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México, D. F., a  29  de abril de 2013

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL SENADOR PABLO ESCUDERO SOBRE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La constitución, reconoce a todos los mexicanos el derecho a la educación y establece que toda aquella que sea impartida por el estado, será gratuita, la educación por ningún motivo se privatiza estudiar no puede ser un privilegio para algunos o para aquellos quienes pueden pagar.

 Así, con gran gusto hoy, invito a votar a favor, de la propuesta que se presenta, porque los padres, los niños, nuestros jóvenes de reclaman, exigen que no se les pidan las cuotas.

 Es obligación de todos adoptar las medidas necesarias para mantener e incrementar las matriculas en las escuelas públicas; y, una de ellas es garantizar que no se exija ninguna cuota como requisito para inscribirse, para asistir a las aulas, para aplicar exámenes o para recoger algunos de los documentos.

 Es un tema de gran importancia para nuestro país, pues muchos padres hacen un gran esfuerzo todos los días para sobrellevar los gastos familiares, cualquier erogación merma considerablemente la economía familiar; es injusto que los padres sigan pagando estas cuotas.

 Por ello, me congratulo del resultado final que se expone en el dictamen, y manifiesto mi reconocimiento a los integrantes de las comisiones de educación y estudios legislativos, en especial al senador Romero Hicks y a la senadora Graciela Ortiz por el trabajo desempañado.

 No podemos dejar pasar la oportunidad de que los niños y jóvenes, estén cada día mejor preparados para el desarrollo de nuestro país, y eliminemos todos los obstáculos para que ellos puedan estudiar, es un crimen, impedir el acceso a las aulas basados en la falta de pago de cuotas, nunca más cuotas escolares.

 Con la aprobación de esta iniciativa, se deja muy claro en el artículo 6º de la Ley General de Educación la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del estado, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

 Nunca más el cobro de cuotas, impedirá que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar.

 Con esta reforma, se brindará certeza jurídica a los padres de familia y a los alumnos, en su derecho a la educación, dejando a un lado todo tipo de ambigüedad y laguna, para mejor defensa de sus intereses.

 Las familias mexicanas con sus aportaciones han sido un pilar de la educación, han contribuido y trabajado a favor de los centros educativos de forma paralela al gobierno y de una manera excepcional a lo largo de los años, nuestro reconocimiento para ellos, pero es momento de que las familias que menos tienen dejen de pagar estas cuotas.

Debemos estar conscientes que se ha recorrido un gran camino para llegar hasta aquí, y que falta mucho por recorrer, pero este paso marca a la educación en nuestro país, son las familias mexicanas las beneficiadas de esta reforma, porque contribuyen a la formación de más y mejores estudiantes en un sistema educativo público justo y gratuito.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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México, D. F., a  29  de abril de 2013

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA SENADOR GERARDO FLORES SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

 

Con su venía Sr. Presidente,

Compañeras y Compañeros legisladores:

 

El dictamen que sometemos a consideración de esta Asamblea refleja el consenso y compromiso de todos los Grupos Parlamentarios en un tema de gran calado como lo es el garantizar el derecho, constitucionalmente previsto, a acceder de manera gratuita a la educación pública que imparte el Estado.

Una vez más, se trata de un dictamen que engloba el esfuerzo realizado por cada uno de los legisladores que integramos la Comisión de Educación y que da respuesta a las necesidades y reiteradas demandas sociales en este tema.

La mayor parte de los estudios elaborados en materia educativa revelan los retos que nuestro país tiene en frente, entre ellos, primordialmente satisfacer el acceso de todos los mexicanos a la educación básica y, a partir del 2012, a la media superior; así como garantizar la inclusión de los estándares suficientes de calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; asimismo, es indispensable garantizar la continuidad o permanencia entre los distintos niveles educativos; de otro modo, no sólo nos encontraremos en incumplimiento de un mandato constitucional y social con grandes repercusiones para nuestro país sino que seremos copartícipes del fracaso y de la falta de bienestar de las futuras generaciones.

Está claro que el acceso a la educación es el primer aspecto a cubrir en cualquier sistema social mínimamente desarrollado.

En ese sentido los padres de familia con sus aportaciones han sido un pilar de la educación, han contribuido y trabajado a favor de los centros educativos de forma paralela al gobierno y de una manera excepcional a lo largo de muchos años, justamente, es conveniente aclarar que no es objetivo de esta reforma impedir la participación de los padres de los mismos, siempre que esta sea estrictamente voluntaria y no como ha sucedido en la práctica, que al inicio de cada ciclo escolar, mediante órganos directivos o a través de las propias asociaciones de los padres de familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia en los servicios educativos.

Por esta razón, con la aprobación de esta reforma se prohibirá cualquier acto que condicione la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia, la entrega de documentos y en general la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, el pago de cuotas escolares o cualquier otro tipo de contraprestación; de tal manera que el destino y aplicación de las cooperaciones voluntarias que proporcionen los padres de familia serán evaluadas por los Consejos escolares de participación social; constituyendo una infracción de quienes prestan servicios educativos el realizar o permitir, por sí mismo o a través de terceros cualquier acto de esta índole.

Debemos reiterar que el objeto de esta reforma es esclarecer la gratuidad del servicio educativo que presta el Estado y no así establecer un modelo de privatización, como erróneamente se ha pretendido interpretar por la opinión pública.

Nuestra tarea es crear las condiciones para remover los obstáculos, incluidos los económicos, que impidan el ejercicio pleno del derecho a acceder a una educación de calidad de manera gratuita; especialmente cuando los indicadores de deserción, rezago y cobertura educativa evidencian la situación en la que se encuentran muchas niñas y niños debido a la grave situación de desventaja que predomina en ciertos lugares o localidades por la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización que limita severamente el progreso individual e implanta al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.

Estos aspectos confirman y evidencian que la situación va más allá de la prohibición de las cuotas escolares, de tal manera que el siguiente paso para este Congreso tiene que ser el proporcionar los recursos suficientes para que los planteles educativos cuenten con las herramientas necesarias para prestar sus servicios; tan solo para el año 2010, se estima que el monto de las aportaciones voluntarias alcanzaron montos cercanos a los   6, mil 400 millones de pesos.

Finalmente, debemos recordar que está claro que nuestro trabajo no ha concluido, el tema educativo aún tiene grandes retos que abatir y grandes vacíos que atender, así como distintas reformas que habrán de aprobarse por este Congreso a la brevedad para complementar el texto constitucional; las leyes como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y reformas a la Ley General de educación en materia de escuelas de tiempo completo, autonomía de gestión y restricción de venta de alimentos con bajos contenidos nutricionales al interior de las escuelas.

No obstante, también tenemos que estar conscientes que se ha recorrido un gran camino para llegar hasta aquí, se han presentado diferentes proyectos por parte de los distintos partidos que hoy culminan en reformas como la que hoy se someterá a votación, que beneficiarán a la población estudiantil de las instituciones públicas del país a seguir con sus estudios de manera continua y con menores presiones económicas.

De esta forma, los legisladores del Partido Verde estamos claros en que nuestra tarea consiste en trabajar por el bienestar de nuestros compatriotas, razón por la que impulsar la prohibición del cobro de cuotas escolares ha sido parte medular de nuestra agenda legislativa, y hoy celebramos con beneplácito el amplio consenso que ha existido para dar cabida a la aprobación de esta reforma; sin embargo, también tenemos claro que el gran desafío de nuestro sistema educativo consiste en cambiar el paradigma educativo que hoy predomina en México, por lo que estamos comprometidos y asumimos responsablemente nuestra tarea, sumándonos a este reto y reiterando nuestro apoyo y trabajo para materializarlo.

No hay que olvidar que para una efectiva transformación educativa se requieren medidas eficaces que garanticen en la realidad todo lo que la legislación prevé, pues pensar de otra manera a estas alturas, en un contexto ampliamente competitivo y global sería como consentir que aquellos que no han tenido la oportunidad de incorporarse al sistema educativo continúen sin hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este dictamen que redunda en la construcción de una sociedad más justa que pueda ejercer sus derechos en un marco de igualdad, equidad y pleno respeto al texto constitucional y al marco mundial de Derechos Humanos.

Es cuanto Sr. Presidente

 

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México, DF, a 28 de abril de 2013

Boletín 67/13

 

Es necesario que se expida la Ley General del Servicio Profesional Docente: Sen. Gerardo Flores Ramírez

 

Con la ratificación de los integrantes del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el senador Gerardo Flores Ramírez, integrante del Partido Verde dijo que inicia la primera etapa de la reforma constitucional en materia educativa, pues la calidad de ésta requiere de una conjunción de factores, como la evaluación.

 

Los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa enfrentarán grandes desafíos, como el coordinar el Sistema Nacional para la Evaluación Educativa que mida la calidad, el desempeño, y el resultado de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

 

“Estamos seguros que desempeñarán sus labores con pleno apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión”.

 

Y es que, México atraviesa por un momento crítico en materia educativa, pero con la voluntad política, la acción firme del gobierno federal y el poder legislativo se dará solución a las viejas demandas sociales para modernizar la educación.

 

Comentó que la calidad de la educación requiere de distintos elementos esenciales para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes, como materiales, métodos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos.

 

En ese sentido, dijo que la labor de los legisladores debe enfocarse a fomentar la creación de un perfil académicamente suficiente caracterizado por capacidades y aptitudes que permitan a los estudiantes desarrollarse plenamente y tener la oportunidad de accede a un empleo estable, útil, remunerado y satisfactorio.

 

Explicó que no se trata únicamente de que todos asistan a la escuela, sino que su estancia se refleje en el aprendizaje, por ello dijo es necesario que se expida la Ley General del Servicio Profesional Docente que propone el presidente Enrique Peña Nieto.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CONSIDERAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO SENADO DE LA REPÚBLICA LXII LEGISLATURA La suscrita Senadora MARIA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CONSIDERAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Indudablemente, el componente de la problemática ambiental que hoy en día recibe la mayor parte de la atención por parte de la comunidad internacional es el cambio climático, por tratarse de un fenómeno resultado de la suma de patrones de producción y consumo insostenibles realizados en todo el mundo durante décadas, provocando así un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) [1], entre las consecuencias que se han documentado sobre el fenómeno que nos ocupa encontramos:
  • Disminución en la extensión de los hielos marinos árticos y los glaciares de montaña, causando incremento en el nivel del mar e inundaciones;
  • Fenómenos meteorológicos extremos y atípicos: lluvias y sequías extremas donde antes no las había, noches más frías y días más calurosos, ciclones y huracanes, y, en general, alteraciones en las estaciones del año, y
  • Derivado de lo anterior, modificaciones en los procesos físicos y composición de los ecosistemas, derivado del desplazamiento y/o desaparición de especies.
Una vez que la comunidad científica identificó alteraciones al sistema climático mundial, por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1988 fue conformado el IPCC, a fin de analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información relevante para determinar los riesgos derivados del cambio climático, sus posibles consecuencias y las medidas adecuadas para mitigarlo y adaptarse a él. A partir de entonces se han llevado a cabo una serie de acciones encaminadas a investigar y adoptar medidas eficaces para mitigar y adaptarse al cambio climático. En el ámbito del Derecho Internacional destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), la cual tiene como objetivo lograr “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático”, para lo cual establece una serie de principios, compromisos y otros mecanismos para lograrlo. Por su parte, el Protocolo Kyoto, definido como el instrumento que desarrolla y pone en práctica el contenido de la CMCC, compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de GEI, al imponerles metas vinculantes de reducción, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI que hay actualmente en la atmósfera. En congruencia con los esfuerzos citados, México se ha caracterizado por atender puntualmente sus compromisos como Estado parte de los instrumentos de referencia. Por ello, como resultado de un esfuerzo inédito entre los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, fue expedida la Ley General de Cambio Climático (LGCC), con lo cual el Estado mexicano mereció el reconocimiento de la comunidad internacional al convertirse en el segundo país en expedir una ley sobre cambio climático, únicamente después de un Estado vanguardista en esta materia, como lo es el Reino Unido de la Gran Bretaña. La LGCC tiene por objeto, entre otros, distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Para lograr lo anterior, establece una serie de mecanismos jurídicos, institucionales y de política pública, de los cuales destacan la Estrategia Nacional y el Programa Especial de Cambio Climático. De conformidad con el artículo 60 de la LGCC, la Estrategia Nacional de Cambio Climático “constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono”. Por su parte, el artículo 66 de la LGCC señala que en el Programa Especial de Cambio Climático “se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional”. De acuerdo con lo anterior, está claro que la Estrategia y el Programa de referencia constituyen instrumentos de planeación fundamentales para que tanto la Ley como la política nacional en esta materia cumplan efectivamente sus objetivos. Ahora bien, cabe destacar que a pesar del “principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas” que impera en el ámbito internacional en materia de cambio climático, y por virtud del cual México no está obligado a compromiso alguno de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por no ser un país industrializado y, por ende, no formar parte del Anexo I de la CMCC, el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, establece que “El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000”. Con dicha disposición, el Estado mexicano refrendó una vez más su compromiso con el combate al cambio climático, y se impuso a sí mismo una meta concreta de reducción de emisiones de GEI, yendo aún más allá de sus obligaciones con la comunidad internacional en esta materia. Por lo anterior, se estima adecuado que desde esta Soberanía se haga un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en su calidad de dependencia de la Administración Pública Federal encargada de elaborar tanto la Estrategia Nacional como el Programa Especial de Cambio Climático, en los términos de los artículos 60 y 66 de la LGCC, respectivamente, tome en consideración las metas de reducción de emisiones de GEI citadas en la elaboración de dichos instrumentos de planeación. Lo anterior, no sólo por la importancia que reviste vincular los documentos de referencia con las metas de reducción de emisiones citadas, sino porque el artículo 64 de la LGCC establece que “La Estrategia Nacional deberá reflejar los objetivos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en la presente Ley”, y que el artículo 67 de la misma Ley señala que el Programa Especial de Cambio Climático debe contener: “La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos de la Estrategia Nacional” (fracción I),  “Las metas sexenales de mitigación…” (fracción II) y “Las acciones que deberá realizar la administración pública federal centralizada y paraestatal para lograr la mitigación y adaptación, incluyendo los objetivos esperados” (fracción IV). En atención a lo anteriormente expuesto, la Senadora que suscribe somete a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en la elaboración de los instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático, particularmente la Estrategia Nacional y el Programa Especial de Cambio Climático, sean consideradas la metas aspiracionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero previstas en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 . Dado en el recinto del Senado de la República, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece.

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA


[1] IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)] IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs.
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhortaDel Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de Distrito Federal a realizar las acciones y gestiones necesarias, propias o ante las instancias que corresponda, a efecto de impedir que continúe el desperdicio de agua en las redes primarias y secundarias del caudal total de agua potable para uso público urbano que abastece a la Ciudad de México.

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Punto de Acuerdo por el que se le solicita al Jefe de Gobierno del D.F. pormenorizado del proyecto de la Línea 12 del MetroPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL D.F.  PORMENORIZADO DEL PROYECTO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

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El suscrito Senador, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores
PROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL GRAVE FENÓMENO DE EROSIÓN Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE PUERTO CHIAPAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A CARGO DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. El suscrito Senador, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 87, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Chiapas es uno de los 16 puertos de altura con que cuenta México para diversificarse y consolidar su economía. La infraestructura del Puerto es  excelente para el arribo de buques de gran porte y tiene condiciones para recibir buques porta-contenedores de 1era y 2da generación, graneleros de hasta 30,000 ton. y cruceros de hasta 115,000 TBR [1] pues tiene 33 pies de calado, además de un área de almacenamiento de 2500m2 y un cobertizo de 630m2 así como 22,300m2 de patios, además de contar con un señalamiento marítimo muy confiable. Durante los años del porfiriato, el nombre original del puerto era "San Benito", por el pueblo en donde se encuentra asentado, en el que se construyó el primer malecón de madera. Durante el último tercio del siglo XX se plantaron los cimientos de lo que desde el año de 1975 llevó el nombre de "Puerto Madero". Adoptó el nombre de Puerto Chiapas el 4 de abril del 2005 y su operación y explotación fueron concesionadas a la Administradora Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. (API). El puerto está ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Tapachula, municipio con una población de más de 400 mil habitantes, consumidores de bienes provenientes de todo el país y el extranjero, susceptibles de transportarse vía marítima a través de Puerto Chiapas. Como referencia, el estado de Chiapas tiene una población de más de 4 millones de habitantes y un área de influencia de 40 millones de personas. El aeropuerto internacional se localiza a sólo 11 kms del puerto. Asimismo, cuenta con espuela de ferrocarril hasta la terminal marítima. Además, está ubicado en un lugar estratégico como puerta de un corredor logístico multimodal entre México y Centroamérica para conectar sus rutas comerciales. Se prevé que este año llegarán a Puerto Chiapas 35 cruceros, lo que evidencia su importancia. Sin embargo, este patrimonio nacional, y los habitantes de tres mil viviendas, están en serio riesgo a causa de la amenaza natural, que constituye la erosión marina. Este fenómeno ha avanzado tanto en las últimas décadas, que provoca pérdidas paulatinas y con ello, su aprovechamiento humano y económico. El Atlas de Peligros del Estado de Chiapas tiene plenamente identificadas las zonas que padecen la erosión, y una de ellas es la sección entre Puerto Chiapas y Emiliano Zapata, en dónde el peligro es muy alto para las personas, las viviendas, los negocios y la infraestructura. A pesar de que la playa de esta bahía es turística, el rompeolas genera una turbulencia intensa y produce fuertes corrientes de resaca que ponen en riesgo la seguridad de los turistas y de los habitantes. En consecuencia, en octubre del 2012, las autoridades de Protección Civil del Municipio determinaron cerrar a bañistas la playa “San Benito”, por el grave riesgo que ello representa para la población. La erosión continua ha hecho retroceder la playa más de 150 m, afectando todo género de construcciones. De no tomar medidas oportunas, es probable que pronto esta playa tenga que ser cerrada por completo de manera oficial, considerando que el mar se ha ido metiendo y derribando instalaciones comerciales, afectando otras edificaciones como producto de corrientes marinas, efectos de mar de fondo y oleaje fuerte. A la erosión del suelo contribuyen negativamente actividades agrícolas inadecuadas, tales como la conversión de suelos forestales en suelos agrícolas, lo que incrementa y acelera significativamente los procesos erosivos. El sedimento que llega a las cuencas, ríos y lagunas, las azolva y provoca que la producción de pescado y camarón sea cada vez más baja, a tal grado que en un futuro no muy lejano podría inclusive ser nula. Con el apoyo de las autoridades de SAGARPA, los pueblos de la región Costa y Soconusco, debieran diversificar la agricultura, por ejemplo, mediante proyectos de café bajo sombra, que es una alternativa viable que permite el aumento del cauce de los ríos, pero sin lodo ni sedimentaciones. En la medida en que pase el tiempo, será mayor el peligro para la población las construcciones y un importante patrimonio territorial del Estado y del país.  Por ello, es necesario tomar decisiones oportunas y de fondo, que permitan salvaguardar la estructura económica, el bienestar social y proteger la zona de este fenómeno. Por todos estos antecedentes, es urgente la acción concurrente de la Federación, el Estado, el Municipio de Tapachula  y los municipios colindantes, para (i) realizar un estudio ambiental y socioeconómico que evalúe el estado actual de la zona; y (ii)  en su caso, fundamentar la creación de una nueva zona de población dentro del Municipio de Tapachula, para reubicar a la población de Puerto Chiapas cuya seguridad está en riesgo. En este sentido, resulta necesario modificar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, para (i) restringir la ampliación de la zona ubicada en el frente de playa, así como el desarrollo de nuevas obras, exceptuando las necesarias para restaurar la costa; y (ii) designar la zona nueva de población, estableciendo criterios que la hagan más atractiva para los pobladores a ser reubicados. El hecho de contar con condiciones favorables en la nueva zona, pudiera atraer desarrolladores y pobladores de otras zonas, por lo que una alternativa sería coordinar la planeación de la nueva zona a través de un  fideicomiso, del que sólo sean beneficiarias las personas que acrediten tener una propiedad en el frente de la playa o cuyo sustento derive de actividades propias de Puerto Chiapas, como quienes prestan servicios complementarios a los pescadores. También es posible alinear estas acciones a aquellas contempladas por la Federación y el Estado para la adaptación al cambio climático, las cuales cuentan con recursos y son socialmente respaldadas. Las acciones no deben limitarse a las de reubicación, sino que tendría que realizarse un trabajo de restauración de la costa, preferiblemente con mangle para que se detenga su erosión y se recupere paulatinamente el terreno perdido. En ese orden de ideas, se precisa modificar la Ley de Desarrollo Urbano (LDU) del Estado, para establecer un fondo presupuestal que cubra la restauración de la costa y permita atender emergencias, a efecto de evitar mayores riesgos para la población. Paralelamente, es pertinente que la LDU prohíba las construcciones de desarrollos urbanos en zonas de alto riesgo, con base en la Ley General de Protección Civil de 2012, que en su artículo 84 menciona: “Se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuente con la autorización de la autoridad correspondiente”. En el mismo sentido, su artículo 87 determina: “En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgo específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para migar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción”. En materia financiera, es necesario considerar distintas maneras de acceder a recursos para el desarrollo de infraestructura y servicios, como pueden ser licitaciones y/o el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). También se pueden obtener recursos del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que cuenta con acceso a fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial  (BM). En este sentido, estamos convencidos de que la recuperación de Puerto Chiapas debe acompañarse de una estrategia de preservación y de ampliación de la planta productiva, que genere más y mejores empleos, que incentive la inversión productiva que se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Existen alternativas de solución para atender un problema creciente que no solo afecta a una región y a un Estado de la República, sino que impacta la actividad turística y comercial del país en su frontera sur. Por ello, formulamos un respetuoso exhorto a los tres ámbitos de gobierno para generar un plan integral que inicie con el rescate de Puerto Chiapas, que en su caso, permita la reubicación de la población en riesgo, a la vez que detone su desarrollo sustentable con una visión integral de mediano y largo plazo, que se traduzca en bienestar seguro y sostenido para los chiapanecos y para todo el país. Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía, con carácter de urgente resolución, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres ámbitos de Gobierno, la Federación, el Estado de Chiapas y el Municipio de Tapachula, para coordinarse y tomar las decisiones necesarias para rescatar a Puerto Chiapas, de la intensa erosión que enfrenta, así como para reubicar la infraestructura afectada, con un enfoque de protección de la seguridad humana, social y sustentable. Segundo. Se exhorta atentamente al Gobierno Municipal de Tapachula para que, ante la urgente amenaza que enfrenta Puerto Chiapas por la erosión,  considere la modificación de su Plan de Desarrollo Urbano, para atender el inminente riesgo que padecen los habitantes apostados en el frente de su zona de playa. Tercero. Se hace un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Chiapas, para que pueda estudiar e impulsar las reformas conducentes a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, para evitar el establecimiento de desarrollos en zonas de riesgo, y fortalecer los esquemas sancionadores para las autoridades que los autoricen, así como para la creación de un fondo para realizar los estudios y las primeras acciones de reubicación de poblaciones en riesgo en la zona señalada, considerando el desarrollo de infraestructura en dichas zonas y los servicios requeridos para su uso habitacional. Cuarto. Se exhorta atentamente a las Secretarías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación y de Turismo, para realizar los convenios necesarios con el Gobierno del Estado de Chiapas, para enfocar recursos y acciones para la reubicación de las comunidades pesqueras en la zona ubicada entre los paralelos 14°32’24’’ y 17°59’08’’ de latitud norte, y los meridianos 90°20’32’’ y 94°07’13’’ de longitud oeste, que incluya acciones para impulsar nuevas fuentes de empleo e inversión en la región, con nuevas formas de producción. Quinto. Se exhorta a la Comisión Nacional de la Pesca, para desarrollar un programa especial para la actividad pesquera en la zona señalada, que fortalezca las opciones existentes y permita crear nuevas formas de aprovechamiento, replanteando a esta actividad como palanca de desarrollo. Sexto. Se hace un respetuoso llamado a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Administradora Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V), a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, así como al Gobierno del Estado de Chiapas y al Gobierno Municipal de Tapachula, a efecto de que atiendan de manera inmediata la problemática que se enfrenta en el Municipio de Tapachula, Chiapas, en específico en la localidad de Puerto Chiapas, para realizar los trabajos necesarios para crear un Programa enfocado en la restauración de la duna costera y el frente de playa, así como para evitar la pérdida de suelos frente. Se enfatiza que dicho plan pueda considerar la reubicación de las casi 3 mil  viviendas en situación de riesgo.

H. Senado de la República, a 3 de abril de 2013

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO

[1] Toneladas de Registro Bruto
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Los suscritos Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Turismo, del Senado de la República, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES PRESENTE

Los suscritos Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Turismo, del Senado de la República, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

El turismo es pilar de la economía mexicana, es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país. Esta actividad representa el 9% del Producto Interno Bruto, es generadora de 2.5 millones de empleos directos y 5 millones indirectos, participando en él, más de 43 mil unidades económicas, siendo el 80 por ciento pequeñas y medianas.

Las características geográficas, bellezas naturales y riqueza cultural de México lo hacen un destino privilegiado, difícilmente superado por otros países.

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa. Del Pacífico al Caribe, del desierto a la selva tropical, del altiplano a los volcanes nevados, México ofrece en su increíble variedad de luz, de color y de paisajes, una profunda unidad como nación que se adapta al progreso conservando con orgullosa dignidad, las raíces de sus ancestrales culturas.

México cuenta con más de 37 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad, 27 del tipo cultural, 4 naturales y 7 inmateriales, ocupando el primer lugar en América y el séptimo lugar mundial de países que cuentan con estos bienes.

Otro de los principales atractivos turísticos de México es el conjunto de ciudades coloniales, que le permiten al turista conocer el pasado histórico de este país, por ello, contamos con 62 Pueblos Mágicos y tenemos más de 110 mil monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX.

Nuestro país le ofrece al visitante más de 40 mil zonas arqueológicas, de las cuales 173 están abiertas al público, mismas que permiten conocer la grandeza de nuestros ancestros. Se pueden apreciar vestigios de grandes civilizaciones como La Maya, Azteca, Tolteca, Zapoteca, Purépecha, Olmeca y Mixteca. Además contamos con 112 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 18 museos operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y otros muchos museos estatales, municipales, privados y comunitarios en los que se exhiben objetos históricos, artísticos y de uso diario.

Para que el turista pueda conocer la diversidad de la oferta de nuestro país, se han creado diferentes rutas turísticas que presentan al viajero recorridos por todo el territorio nacional que hacen patente nuestra riqueza natural, arquitectónica, histórica y cultural. Estas rutas incluyen a los 32 estados de nuestra República y cada recorrido plantea experiencias diversas, en las que podemos encontrar gastronomía, ecoturismo, aventura, deportes extremos, arte popular, sol y playa, entre otros.

Desde el punto de vista paisajístico las 174 áreas naturales protegidas de carácter federal, dan cuenta de una vasta riqueza natural, con inigualables paisajes, extensas costas, selvas, lagunas, cuevas, ríos, sierras que abarcan el 12.85 por ciento del territorio nacional.

El turismo es un sector que genera gran movilidad, por ello, los distintos países se ven en la necesidad de ofertar sus productos turísticos a nivel nacional e internacional, una forma exitosa de hacerlo es a través de las ferias o tianguis turísticos, en las cuales autoridades y empresarios se dan cita para promocionar destinos y productos, y así lograr que haya más turistas interesados en conocer su país.

Las principales ferias mundiales de turismo son la ITB que se desarrolla en Berlín, el World Travel Market, que se celebra en Londres y la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se lleva a cabo en Madrid.

Para México, la ventana local por excelencia para mostrar sus destinos al mundo es el Tianguis Turístico México, anteriormente llamado Tianguis Turístico de Acapulco. Este evento tiene la peculiaridad de impulsar la producción y comercialización de productos y servicios exclusivos de México, y permite a nuestro país incrementar los flujos de visitantes nacionales e internacionales. Es la más importante plataforma de promoción y de negocios en donde interactúan compradores nacionales e internacionales con toda la industria turística mexicana, en la que se ofertan los diferentes segmentos turísticos con que contamos.

La constante movilidad del sector turismo ylas necesidades especificas que el mercado turístico exige, hace necesario que se innoven las estrategias de promoción turística, tomando fuerza desde hace algunos años, la creación de ferias turísticas especializadas, en donde se promuevan segmentos turísticos en particular, esto con el fin de volverse más competitivos y captar la demanda de los operadores turísticos, agencias de viajes y minoristas que venden servicios turísticos especializados como el turismo natural, el de deportes extremos, el turismo cultural, entre otros.

Las ferias turísticas segmentadas permiten atraer a la demanda de un producto en específico y favorece la competitividad, además de que permite generar relaciones comerciales, presentar novedades y multiplicar contactos.

En los últimos años en México se han hecho esfuerzos por impulsar ferias turísticas segmentadas, a saber: La Feria Mundo Maya, laFeria Mundial del Turismo Cultural, la Feria Nacional de Turismo de Aventura, la Expo Viaje con Sabor a México y el Bazar de la Artesanía Mexicana, mismas que han permitido fortalecer los segmentos turísticos cultural y de aventura.

No obstante, consideramos que estos esfuerzos deben redoblarse dada la diversidad turística que México puede ofrecerle al viajero.

A dos años de haberse dado el Acuerdo Nacional por el Turismo, de decretarse el Año del Turismo en México, y a días de haberse dado a conocer la Política Nacional Turística para los próximos seis años, consideramos adecuado continuar impulsando acciones que aprovechen todo nuestro potencial turístico, ya que como dijo el Presidente de la República, México tiene todo lo necesario para convertirse en una potencia turística a nivel global, y estamos seguros que, en unos años México será un destino de clase mundial.

A fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, de continuar innovando para atender las cambiantes demandas del mercado, uniendo sinergias y esfuerzos para ofrecer un producto lo más completo posible, sometemos a la consideración de esta soberanía el exhortar a la Secretaría de Turismo a impulsar la realización anual y rotativa de ferias turísticas especializadas por segmento y a fortalecer las ya existentes, a fin de que todos los segmentos turísticos reciban la promoción necesaria para su desarrollo y se potencialice el turismo en todos los Estados de nuestro país.

Los integrantes de la Comisión de Turismo, consideramos que el programar paralelamente al Tianguis Turísticos México, ferias o tianguis de nichos o segmentos turísticos especializados en diferentes sedes estatales, de manera anual y rotativa, beneficiaría todos nuestros productos turísticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal informe a esta soberanía cuáles son los casos de éxito de ferias turísticas especializados en otras regiones o países

Segundo: El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal informe a esta soberanía cuáles son los nichos o segmentos turísticos que podrían tener mayor auge y rentabilidad en México.

Tercero: El Senado de la República exhorta atentamente a la Secretaría de Turismo, a impulsar la realización anual y rotativa de ferias turísticas especializadas por segmento y a fortalecer las ya existentes, a fin de que todos los segmentos turísticos reciban la promoción necesaria para su desarrollo y se potencialice el turismo en todos los Estados de nuestro país.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 02 días del mes de abril de 2013.

COMISIÓN DE TURISMO

Sen. Félix González Canto Presidente

Sen. Martha Elena García Gómez Secretaria
Sen. Luz María Beristain Navarrete Secretaria
Sen. Isaías González Cuevas Integrante
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara Integrante
Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez Integrante
Sen. Roberto Armando Albores Gleason Integrante
Sen. Fernando Torres Graciano Integrante
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz Integrante
Sen. Armando Ríos Piter Integrante
Sen. Luis Armando Melgar Bravo Integrante
Published in gaceta
Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la RepúblicaPROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE RECABE Y CONSIDERE DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 PROPUESTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO AL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA LA REGIÓN FRONTERIZA Y LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y A MANTENER EL RÉGIMEN DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A LAS EMPRESAS DE LA FRONTERA. Carlos Mendoza Davis, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela Cuevas Barrón, Víctor Hermosillo Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortiz Dominguez, Hilda Flores Escalera, Ernesto Gándara Camou, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl Aaron Pozos Lanz, Roberto Albores Gleason, Humberto Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Marcela Guerra Castillo, Carlos Romero Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortíz González, Félix González Canto, María Cristina Díaz Salazar, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz María Beristaín Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal Zoe Alejandro Robledo Aburto, Adan Augusto López Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez y Layda Elena Sansores Sanromán, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

 

Las interacciones comerciales en la región fronteriza constituyen un elemento esencial en el desarrollo económico del país. El comercio transfronterizo, caracterizado por el dinamismo, requiere de políticas que simplifiquen y reduzcan los costos de transacción y de producción; de ahí la relevancia de considerar dentro de la planeación nacional la formación de un marco jurídico que atienda las necesidades específicas de la región, con el propósito de fomentar la creación de empleos y elevar la competitividad regional, condiciones que a su vez influyen en el desarrollo económico nacional. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las entidades que conforman la región fronteriza y la franja fronteriza norte en nuestro país representan el 28% del total del comercio a nivel nacional; concentran el 26% de la población económicamente activa y la participación del sector servicios en sus respectivas economías representa el 30%. De igual manera, el índice Doing Business del Banco Mundial ubica a México en el lugar 61 de 185 países en la variable de comercio transfronterizo (edición 2013), ubicándose claramente por arriba de países como China, Brasil, Rusia, India y Turquía, entre otros. A su vez, de acuerdo al Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, México avanzó 5 lugares del 2011 al 2012, siendo el país latinoamericano con el mayor avance. La demanda de productos y servicios en las zonas fronterizas genera una dinámica comercial positiva y por ello, incentivarla es una valiosa oportunidad para elevar la productividad, la competencia económica y la creación de mejores condiciones económicas para todo el país. Por ejemplo, en el estado de Baja California Sur, el turismo representa prácticamente una tercera parte de su Producto Interno Bruto; a su vez, dicho sector está compuesto por actividades de comercio, servicios, restaurantes y alojamiento que demandan condiciones favorables a la importación de productos y mercancías indispensables para la prestación eficiente de sus servicios. En ese sentido, como parte de las políticas de desarrollo económico que el Ejecutivo Federal puso en marcha a partir de diciembre de 1993, se aplicaron esquemas de desgravación arancelaria para la región fronteriza, específicamente mediante el “Decreto por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para la industria, construcción, pesca y talleres de reparación y mantenimiento ubicados en la región fronteriza” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de1993, actualizado en diciembre de 1998 y con vigencia al 31 de diciembre de 2002. Posteriormente, el 31 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán totalmente desgravadas del Impuesto General de Importación para la Franja Fronteriza Norte y la Región Fronteriza“, como parte de las políticas económicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006. Con el decreto ya mencionado se dio continuidad a las políticas de desgravación arancelaria de la administración anterior,  pues derivado de un análisis del impacto de eliminar esos beneficios en el desarrollo de las actividades de construcción, pesca, alimentos y bebidas de la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se concluyó que era necesario seguir impulsando la competitividad económica y el desarrollo de las regiones mencionadas. Dado que la vigencia del decreto concluía el 31 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2008, del “Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza, la franja fronteriza norte y sur“, con el propósito de adecuar la política arancelaria a la generación de condiciones favorables que permitieran a las empresas fortalecer su competitividad, para responder a las tendencias del mercado, fomentando la inversión y preservando la planta productiva y el empleo de la región. Para efectos del ámbito territorial de aplicación, dicho decreto contempla, entre otras, las siguientes definiciones: Franja Fronteriza norte, se le llama al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora; Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, es la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden. Región Fronteriza, se denomina a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial del Estado de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora; Comitán de Domínguez, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco; Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. Para la elaboración de este nuevo decreto se establecieron canales de comunicación y consulta directa entre las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia, los diversos sectores industriales y los gobiernos de los estados fronterizos, a fin de que presentaran sus propuestas para construir el esquema de beneficio para la actividad económica de las mencionadas regiones y de sus habitantes a través de la consulta y el consenso. Así, el decreto de 2008, hoy vigente, establece las fracciones arancelarias mediante las cuales se podrán importar mercancías con arancel de cero y cinco por ciento, con el propósito de dar certidumbre jurídica al sector comercio y de servicios, además de integrar los principios de simplificación, homologación y facilitación de la operación y de la fiscalización. La reducción de aranceles a la importación, en término del mencionado decreto,  es aplicable a empresas de la frontera, definidas éstas como personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de asistencia social, así como el alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, de acuerdo a un registro expedido por la Secretaría de Economía. Es preciso señalar que la vigencia del decreto en comento, y de las modificaciones publicadas con posterioridad, concluye el 31 de diciembre de 2013, por lo que se considera de suma importancia que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se incluya la continuidad de las políticas de desgravación arancelaria, como una medida que en los últimos 20 años ha demostrado ser fundamental para la actividad económica de la región fronteriza y la franja fronteriza norte, además de la emisión de un nuevo decreto que prolongue la reducción de aranceles a la importación por parte de empresas de la frontera. Ahora bien, de acuerdo al artículo 31 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), proyectar y coordinar la planeación nacional de desarrollo, elaborando con la participación de los sectores correspondientes el Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, el artículo 34 fracciones I, V y VI del citado ordenamiento establece que corresponde a la Secretaría de Economía (SE) formular y conducir las políticas generales de comercio exterior y, en coordinación con la SHCP, estudiar, proyectar y determinar los aranceles y los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial y el comercio exterior. Por lo anterior, se considera fundamental la participación de las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público; de los sectores industriales y comerciales interesados; de los gobiernos de las entidades que componen la región y franja fronteriza norte, y de las demás dependencias federales competentes, en la elaboración de las políticas fronterizas que sean compatibles con los objetivos nacionales, las prioridades y las estrategias que integrarán el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y empresarial; a efecto de reunir propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para las empresas de la frontera, como parte de las políticas de desarrollo económico regional. SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que considere dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza, las franjas fronterizas norte y sur. TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que analice la continuidad del régimen arancelario para la región fronteriza, franjas fronterizas norte y sur, y en su caso, expida un nuevo decreto en el que se precise la desgravación de mercancías del Impuesto General de Importación aplicable a empresas de la frontera.

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Carlos Mendoza Davis

Senador

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Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE RECABE Y CONSIDERE DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 PROPUESTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO AL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA LA REGIÓN FRONTERIZA Y LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y A MANTENER EL RÉGIMEN DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A LAS EMPRESAS DE LA FRONTERA.

Carlos Mendoza Davis, Francisco García Cabeza de Vaca, Ernesto Ruffo Appel, Gabriela Cuevas Barrón, Víctor Hermosillo Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Javier Corral Jurado, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Roberto Gil Zuarth, Maki Esther Ortiz Dominguez, Hilda Flores Escalera, Ernesto Gándara Camou, Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Raúl Aaron Pozos Lanz, Roberto Albores Gleason, Humberto Domingo Mayans Canabal, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Marcela Guerra Castillo, Carlos Romero Deschamps, Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortíz González, Félix González Canto, María Cristina Díaz Salazar, Oscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Luz María Beristaín Navarrete, Fernando Enrique Mayans Canabal Zoe Alejandro Robledo Aburto, Adan Augusto López Hernández, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo, Juan Gerardo Flores Ramírez y Layda Elena Sansores Sanromán, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura del Congreso General de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

 

Las interacciones comerciales en la región fronteriza constituyen un elemento esencial en el desarrollo económico del país.

El comercio transfronterizo, caracterizado por el dinamismo, requiere de políticas que simplifiquen y reduzcan los costos de transacción y de producción; de ahí la relevancia de considerar dentro de la planeación nacional la formación de un marco jurídico que atienda las necesidades específicas de la región, con el propósito de fomentar la creación de empleos y elevar la competitividad regional, condiciones que a su vez influyen en el desarrollo económico nacional.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las entidades que conforman la región fronteriza y la franja fronteriza norte en nuestro país representan el 28% del total del comercio a nivel nacional; concentran el 26% de la población económicamente activa y la participación del sector servicios en sus respectivas economías representa el 30%.

De igual manera, el índice Doing Business del Banco Mundial ubica a México en el lugar 61 de 185 países en la variable de comercio transfronterizo (edición 2013), ubicándose claramente por arriba de países como China, Brasil, Rusia, India y Turquía, entre otros.

A su vez, de acuerdo al Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, México avanzó 5 lugares del 2011 al 2012, siendo el país latinoamericano con el mayor avance.

La demanda de productos y servicios en las zonas fronterizas genera una dinámica comercial positiva y por ello, incentivarla es una valiosa oportunidad para elevar la productividad, la competencia económica y la creación de mejores condiciones económicas para todo el país.

Por ejemplo, en el estado de Baja California Sur, el turismo representa prácticamente una tercera parte de su Producto Interno Bruto; a su vez, dicho sector está compuesto por actividades de comercio, servicios, restaurantes y alojamiento que demandan condiciones favorables a la importación de productos y mercancías indispensables para la prestación eficiente de sus servicios.

En ese sentido, como parte de las políticas de desarrollo económico que el Ejecutivo Federal puso en marcha a partir de diciembre de 1993, se aplicaron esquemas de desgravación arancelaria para la región fronteriza, específicamente mediante el “Decreto por el que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para la industria, construcción, pesca y talleres de reparación y mantenimiento ubicados en la región fronteriza” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de1993, actualizado en diciembre de 1998 y con vigencia al 31 de diciembre de 2002.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán totalmente desgravadas del Impuesto General de Importación para la Franja Fronteriza Norte y la Región Fronteriza“, como parte de las políticas económicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006.

Con el decreto ya mencionado se dio continuidad a las políticas de desgravación arancelaria de la administración anterior,  pues derivado de un análisis del impacto de eliminar esos beneficios en el desarrollo de las actividades de construcción, pesca, alimentos y bebidas de la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se concluyó que era necesario seguir impulsando la competitividad económica y el desarrollo de las regiones mencionadas.

Dado que la vigencia del decreto concluía el 31 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2008, del “Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la región fronteriza, la franja fronteriza norte y sur“, con el propósito de adecuar la política arancelaria a la generación de condiciones favorables que permitieran a las empresas fortalecer su competitividad, para responder a las tendencias del mercado, fomentando la inversión y preservando la planta productiva y el empleo de la región. Para efectos del ámbito territorial de aplicación, dicho decreto contempla, entre otras, las siguientes definiciones:

Franja Fronteriza norte, se le llama al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora;

Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, es la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden.

Región Fronteriza, se denomina a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial del Estado de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora; Comitán de Domínguez, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco;

Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Para la elaboración de este nuevo decreto se establecieron canales de comunicación y consulta directa entre las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia, los diversos sectores industriales y los gobiernos de los estados fronterizos, a fin de que presentaran sus propuestas para construir el esquema de beneficio para la actividad económica de las mencionadas regiones y de sus habitantes a través de la consulta y el consenso.

Así, el decreto de 2008, hoy vigente, establece las fracciones arancelarias mediante las cuales se podrán importar mercancías con arancel de cero y cinco por ciento, con el propósito de dar certidumbre jurídica al sector comercio y de servicios, además de integrar los principios de simplificación, homologación y facilitación de la operación y de la fiscalización.

La reducción de aranceles a la importación, en término del mencionado decreto,  es aplicable a empresas de la frontera, definidas éstas como personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de asistencia social, así como el alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, de acuerdo a un registro expedido por la Secretaría de Economía.

Es preciso señalar que la vigencia del decreto en comento, y de las modificaciones publicadas con posterioridad, concluye el 31 de diciembre de 2013, por lo que se considera de suma importancia que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se incluya la continuidad de las políticas de desgravación arancelaria, como una medida que en los últimos 20 años ha demostrado ser fundamental para la actividad económica de la región fronteriza y la franja fronteriza norte, además de la emisión de un nuevo decreto que prolongue la reducción de aranceles a la importación por parte de empresas de la frontera.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 31 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), proyectar y coordinar la planeación nacional de desarrollo, elaborando con la participación de los sectores correspondientes el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, el artículo 34 fracciones I, V y VI del citado ordenamiento establece que corresponde a la Secretaría de Economía (SE) formular y conducir las políticas generales de comercio exterior y, en coordinación con la SHCP, estudiar, proyectar y determinar los aranceles y los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial y el comercio exterior.

Por lo anterior, se considera fundamental la participación de las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público; de los sectores industriales y comerciales interesados; de los gobiernos de las entidades que componen la región y franja fronteriza norte, y de las demás dependencias federales competentes, en la elaboración de las políticas fronterizas que sean compatibles con los objetivos nacionales, las prioridades y las estrategias que integrarán el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y empresarial; a efecto de reunir propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para las empresas de la frontera, como parte de las políticas de desarrollo económico regional.

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que considere dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas de fomento al desarrollo y competitividad económica para la región fronteriza, las franjas fronterizas norte y sur.

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que analice la continuidad del régimen arancelario para la región fronteriza, franjas fronterizas norte y sur, y en su caso, expida un nuevo decreto en el que se precise la desgravación de mercancías del Impuesto General de Importación aplicable a empresas de la frontera.

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Carlos Mendoza Davis

Senador

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