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El Universal/22 de Septiembre 2011
Sufre sus peores días por volatilidad ligada a Grecia y al anuncio de la Fed
El peso mexicano registró una de sus peores devaluaciones intradía en lo que va de este año al registrar una perdida de 1.67%, donde al final de las operaciones de ayer alcanzó un precio de 13.4020 pesos, mientras las negociaciones por ventanilla llegaron a un valor de 13.72 pesos.
La fuerte depreciación del peso fue resultado principalmente del mayor nerviosismo que existió entre los inversionistas, tras el anuncio de la política monetaria hecha por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
La Fed anuncio nuevas medidas de estímulo para detener la desaceleración de la economía estadounidense por 400 mil millones de dólares. Sin embargo, los participantes del mercado reaccionaron negativamente, porque estas disposiciones no alientan a la recuperación robusta del PIB.
Los inversionistas esperaban que la Fed fuera más agresiva en el tamaño del programa, y además los comentarios sobre la economía indican que el escenario no es prometedor.
La incertidumbre sobre el apoyo monetario que se le dará al gobierno griego también generó volatilidad en los mercados bursátiles y cambiarios del mundo, debido a que si no se le da el próximo tramo de 8 mil millones de euros en las siguientes semanas, Grecia podría entrar en bancarrota a partir de octubre.
Por otro lado, las monedas más “golpeadas” por la volatilidad de los mercados financieros mundiales, resultaron las de México y Brasil, toda vez que en el segundo semestre de este año experimentan pérdidas de 15.32% y 17.18%, respectivamente.
Sin embargo, el real brasileño presenta una depreciación de 10.29% en lo que va de este año, mientras la moneda mexicana muestra una devaluación de 2.43% en el mismo periodo.
Las bolsas accionarías del mundo también fueron afectadas al reportar importantes caídas, como el índice industrial estadounidense Dow Jones que disminuyó 2.49%, mientras la Bolsa Mexicana de Valores concluyó con un ajuste a la baja de 0.93%.
Miguel Messmacher, titular de la Unidad de Planeación de la Hacienda Pública, aseguró que aunque hay volatilidad en el tipo de cambio, en este momento no se observan problemas porque el mercado funciona bien.
“No observamos problemas de liquidez de mercado y en ese sentido, en la medida en que funcione y opere de manera correcta, seguiremos viendo un poco como está evolucionando”, dijo.
Añadió que en 2008, cuando empezaron a realizar ventas diarias de dólares era porque había problemas en el mercado. “Lo que vamos a seguir hacienda es dar un seguimiento muy puntual a lo que pasa en Estados Unidos y Europa… por el momento, el tipo de cambio ha estado funcionando bajo condiciones adecuadas en el tipo de cambio”, expuso Messmacher.
Afirmó que el régimen de tipo de cambio flexible de México funciona bien, aunque en los últimos días hay volatilidad financiera asociada a los problemas en Europa, principalmente por Grecia. “Es muy probable que sigamos observando cierta volatilidad, pero los ajustes en el mercado se han dado con niveles elevados de liquidez, han sido graduales, no observamos problemas como los que se darían si tuviéramos un tipo de cambio fijo”, dijo.
Durante 2010, los mexicanos desembolsaron 210 mil millones de pesos a consecuencia de la delincuencia, y casi una cuarta parte de la población mexicana mayor de edad, unos 18 millones de ciudadanos, fueron víctimas de la delincuencia común. Lo anterior reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Inegi, que asegura que ese monto, representa el 1.53 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB). Además, el documento resalta además que el 92 por ciento de los delitos en México no se denunciaron ante las autoridades. "Estos costos se pueden distribuir en tres grandes grupos, las pérdidas económicas a consecuencias de los delitos en 73.5 por ciento; las medidas preventivas con 23 por ciento y los gastos a consecuencia de la salud, con 3.5 por ciento", especificó. La encuesta, presentada ayer, fue levantada entre 14 de marzo al 22 de abril de este año en 78 mil 179 viviendas de zonas urbanas y rurales, sobre indicadores de 2010. En ella se desglosa que el 18 por ciento de los ciudadanos optaron por cambiar o colocar cerraduras; el 10.9, por colocar rejas o bardas; el 10.9, por otras medidas; el 8.5, realizó acciones conjuntas con sus vecinos y el 5.1, se apoyó en un perro guardián. La entidad federativa donde se calculó que los habitantes gastaron más dinero para protegerse de la delincuencia fue el Distrito Federal que erogó más de 8 mil 44 millones de pesos; seguida del Estado de México con más de 5 mil millones de pesos. Otras entidades que destacan en cuanto su gasto fueron Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí. La comisión de delitos alteró en gran medida las actividades de la población y la gente se encerró más en sus casas. Tomando en cuenta las respuestas de los encuestados se estimó que a nivel nacional 58 por ciento de los mexicanos dejó de portar joyas; un 57 por ciento restringió la salida de sus hijos menores de edad y el 51, prefirió suspender actividades en la noche. El temor a ser víctima de la delincuencia provocó que el 43 por ciento dejara de llevar efectivo; el 37, cargar tarjeta de crédito o débito; el 29 de visitar parientes o amigos; el 28, salir a caminar y el 27 tomar taxi o ir al cine o teatro. También se afectaron las reuniones de comida, la asistencia a estadios, los viajes en carretera, las visitas a centros comerciales y la utilización del transporte público. La encuesta, que únicamente abarca algunos ilícitos del fuero común, resalta que para 2010 se cometieron 22 millones 714 mil 967 delitos, sin embargo, la cantidad de delitos no denunciados ante las procuradurías locales asciende a 92 por ciento. De los denunciantes el 35.9 por ciento acusó haber recibido un trato entre malo y muy malo por parte de los empleados del Ministerio Público; el 31.3, regular y un 32.8; entre bueno y excelente. "Un tercio de las víctimas manifestó que les tomó una a dos horas realizar una denuncia ante el MP. El 46.6 por ciento refirió invertir tres o más hora para efectuar la denuncia", resaltó Franco. Uno de los objetivos que persigue este instrumento del Inegi, respaldado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es proporcionar información para que se implementen políticas públicas gubernamentales en materia de seguridad. "Para de verdad brindar no solamente más información de lo que está pasando aquí en México, sino hacer progresar a nivel global lo que es el entendimiento de cómo se desarrolla el crimen, lo que piden los ciudadanos, a qué tienen que enfocar los problemas de seguridad", expresó Antonio Mazzitelli representante de este organismo internacional. Un 40 por ciento de la ciudadanía opinó que la principal causa de inseguridad es el desempleo, secundada por la droga, la pobreza, la corrupción y a ella contribuye la falta de castigo a delincuentes, la falta de valores, malos elementos policiacos, la desintegración familiar y el alcoholismo.
Milenio/21 de Septiembre 2011
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto de reformas para tipificar como delito grave y sancionar hasta con 12 años de prisión el robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex.
Con 319 votos a favor y cuatro abstenciones, las fracciones de las siete fuerzas políticas en el Palacio de San Lázaro avalaron el dictamen de la Comisión de Justicia, que además prevé ampliar las penas hasta 18 años cuando los responsables sean servidores o ex servidores públicos de la paraestatal.
Al fundamentar el proyecto en la tribuna parlamentaria, el legislador priista Humberto Benítez subrayó que tan sólo entre enero y junio de 2011 se detectaron 568 tomas clandestinas, lo que representa un robo de 7 millones 791 mil litros al día y mil 300 millones al mes.
Tan sólo en ese lapso fueron sustraídos 49 mil barriles de combustibles por día de los ductos, poliductos, autos-tanque, buques-tanque y terminales de almacenamiento.
Según las estimaciones oficiales en poder de la Cámara, el robo de hidrocarburos de Pemex ascendió a 6 mil 542 millones de pesos.
El también priista Arturo Zamora detalló que en los últimos siete meses aumentó 69 por ciento el robo de combustible en el país, por lo que instó al pleno a aprobar el dictamen y ponerle freno al saqueo del patrimonio nacional.
A nombre del PAN, María Antonieta Pérez puntualizó que, además de generar un daño económico cuantioso, el robo de hidrocarburos representa un grave riesgo a la seguridad de la ciudadanía.
“No debemos permitir que los criminales, refugiados en la clandestinidad, se vean beneficiados de recursos que por ley son de los mexicanos, y más aún, que ponen en peligro la vida de las personas”, indicó.
En representación del PRD, la legisladora Juanita Arcelia Cruz remarcó que la sustracción de combustibles vulnera a todos los mexicanos.
La economía de México crecerá un 3.8% este año y un 3.6% en 2012, a consecuencia de la ralentización, mayor de lo esperada, de países como Estados Unidos, según un informe semestral divulgado este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI calculó que la economía de México crecerá en 2011 nueve décimas menos que la proyección anterior; y en 2012, cuatro décimas por debajo del cálculo anterior divulgado hace tres meses. El informe "Perspectivas Económicas Mundiales" del FMI indicó que el crecimiento económico de México fue "bien sólido durante la primera mitad del año, pese a un débil crecimiento estadounidense y a los efectos del terremoto y tsunami en Japón sobre el sector de automóviles". Sin embargo, los efectos negativos de la "anémica recuperación" en Estados Unidos "mantendrán el crecimiento en alrededor del 3.75%" para el período 2011-2012, según el análisis. "Una mayor ralentización en las economías avanzadas, sobre todo la de Estados Unidos, desalentaría el crecimiento, particularmente en las economías que dependen del comercio, turismo y remesas (el Caribe, Centroamérica y México", advierte el FMI. Según las proyecciones de la institución financiera multilateral, la tasa de desempleo en México será de 4.5% en 2011 y de 3.9% el próximo año. En 2010, la tasa de desempleo en ese país fue del 5.4%, indicó el FMI. Asimismo, el FMI vaticinó que México registrará una tasa de inflación del 3.4% en 2011 y del 3.1% en 2012. Por otra parte, el FMI consideró que México puede mantener una política monetaria "acomodaticia" siempre que pueda contener "las presiones y expectativas inflacionarias" en ese país. Como contraste, el FMI señaló que países como Argentina, Paraguay, y Venezuela, podrían tener que incrementar su ajuste monetario, debido a que "los riesgos de un sobrecalentamiento parecen más inminentes". Para toda la región de América Latina y el Caribe, el FMI calcula que este año la inflación será del 6.7 %, y se moderará al 6% el año venidero.
El Universal/20 de Septiembre 2011
El reporte ubica a Quintana Roo como la entidad con mayor índice de ese delito; detrás se encuentran Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La mayoría de víctimas son mujeres rurales y extranjeras
Los estados con mayor índice de trata de personas son Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están entre las 18 entidades del país que concentran 90% de dicho fenómeno delictivo a nivel nacional, según la Procuraduría General de la República (PGR) en datos citados en el estudio La Trata de Personas en el Sector Turístico. Este informe fue encargado por la Secretaría de Turismo (Sectur) al Observatorio de la Violencia de Género de la Universidad del Caribe (Unicaribe), con sede en Cancún, como parte de una estrategia nacional de atención al tema de trata en los principales centros turísticos de México.
El análisis abarcó Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo. Lo dirigió Celina Izquierdo Sánchez, del Observatorio, y la consultora Redes Turismo, representada por Marisol Vanegas.
Entrevistada por EL UNIVERSAL, Vanegas explica que la explotación sexual dirigida al sector turístico es visible aquí a través de ofertas de paquetes de viajes que incluyen servicios sexuales. Es un negocio clandestino, pero opera en establecimientos aprobados y regulados por la autoridad, como son las casas de masajes, centros que ofrecen servicios de escorts (acompañamiento) de hombres y mujeres de negocios; bares y table dance.
Las víctimas son mexicanas originarias de localidades rurales y urbanas pobres; también mujeres extranjeras, de Latinoamérica o Europa.
“Nacionales y extranjeras son atraídas y retenidas con engaños y promesas de trabajo falsas. Para retenerlas, el sistema involucra (sic) contraer altas deudas de viaje generadas, compromisos ‘morales’ con los familiares y personas que las insertan en la red; retención de documentos y amenazas”.
Es frecuente que las obliguen a ingerir alcohol y drogas como medio para facilitar su sometimiento y, en el caso de los servicios sexuales de menores, se ofrecen vía internet, a través de catálogos, pero también en periódicos locales, disfrazados de anuncios.
Los enganchadores —que son empleados de bares, trabajadores de hoteles, taxistas y “representantes”— se valen de diferentes vías para conectar a sus clientes, ya sea residentes y turistas nacionales o internacionales.
Los tratantes son personas con motivaciones vinculadas al ejercicio del poder, tanto económico, como de sometimiento a menores de edad y personas vulnerables, a quienes consideran una mercancía, refiere.
“Son generalmente pederastas con deseos de poder y sometimiento de personas vulnerables; consumidores habituales y ocasionales que atienden la promoción de la oferta ‘fácil’”, explica.
Roban la historia personal
Celina Izquierdo, del Observatorio de la Violencia, ahonda en los factores que propician el caer en las redes de trata: “Encuentra aliento en la pobreza, en la escasa o nula escolaridad de las víctimas; en la carencia de alternativas laborales y la necesidad de recursos económicos, así como en las condiciones de atraso social y económico”.
También —dice— en la permisividad, participación, indolencia y silencio de la sociedad y de sus autoridades, aunado a un clima de promiscuidad y tolerancia. “A niveles más profundos se encuentra un entorno familiar agresivo y carente, tanto en lo económico como en lo moral, así como las familias disfuncionales y la pérdida del rol protector de la familia”.
La académica afirma que la trata de personas violenta todos los derechos del individuo y por ello se le equipara al de una “moderna esclavitud”.
“Quizá lo más terrible que le sucede a una víctima de trata es que les roban su historia. Las sacan de sus lugares de origen o las coaccionan a salir de ellos, para trabajar en un sitio en donde les roban sus documentos, les cambian el nombre, las transforman en otras personas. Las vuelven adictas a drogas y al alcohol para compensar su falta de afecto. Y ahí, son víctimas de otro tipo de vejaciones, pero al final, les roban su historia y también su futuro”.
Involucrado el crimen organizado
El reporte revela, entre otras cosas, que una de las principales modalidades del delito de trata de personas en Cancún, es la de las redes de mendicidad, que aquí explotan a indígenas provenientes de Chiapas para pedir dinero en las calles de esta ciudad y en las playas de la zona turística.
“Operan en Cancún redes de hasta 200 integrantes entre vendedores de artesanías, de dulces, mendigos, involucrando desde bebés de tres meses de edad, hasta ancianos de más de 75 años”, indica el reporte.
Los tratantes aprovechan la vulnerabilidad, indefensión y carencia de redes de apoyo de los migrantes chiapanecos, quienes llegan aquí en busca de empleo y mejor calidad de vida.
De acuerdo con los investigadores que ubicaron toda una red de trabajo forzado o “trata de migrantes”, las víctimas son sumadas a las filas de la mendicidad. Existen tres grupos: indígenas, discapacitados y ancianos.
En esta actividad de explotación, equiparada con la antigua esclavitud, están involucrados grupos de la delincuencia organizada que utilizan a dichos grupos como “vendedores ambulantes” y narcomenudistas.
“Yo no estoy en venta”
El estudio también sirvió como base de la campaña “Yo no estoy en venta”, lanzada meses atrás por el Centro de Atención Integral de la Mujer Maltratada, que dirige la activista en Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro. La campaña busca evitar que infantes, adolescentes y jóvenes que radican en Cancún, Riviera Maya y Chetumal caigan presas de las redes de trata, dotándoles de herramientas para blindarlos de ser “enganchados”, sobre todo a través de las redes sociales, fenómeno que cobra fuerza y al que se le conoce como growling.
“Otra de las metas es, que si ya cayeron, sepan a quiénes acudir y qué hacer para salir de la problemática”, subraya la también periodista, quien advierte que Quintana Roo ocupa la primer posición entre los estados que concentran 90% del fenómeno de trata de personas, por encima de Yucatán, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Uno de los recursos para advertir a las y los menores sobre el riesgo en el uso inadecuado de las redes sociales es un video cuyo guión fue elaborado por jóvenes, en el que se explica cómo se trafica con mujeres provenientes de Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos o Croacia.
Se les explica cómo se les engancha a través de ofertas de trabajo publicadas en periódicos locales o mediante el Facebook y que los pederastas o consumidores cada vez exigen que sus víctimas sean más jóvenes.
Milenio/19 de Septiembre 2011
Oportunidades, Apoyo Alimentario y Hábitat, castigados en el Presupuesto 2012. En contraste, el proyecto 70 y más recibirá 60.5% de incremento, señala.
Aunque el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo federal prevé un aumento de 4.8 por ciento al gasto de la Secretaría de Desarrollo Social para el año entrante, los programas Oportunidades, de Apoyo Alimentario y Hábitat, entre otros, son castigados con reducciones de entre 1.1 y 30 por ciento en términos reales, en contraste con el de 70 y más, con 60.5 por ciento de incremento.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, “el Ejecutivo Federal ha enviado una propuesta de gasto con reducciones en todos los programas sujetos a reglas de operación de la Secretaría de Desarrollo Social”, salvo el referido apoyo a los adultos mayores de 70 años de edad en pequeñas y medianas comunidades.
Con respecto al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, dirigido a fomentar las capacidades en materia de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias, el gobierno federal plantea una asignación de 36 mil 191 millones en 2012, contra los 35 mil 355 millones que le fueron autorizados en 2011, lo que representa una caída de 1.1 por ciento, tras descontar el índice de inflación.
El análisis del referido centro de estudios detalla que el Programa de Apoyo Alimentario, destinado a mejorar la alimentación y la nutrición de los beneficiarios, sufre una reducción presupuestal de 3.8 por ciento, al caer de 4 mil 99 millones a 4 mil 83 millones de pesos en cifras redondas.
Pero el llamado Programa Hábitat, diseñado para favorecer la superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas marginadas, presenta una disminución presupuestal de 30.1 por ciento en términos reales, pues si bien este año operó con 3 mil 611 millones de pesos, para el próximo ejercicio fiscal dispondría apenas de 2 mil 611 millones.
No obstante, “de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el referido programa no ha tenido evaluaciones de impacto que permitan afirmar que existen resultados en los últimos cinco años. Es hasta 2011 que se terminará el levantamiento de una nueva evaluación”, subrayó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
La revisión de esa instancia revela igualmente que el gasto propuesto para el Programa de Rescate de Espacios Públicos representa una caída de 26.1 por ciento, aun cuando las acciones previstas se inscriben en el eje central de la actual administración: el combate a la inseguridad.
Dicho programa tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos deteriorados, abandonados o inseguros, pero aun cuando se ha catalogado como un proyecto prioritario, por propiciar la participación social y mejorar la percepción de la seguridad comunitaria, su presupuesto ha disminuido desde 2010.
Para el próximo año, en el que se celebrarán comicios presidenciales, el gasto electoral será el más alto de la historia: 18 mil 451 millones de pesos.
Este monto, que comprende el presupuesto del IFE, el Trife, la Fepade y los partidos políticos, representa un aumento de 46 por ciento respecto a lo que se asignó al mismo rubro en 2010 y 42 por ciento más que el presupuesto de la elección presidencial de 2006.
El gasto que más se incrementará es el del IFE, que abarca lo que se destina a partidos políticos, pues pasa de 10 mil 500 millones a 15 mil 954 millones de pesos.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) pidió 369 millones más que en 2011, lo que equivale a un 19 por ciento extra.
En el ejercicio de 2010, el Tribunal tuvo un presupuesto de mil 999 millones de pesos; para el siguiente quiere 2 mil 368 millones.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), que este año contó con una asignación de 106 millones de pesos, está solicitando 129 millones, esto es, un 22 por ciento más.
Dirigentes partidistas y legisladores consultados coincidieron en que debe revisarse el gasto electoral, aunque justificaron que, por ser año de comicios, es necesario un incremento.
Tras reconocer la creciente ola de violencia en el país, el General Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional, urgió ayer a reformar la Ley de Seguridad Nacional para poner fin al actual estado de indefinición del Ejército en las tareas de seguridad pública. El mando militar explicó que las reformas propuestas por la Defensa Nacional contienen dos aspectos básicos: uno, contar con mayores capacidades operativas para incrementar la eficacia de los soldados, y dos, poner fin al actual 'status quo' de indefinición. "De no lograrse (las reformas), puede crearse confusión e incertidumbre en mandos y tropas e incluso, en la propia ciudadanía. "Ambos aspectos coadyuvarían sin duda a seguir manteniendo el sólido espíritu de cuerpo y la alta moral, fortalezas peculiares de las Fuerzas Armadas", afirmó el General durante la ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar, que encabezó el Presidente Felipe Calderón. "Tengan la seguridad que lo que pretendemos no es de ninguna manera obstinación, es una necesidad ingente", añadió. A la ceremonia en el Heroico Colegio Militar asistieron ayer los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, José González Morfín y Emilio Chuayffet Chemor, respectivamente; además del Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte y el Secretario de Marina, Almirante Francisco Saynez. "Saludamos los esfuerzos que hace el Poder Legislativo para dotarnos de este fundamento legal, estamos listos para su aplicación estricta, acusiosa y con buen juicio", lanzó Galván. El jefe militar alertó que las tesis jurisprudenciales que regulan las operaciones que actualmente realizan las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades encargadas de la seguridad pública, no están acordes con la realidad que enfrentan las tropas. "Parecieran insuficientes y rebasadas ante el evidente escalamiento de la actividad delincuencial y al ámbito ya de la seguridad interior", señaló. "Los soldados estamos conscientes de la tarea que la sociedad nos ha confiado y debemos ser puntuales en la prevención y contundentes en la respuesta, siempre en observancia del marco legal", sostuvo. Prometió que la ciudadanía puede confiar en que cada vez que el Presidente instruya al Ejército a realizar tareas de seguridad interior, los soldados no rebasarán un ápice los límites de la actuación legal establecidos. El Divisionario ejemplificó que el Ejército es tan respetuoso de la ley que ha acatado las resoluciones de la Corte en lo referente al fuero de guerra. "Nada, absolutamente nada que provenga del derecho y de sus generadores, jurisprudentes o aplicantes probos, podrá molestar o incomodar a los soldados de México. Mucho menos, ofendernos o indignarnos. Estamos seguros que actúan de buena fe", expresó. Lamentos El General Guillermo Galván lamentó la muerte de ciudadanos inocentes en el combate de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. "Lo lamentamos con la misma intensidad que nos duelen nuestros soldados fallecidos, sus viudas y sus huérfanos, somos sensibles al luto como lo somos ante la cama perpetua del soldado lisiado, nada es fácil en esta lucha, nada y para nadie", remarcó. Asimismo dijo que ha sido un infortunio que en los momentos de mayor avance democrático, cuando más se ha impulsado la consolidación y mantenimiento de los grandes objetivos nacionales, se tengan que distraer fuerzas y recursos para afrontar a la criminalidad. Dan a Marina marco legal El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que da marco legal a los operativos en tierra que ya realiza la Marina en contra del crimen organizado en estados y municipios. Al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Armada de México, que señala que: "La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos cuando el mando supremo lo ordene o las circunstancias así lo requieran", los legisladores agregaron: "Se coordinará con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y en las leyes que de ella derivan". La reforma, que debe ser avalada por el Senado, no planteaba inicialmente la observancia a tratados internacionales, pero fue agregada ante los reclamos de PT y PRD que alertaron sobre el posible abuso de la facultad presidencial. Anuncian cierre de espacio aéreo Con motivo del desfile conmemorativo del Día de la Independencia que se llevará a cabo este viernes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) prevé la suspensión de las operaciones aéreas durante cuatro horas, lo que afectaría 124 vuelos programados. La Dirección General de Aeronáutica Civil otorgó una autorización para el cierre del espacio aéreo de las 9:00 a las 13:00 horas, incluso, envió a las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en la terminal aérea capitalina una circular para que informen a los usuarios sobre posibles demoras. Las aerolíneas confirmaron que se dio aviso a los usuarios de la instrucción de la DGAC, pero además los alertó sobre la posibilidad de que las afectaciones ocurran incluso una vez que se reanuden las operaciones, por el "efecto dominó". Funcionarios del AICM destacaron que a diferencia de 2009, se espera que las afectaciones una vez reanudadas las operaciones sean menores, debido a que los vuelos se reprogramarán en intervalos cortos, gracias a la operación de aerolíneas como Viva Aerobús y Volaris que aumentaron el flujo de salidas y llegadas este año. No obstante, de acuerdo con el Centro de Control Operativo, la aerolínea podrá decidir si realiza la cancelación del vuelo o lo reprograma unas horas más tarde, lo que afecta directamente la estadística de vuelos afectados y a lo que se suma que se espera un aumento del 15 por ciento en el flujo de pasajeros por tratarse de días festivos, en los que ha alcanzado un flujo de hasta 90 mil pasajeros. Durante la celebración del 201 aniversario del Grito de Independencia, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina y la Policía Federal ofrecerán un espectáculo que incluye la participación de 102 aeronaves. La interrupción en los servicios del AICM tiene la finalidad de evitar incidentes aéreos y que las pistas estén disponibles para ser utilizadas como espacios de emergencia. Asimismo, se alista una campaña de voceo, igual a la implementada en 2009, para avisar a los viajeros, durante el horario de cierre, que el AICM suspendió de manera temporal sus operaciones, debido a la festividad.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló ayer el nuevo Reglamento de Radio y Televisión del IFE, el cual operaría en la elección del 2012, al considerar que las autoridades electorales no tomaron en cuenta a las televisoras y radiodifusoras. Por unanimidad, los magistrados dieron la razón a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), al PRI y al PVEM, quienes impugnaron la nueva normatividad para la trasmisión de los spots durante la campaña presidencial, por lo que le ordenaron al Instituto regirse con el reglamento del 2008, el cual era vigente hasta junio, y en caso de rehacerlo, deberá consultar a los concesionarios y permisionarios. En el debate, los jueces electorales coincidieron en que el IFE, como única instancia encargada de administrar los tiempos oficiales de radio y televisión, tenía la obligación de recoger los puntos de vista de los empresarios de medios electrónicos, así como de especialistas. Sin embargo, recriminaron, no lo hizo ni tampoco realizó un dictamen de factibilidad en el que se explicará detalladamente la experiencia que ha tenido en procesos anteriores, que lo llevarán a fijar nuevos planos, ni los escenarios que se prevén para el 2012, para dar certeza de que no habrá incumplimiento por parte de las empresas por falta de capacidad operativa. El 27 de junio, el IFE aprobó un nuevo Reglamento de Radio y Televisión, el cual remplazaba al del 2008, para que, en las precampañas y campañas de 2012, se redujeran los plazos para la entrega, la trasmisión y cambios de formato de los spots de partidos políticos y de autoridades electorales. Por ejemplo, se acortaba de 10 a 4 días hábiles el tiempo que transcurre desde que un partido entrega un spot hasta que éste sea transmitido por las estaciones de radio y televisión. Otra de las modificaciones es que el IFE entregaría los materiales a los concesionarios vía electrónica o satelital con al menos tres días hábiles de anticipación, cuando antes era en su domicilio y con cinco días previos al inicio de la transmisión de promocionales. Los concesionarios argumentaron que jamás los consultaron y que sería muy difícil cumplir con las nuevas disposiciones, pues no tenían capacidad técnica para ello, por lo que se ponía en riesgo el proceso electoral del 2012, posición que fue respaldada por el PRI y PVEM. Lineamientos Por otra parte, el IFE aprobó ayer el proyecto de lineamientos para noticiarios en radio y televisión durante las precampañas y campañas electorales de 2012, que plantea la promoción del debate entre candidatos, así como el respeto a su vida privada y la equidad en la cobertura informativa. El proyecto de resolución fue avalado por los representantes del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. La sugerencia de lineamientos apunta que las actividades de precampaña y campaña implican la igualdad de oportunidades de todos los partidos políticos a efecto de que ningún contendiente tenga ventaja sobre otros en función de su fuerza electoral. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, señaló que los lineamientos sugeridos no son pautas coercitivas para los medios de comunicación, sino que deben ser entendidos como guías orientadoras. Asimismo, se acordó que el Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre con las organizaciones que agrupan a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar este proyecto .
El Universal/14 de Septiembre 2011
El Senado demandó a la Secretaría de Gobernación que abra toda la información sobre casinos en el país.
En un punto de acuerdo avalado por el pleno, la Cámara Alta pidió a la dependencia que le informe sobre los permisos que ha otorgado para la operación de casinos en territorio nacional.
Luego de la tragedia en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, los senadores pidieron que la información contenga la relación actualizada de casinos, el nombre de los concesionarios, las garantías que dejaron para los permisos, la fecha en que éstos se expidieron y su duración.
El pleno también aprobó una adición del senador del Partido Acción Nacional (PAN) Felipe González para que en el informe la Segob detalle los casinos autorizados por los gobiernos estatales y municipales.
El punto de acuerdo iba a ser votado el jueves pasado, sin embargo, por falta de quórum se suspendió la sesión; este martes se logró su aprobación.
El punto avalado fue propuesto por el coordinador del Partido del Trabajo (PT) Ricardo Monreal.
El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Legorreta presentó a su vez un punto de acuerdo para que el Senado solicite al Gobierno del Distrito Federal que gire instrucciones “a fin de que sean retiradas las máquinas tragamonedas de los establecimientos mercantiles de la ciudad”.
De acuerdo con las cifras del también ex gobernador de Zacatecas, registradas en el punto de acuerdo avalado, en una década el número de casinos en el país se incrementó 632%.
En su exposición de motivos, Monreal señala que hasta el año 2000 en el país existían 125 casas de juego, legales e ilegales, “pero el detonador llegó con la ‘alternancia presidencial democrática’ del PAN”.
Como parte de la argumentación, señaló que de 125 casinos existentes “pasamos en una década a 790 (un crecimiento de 632%), donde alcaldes, gobernadores y funcionarios federales por igual vieron en este negocio una jugosa fuente de ingresos, legal para algunos, ilegal para la mayoría.
“Tan sólo en el rubro de impuestos, el año pasado los casinos reportaron mil 200 millones de pesos al fisco.
Aparte las ‘mordidas’, los derechos de piso y los sobornos que son parte de los ‘gastos operativos normales’ de estos centros de juego”.
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Milenio/13 de Septiembre 2011
Cada año las entidades federativas gastan en bienes y servicios 60 mil mdp, por lo que urge modernizar normas para evitar que lleguen a los consumidores hasta con 30% de sobreprecio: Imco.
Elevados niveles de corrupción, leyes rezagadas y actos de colusión son los principales lastres en las compras públicas que realizan los gobiernos estatales, elementos que también provocan que algunos bienes y servicios sean más caros para los consumidores mexicanos, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En el estudio Las mejores y las peores leyes en la promoción de competencia en las compras gubernamentales, la coordinadora del proyecto del Imco, Jana Palacios, criticó los altos niveles de corrupción que hay en torno a estas transacciones, motivados principalmente por las grandes cantidades de dinero involucradas en el proceso.
Cifras de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que los actos de colusión (pacto entre dos agentes para afectar a un tercero) entre proveedores en los procesos de compras públicas, provocan que el valor de los bienes y servicios se encarezcan entre 20 y 30 por ciento.
Sin embargo, Jana Palacios destacó casos más graves en algunos otros estados, donde pueden llegar a encarecer aún más los productos, pues ejemplificó que mientras en una entidad de la República, se compra una pastilla a un peso, en otra se adquiere el mismo fármaco en dos pesos.
La experta del Imco precisó que las entidades federativas destinan más de 60 mil millones de pesos cada año a la compra de bienes y servicios, pero esa cifra pudiera reducirse si se mejoran los esquemas de regulación locales.
Aseguró que luego de evaluar distintas leyes de adquisiciones en diferentes localidades del país, se detectaron rezagos importantes y variaciones relevantes entre un estado y otro.
Palacios calcula que la mejora en las legislaciones de cada localidad permitirán establecer un ahorro de entre 6 mil y hasta 12 mil millones de pesos en los procesos de adquisición estatales, es decir, 10 o 20 por ciento de lo que actualmente se destina para esas transacciones.
El estudio del Imco destacó que Sinaloa, Baja California, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca fueron las entidades con las mejores legislaciones para efectuar las compras gubernamentales.
En contraste, las peor calificadas fueron Campeche (37.8), Zacatecas (34.1), Jalisco (32.9), Yucatán (30.5) y Guerrero (23.2).
En un mensaje, el secretario ejecutivo de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo que el estudio es una aportación importante para medir hasta qué grado las leyes de compras públicas en México están bien diseñadas para promover la competencia en la adquisición de bienes y servicios para el Estado.
“Es un instrumento crucial para evaluar qué tan bien se gastan los impuestos, y por lo mismo para combatir la corrupción”, dijo.
El ex secretario de Hacienda mexicano dijo que las compras públicas son un instrumento central de la política pública, pues proveen de insumos a los gobiernos para que éstos ofrezcan servicios de calidad y ayudan a lograr objetivos esenciales en la sociedad, además de fortalecer la seguridad social, el mejoramiento del medio ambiente y la promoción de la innovación.
“Por ello es importante que los procesos de obras públicas y arrendamiento de bienes y servicios por parte de los gobiernos, no se vean contaminados por el desperdicio, el fraude o la corrupción”, detalló.
Gurría refrendó su apoyo al gobierno mexicano para continuar apuntalando los proyectos así como las reformas necesarias, a fin de lograr una administración pública más eficiente, responsable y confiable.
Reforma/13 de Septiembre 2011
Advierten que la proporción de jóvenes mexicanos ninis genera un riesgo para el País: el desempleo crónico
México es el tercer país, después de Turquía e Israel, con el mayor número de jóvenes entre los 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. En total, son 7 millones 226 mil 680 de mexicanos en esta condición.
Juan Pablo es uno de ellos. El joven terminó la carrera de piloto privado y comercial, siempre ha querido ser piloto y desde hace tres años busca tener una oportunidad en alguna aerolínea. Sin embargo, considera que el término nini ("ni estudia ni trabaja") es despectivo."En mi caso yo sí estudié y no trabajo, no porque no quiera, sino porque no tengo en dónde", explica.
Pero él forma parte de la estadística que se consigna en el informe "Panorama Mundial de la Educación 2011" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dado a conocer ayer. Del total de ninis en México, la mayoría, 7 de cada 10, tiene entre 20 y 29 años. "México se encuentra en el tercer lugar donde hay más jóvenes entre 15 y 29 años que no están en la educación, que no trabajan y no están en la fuerza laboral. Está justo después de Turquía e Israel, de población joven inactiva", señaló Pedro Lenin García de León, estadista de la División de Indicadores de la Educación de la OCDE, quien desde París dio a conocer el informe. El especialista advirtió que México tiene el promedio más alto de mujeres de entre 15 y 29 años inactivas, pues, mientras en la OCDE es 17 por ciento, en el País es 38. La proporción de mexicanos en esta condición, señaló, no se compara con la de otras naciones, pero genera un riesgo para el País: el desempleo crónico. "Uno de los principales efectos de tener una reserva tan grande de personas inactivas es el hecho de que, si una persona se mantiene desempleada y no se redirige hacia la educación, corre el riesgo de caer en el desempleo crónico porque las competencias que habrá adquirido en la educación tiendan a perderse", dijo. El ex subsecretario de Educación Media Superior Miguel Székely aseguró que el estudio confirma que México tiene que atender a los jóvenes. En esta cifra, dijo, influye la dinámica demográfica combinada con la falta de oportunidades en el mercado de trabajo para este sector de la población. El investigador Juan Fidel Zorrilla indicó que las cifras confirman el dato del Rector de la UNAM, José Narro, y el hecho de que el País nunca ha creado una política de Estado para atender a quienes no van a la escuela.
Excélsior/12 de Septiembre 2011
Las víctimas son detenidas en falsos retenes... y es lo último que se sabe; las autoridades no han podido resolver los casos
Las autopistas Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo se han convertido en un hoyo negro: decenas de personas han desaparecido cuando circulaban en sus autos, sin dejar rastro.
En la mayoría de los casos, lo último que se sabe de los desaparecidos es que cruzaron la caseta de Sabinas Hidalgo, municipio de Nuevo León controlado por Los Zetas, y luego que los detuvo un falso retén. Después, las personas simplemente se esfuman.
Las familias se quedaron en la incertidumbre total: sus parientes no aparecen y las autoridades se han revelado incapaces de solucionar los casos.
Excélsior documentó cuatro hechos similares, ocurridos en 2010 y 2011.
El 27 de enero de este año, Alejandro Moreno salió del Distrito Federal rumbo a Laredo.
Pasó por Monterrey y, a las 8:55 de la noche, la videocámara de la caseta de Sabinas Hidalgo registró su pago. Minutos después, Alejandro utilizó una aplicación de Facebook para que quedaran registradas las coordenadas de su localización. “Estoy segura que lo hizo cuando vio al retén o sintió peligro”, comenta su mamá, Lucía Baca. Después, nada.
Y éste es el caso de Ismael: “Iba hablando por celular con un primo, cuando le dijo que tenía que colgar, pues estaba muy cerca de un retén”, explica don Vicente, su padre. Es la última pista.
El caso de Andrés parece una calca: Su mamá hablaba con él por teléfono. “Le pregunté ‘¿Por dónde vas?’, y me dijo: ‘Ya estoy cerca de Nuevo Laredo, pero qué crees, chule, hace como 20 minutos me agarró un retén y me pidieron 200 pesos’”. El enlace se cortó cuando su hijo gritó: “¡Nos vienen siguiendo!”
El crimen los borra del mapa
Desde su desaparición, nadie, ni sus familiares ni autoridad alguna, tiene una sola pista de su paradero, es como si se los hubiera tragado la tierra, no dejaron rastro; son varios casos y todos con un común denominador: iban en camino a Texas, por carreteras de Nuevo León y Tamaulipas...
Los Zetas han convertido en un Triángulo de las Bermudas un tramo carretero entre Nuevo León, Tamaulipas y Laredo, Texas. Así como a principios del siglo XX desapareció cuanto marino navegó por aquella zona, hoy presuntos sicarios han esfumado a decenas de víctimas que conducen sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo o Reynosa-Nuevo Laredo. Es como si la misma tierra se los hubiera tragado y ninguna autoridad da pista alguna de qué sucedió con ellos o con sus automóviles.
Excélsior documentó cuatro casos y, en la mayoría, lo último que supieron sus familiares es que cruzaron la caseta de Sabinas Hidalgo, municipio de Nuevo León controlado por Los Zetas, y después que los detuvo un falso retén.
Eran las seis de la mañana del 27 de enero de 2011 y Alejandro Moreno Baca ya había puesto las maletas en la cajuela de un Mazda Rojo, 2007, placas 197 VTC. Nada más le faltaba la bendición de sus papás para emprender su viaje a Laredo. Era la primera vez que visitaría esa ciudad texana y cruzaría solo en automóvil el norte del país para disfrutar unas merecidas vacaciones.
Antes de llegar a Laredo, haría una parada en Monterrey para comer con un compañero de la universidad (del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México). Alejandro, de 33 años, estaba en la cúspide profesional. Trabajaba en una de las mejores empresas de sistemas a nivel mundial, IBM, como ingeniero en computación, con un horario de oficina y descansando los fines de semana.
El itinerario era perfecto. Alejandro hizo exactamente las horas que calculó del Distrito Federal a Monterrey. Comió con su amigo entre las cuatro y seis de la tarde en el restaurante Sierra Madre, del municipio San Pedro Garza García, y a las 7:28 de la noche ya estaba otra vez rumbo a Laredo. “Este tránsito está tan pesado, que está mejor la ciudad de la esperanza”, escribió Alejandro por Facebook, comparando la hora pico de la ciudad regiomontana con la del DF.
A las 8:55 de la noche, la videocámara de la caseta de Sabinas Hidalgo registró su pago y minutos después Alejandro utilizó una aplicación de Facebook para iPhone para que quedaran registradas las coordenadas de su localización. “Estoy segura que lo hizo cuando vio al retén o sintió peligro”, comenta su mamá, Lucía Baca.
Las coordenadas quedaron marcadas en la autopista número 2 (en su tramo Sabinas Hidalgo-Nueva Ciudad Guerrero), en la intersección con la intermunicipal número 21 (Vallecillo, San Carlos, Palo Alto), en Nuevo León.
“En efecto, dicho tramo carretero está considerado, por las propias autoridades, como muy peligroso”, dice Alfonso Moreno, padre de Alejandro.
El 30 de enero, don Alfonso llamó a Atención Ciudadana de la Secretaría de Marina y el teniente Granados, quien lo atendió, le confesó primero sobre la peligrosidad de esta zona y le advirtió también de cuidarse de las policías ministeriales y estatales.
La familia Moreno Baca es de las pocas que tienen una recreación de hechos del día que desapareció su hijo. A pesar de que la información es escasa, a comparación de los otros casos documentados por Excélsior, son quienes más detalles tienen, gracias a que su hijo usó las redes sociales e internet para dejar rastro de su ubicación.
Si la familia Moreno Baca hubiera esperado a que las autoridades respondieran sobre la línea de investigación, estarían hoy como el primer día, sin nada.
Y eso que han ido a parar hasta a Los Pinos con tal de encontrar a Alejandro, pasando por el Senado, por organismos de Derechos Humanos, por la Procuraduría General de la República, por Caminos y Puente Federales, por la Procuraduría Estatal de Monterrey, por el Ejército, por la Secretaría de Marina y por varios ministerios públicos: Monterrey, San Pedro Garza García, Sabinas Hidalgo, Nuevo Laredo, etcétera. Y ninguna dependencia ha resuelto esta investigación.
Tuvo que colgar... estaba muy cerca de un retén...
“En qué bastón me apoyo para buscar a mi’jo, si no tengo nada. Puse la denuncia en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Monterrey, en Sabinas Hidalgo, y no sé nada”, reclama don Vicente, como pide que le llamemos, por miedo a represalias. Vive en Nuevo Laredo, donde asegura que ahí los criminales son como las hormigas, “uno levanta una piedra y salen por montones”.
Lo último que supo de Ismael, ingeniero en sistemas de 37 años, es que salió de Saltillo hacia Nuevo Laredo el primero de marzo de 2010 y que ya había cruzado la caseta de Sabinas Hidalgo. “Iba hablando por celular con un primo, cuando le dijo que tenía que colgar, pues estaba muy cerca de un retén”, explica don Vicente. Con esta recreación que detalló en menos de un minuto ha tenido que vivir los últimos 18 meses para entender qué sucedió con su hijo.
“Somos un papel más”
Y las esperanzas para estas familias de que las autoridades actúen y emprendan una verdadera búsqueda en los municipios de Nuevo León y Tamaulipas para hallar a sus hijos, se reducen al conocer la historia de Yadira Carrizales, la esposa de un policía ministerial de San Pedro Garza García, que perdió a su pareja en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, el 21 de enero de 2011, y hasta hoy ni siquiera conoce el tramo exacto, de entre 126 kilómetros, de dónde se extravió.
“Me han dejado a mi suerte. Uno se da cuenta de que no sirvieron los cuatro años que (Perfecto Guzmán) estuvo ahí (en la Policía Ministerial)”, afirma Yadira.
Su esposo (en su día libre) iba hacia Laredo a las nueve de la mañana con Miriam Guadalupe Alemán, una compañera de la unidad deportiva, para comprar la ropa que usarían en el próximo maratón. Hasta hoy tampoco se sabe de ella ni de su carro: Bora, color negro, modelo 2006, placas SHD 1262.
“Sí me reciben sus jefes y me prestan la atención, pero el caso de mi esposo lo archivaron como uno más. Somos un papel más”, asegura Yadira. Los únicos datos que la Policía Ministerial le dio de Perfecto es que cruzó la caseta Sabinas Hidalgo, pero nunca llegó a Estados Unidos.
“Me agarró un retén... ¡Nos vienen siguiendo!”
Cuando doña María Ignacia González Vega llamó a Mónica, manager de su hijo Andrés, para saber si ya se había reportado a la empresa transportista Swift, donde trabajaba en Laredo desde hacía nueve años, y les contestó que no, “sentí morirme”, cuenta.
El 27 de marzo de 2011, Andrés Ascención Téllez González y su acompañante Braulio Hernández Bravo salieron a las cuatro de la mañana de su pueblo natal, Chignahuapan, Puebla, rumbo a Laredo, en una camioneta Pick Up modelo 1993, tipo Ranger, color blanca, con placas número SE41237. Andrés iba a renunciar a su trabajo en Estados Unidos, donde es residente, y a recoger sus pertenencias, porque este año regresaría a México para estar cerca de su novia Selene Cobato, durante su primer embarazo.
Doña María sintió morirse durante esa conversación con la manager, porque estaba segura de que algo malo había ocurrido con Andrés. El mismo 27 de marzo recibió una llamada de su hijo a las 8:40 pm, donde le aseguró que estaba bien, pero a los 25 minutos entró otra llamada. Andrés volvió a marcarle a su madre para contarle que un retén los había detenido.
“Le pregunté ‘¿Por dónde vas?’, y me dijo ‘Ya estoy cerca de Nuevo Ladero, llego como en dos horas, pero qué crees, chule, hace como 20 minutos me agarró un retén, me pidieron que me identificara, les di mi licencia americana y me preguntaron ‘¿Qué más traes?’, y les dije que nada, que sólo más documentos, y me pidieron 200 pesos y se los di para que coman”, recuerda María Ignacia, pero el enlace se cortó cuando su hijo le gritó a Braulio, su acompañante: “¡Nos vienen siguiendo!”.
Sin más tiempo que perder, doña María comenzó a llamar a la Cruz Roja, a los hospitales, a los Ministerios Públicos de la zona, y cuando ninguno le dio razón sobre los muchachos, decidió emprender el mismo viaje sobre la Ribereña, carretera Matamoros-Reynosa y Reynosa-Nuevo Laredo, como lo había hecho Andrés.
De municipio en municipio, doña María iba mostrando la foto de su hijo, de 37 años, en los retenes de policía que encontraba a su paso. “Nos encontramos a más de 10. Yo, inocente, mostraba la foto de mi hijo, y un policía ministerial se burló de mí, me dijo: ‘No crea que lo va a encontrar tan chulo ni tan guapo, porque ahorita ya está barbón, sucio o como lo tengan’”.
Hace unos días, el presidente Felipe Calderón, al formalizar la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de los Delitos, reconoció que a veces los familiares son doblemente victimizados: “Es decir, primero son víctimas a manos de los criminales y después a manos de autoridades indiferentes a su dolor o que actúan de manera insensible, negligente o, incluso, prepotente”.
Además de las burlas, María Ignacia soportó en los MP comentarios como que Andrés estaba metido en algo malo o que seguro se había ido al otro lado con una amante o simplemente que les dieran pruebas de su desaparición, cuando en cinco meses la misma autoridad no ha podido dárselas.
“No se preocupe, seguro aparece en tres meses”
Los papás de Alejandro también recorrieron varios municipios para buscar rastros de su hijo y para levantar las denuncias pertinentes. Doña Lucía y don Alfonso llegaron al Ministerio Público de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y el encargado de la oficina les confesó que si les había abierto la puerta era porque eran una pareja: “porque si hubieran sido policías no les hubiera abierto. Mire dónde tengo mi escritorio (le señaló a Lucía, detrás de una pared) por miedo a las balaceras”.
Hace un mes, en ese municipio, el Ejército descubrió un campo de entrenamiento de Los Zetas, llamado rancho El Jacalito, donde tenían a hombres secuestrados.
“Luego nos fuimos a levantar el acta del robo del auto de mi hijo con la Policía de Caminos, y mientras nos tomaban la declaración, uno de la policías me dijo: ‘No se preocupe, seguro aparece después de tres meses, pues el crimen organizado se los llevaba pa’ ponerlos a trabajar’. Entonces yo le pregunté que cómo que a trabajar, y dijo ‘Sí, pues a empaquetar, como en mano de obra’”, relata Lucía.
Hasta hoy ninguna autoridad les ha respondido a estas familias qué sucedió con sus hijos. Nadie se ha comunicado con ellos para exigirles rescate, tampoco han aparecido sus carros, nadie los ha visto, es como si se los hubiera tragado la misma tierra en plena autopista, muchos a plena luz del sol y con una supuesta seguridad federal cuidando los caminos y las carreteras.
Doble calvario
Los familiares de los desaparecidos de los que da cuenta Excélsior han padecido indiferencia y burla de algunas autoridades
En algunos de los casos de desapariciones relatados a este diario, los familiares se han topado con la indiferencia de las autoridades, como le ocurrió a María Ignacia, a quien un policía ministerial, con tono de burla, le dijo: “No crea que lo va a encontrar tan chulo ni tan guapo, porque ahorita ya está barbón, sucio o como lo tengan”.
El 6 de septiembre, durante la presentación de la recién creada Procuraduría Social para Víctimas de la Violencia, el presidente Felipe Calderón reconoció que los familiares de las víctimas afrontan una cadena de maltratos.
“Una de las mayores tragedias para quienes han sido víctimas de la violencia es lo que se conoce como doble victimización. Es decir, primero son víctimas a manos de los criminales, y después a manos de autoridades que son indiferentes a su dolor, o que actúan de manera insensible, negligente o, incluso, prepotente”, admitió.
“Esta situación inaceptable ya no debe repetirse, y es, precisamente, la doble victimización lo que busca corregir la Procuraduría Social para Víctimas de la Violencia”, definió.
El Universal/12 de Septiembre 2011
El homicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre jóvenes del país entre 2007 y 2009, tendencia que superó a los accidentes automovilísticos que durante años fueron la causa principal de decesos en este grupo de la población
Entre 2007 y 2009 el número de jóvenes asesinados creció 147%, según las cifras de muertes violentas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Pese a que desde el año 2000 se venía registrando un descenso en el homicidio de jóvenes, con un ligero aumento en 2005 y 2006, a partir de 2007 esta tendencia se revirtió completamente. Mientras que en 2007 fueron ultimados 2 mil 977 jóvenes, en 2009 esta cifra creció a 7 mil 348.
Así, el homicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre los jóvenes en 2009, superando a los accidentes automovilísticos, que durante años fue el motivo principal de decesos en ese grupo poblacional.
Por rangos de edad, el homicidio de adolescentes de entre 15 y 19 años creció 124% entre 2007 y 2009; el de los jóvenes de 20 a 24 años, 156%, y el de 25 a 29 años, 152%.
Por otra parte, el homicidio de hombres de 15 a 29 años creció en 154%, mientras que el de las mujeres, en 89%.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las pocas cifras oficiales existentes revelan que desde que el Gobierno federal emprendió la lucha contra el crimen organizado el número de homicidios de jóvenes se ha incrementado sensiblemente.
El 5 de julio pasado, durante una reunión con Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se le solicitó intervenir para que el Estado mexicano garantice el interés superior de la infancia frente a la violencia armada que se vive y que defina acciones preventivas para frenar totalmente el asesinato niños.
Chihuahua, el más afectado
La mitad de los homicidios juveniles entre 2007 y 2009 se concentró en Chihuahua, Estado de México, Baja California, Guerrero y Sinaloa.
Prácticamente en todas las entidades se incrementó este número, con excepción de Baja California Sur y de Yucatán, con disminuciones de 33% y 7%, respectivamente (además de que los homicidios no rebasaron los 20 por año).
En Chihuahua, el aumento de la cifra se disparó: mientras en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes, en 2009 el registro pasó a mil 647, lo que representa un incremento total de 719% en tres años.
Otros estados con fuerte presencia del crimen organizado registraron aumentos de homicidios juveniles: Durango, con 514%; Baja California, con 307%; Sinaloa, 298%; Morelos, 190%; Guerrero, 180%, y Nayarit, 162%.
Chiapas es el tercer estado con mayor incremento de homicidios de jóvenes. Mientras en 2007 se registraron 27 asesinatos, en 2009 fueron 151, un aumento total de 421%.
Parte del incremento de estos delitos se debe a la intensificación de la violencia entre bandas criminales.
Con la Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada de la Presidencia de la República, este diario estimó que en 2007 fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años, 14.1% de las ejecuciones registradas en ese año.
En 2008 esta cifra ascendió a mil 638 (26.5% del total de ejecuciones); en 2009, a 2 mil 511 (28.2%), y en 2010, a 3 mil 741 (28.4%).
Las ejecuciones reportadas en esta base son aquellas en que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecían a una organización criminal.
Cabe señalar que estas cifras están subestimadas, ya que en todos los años no se determinó la edad de al menos 40% de las víctimas. Incluso, en 2007 no se tienen registros de la edad de 63.2% de los muertos por el crimen.
Otro dato relevante es el bajo perfil educativo de las víctimas: 4% de los jóvenes asesinados entre 2007 y 2009 carecían de instrucción escolar.
Asimismo, 31% sólo había concluido algún grado de primaria y 8% no acabó la secundaria. De los asesinados de entre 25 y 29 años, apenas 6% contaba con estudios profesionales. Casi 70% de las víctimas sólo tenía educación primaria, secundaria o no recibió instrucción escolar.
