El senador del Partido Verde, Waldo Fernández González, presentó ante el pleno una iniciativa de reforma al artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de aclarar y establecer legalmente lo que constituye la discriminación por omisión.

Durante su intervención, el senador destacó que esta forma de discriminación ocurre cuando, de manera intención, se deja de realizar una acción o no se cumple con una obligación reconocida en la Constitución, lo que deja a grupos vulnerables sin acceso a derechos fundamentales.

En ese sentido, también mencionó la alarmante situación del dengue hemorrágico en Nuevo León, donde la inacción de las autoridades para una prevención y respuesta eficiente ha exacerbado el problema de salud pública. "Esta forma de discriminación, aunque menos visible, es igual de perjudicial y debe ser abordada de manera contundente", subrayó.

Por ello, agregó "Lo que planteamos el día de hoy es que la discriminación en México si bien tiene origen en perjuicios intencionados, también tiene origen en perjuicios por malos servidores públicos que simple y sencillamente no realizan la función para la cual fueron contratados en algún supuesto o incluso electo. Hoy venimos a plantear modificar el artículo primero de esta Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que quede claro y determinado lo que significa la discriminación por omisión".

Comentó que la propuesta busca garantizar que todas las personas, independientemente de su condición, tengan acceso a la igualdad de derechos y a servicios públicos efectivos.

"Esta reforma busca garantizar que las personas que son discriminadas por indolencia, por políticas públicas inadecuadas, por falta de procesos de rendición de cuentas o porque simple y sencillamente en el momento en que buscaron la atención o tuvieron la necesidad de un servicio que prestan, los tres niveles de gobierno fueron tratados de manera indolente por un servidor público" expuso el senador por Nuevo León.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos para su análisis y discusión.