Con la venia de la Presidencia; Compañeras Diputadas y Diputados: En la vasta y noble red de derechos que componen nuestra Constitución, hay uno que sobresale de manera particular: el derecho a la salud. Este derecho no es solo un concepto abstracto, sino un compromiso profundo, un pacto social que trasciende los límites del papel para atender y transformar realidades.
En el Artículo 4º de nuestra Constitución, se consagra la salud como un derecho humano fundamental, y es nuestra responsabilidad garantizarlo, defenderlo y preservarlo. En el contexto actual, hay una amenaza que se destaca con mayor gravedad y urgencia: la expansión de los productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos.
La salud no se construye solo con leyes, sino con la acción decidida de aquellos que entendemos que una nación sana es una nación fuerte.
No basta con decir que la salud es un derecho, debemos garantizarlo de manera activa y constante. Este derecho implica no solo la atención de quienes ya sufren las consecuencias de consumir estos productos, sino la prevención de aquellos que podrían caer en la trampa mortal de las sustancias tóxicas.
Por ello, la sanción a toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, es una medida que va más allá de una simple prohibición: es un acto de protección, de cuidado de nuestras generaciones presentes y también de las futuras.
No podemos ser testigos indiferentes de la proliferación de productos que buscan seducir a los más jóvenes. La producción, distribución y enajenación de estas sustancias nocivas deben ser frenadas con mano firme, al igual que el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas. Estas sustancias no solo son veneno para el cuerpo, sino que son armas silenciosas que destruyen sueños, familias, comunidades y se apoderan de la libertad de las personas.
En este sentido, el Artículo 4º, párrafo quinto del Decreto propuesto en el presente dictamen, se erige como una defensa de nuestra población, especialmente de nuestra juventud y de nuestras familias. Este esfuerzo no es un capricho ni una medida aislada; responde a una realidad global, a una epidemia que, aunque menos visible, es tan destructiva como cualquier otra.
A nivel mundial, mil 100 millones de personas mayores de 15 años y 50 millones de adolescentes entre 13 y 15 años son fumadoras. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que el tabaco es una de las principales causas prevenibles de muerte en el mundo, con más de 8 millones de fallecimientos anuales. Es por estas vidas que debemos actuar, por estos futuros truncos que debemos construir barreras. Prevenir el consumo temprano puede salvar vidas y esperanzas.
Hoy las y los jóvenes de nivel secundaria, una edad en la que apenas están consolidando el carácter y valores, están siendo incitadas a consumir productos diseñados para atraer su atención con sabores llamativos que se presentan como inofensivos.
Con este contexto global en mente, no es suficiente con esperar a que el cambio venga de las buenas intenciones. Es necesario legislar con firmeza, es necesario prohibir lo que nos hace daño antes de que se propague como una plaga invisible.
El 19 de febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un Decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, prohibiendo la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización.
Esta medida se encuentra alineada con los esfuerzos internacionales por limitar el acceso de los más jóvenes a estos productos, pues sabemos que dispositivos como los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina o los Sistemas Similares Sin Nicotina son herramientas sofisticadas que, lejos de ofrecer una alternativa saludable, terminan siendo una puerta de entrada a otras adicciones.
Así, a partir de la Constitución, de la ley que protege nuestra salud, pasamos a lo específico, a lo particular, a lo que cada uno de nosotros puede hacer. Prohibir la profesión, industria y comercio relacionado con productos que atentan contra la salud es un acto de responsabilidad que va más allá de la política.
Es un compromiso con la vida, con las generaciones que nos suceden, con la idea de que, en el momento en que tomamos decisiones, no solo estamos escribiendo leyes, sino que estamos escribiendo la historia de un país que se decide a poner la salud de sus ciudadanos por encima de cualquier otro interés.
De esta manera, alzamos la voz por el derecho a la salud, un derecho que no se agota en la letra fría de la ley, un derecho que, de lo abstracto, se ejecuta en la acción, que se transforma en acción concreta, en medidas que protejan a nuestros niños, jóvenes y adultos de los efectos devastadores que pueden causar los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos y sus derivados, no solo en palabras, sino en hechos concretos y transformadores.
