• El personal debe contar con vocación de servicio y aptitud de ayuda humanitaria para garantizar el respeto al derecho a una vida digna, buen trato y a la reinserción social de los sentenciados
La diputada Lorena Corona Valdés del Partido Verde presentó una iniciativa que reforma el artículo 6 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer que el personal del sistema penitenciario sea cuidadosamente seleccionado, realice el servicio público de forma profesional y con pleno respeto a los derechos humanos de los internos y sea capacitado permanentemente.
En tribuna, la legisladora destacó que la reforma adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Nacional de Ejecución Penal y cubre un vacío legal de dicha ley ya que actualmente no prevé que el personal que labore en los centros de reclusión penitenciaria cuente con vocación de servicio y aptitud de ayuda humanitaria, como requisitos que deben prevalecer para garantizar el respeto al derecho a una vida digna, buen trato y a la reinserción social de los sentenciados.
"Para que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, es necesario que los hombres y mujeres que trabajen en las prisiones sean cuidadosamente elegidos para garantizar que tengan las cualidades personales y una formación educativa especializada. Es necesario capacitarlos en los principios sobre los que debe basarse su trabajo, y en las aptitudes humanas y técnicas requeridas", dijo.
Por lo anterior, la diputada explicó que su iniciativa se atiende el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos conocidas como Reglas Mandela.
Asimismo, responde a una problemática a nivel nacional, pues es una realidad que los centros penitenciarios del país no cuentan con personal suficiente y el que tienen probablemente no es apto para las funciones de seguridad penitenciaria, lo que hace que aumente el riesgo de perder el control de los establecimientos penitenciarios y se propicie la evasión de presos o motines al interior de los mismos.
