México, D. F., a 05 de febrero  de 2014

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE, EN VOZ DEL DIPUTADO ANTONIO CUÉLLAR STEFFAN RESPECTO AL DICTAMEN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

 

Con su venia diputado presidente,

Compañeras y compañeros diputados,

Las normas jurídicas son esencialmente abstractas, esto quiere decir que no pueden verse creadas, concebidas para un individuo en particular. Es la labor de los jueces la de individualizar en función de las condiciones propias de cada caso, la manera en la que las normas jurídicas deben de ser aplicadas.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que estamos por votar, no podemos incorporar lineamientos que decidan lo que tienen que aprobar los jueces.

Nosotros consideramos que sería un error incorporar dentro del mismo código, un catálogo referente a todas las prerrogativas y a todos los derechos que contemplan tratados internacionales, y otras codificaciones que tienen que ver precisamente con la materia penal porque la labor de los abogados y la labor de los jueces es precisamente la de interpretar el derecho.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene exclusivamente las reglas de procedimiento que serán aplicadas en lo sucesivo, para lograr algo que ha quedado muy distante de cumplirse a favor de la ciudadanía, que es hacer justicia.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde hemos deliberado muchas veces con relación al contenido del código, en relación al contenido de las muchas leyes que tenemos que aprobar, con el objeto de lograr la transformación que todos estamos buscando.

En ese sentido, hemos sido congruentes al votar a favor y apoyar reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población. Buscan mejorar la forma en la que a los niños y a los jóvenes, habrá de impartírseles educación en el futuro. Buscan mejorar las condiciones de competencia efectiva en mercados que han estado altamente concentrados, etcétera, etcétera.

Sin embargo, estamos convencidos que un punto que tenemos que lograr es que las normas no solamente las aprobemos aquí, sino que se observen y se cumplan por parte de todos aquellos a quienes están dirigidas.

En este Código Nacional de Procedimientos Penales, que tienen ante ustedes, nosotros encontramos el primer eslabón de una segunda etapa que tenemos que iniciar en este proceso de transformación de México, en este foro de deliberación política y legislativa.

Encontramos en el código, el camino para iniciar un proceso hacia la seguridad jurídica, a partir de la impartición de justicia en la rama que es más sensible para toda la población, que es en la defensa de su persona ante la criminalidad.

No podemos nosotros exigirle al pueblo de México que se cumpla la ley cuando ellos mismos, por su parte, quedan indefensos ante la comisión de un crimen, no ven por parte del Estado una actuación eficaz, una actuación contundente, en contra de aquellos que pueden cometer un delito en su propio perjuicio.

Encontramos en este Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera congruente con lo que establece la reforma constitucional en materia penal del 2008, lineamientos que van a serle útil a los órganos de procuración de justicia para lograr el cometido que la Constitución establece a su cargo y que además, tenemos que tender con toda prontitud.

En los juicios, que en lo sucesivo habrán de tramitarse conforme al Código, encontramos por principio de cuentas una solución a un problema añejo, que tiene que ver con los laberintos que los abogados tienen que atravesar con el objeto de obtener una sentencia quizás favorable a sus intereses.

Ya no más procedimientos que sean dispares, que sean contradictorios en cada uno de los estados de la República, vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en función de esta reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional, el respeto por un principio de universalidad, a través del cual vamos a armonizar para toda la República, en todos los ámbitos de Gobierno, los procesos penales; que tendrán que tramitar procuradores o fiscales, abogados defensores y jueces, para resolver de manera pronta, un asunto que nos interesa y concierne a todos, el derecho de las víctimas y el derecho también humano a un debido proceso por parte de aquellos que sean imputados por la comisión de un delito.

¿Qué otros principios?, desafortunadamente no tenemos tiempo para referirnos a todos ellos, pero ¿qué otros podemos destacar que nos interesen del nuevo Código? El de la oralidad, y no nos referimos exclusivamente al aspecto meramente formal de poder presentar la acusación a la defensa en forma presente, puntual y oral, ante el propio juez.

Vemos a través de la oralidad, a través de esta reforma que es trascendente en materia penal, una agilización del proceso penal porque justicia tardada, no es justicia.

Si nosotros queremos que se cumpla el mandato del 17 constitucional, debemos tener sentencias que se dicten de manera expedita y pronta y, es a través de los juicios orales que estos procesos se van a poder hacer mucho más eficaces, mucho más expeditos.

Además de la agilidad que va a venir con la oralidad, no podemos perder de vista la inmediatez, esa cercanía que debe existir en la relación entre justiciable y aquel que va a dictar la sentencia a través de la cual se decidirá la suerte de la víctima y su derecho a la reparación del daño o en su perjuicio también, la suerte del encarcelamiento del responsable de la comisión de un delito.

Es favorable entonces a través de la oralidad que se fomente esta inmediatez y esta cercanía, esta relación directa que tiene que ver entre el juez y el desahogo científico de las pruebas que sirvan para inculpar a una persona.

Vemos en el nuevo juicio a través de la publicidad, que habrá de haber con relación de la tramitación de los mismos, transparentar y erradicar cualquier oscuridad, cualquier corrupción, que hasta la fecha ha tenido lugar en todos los procesos penales.

Con esta publicidad, vamos a saber de manera directa cuál es el desempeño de los jueces, cuál es el desempeño de los defensores de oficio, cuál es el desempeño de los abogados, que sean los justiciables quienes  tengan el juicio con relación a su debida defensa y al respeto de los derechos que a su favor también contempla la Constitución.

Vemos una protección irreducible de derechos humanos porque se está dando la prioridad que debe corresponderle por mandato constitucional a la presunción de inocencia, a la no incriminación  y desde luego el acceso a una asesoría jurídica digna a favor de todos aquellos que son sujetos del proceso penal.

Vemos a través de la participación de los jueces de control, una intervención eficaz de los órganos del Poder Judicial para remendar de inmediato y, sin efectos posteriores, cualquier violación del procedimiento que pudiera significar una afectación grave de derechos humanos a fin de no permitir que en el futuro sigamos viendo, por errores cometidos durante la tramitación del procedimiento, la liberación, en instancias posteriores de amparo y de control constitucional, de personas que pudieron haber sido comprobados como responsables de la comisión de un delito.

Por último, vemos desde luego, a través de la incorporación de métodos y de medios alternativos para la solución de conflicto, este carácter mucho más protagónico que se le da a las partes, víctima e imputado, para resolver un conflicto que puede ser, ante todo, de interés personal para ellos.

Pero también, mediante los juicios abreviados y la posibilidad del reconocimiento de culpabilidad mediante la reducción de las penas, la posibilidad para que la justicia sea más pronta, pero además, sea más completa y más real a favor de la gran mayoría de los ciudadanos.

Esto va hacer, desde luego, mucho menos costoso el funcionamiento del aparato jurisdiccional mexicano.

En suma, vamos a votar favor de la reforma, vamos a votar a favor de este nuevo Código Nacional de Procedimiento Penales porque vemos a través de él una terminación de mecanismos opacos para la impartición de justicia en materia penal.

Vamos a votar a favor del nuevo código, porque ya no queremos a más gente inocente en las cárceles, ni tampoco queremos a más gente responsable de la comisión de delitos en libertad.

Queremos acabar con la corrupción y queremos darle a la Procuraduría los elementos para que capacite a los Ministerios Públicos y para que se involucren en aquello que hoy le concierne, hoy le atañe y hoy le preocupa más a la ciudadanía.

Queremos nosotros consolidar y llevar a un buen fin cualquier política que logre el auténtico establecimiento de un Estado de derecho. Queremos por consiguiente, y votaremos a favor de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, acabar con la impunidad.

Muchas gracias.

   

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO