Buscando construir una sociedad más solidaria y equitativa, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Partido Verde, presentó una propuesta que modifica la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro a fin de garantizar un seguro de gastos mayores para personas de la tercera edad.
Al presentar su propuesta ante el pleno, Nayeli Fernández indicó que este fondo ayudará a que los adultos mayores de 60 años vean una disminución en las primas de los seguros de gastos médicos, lo que aliviaría una carga económica considerable, siendo que un seguro de esta índole no dependa de la edad, sino del compromiso y la lealtad de quienes han aportado al sistema a lo largo de sus vidas.
El objetivo de esta iniciativa radica en integrar fondos especiales a través de fideicomisos privados irrevocables, para contar con recursos financieros complementarios que sean destinados, como medida de compensación y redistribución, al pago total o parcial de las primas correspondientes a los seguros contratados por personas físicas mayores de 60 años, en los cuales funjan como asegurados.
Se explica que la fuente de recursos para dicho fondo deberá provenir de un porcentaje del monto cobrado por concepto de primas en el ramo de salud, por parte de la Institución de Seguros correspondiente, el cual no podrá ser inferior al 3 por ciento.
Dentro de la iniciativa, también se incluye que en los costos de las primas para gente mayor a 60 años se tome en cuenta para su cálculo, la inflación general y no la inflación médica que llega ser hasta casi tres veces mayor, lo cual daría beneficios a este sector de la población.
“Aunque sigue siendo responsabilidad del Estado garantizar el acceso a servicios de salud, el sector privado puede desempeñar un papel complementario”, explicó la legisladora ecologista.
En el desarrollo de su propuesta, subrayó que los adultos mayores tienen mayores probabilidades de enfrentar problemas de salud que requieren atención médica y según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el costo medio por siniestro en el país es de aproximadamente 129 mil pesos, lo cual equivale a más de once meses de ingresos para los adultos mayores de 60 años.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 2.99 millones de personas en este sector de la población, carecen de acceso adecuado a servicios de salud. Esto preocupa ya que a medida que las personas envejecen, sus ingresos tienden a disminuir y sus probabilidades de sufrir enfermedades aumentan, encontrándose imposibilitados para pagar un seguro médico debido a su edad.
“La situación que enfrentan nuestros adultos mayores es un problema público que requiere nuestra atención y acción inmediata. Al abordar este desafío, no solo estamos protegiendo a un grupo vulnerable, sino que también estamos construyendo una sociedad más equitativa y solidaria”, señaló.
El Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a los artículos 4.º y 27 de la Constitución, que amplía y fortalece los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables del país, ratifica la continuidad de políticas públicas enfocadas en el bienestar social y establece las bases para reducir las brechas de desigualdad, promoviendo un futuro de seguridad, justicia y oportunidades para todos.
Con ello, se reduce la edad de acceso a la pensión universal de 68 a 65 años, se garantiza, como derecho constitucional, la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad permanente y sectores económicos fundamentales como los agricultores y pescadores y pequeños productores, entre otros.
Asimismo, la senadora Juanita Guerra Mena enfatizó que esta medida representa un esfuerzo colectivo y un mandato constitucional para asegurar que los recursos destinados a estos programas aumenten de manera progresiva cada año. Además de que beneficiará a más de 10.3 millones de personas mayores de 65 años, y garantizará la entrega de fertilizantes gratuitos y apoyo económico a campesinos y pescadores de pequeña escala, sectores fundamentales para la economía del país.
La senadora Virginia Magaña puntualizó que los programas impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, ya han demostrado su impacto positivo en el bienestar de la población.
Sin embargo, destacó que esta nueva reforma va un paso más allá al garantizar pensiones no contributivas para mujeres de 65 años y más en situación de pobreza. “En México, la pobreza tiene un rostro femenino, y es nuestra responsabilidad atender esta realidad,” subrayó.
“Esta reforma garantiza la permanencia de los programas que antes llegaban de manera irregular, y nuestro voto es a favor para que tengan continuidad en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos”, declaró la senadora Rocío Corona.
La legisladora Ruth González Silva resaltó que en San Luis Potosí, su estado natal, desde hace tres años el gobierno ha otorgado pensiones a personas mayores de 60 años, beneficiando también a madres solteras y contribuyendo a la infraestructura educativa y carretera en la entidad. “En San Luis Potosí, miles de personas serán beneficiadas bajo este nuevo marco legal, y a nivel nacional, pequeños productores recibirán apoyo anual y fertilizantes gratuitos”, subrayó.
De igual manera, el senador Luis Alfonso Silva dijo que esta medida tiene como objetivo institucionalizar los derechos sociales y blindarlos contra posibles retrocesos. Además, destacó que, durante los 36 años de gobiernos neoliberales, la riqueza se concentró en unas cuántas personas, empobreciendo a la mayoría.
“Ahora, con esta reforma, se da un paso firme hacia un modelo que pone al pueblo en el centro y combate las desigualdades generadas en el pasado. Asimismo, refuerza el compromiso de la administración actual con una economía moral, establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y respaldada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó el legislador.
Daremos nuestro respaldo a leyes secundarias que no solo dignifiquen el derecho a la vivienda, sino que también mejoren la calidad de vida de todas y todos los mexicanos.
La bancada del Partido Verde en el Senado aprobó la reforma que establece el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas trabajadoras del país, y destacó que introduce un enfoque innovador como es el arrendamiento social, fortaleciendo la seguridad y estabilidad familiar, así como un sistema de créditos accesibles para la adquisición, construcción o mejora de viviendas.
"El bienestar no se consigue únicamente con programas sociales; una vivienda digna es el pilar esencial para una vida plena", declaró Melgar.
En ese sentido, el senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, señaló que esta reforma impulsada por la presidenta, busca resolver el déficit de vivienda que afecta a miles de familias, particularmente a aquellos que reciben programas sociales, pero carecen de un hogar adecuado.
Al fijar su posicionamiento, la senadora Virginia Magaña Fonseca destacó el compromiso de esta reforma con la justicia social, al promover la construcción de nuevas viviendas. Señaló que en su estado natal, Guanajuato, hay más de 300 mil viviendas abandonadas. “La recuperación de espacios será fundamental para revitalizar comunidades y generar oportunidades de desarrollo y cohesión social”, subrayó la senadora.
Además, indicó que el modelo de arrendamiento social, que promueve la reforma de la actual administración, permitirá a los mexicanos rentar viviendas con la opción de adquirirlas en propiedad, proporcionando estabilidad a largo plazo y acceso a una vivienda digna.
Desde la máxima tribuna del Senado, la senadora Ruth González Silva afirmó que esta reforma prioriza la sustentabilidad, buscando alianzas estratégicas con empresas de responsabilidad social para construir viviendas con menor impacto ambiental. "La nueva política de vivienda incluirá sistemas de cosecha de agua, aprovechamiento de luz solar, huertos urbanos y materiales reciclables”, apuntó.
Asimismo, la legisladora por San Luis Potosí destacó el propósito de esta reforma porque busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, alineando el desarrollo habitacional con prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Por otra parte, la senadora Juanita Guerra Mena opinó que esta reforma sienta las bases para que, bajo el programa Vivienda para el Bienestar, los trabajadores puedan acceder a créditos accesibles y a un modelo innovador de arrendamiento social. “Este programa proyecta la construcción de un millón de casas en los próximos años, beneficiando a derechohabientes y no derechohabientes del Infonavit con inversiones públicas y privadas”, destacó.
En ese mismo sentido, el senador Gilberto Hernández afirmó que es momento de legislar en favor del bienestar del pueblo mexicano y garantizar que todas y todos tengan un hogar digno. Destacó su compromiso con el desarrollo del país, señalando que esta reforma establece un modelo de arrendamiento asequible, con una renta fija del 30 por ciento del salario y opción de compra, permitiendo a las personas trabajadoras construir un patrimonio seguro y digno.
Las senadoras y senadores del Partido Verde coincidieron en que darán su respaldo a leyes secundarias que no solo dignifiquen el derecho a la vivienda, sino que también mejoren la calidad de vida de todas y todos los mexicanos.