- Su uso en estos lugares será permitido a consideración de las autoridades, previa justificación, siempre y cuando el uso no implique daño alguno al ambiente.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para prohibir la circulación de vehículos todoterreno para actividades turísticas, deportivas o recreativas en áreas naturales con protección.
La propuesta, que modificaría la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece la prohibición de la circulación de vehículos recreativos todoterreno, en áreas naturales protegidas, áreas de conservación, áreas no perturbadas, áreas que alojen ecosistemas o elementos naturales de especial importancia o que requieran protección especial.
La propuesta indica que el uso de vehículos recreativos todoterreno será permitido a consideración de las autoridades competentes, previa justificación, siempre y cuando el uso no implique daño alguno al ambiente, a la biodiversidad, a los ecosistemas involucrados ni a terceras personas.
“Somos conscientes de lo que establece la Carta Magna respecto al derecho que tenemos de transitar libremente, no obstante, cuando esa libertad vulnera los derechos de otros hay que poner especial cuidado y atención, además de actuar a la brevedad”, expuso Astudillo Suárez.
“Estas acciones deben considerarse inmediatas para que la huella que hasta hoy se ha generado pueda restaurarse a la brevedad y evitar que el deterioro continúe.
Detalló que las entidades federativas serán las encargadas de regular la inspección, vigilancia y sanciones relativas al uso de vehículos recreativos todoterreno y prohibir su circulación en las áreas naturales que indican su propuesta.
Acerca de las conductas sancionables, el diputado verde indicó que están consideradas la emisión de ruido que exceda lo establecido en la legislación; la contaminación lumínica que exceda los máximos permisibles; la utilización de los vehículos en horarios que afecten la fauna silvestre del lugar y la circulación en lugares que afecten la vegetación local.
También será motivo de sanción la afectación de los usos y costumbres de las personas residentes del lugar, a propiedades de terceros, aun cuando se trate de terrenos comprendidos dentro de ejidos o propiedades de uso común, así como aquella que pudiera generar cualquier daño ambiental.
Finalmente, acerca de la contaminación atmosférica de estas unidades, Astudillo Suárez apuntó que también se establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones, así como del impacto de estos vehículos recreativos todoterreno.
- Se busca prevenir y tratar la depresión post-parto, así como asegurar que la información sobre los métodos anticonceptivos sea clara y accesible
La diputada del Partido Verde, Cindy Winkler Trujillo, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con el objetivo de mejorar la atención materno infantil y métodos de planificación familiar.
La iniciativa propone modificar el artículo 61 de dicha ley para incluir la atención a la depresión post-parto como parte de la atención integral que se debe proporcionar a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Además, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 67 de la ley, para asegurar que la información sobre los métodos anticonceptivos y la atención a la salud mental esté disponible de forma clara, accesible y adaptada a las necesidades individuales de cada mujer.
“Con esta propuesta buscamos garantizar que las mujeres tengamos control sobre nuestra salud reproductiva y podamos tomar decisiones informadas sobre los métodos anticonceptivos. Además de prevenir y tratar la depresión post-parto, para garantizar el bienestar tanto de las mamás como del recién nacido”, apuntó la legisladora.
La legisladora explicó que la depresión post-parto es un problema de salud pública reconocido mundialmente por sus efectos negativos en la madre y el bebé. “En México, la falta de acceso a servicios de salud mental y el estigma asociado a la salud mental limitan la atención a esta condición”, afirmó.
La aprobación de esta iniciativa sería un paso importante hacia la garantía de los derechos de las mujeres en materia de salud reproductiva y salud mental.
- El proceso de maduración del cerebro continúa hasta los 25 años, por lo que el consumo temprano de bebidas alcohólicas puede interferir en éste.
La diputada Mayra Espino Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GP PVEM) presentó una iniciativa para fijar en 21 años la edad mínima para el consumo de bebidas alcohólicas y aumentar la multa y la pena para quien incumpla esta disposición.
En la exposición de motivos, la Diputada Verde explicó que según la Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017 reveló que alrededor de 41.8 millones de personas entre 12 y 65 años de edad beben por ocasión, grandes cantidades de alcohol, por lo menos una vez al mes o inclusive diario.
“Como dato alarmante, tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad que mostró los niveles más altos de consumo fue el de 18 a 29 años”, alertó Espino Suárez.
En México, expuso la legisladora, la ingesta de esas bebidas se asocia con 200 padecimientos entre ellos el cáncer, la diabetes y las afecciones cardiovasculares, así como con 40 mil decesos al año.
A nivel físico, abundó, el alcohol afecta el desarrollo del cerebro, pues éste continúa en proceso de maduración hasta los 25 años, por lo que el consumo temprano de esta sustancia puede interferir en este proceso y provocar alteraciones en la memoria, la atención y la capacidad de toma de decisiones.
“A nivel mental, los adolescentes que consumen alcohol tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos emocionales como depresión, ansiedad y puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de conducta, como la agresividad y conductas impulsivas.
“Según un estudio realizado por la Secretaría de Salud de México”, apuntó la Diputada Verde, “los jóvenes que inician el consumo de alcohol antes de los 15 años tienen una mayor probabilidad de desarrollar dependencias y trastornos relacionados con el abuso de sustancias en la adultez”.
La propuesta de Espino Suárez también establece que quien obligue, induzca, facilite o procure a personas menores de 21 años el consumo de bebidas alcohólicas se le aplique una pena de prisión de seis a 12 años y multa de 3 mil a 5 mil días.
La iniciativa también promueve que los gobiernos de los estados coadyuven en la fijación de los criterios y mecanismos necesarios para la organización e implementación de campañas masivas de información y prevención, así como medidas de control y vigilancia que permitan cumplir con lo señalado.
