México, D. F., a 05 de febrero  de 2014

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO ANTONIO CUÉLLAR STEFFAN RESPECTO AL DICTAMEN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

 

Con su venia diputado presidente,

Compañeras y compañeros diputados,

Las normas jurídicas son esencialmente abstractas, esto quiere decir que no pueden verse creadas, concebidas para un individuo en particular. Es la labor de los jueces la de individualizar en función de las condiciones propias de cada caso, la manera en la que las normas jurídicas deben de ser aplicadas.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que estamos por votar, no podemos incorporar lineamientos que decidan lo que tienen que aprobar los jueces.

Nosotros consideramos que sería un error incorporar dentro del mismo código, un catálogo referente a todas las prerrogativas y a todos los derechos que contemplan tratados internacionales, y otras codificaciones que tienen que ver precisamente con la materia penal porque la labor de los abogados y la labor de los jueces es precisamente la de interpretar el derecho.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene exclusivamente las reglas de procedimiento que serán aplicadas en lo sucesivo, para lograr algo que ha quedado muy distante de cumplirse a favor de la ciudadanía, que es hacer justicia.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde hemos deliberado muchas veces con relación al contenido del código, en relación al contenido de las muchas leyes que tenemos que aprobar, con el objeto de lograr la transformación que todos estamos buscando.

En ese sentido, hemos sido congruentes al votar a favor y apoyar reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población. Buscan mejorar la forma en la que a los niños y a los jóvenes, habrá de impartírseles educación en el futuro. Buscan mejorar las condiciones de competencia efectiva en mercados que han estado altamente concentrados, etcétera, etcétera.

Sin embargo, estamos convencidos que un punto que tenemos que lograr es que las normas no solamente las aprobemos aquí, sino que se observen y se cumplan por parte de todos aquellos a quienes están dirigidas.

En este Código Nacional de Procedimientos Penales, que tienen ante ustedes, nosotros encontramos el primer eslabón de una segunda etapa que tenemos que iniciar en este proceso de transformación de México, en este foro de deliberación política y legislativa.

Encontramos en el código, el camino para iniciar un proceso hacia la seguridad jurídica, a partir de la impartición de justicia en la rama que es más sensible para toda la población, que es en la defensa de su persona ante la criminalidad.

No podemos nosotros exigirle al pueblo de México que se cumpla la ley cuando ellos mismos, por su parte, quedan indefensos ante la comisión de un crimen, no ven por parte del Estado una actuación eficaz, una actuación contundente, en contra de aquellos que pueden cometer un delito en su propio perjuicio.

Encontramos en este Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera congruente con lo que establece la reforma constitucional en materia penal del 2008, lineamientos que van a serle útil a los órganos de procuración de justicia para lograr el cometido que la Constitución establece a su cargo y que además, tenemos que tender con toda prontitud.

En los juicios, que en lo sucesivo habrán de tramitarse conforme al Código, encontramos por principio de cuentas una solución a un problema añejo, que tiene que ver con los laberintos que los abogados tienen que atravesar con el objeto de obtener una sentencia quizás favorable a sus intereses.

Ya no más procedimientos que sean dispares, que sean contradictorios en cada uno de los estados de la República, vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en función de esta reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional, el respeto por un principio de universalidad, a través del cual vamos a armonizar para toda la República, en todos los ámbitos de Gobierno, los procesos penales; que tendrán que tramitar procuradores o fiscales, abogados defensores y jueces, para resolver de manera pronta, un asunto que nos interesa y concierne a todos, el derecho de las víctimas y el derecho también humano a un debido proceso por parte de aquellos que sean imputados por la comisión de un delito.

¿Qué otros principios?, desafortunadamente no tenemos tiempo para referirnos a todos ellos, pero ¿qué otros podemos destacar que nos interesen del nuevo Código? El de la oralidad, y no nos referimos exclusivamente al aspecto meramente formal de poder presentar la acusación a la defensa en forma presente, puntual y oral, ante el propio juez.

Vemos a través de la oralidad, a través de esta reforma que es trascendente en materia penal, una agilización del proceso penal porque justicia tardada, no es justicia.

Si nosotros queremos que se cumpla el mandato del 17 constitucional, debemos tener sentencias que se dicten de manera expedita y pronta y, es a través de los juicios orales que estos procesos se van a poder hacer mucho más eficaces, mucho más expeditos.

Además de la agilidad que va a venir con la oralidad, no podemos perder de vista la inmediatez, esa cercanía que debe existir en la relación entre justiciable y aquel que va a dictar la sentencia a través de la cual se decidirá la suerte de la víctima y su derecho a la reparación del daño o en su perjuicio también, la suerte del encarcelamiento del responsable de la comisión de un delito.

Es favorable entonces a través de la oralidad que se fomente esta inmediatez y esta cercanía, esta relación directa que tiene que ver entre el juez y el desahogo científico de las pruebas que sirvan para inculpar a una persona.

Vemos en el nuevo juicio a través de la publicidad, que habrá de haber con relación de la tramitación de los mismos, transparentar y erradicar cualquier oscuridad, cualquier corrupción, que hasta la fecha ha tenido lugar en todos los procesos penales.

Con esta publicidad, vamos a saber de manera directa cuál es el desempeño de los jueces, cuál es el desempeño de los defensores de oficio, cuál es el desempeño de los abogados, que sean los justiciables quienes  tengan el juicio con relación a su debida defensa y al respeto de los derechos que a su favor también contempla la Constitución.

Vemos una protección irreducible de derechos humanos porque se está dando la prioridad que debe corresponderle por mandato constitucional a la presunción de inocencia, a la no incriminación  y desde luego el acceso a una asesoría jurídica digna a favor de todos aquellos que son sujetos del proceso penal.

Vemos a través de la participación de los jueces de control, una intervención eficaz de los órganos del Poder Judicial para remendar de inmediato y, sin efectos posteriores, cualquier violación del procedimiento que pudiera significar una afectación grave de derechos humanos a fin de no permitir que en el futuro sigamos viendo, por errores cometidos durante la tramitación del procedimiento, la liberación, en instancias posteriores de amparo y de control constitucional, de personas que pudieron haber sido comprobados como responsables de la comisión de un delito.

Por último, vemos desde luego, a través de la incorporación de métodos y de medios alternativos para la solución de conflicto, este carácter mucho más protagónico que se le da a las partes, víctima e imputado, para resolver un conflicto que puede ser, ante todo, de interés personal para ellos.

Pero también, mediante los juicios abreviados y la posibilidad del reconocimiento de culpabilidad mediante la reducción de las penas, la posibilidad para que la justicia sea más pronta, pero además, sea más completa y más real a favor de la gran mayoría de los ciudadanos.

Esto va hacer, desde luego, mucho menos costoso el funcionamiento del aparato jurisdiccional mexicano.

En suma, vamos a votar favor de la reforma, vamos a votar a favor de este nuevo Código Nacional de Procedimiento Penales porque vemos a través de él una terminación de mecanismos opacos para la impartición de justicia en materia penal.

Vamos a votar a favor del nuevo código, porque ya no queremos a más gente inocente en las cárceles, ni tampoco queremos a más gente responsable de la comisión de delitos en libertad.

Queremos acabar con la corrupción y queremos darle a la Procuraduría los elementos para que capacite a los Ministerios Públicos y para que se involucren en aquello que hoy le concierne, hoy le atañe y hoy le preocupa más a la ciudadanía.

Queremos nosotros consolidar y llevar a un buen fin cualquier política que logre el auténtico establecimiento de un Estado de derecho. Queremos por consiguiente, y votaremos a favor de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, acabar con la impunidad.

Muchas gracias.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 04 de febrero  de 2014

   

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO FEDERICO GONZÁLEZ LUNA BUENO, RESPECTO  AL DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

 

Con la venia de la presidencia.

Inevitable, como parte de la naturaleza humana, la vejez es una etapa en la vida donde las condiciones se van haciendo especialmente difíciles, los obstáculos para realizar muchas actividades habituales se multiplican, y muchas enfermedades emergen y hacen más difícil la vida.

Los adultos mayores son frágiles y merecen ser objeto de atenciones especiales. No podemos permanecer ajenos a esta necesidad de quienes nos han antecedido en el turno de la vida; ocuparnos de ellos hace más humana y solidaria nuestra convivencia. Ese es precisamente el objeto del dictamen que hoy discutimos.

Hoy, habitan en el mundo alrededor de 700 millones de personas mayores a 60 años. Para el año 2050 el número de adultos mayores será de dos mil millones de personas, equivalente al 20 por ciento de la población mundial.

En el caso de México, de acuerdo al último censo de 2010, la población de 60 años o más supera los 10 millones de personas, es decir, el 10 por ciento de la población.

Entre 2000 y 2010 la población de adultos mayores creció a una tasa anual del cuatro por ciento, y se estima que este sector de la población se duplique en 18 años.

Lo anterior, nos da una idea de la importancia de contar con políticas públicas que sean verdaderamente incluyentes de los adultos mayores, que eviten segregarlos, separarlos del quehacer de la sociedad.

Permítaseme señalar algunos datos que ilustran la discusión del tema que nos ocupa. Nueve de cada diez personas adultas mayores encuentran difícil conseguir algún empleo. Sólo dos de cada diez adultos mayores están pensionados.

Según el CONEVAL, el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza. Siete de cada diez adultos mayores padece vulnerabilidad social, con carencias en materia de acceso a los servicios de salud y seguridad social, vivienda y alimentación.

En cuanto a la atención profesional, el Instituto Nacional de Geriatría, refiere que el ritmo de formación de especialistas es claramente insuficiente, ya que en el transcurso de 20 años solamente se han formado 296 geriatras en el Sistema Nacional de Salud.

Más allá de las cifras, todos lo sabemos y lo vemos cotidianamente, que los adultos mayores están en condición de “grupo vulnerable”.

Por ello, en la fracción parlamentaria del Partido Verde estamos claramente a favor de un marco jurídico que los apoye, incluya y reconozca mucho más enérgicamente.

Apoyamos el sentido del dictamen, particularmente la adición al artículo tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, donde se especifican los tipos de establecimientos en donde los adultos mayores tendrán un lugar para su adecuada atención, definiendo con claridad los conceptos de “albergue”, “residencia o centro de día”, “asilo” o “casa hogar”.

De igual manera, coincidimos con la reforma al artículo séptimo de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que el Estado promueva la creación de establecimientos públicos, privados o sociales, donde se proporcionen servicios de asistencia social en forma temporal o permanente para los adultos mayores.

Es un hecho que este sector de la población crecerá proporcionalmente con el tiempo, por lo cual es imperioso trabajar desde hoy en el diseño de una política pública que defina con precisión el modelo de centros de atención para acoger a un mayor número de personas y brindarles una atención de calidad.

En el rubro de atención médica a personas mayores, debemos destacar que el IMSS atiende al 39 por ciento de la población, el Seguro Popular al 20, el ISSSTE al 9 y otras instituciones al 4 por ciento de ellos.

Tristemente, un 27 por ciento de los adultos mayores de nuestro país no cuenta con servicio alguno, y en caso de que una persona mayor se enferme, la esposa o el esposo es quien se hace cargo de atenderla, seguida de los hijos.

Resulta pues impostergable emprender acciones para alcanzar el reconocimiento pleno y el ejercicio efectivo de los derechos de los adultos mayores.

La problemática de los adultos mayores es un asunto que merece toda la atención del Grupo Parlamentario del Partido Verde y de esta Cámara de Diputados.

Por ello nos pronunciamos a favor de todo esfuerzo encaminado a proteger más efectivamente sus derechos y a impulsar la dignificación y el mejoramiento de las condiciones en las que actualmente viven.

Un proverbio alemán refiere que los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Los adultos mayores son historia viva para cada uno de nosotros y en ellos nos podemos reconocer día a día.

Procurémosles esperanza y ánimo, pero sobre todo dignidad y seguridad para la última época de la vida.

Muchas gracias.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a 4 de febrero de 2014

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO ANTONIO CUÉLLAR STEFFAN RESPECTO AL DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y COFIPE

 

Con su venia, señor presidente.

Las decisiones políticas fundamentales se entienden como aquellas cláusulas, que consigna nuestra Constitución, en las que se determina disposiciones que son infranqueables, que son inflexibles con relación a lo que es la esencia del Estado mexicano con relación a lo que es el devenir de la nación, de su ciudadanía en la búsqueda de su bienestar.

Dentro de las decisiones políticas fundamentales, dentro  de esas cláusulas que confina nuestra Constitución que no podemos modificar, más bien, que tenemos el deber perenne de observar y de hacer cumplir, se encuentra la de la contar con un gobierno democrático, un gobierno auténticamente democrático en el que veamos siempre por forjar las instituciones, por dar los instrumentos que permitan no solamente atender a las necesidades de las mayorías sino también ver por los intereses de las minorías, de tal manera que podamos armonizar a través de decisiones políticas, soluciones que resuelvan de manera justa las realidades que derivan de nuestro devenir cotidiano, de nuestra realidad permanente.

Dentro de las decisiones políticas fundamentales está la de la democracia de nuestro sistema de gobierno y dentro de ésta, debemos nosotros atenderlo con puntualidad, se encuentra el deber de nosotros como gobernantes, de conducirnos dentro de la legalidad. La democracia no se puede dar sino es dentro de los cauces que estable la ley.

En el ejercicio de una función republicana de gobierno, nosotros como Poder Legislativo tenemos la encomienda importantísima de definir a través de las leyes, que es lo que deben hacer los otros dos poderes, el Ejecutivo, el Judicial y, ahora también, muchos múltiples órganos constitucionales autónomos; pero en esa definición tenemos también la responsabilidad política de entender, de interpretar cuál es el sentir de la ciudadanía y es ahí en donde tenemos que estar en contacto permanente con los mexicanos para definir cuál es la agenda política nacional.

Resulta que en muchas ocasiones podíamos quizá, en esta labor de coordinación, no llevar a la agenda política aquellos temas que más le interesan a la ciudadanía y es por eso, que en la vía de perfeccionamiento de nuestras decisiones políticas fundamentales, y en la vía de perfeccionamiento de esta cláusula democrática de gobierno que establece nuestra constitución, estamos logrando ahora materializar una reforma constitucional del 2012 que empodera al ciudadano y que le da al Ejecutivo con la representación política propia que tiene el Poder Ejecutivo de la nación, la facultad para decidir de manera activa y equilibrada cuál debe ser un punto prioritario dentro de la agenda política nacional y, por consiguiente, cuál debe ser a cargo de nosotros, una labor de discusión preferente con relación a otras que pudiéramos haber seleccionado.

El Partido Verde acompaña desde luego el dictamen y votará a favor en los términos que se encuentran redactados porque encontramos en las normas que hoy se proponen, una forma afortunada de darle esta participación legítima a la ciudadanía para definir los puntos prioritarios de la agenda política nacional, ¿por qué?

Porque no estamos hablando de una mayoría desorganizada, se está previendo en las leyes los mecanismos exactos para que pueda existir una calificación legal por parte de un órgano autónomo, del número mínimo de ciudadanos, que a través de esta iniciativa, pudieran estar detonando el inicio de un procedimiento legislativo.

Las normas, que hoy se proponen reformar, plantean de manera afortunada la intervención del Instituto Nacional Electoral en el proceso de iniciativa ciudadana, en su carácter de órgano, con la legitimación adecuada para resolver la idoneidad del porcentaje de solicitantes que validamente pueden iniciar el procedimiento legislativo.

Además de esto, en la reforma a la ley de medios de impugnación en materia electoral, este es un punto muy importante, se respeta este derecho de acceso a la impartición de justicia, se contienen mecanismos que hacen efectiva la prerrogativa de permitir  el pronto acceso a los tribunales, a todos aquellos ciudadanos que pudieran estar inconformes con la determinación de las autoridades electorales que califiquen la admisión o no, de aquella propuesta de iniciativa que deba turnarse a este Congreso General.

Desde luego, que ante esta representatividad del Ejecutivo ante esta representatividad calificada de los ciudadanos, para presentar iniciativas que debamos atender, nosotros vemos, a través de esta minuta y de esta reforma legislativa, un mecanismo que fortalecerá la democracia y los caminos políticos que nosotros iniciamos constantemente para la construcción de un mejor porvenir para todos los mexicanos.

Les repito, el Partido Verde lo va a votar favorablemente y esperamos que iniciativas como ésta e iniciativas como aquella del 2012, que permitió esta reforma constitucional, vengan construyéndose a lo largo de este período de sesiones, para que logremos ver materializada la transformación de México que todos merecemos y que todos anhelos.

Es cuanto, diputado presidente.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

 

México, D. F., a 4 de febrero de 2014

Boletín  029/14

 

 Tanto la sociedad como los medios de comunicación podrán seguir puntualmente el proceso y las reuniones de comisiones en el Congreso: Dip. Arturo Escobar

 

El diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, aseguró que el fin de los monopolios quedará garantizado en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, con lo que se cumplirán las exigencias y anhelos de los mexicanos en esta materia.

En entrevista, rechazó que existan riesgos de que dichas leyes secundarias pudieran convertirse en contrarreformas, como aseguran algunas voces, toda vez que la ruta en esta materia quedó trazada en la reforma ya aprobada.

Asimismo, negó que se hayan presentado presiones por parte del sector para echar atrás esta reforma constitucional. “Seguramente hay preocupaciones, porque son temas muy delicados que enmarcan a un sector muy relevante para el país -y que tiene todavía la posibilidad de desarrollarse- pero yo en lo particular no he sido presionado y no conozco quien sí”.

En este marco, Escobar y Vega explicó que la reglamentación se dará de forma transparente y a la vista de todos. “Tanto la sociedad como los medios de comunicación podrán seguir puntualmente el proceso y las reuniones de comisiones en el Congreso”.

Por otro lado, aseguró que la visita del Presidente Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete a Michoacán, envía un mensaje positivo para los michoacanos, y les demuestra que su compromiso no queda sólo en papeles o en la parte mediática.

“En el Partido Verde celebramos su compromiso de visitar de forma recurrente la entidad para supervisar y darle seguimiento a la estrategia de seguridad implementada. Sin duda en un corto plazo podremos ver como va cambiando la cotidianeidad de la vida de los michoacanos, el retorno de la paz y bienestar, así como la reactivación de la vida económica y la inversión en la entidad”, concluyó.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO