Con el permiso de la presidencia,
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados;
El consumo del fentanilo es un tema que ha trascendido fronteras, clases sociales y generaciones y se ha convertido en un grave problema económico y social que, si no lo atendemos en este momento, tendrá efectos devastadores.
El fentanilo es un potente opioide sintético que en un principio fue diseñado como un medicamento para aliviar el dolor más extremo, pero que hoy en día ha dejado de utilizarse como una herramienta exclusiva de la medicina y se ha convertido en una amenaza.
Según la OMS, cientos de miles de personas pierden la vida cada año por el consumo de opioides y el fentanilo lidera esta devastadora estadística. México, por ejemplo, no solo enfrenta el consumo interno sino también el problema derivado de ser un lugar de tránsito y de producción para mercados extranjeros. Una solución integral al problema implica no solo atacar el consumo, sino también erradicar la producción y el transporte de esta peligrosa sustancia.
En todo el recorrido que hace esta droga para llegar a su destino va sembrando violencia, muerte, despertando una crisis que mantiene en alerta a gobiernos de todo el mundo.
Muchas comunidades se están viendo afectadas por la violencia que genera el tráfico de fentanilo, por el colapso de los sistemas de salud y por el sufrimiento de los familiares que pierden a sus seres queridos.
Su uso se ha convertido en un problema global, por eso debemos actuar con severidad y determinación.
Y así lo hizo el titular del Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero al proponer una reforma constitucional que atiende las causas, que proteja a la niñez y adolescencia y que evite el incremento de esta droga que, como se ha señalado, se está convirtiendo en un problema grave de salud y de seguridad.
Si bien tanto la Defensa como la Marina han hecho grandes decomisos de esta droga letal, todavía falta mucho por hacer porque se continúa invadiendo las calles y envenenando a la población. En cuanto a México, los datos existentes no tienen comparación con los niveles de Estados Unidos, pero, sin embargo, cada vez más lugares en el país presentan indicios de consumo de drogas sintéticas.
Al tráfico y al consumo del fentanilo se ha sumado otro gran riesgo para nuestra infancia y adolescencia, me refiero al uso de vapeadores, de cigarrillos electrónicos y demás análogos, que en el caso de México se ha convertido en un problema de salud pública.
Los dispositivos señalados se han vuelto populares, sobre todo entre las niñas, los niños y los adolescentes, debido a la publicidad masiva que se hace en favor de su uso.
En 2022, el 2.6 por ciento de la población adolescente, entre 10 y 19 años, es decir, cerca de medio millón de adolescentes, hizo uso de cigarrillos electrónicos, en vez de cigarros de tabaco. En personas de 20 años o más, el número de quienes usan estos dispositivos fue de 1.3 millones de personas en el país.
En este orden de ideas, dos son las responsabilidades directas de las autoridades, la obligación de proteger la salud de las mexicanas y mexicanos y la obligación de evitar que particulares, empresas y grupos delictivos dañen el derecho constitucional a la protección de la salud.
En la Cuarta Transformación siempre hemos enfatizado que el Estado debe de atender los problemas de salud que afecten a la sociedad en general.
Bajo esta lógica, hoy tenemos la oportunidad de aprobar un dictamen que reforma nuestra Carta Magna para garantizar el derecho de protección a la salud mediante la sanción de toda actividad relacionada con cigarrillos eléctricos, vapeadores y dispositivos análogos.
Por los argumentos expuestos, el Partido Verde votará a favor de la propuesta del Ejecutivo federal, porque tenemos la convicción de que ésta le da al Estado mejores herramientas para hacer frente a las adicciones y al tráfico de drogas.
Es cuanto, muchas gracias.
