Nuestro país ha dado grandes pasos en materia de protección de derechos humanos, tal es el caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 que complementa lo previsto en el artículo 4 constitucional en relación con el interés superior de la niñez.
En este sentido, nuestro país ha adquirido responsabilidades que deben traducirse en un ordenamiento jurídico que proteja, promueva y garantice los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las niñas, niños y adolescentes; todo ello en congruencia con lo previsto en la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos y los demás tratados internacionales suscritos por México en la materia.
Además de la reforma en materia de derechos humanos, en 2011 también se aprobó una reforma para que el Congreso pudiera expedir una ley general en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de observar el interés superior de los mismos y de conformidad con los tratados internacionales en la materia.
No obstante, la legislación actual no ha sufrido cambios sustantivos que permitan la adecuación del marco normativo a la Convención de los Derechos del Niño, aun cuando ha sido una constante recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño.
Por ello, es necesario que desde nuestra labor como legisladores proveamos a nuestro país de una legislación garantista que contemple a las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos y que permita al Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, diseñar, implementar, ejecutar y evaluar acciones y políticas públicas encaminadas a este objetivo.
Nos encontramos ante una oportunidad inigualable para cumplir adecuadamente con nuestros compromisos internacionales, así como con las recomendaciones emitidas.
Por esta razón, el trabajo que los integrantes de las comisiones unidas hemos realizado al interior de las comisiones, se traduce en una legislación que fortalece y complementa la propuesta enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Las modificaciones que se incorporaron a la iniciativa original, recogidas en el cuerpo de este dictamen son el resultado de un ejercicio abierto a la ciudadanía, tal como ha ocurrido en muchos otros casos que hemos discutido en esta Soberanía en el que se escucharon las distintas opiniones vertidas en las audiencias públicas que se llevaron a cabo con actores sumamente interesados de la sociedad civil e instituciones especializadas en la materia.
Entre las modificaciones más importantes se encuentra: el reconocer explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la obligación de asignar presupuesto para el cumplimiento de los fines de esta Ley; el criterio orientador para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; la obligación de toda persona a informar a la autoridad competente la violación que haya sufrido cualquier menor a sus derechos; la instrumentación de medidas cautelares, de protección y de restitución; el derecho de los menores a acceder a servicios que garanticen sus derechos, aun cuando no cuenten con documentación para acreditar su identidad; el establecimiento de políticas de fortalecimiento familiar; 9) la atribución del Sistema Nacional DIF o locales para otorgar medidas de protección especial; la obligación de las instancias públicas de reportar semestralmente al CONAPRED, o a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo y de las legislaciones locales correspondientes, adicionando que dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad y sexo; la prohibición expresa de que los menores puedan contraer matrimonio; la inclusión de las personas con discapacidad; medidas para promover la educación sexual y reproductiva, así como de atención a madres adolescentes; la conformación de una instancia responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos y la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; la aplicación de sanciones a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar; en cuanto a los ciberdelitos, la imposición como medida cautelar de suspender o bloquear cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez; se garantizan los derechos de los menores migrantes acompañados o no, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria; CONEVAL será el encargado de la evaluación de las políticas de desarrollo social en esta materia.
No cabe duda que con la expedición de esta nueva ley se logrará impulsar una sola política de Estado que de manera coordinada garantice la protección efectiva y la exigibilidad, en igualdad de condiciones, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Tenemos una deuda pendiente con la niñez y adolescencia de México, los crecientes fenómenos de violencia que se viven a lo largo del territorio dan fe de cómo es que se han vulnerado reiteradamente los derechos de menores; lo mismo sucede con derechos tan indispensables como integridad, salud, educación, vivienda y alimentación, entre otros.
Si no brindamos protección a nuestros niños y adolescentes hoy, nos enfrentamos en un futuro a fenómenos cada vez más peligrosos en detrimento del tejido social. El creciente fenómeno migratorio, de violencia en las escuelas, narcotráfico y demás, hacen prueba plena de cómo hemos fallado hasta el momento en nuestra labor como legisladores y como ciudadanos corresponsables.
Por ello, es importante que mostremos un compromiso con las generaciones futuras y solventemos la deuda que tenemos pendiente desde hace años en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes.
Por lo expuesto anteriormente, los integrantes del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen, porque queremos que las niñas, niños y adolescentes gocen de una mejor calidad de vida, de mejores oportunidades de mejorar sus niveles de bienestar, en suma, porque queremos un México mejor y porque la niñez y juventud de nuestro país no pueden seguir esperando la oportunidad de que sus derechos sean plenamente garantizados.
Nuestro país lo requiere, lo requieren millones de niñas y niños, y adolescentes hagámoslo por ellos.
Es cuanto Señor Presidente
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
