Sin embargo, en peno siglo XXI, este problema no ha sido del todo superado, dado que existen diferentes factores que continúan poniendo en riego al menor y en el tema que nos ocupa, también afecta a las personas de escasos recursos, lo que coloca a ambos sectores poblacionales en desventaja social por no contar con los medios económicos y de acceso a la justicia que les permitan revertir las situaciones de alta vulnerabilidad, que por su condición de pobreza y marginación, enfrenta.
Como es de todos bien sabido, aprobamos el pasado 13 de marzo del 2014, una reforma al artículo cuarto constitucional, en el cual dejábamos plasmada la garantía por el derecho de los niños y las niñas a la identidad, siendo registrados de forma inmediata al momento de nacer
Sin embargo, a pesar de que hemos realizado este tipo de reformas, existen todavía algunas leyes secundarias que deben adecuarse, para garantizar este derecho pleno que tienen las niñas y los niños; y que sean registrados de forma inmediata sin que medie ninguna condición, en este caso de tipo económico, para el goce y disfrute de este derecho, es por ello que debemos adecuar algunos instrumentos como en este caso lo estamos realizando, en materia civil y penal.
En este orden de ideas, cabe destacar que en la actualidad se presenta un tipo de prácticas en algunas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, al condicionar la retención de documentos posterior al parto, que en este caso es el certificado de nacimiento, ojo no el acta, el certificado que presentan a través de la expedición por parte de algún médico o de alguna institución de salud y que sirve para acudir ante la autoridad civil a realizar el registro del menor.
Este hecho no debe pasar desapercibido; ya que vulnera la identidad del recién nacido, afectando su desarrollo psicosocial y humano, además de convertirse en una limitante para acceder a otros derechos civiles y humanos.
Esto surgió, compañeras y compañeros diputados, a raíz de un caso real que fueron a plantearme directamente a uno de mis módulos de atención ciudadana o módulos de enlace legislativo; una madre de familia desesperada porque ya su hija tenía cinco o seis años y no podía ser registrada por haber nacido en una clínica privada y los médicos estar condicionando la entrega de este certificado de nacimiento.
Ello nos motivó a formular esta iniciativa, en la cual agradezco a mi grupo de asesores y también al diputado Antonio Cuéllar que me acompañó en el análisis de esta iniciativa y que es integrante de la comisión de Justicia, donde seguramente se ventilará este dictamen.
Así mismo, le voy a solicitar aquí al diputado presidente, si fuera tan amable de solicitar también la opinión de la comisión de los Derechos de la Niñez, yo creo que su opinión favorable en este aspecto, va a ayudar a respaldar la presente iniciativa.
Esta retención de documentos del recién nacido lo están realizando como un mecanismo de presión con la finalidad de que se finiquite algún pago de un servicio de parto, vulnerando con ello, principalmente, los derechos humanos; privilegiando, sobre todo, el interés económico sobre el interés público.
Es por ello que estamos presentando esta reforma y adición tanto al Código Civil Federal como al Penal para que ninguna persona condicione la entrega de este documento a cambio de un tipo de prestación.
Es algo similar a lo que ya presentamos en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cuando pedimos sancionar a las autoridades educativas que condicionaran la entrega de algún certificado para que continuaran los estudiantes superándose o con sus estudios de educación, ya sea secundaria o media superior.
Es por ello que les pido su respaldo con la presente iniciativa y les agradezco la atención que hayan prestado a esta situación que vulnera, principalmente, a nuestros niños.
Muchísimas gracias por su atención.
Es cuanto, señor presidente.
