México, D. F., a  29  de abril de 2013

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA SENADOR GERARDO FLORES SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

 

Con su venía Sr. Presidente,

Compañeras y Compañeros legisladores:

 

El dictamen que sometemos a consideración de esta Asamblea refleja el consenso y compromiso de todos los Grupos Parlamentarios en un tema de gran calado como lo es el garantizar el derecho, constitucionalmente previsto, a acceder de manera gratuita a la educación pública que imparte el Estado.

Una vez más, se trata de un dictamen que engloba el esfuerzo realizado por cada uno de los legisladores que integramos la Comisión de Educación y que da respuesta a las necesidades y reiteradas demandas sociales en este tema.

La mayor parte de los estudios elaborados en materia educativa revelan los retos que nuestro país tiene en frente, entre ellos, primordialmente satisfacer el acceso de todos los mexicanos a la educación básica y, a partir del 2012, a la media superior; así como garantizar la inclusión de los estándares suficientes de calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; asimismo, es indispensable garantizar la continuidad o permanencia entre los distintos niveles educativos; de otro modo, no sólo nos encontraremos en incumplimiento de un mandato constitucional y social con grandes repercusiones para nuestro país sino que seremos copartícipes del fracaso y de la falta de bienestar de las futuras generaciones.

Está claro que el acceso a la educación es el primer aspecto a cubrir en cualquier sistema social mínimamente desarrollado.

En ese sentido los padres de familia con sus aportaciones han sido un pilar de la educación, han contribuido y trabajado a favor de los centros educativos de forma paralela al gobierno y de una manera excepcional a lo largo de muchos años, justamente, es conveniente aclarar que no es objetivo de esta reforma impedir la participación de los padres de los mismos, siempre que esta sea estrictamente voluntaria y no como ha sucedido en la práctica, que al inicio de cada ciclo escolar, mediante órganos directivos o a través de las propias asociaciones de los padres de familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que condicionan el acceso y la permanencia en los servicios educativos.

Por esta razón, con la aprobación de esta reforma se prohibirá cualquier acto que condicione la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia, la entrega de documentos y en general la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, el pago de cuotas escolares o cualquier otro tipo de contraprestación; de tal manera que el destino y aplicación de las cooperaciones voluntarias que proporcionen los padres de familia serán evaluadas por los Consejos escolares de participación social; constituyendo una infracción de quienes prestan servicios educativos el realizar o permitir, por sí mismo o a través de terceros cualquier acto de esta índole.

Debemos reiterar que el objeto de esta reforma es esclarecer la gratuidad del servicio educativo que presta el Estado y no así establecer un modelo de privatización, como erróneamente se ha pretendido interpretar por la opinión pública.

Nuestra tarea es crear las condiciones para remover los obstáculos, incluidos los económicos, que impidan el ejercicio pleno del derecho a acceder a una educación de calidad de manera gratuita; especialmente cuando los indicadores de deserción, rezago y cobertura educativa evidencian la situación en la que se encuentran muchas niñas y niños debido a la grave situación de desventaja que predomina en ciertos lugares o localidades por la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización que limita severamente el progreso individual e implanta al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.

Estos aspectos confirman y evidencian que la situación va más allá de la prohibición de las cuotas escolares, de tal manera que el siguiente paso para este Congreso tiene que ser el proporcionar los recursos suficientes para que los planteles educativos cuenten con las herramientas necesarias para prestar sus servicios; tan solo para el año 2010, se estima que el monto de las aportaciones voluntarias alcanzaron montos cercanos a los   6, mil 400 millones de pesos.

Finalmente, debemos recordar que está claro que nuestro trabajo no ha concluido, el tema educativo aún tiene grandes retos que abatir y grandes vacíos que atender, así como distintas reformas que habrán de aprobarse por este Congreso a la brevedad para complementar el texto constitucional; las leyes como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y reformas a la Ley General de educación en materia de escuelas de tiempo completo, autonomía de gestión y restricción de venta de alimentos con bajos contenidos nutricionales al interior de las escuelas.

No obstante, también tenemos que estar conscientes que se ha recorrido un gran camino para llegar hasta aquí, se han presentado diferentes proyectos por parte de los distintos partidos que hoy culminan en reformas como la que hoy se someterá a votación, que beneficiarán a la población estudiantil de las instituciones públicas del país a seguir con sus estudios de manera continua y con menores presiones económicas.

De esta forma, los legisladores del Partido Verde estamos claros en que nuestra tarea consiste en trabajar por el bienestar de nuestros compatriotas, razón por la que impulsar la prohibición del cobro de cuotas escolares ha sido parte medular de nuestra agenda legislativa, y hoy celebramos con beneplácito el amplio consenso que ha existido para dar cabida a la aprobación de esta reforma; sin embargo, también tenemos claro que el gran desafío de nuestro sistema educativo consiste en cambiar el paradigma educativo que hoy predomina en México, por lo que estamos comprometidos y asumimos responsablemente nuestra tarea, sumándonos a este reto y reiterando nuestro apoyo y trabajo para materializarlo.

No hay que olvidar que para una efectiva transformación educativa se requieren medidas eficaces que garanticen en la realidad todo lo que la legislación prevé, pues pensar de otra manera a estas alturas, en un contexto ampliamente competitivo y global sería como consentir que aquellos que no han tenido la oportunidad de incorporarse al sistema educativo continúen sin hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este dictamen que redunda en la construcción de una sociedad más justa que pueda ejercer sus derechos en un marco de igualdad, equidad y pleno respeto al texto constitucional y al marco mundial de Derechos Humanos.

Es cuanto Sr. Presidente

 

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