintegraldedesarrolloquevinculela sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad”, prevista en el objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, que forma parte de la Meta Nacional IV. México Próspero del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 110 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 110 BIS a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
ARTÍCULO 110 BIS. Para inducir una óptima administración de los recursos materiales y de los servicios que se requieran; así como para reducir el impacto ambiental de las actividades que se llevan a cabo en la Cámara de Senadores, la Secretaría General de Servicios Administrativos elaborará y difundirá un manual de manejo ambiental. Éste incorporará lineamientos que promuevan el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, el consumo responsable y la gestión integral de los residuos.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Senado de la República a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil trece 2013.
SENADORA NINFA SALINAS SADA
