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“INEXISTENTE POLÍTICA EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA SEGOB”: LORENA CORONA VALDÉS
“INEXISTENTE POLÍTICA EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA SEGOB”: LORENA CORONA VALDÉS, DURANTE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA.
México, D. F., a 13 de octubre de 2011
Gracias diputado presidente.
Licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación,
Compañeros diputados:
Iniciaré mi intervención señalando que el pasado 24 de septiembre del 2010, planteé una serie de temas que asumí sería innecesario reiterar este año; no obstante, los resultados plasmados en la glosa del Quinto Informe de Gobierno, ameritan que no sean ignorados y que se vuelvan a poner sobre esta mesa, ya que el balance es negativo.
En aquella ocasión mencioné distintos factores que amenazaban la estabilidad social de nuestro país. Hoy, reitero con desconcierto que nuevamente durante el 2011, las cifras de inestabilidad social continúan siendo alarmantes y totalmente inaceptables.
Esta Legislatura está a un año de concluir sus labores y durante este lapso los avances obtenidos no están al nivel de lo que en realidad podría realizarse si existiera una mejor conducción de la política interior. Incluso, bajo una óptica más detallada, todo apunta a que los daños son proporcionales a las acciones que se han omitido.
Los índices de inseguridad y la violencia tan brutal que padece nuestro país se han incrementado alarmantemente. Estos hechos que suceden diariamente, hacen que los mexicanos pierdan la dimensión de lo que realmente sucede a nuestro alrededor, y propicia que nuestra sociedad los perciba como simples actos violentos que hoy se toman como cotidianos en nuestro país.
Permitir que esto suceda, evidencia cómo la dependencia a su cargo ha fallado en contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática. Atribución que se encuentra prevista por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que es su obligación cumplir.
La Estrategia Nacional de Seguridad propicia más problemas que soluciones. En ciertas zonas del país los operativos y el despliegue de las fuerzas federales lejos de restablecer la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos, ha generado que las personas se sientan más inseguras, pues en ocasiones los que tendrían que combatir este fenómeno, son los más involucrados en la delincuencia organizada.
Está de más reiterar los casos que han tenido que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ilustrar este fenómeno, mismos que ya han sido explicados por el diputado Ibarra.
A principios de agosto del año pasado, el CISEN reconoció que en lo que va del sexenio hubo más de 900 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. Es lamentable que durante este año esta cifra no se haya actualizado, y sería más lamentable que se desconociera la cifra real de cuántas personas más se han sumado a esta estadística.
Se insiste en que no puede ser posible que el Gobierno Federal continúa actuando de manera conveniente y evasiva, a través de una práctica instrumentada y manejada como una campaña mediática en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho está obligado a realizar por mandato legal.
En consecuencia, cabe destacar, como hace un año, que el Gobierno Federal continúa dando un mal enfoque de la cobertura mediática en relación a las “capturas” de presuntos operadores de la delincuencia organizada, sin reparar en las consecuencias negativa que pueden derivarse de la falta de confidencialidad de los temas que han develado, y que juegan en contra de la propia estrategia para seguir en esas labores de inteligencia que se debe tener para continuar con la lucha en contra del narcotráfico.
En cuanto a la materia de Derechos Humanos, aún no conocemos o no se percibe con claridad, la estrategia que se sigue contra la violación de derechos humanos perpetrados contra grupos especialmente vulnerables.
Se habla acerca del avance en materia migratoria únicamente en lo relacionado a la expedición de Ley de Migración que por cierto es un producto de un trabajo legislativo de este Congreso; por lo tanto no se muestra ningún avance nuevo desde las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Incluso, los temas relacionados con la materia no coinciden con la realidad, en la que cada día hay más migrantes en nuestro país, que han sido víctimas de la delincuencia organizada, y que mediante engaños y estafas han sido sobajados en su integridad humana e ignorados por las autoridades.
Recordándole que el fenómeno migratorio se encuentra estrechamente ligado al fenómeno de trata de personas, que este informe no aborda exhaustivamente y que de hecho amerita su mención dentro del catalogo de delitos de manera integral. Es probable que muchos de los casos de trata de personas se encuentren en el rubro de secuestro o de delitos sexuales y en “otros”, como si esos otros no ameritaran un desglose.
Tras una lectura objetiva de la glosa, se puede concluir que los resultados son insatisfactorios ya que hay cuestiones que son urgente resolver y que se han obviado, en un afán de politizar la actuación de esta dependencia, como el caso de la conferencia de prensa que ofreció hace tres días el Subsecretario de Enlace Legislativo sobre la Agenda Legislativa en la que compartió, entre otros temas legislativos, la inquietud de que el dictamen de reforma política incluyera el tema de reelección. Cuando ésta definitivamente no se relaciona en ningún sentido con los informes que se podría dar acerca de lo que realmente es importante, como lo es el cumplimiento de las sentencias que condenan al Estado Mexicano a reparar los daños de las víctimas. De hecho habría de preguntar por qué no se ha creado el fondo para la reparación del daño de las víctimas, pues este es un tema pendiente desde el 2009.
Hoy se reportan aproximadamente 236 operaciones de alto impacto, durante los últimos cuatro años por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual resalta que este logro se ha adjudicado arbitrariamente la Secretaría de Gobernación, en realidad corresponde a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida a costa del desprestigio que se ha generado por una inexistente política en materia de Defensa de Derechos Humanos que sí es atribuible a la Secretaría de Gobernación.
Es inevitable retomar y reiterar el exhorto emitido desde esta Tribuna, el año pasado, a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Rosendo Radilla, Campo Algodonero, la matanza de San Fernando y este año el de Cabrera García y Montiel Flores, conocido como el caso de “los ecologistas”, dejen de ocurrir en nuestro país, y que las victimas y sus familias reciban atención integral en cumplimiento de la sentencia emitida contra el Estado Mexicano por flagrantes violaciones a los derechos humanos, máxime cuando recién se ha aprobado la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
Es cuanto señor presidente.
PARTIDO VERDE
EN 18 ESTADOS, 90% DE LOS CASOS DE TRATA
El Universal/20 de Septiembre 2011
El reporte ubica a Quintana Roo como la entidad con mayor índice de ese delito; detrás se encuentran Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La mayoría de víctimas son mujeres rurales y extranjeras
Los estados con mayor índice de trata de personas son Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están entre las 18 entidades del país que concentran 90% de dicho fenómeno delictivo a nivel nacional, según la Procuraduría General de la República (PGR) en datos citados en el estudio La Trata de Personas en el Sector Turístico. Este informe fue encargado por la Secretaría de Turismo (Sectur) al Observatorio de la Violencia de Género de la Universidad del Caribe (Unicaribe), con sede en Cancún, como parte de una estrategia nacional de atención al tema de trata en los principales centros turísticos de México.
El análisis abarcó Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo. Lo dirigió Celina Izquierdo Sánchez, del Observatorio, y la consultora Redes Turismo, representada por Marisol Vanegas.
Entrevistada por EL UNIVERSAL, Vanegas explica que la explotación sexual dirigida al sector turístico es visible aquí a través de ofertas de paquetes de viajes que incluyen servicios sexuales. Es un negocio clandestino, pero opera en establecimientos aprobados y regulados por la autoridad, como son las casas de masajes, centros que ofrecen servicios de escorts (acompañamiento) de hombres y mujeres de negocios; bares y table dance.
Las víctimas son mexicanas originarias de localidades rurales y urbanas pobres; también mujeres extranjeras, de Latinoamérica o Europa.
“Nacionales y extranjeras son atraídas y retenidas con engaños y promesas de trabajo falsas. Para retenerlas, el sistema involucra (sic) contraer altas deudas de viaje generadas, compromisos ‘morales’ con los familiares y personas que las insertan en la red; retención de documentos y amenazas”.
Es frecuente que las obliguen a ingerir alcohol y drogas como medio para facilitar su sometimiento y, en el caso de los servicios sexuales de menores, se ofrecen vía internet, a través de catálogos, pero también en periódicos locales, disfrazados de anuncios.
Los enganchadores —que son empleados de bares, trabajadores de hoteles, taxistas y “representantes”— se valen de diferentes vías para conectar a sus clientes, ya sea residentes y turistas nacionales o internacionales.
Los tratantes son personas con motivaciones vinculadas al ejercicio del poder, tanto económico, como de sometimiento a menores de edad y personas vulnerables, a quienes consideran una mercancía, refiere.
“Son generalmente pederastas con deseos de poder y sometimiento de personas vulnerables; consumidores habituales y ocasionales que atienden la promoción de la oferta ‘fácil’”, explica.
Roban la historia personal
Celina Izquierdo, del Observatorio de la Violencia, ahonda en los factores que propician el caer en las redes de trata: “Encuentra aliento en la pobreza, en la escasa o nula escolaridad de las víctimas; en la carencia de alternativas laborales y la necesidad de recursos económicos, así como en las condiciones de atraso social y económico”.
También —dice— en la permisividad, participación, indolencia y silencio de la sociedad y de sus autoridades, aunado a un clima de promiscuidad y tolerancia. “A niveles más profundos se encuentra un entorno familiar agresivo y carente, tanto en lo económico como en lo moral, así como las familias disfuncionales y la pérdida del rol protector de la familia”.
La académica afirma que la trata de personas violenta todos los derechos del individuo y por ello se le equipara al de una “moderna esclavitud”.
“Quizá lo más terrible que le sucede a una víctima de trata es que les roban su historia. Las sacan de sus lugares de origen o las coaccionan a salir de ellos, para trabajar en un sitio en donde les roban sus documentos, les cambian el nombre, las transforman en otras personas. Las vuelven adictas a drogas y al alcohol para compensar su falta de afecto. Y ahí, son víctimas de otro tipo de vejaciones, pero al final, les roban su historia y también su futuro”.
Involucrado el crimen organizado
El reporte revela, entre otras cosas, que una de las principales modalidades del delito de trata de personas en Cancún, es la de las redes de mendicidad, que aquí explotan a indígenas provenientes de Chiapas para pedir dinero en las calles de esta ciudad y en las playas de la zona turística.
“Operan en Cancún redes de hasta 200 integrantes entre vendedores de artesanías, de dulces, mendigos, involucrando desde bebés de tres meses de edad, hasta ancianos de más de 75 años”, indica el reporte.
Los tratantes aprovechan la vulnerabilidad, indefensión y carencia de redes de apoyo de los migrantes chiapanecos, quienes llegan aquí en busca de empleo y mejor calidad de vida.
De acuerdo con los investigadores que ubicaron toda una red de trabajo forzado o “trata de migrantes”, las víctimas son sumadas a las filas de la mendicidad. Existen tres grupos: indígenas, discapacitados y ancianos.
En esta actividad de explotación, equiparada con la antigua esclavitud, están involucrados grupos de la delincuencia organizada que utilizan a dichos grupos como “vendedores ambulantes” y narcomenudistas.
“Yo no estoy en venta”
El estudio también sirvió como base de la campaña “Yo no estoy en venta”, lanzada meses atrás por el Centro de Atención Integral de la Mujer Maltratada, que dirige la activista en Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro. La campaña busca evitar que infantes, adolescentes y jóvenes que radican en Cancún, Riviera Maya y Chetumal caigan presas de las redes de trata, dotándoles de herramientas para blindarlos de ser “enganchados”, sobre todo a través de las redes sociales, fenómeno que cobra fuerza y al que se le conoce como growling.
“Otra de las metas es, que si ya cayeron, sepan a quiénes acudir y qué hacer para salir de la problemática”, subraya la también periodista, quien advierte que Quintana Roo ocupa la primer posición entre los estados que concentran 90% del fenómeno de trata de personas, por encima de Yucatán, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Uno de los recursos para advertir a las y los menores sobre el riesgo en el uso inadecuado de las redes sociales es un video cuyo guión fue elaborado por jóvenes, en el que se explica cómo se trafica con mujeres provenientes de Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos o Croacia.
Se les explica cómo se les engancha a través de ofertas de trabajo publicadas en periódicos locales o mediante el Facebook y que los pederastas o consumidores cada vez exigen que sus víctimas sean más jóvenes.
SOLALINDE PIDE DESAPARECER AL INM
El Universal/2 de Agosto 2011
Alejandro Solalinde, uno de los líderes de la marcha, acusó que el gobierno federal minimiza las quejas y no cree el suplicio de los migrantes al transitar por territorio nacional
La Caravana Paso a Paso hacia la Paz —integrada por familiares y migrantes víctimas de las autoridades y la delincuencia organizada— fue recibida ayer por senadores, a quienes pidieron desaparecer el Instituto Nacional de Migración (INM).
Los migrantes, quienes relataron decenas de casos donde han sido víctimas de las autoridades y de la delincuencia, dieron cuenta uno a uno de historias de agravio al cruzar por México.
Alejandro Solalinde, uno de los líderes de la marcha, acusó que el gobierno federal minimiza las quejas y no cree el suplicio de los migrantes al transitar por territorio nacional.
Acudieron comités de familiares de migrantes fallecidos y desaparecidos de El Salvador y Honduras, organizaciones civiles como el Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante Hogar de la Misericordia de Arriaga, Chiapas; Casa del Migrante San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, y dirigentes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Sin Fronteras; del Movimiento Migrante Mesoamericano Familia Latina; Hermanos en el Camino, Alianza de Braceros del Norte, Amnistía Internacional y de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.
Los senadores se comprometieron con los migrantes centroamericanos a gestionar que el gobierno mexicano cancele las visas que les exige para entrar en territorio nacional, a fin de que tengan la posibilidad de transitar con libertad, justicia y seguridad.
En entrevista posterior, el padre Solalinde pidió sensibilidad y que las autoridades les hagan caso. Una de sus demandas fue quitar el Instituto Nacional de Migración (INM).
“Queremos que el gobierno deje de ser un gendarme y subordinado de Estados Unidos”, sentenció y propuso un plan mesoamericano de desarrollo con sus hermanos centroamericanos.
“Que deje de ser agachón y que deje de ser ‘ojete’ con sus hermanos del sur, y que no haya más secuestros y que el gobierno haga lo que tiene que hacer”, aseguró el sacerdote.
Sobre el INM, dijo que esperarán en un año los cambios.
Sistema fallido
Después, en su caminata del Senado —en Xicoténcatl— al Zócalo, Solalinde explicó que el perdón que pidió para los integrantes de Los Zetas no es para disculpar las muertes, “sino por lo que nosotros hemos hecho por ellos”, en virtud de que alguna vez fueron niños que resultaron ser fruto de una sociedad enferma y de instituciones fallidas.
Entrevistado luego de recibir la bendición en la Catedral capitalina, el religioso defensor de los derechos humanos sostuvo que el perdón a Los Zetas fue, entre otras cosas, por lo que el Ejército hizo con ellos.
“Porque casi todos los 14 fundadores (de Los Zetas) son oficiales de elite y el gobierno tiene que cuestionarse, tiene que replantearse cómo está formando a la gente.
“Porque no puede ser que una norma disciplinaria valga más que una voz de la conciencia.
“Y porque también dentro hay corrupción y personas infiltradas a favor del narco y esto no es nuevo, lo hemos sabido siempre.
“El Ejército necesita algo más que le quiten el fuero, necesita una reestructuración en base al valor de la personas y de los derechos humanos”, aseguró.
Solalinde, quien considera positivo el esfuerzo que se ha hecho en la caravana de migrantes centroamericanos Paso a Paso por la Paz, subrayó que también el perdón fue por las escuelas, donde ellos pasaron, porque también la escuela se ha vuelto una olla de grillos, privilegios económicos, un botín electorero y se ha abandonado la educación.
Por la Iglesia católica, porque seguramente casi todos los del citado grupo criminal practican esa religión.
“No hemos ido capaces de formar una conciencia con valores evangélicos, por eso les pedí perdón, por todas las veces que personas de la Iglesia católica, jerarcas y sacerdotes, estuvieron con ellos y no supieron formar la fe cristiana, ni el amor cristiano”.
Alejandro Solalinde informó que en su paso por Veracruz como parte del recorrido, el gobernador de esa entidad,Javier Duarte, le habló por teléfono desde Brasil para decirle que aplicará una estrategia a través de la cual utilizará autobuses para transportar a los migrantes desde que entran a su territorio hasta que salgan de este para garantizar que no sufran algún peligro.
RELATOR DE CIDH VISITÓ AL SENADO
El relator especial de trabajadores migratorios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, realizó una visita este martes al Senado de la República donde manifestó la necesidad de que a través del reglamento que aún esta pendiente se dote de eficacia a la Ley de Migración recientemente aprobada.
Fecha: 7/27/2011
Duración: 2 minutos 17 segundos
Conductor: Carmen Aristegui
Reportó: Oscar Palacios
Fuente: Noticias MVS
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ELIMINAR ARRAIGO FORTALECE LA LEGALIDAD: MANUEL VELASCO
México, D. F., a 25 de julio de 2011
Boletín 164/11
- • Chiapas hace una apuesta valiente a favor de los derechos humanos, aseguró el Senador chiapaneco
El senador Manuel Velasco Coello, señaló que la eliminación de la figura del arraigo en el estado de Chiapas representa una apuesta valiente a favor de los derechos humanos.
Agregó que dicha decisión tomada por unanimidad en el Congreso local y por la mayoría de los ayuntamientos de esta entidad federativa, debe servir de aliciente para motivar el análisis del tema a nivel federal.
“Chiapas es el primer estado del país que elimina el arraigo y ojalá que sirva para que se aprueben reformas similares en otras entidades federativas y a nivel nacional”, expresó el legislador chiapaneco.
Velasco Coello reconoció que desaparecer el arraigo es un asunto polémico, pero al mismo tiempo, precisó que los derechos humanos están por encima de cualquier otra consideración.
“Chiapas decidió usar su soberanía como estado de la República y creo que en Chiapas se decidió adecuadamente en función de la legalidad y en el marco de las libertades que consagra la Constitución”, explicó.
En este sentido, destacó la iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero de poner el tema a discusión y resaltó el voto favorable de todos los partidos políticos tanto en la Legislatura local como los representados en los gobiernos municipales.
Puntualizó que la reforma para desaparecer el arraigo fortaleció la unidad entre las chiapanecas y los chiapanecos por encima de colores partidistas.
PARTIDO VERDE
PROMULGA EJECUTIVO REFORMA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
Promulgó el Ejecutivo Federal, las reformas constitucionales en materia de trata de personas, haciendo que se persiga de oficio este delito. El presidente de la República, acompañado del secretario de Gobernación, precisó que se protegerán la identidad y datos personales de las víctimas de esta práctica.
Fecha: 7/14/2011
Duración: 1 minutos 31 segundos
Conductor: Martín Espinoza
Reportó: Martín Espinoza
Fuente: Reporte 98.5
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LIMITA CORTE FUERO MILITAR
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación restringió ayer el fuero militar para casos en los que elementos castrenses incurran en abusos a los derechos humanos. Se vigilará compatibilidad de leyes y tratados internacionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) estableció una restricción al fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos, que será aplicada por todos los jueces del país.
“Los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”, resolvió el pleno de la SCJN por unanimidad de votos, con salvedades de los ministros Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.
La sentencia aludida es la que emitió en agosto de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la desapariciónforzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero, en 1974, en el contexto de la llamadaguerra sucia, y de la que se responsabilizó al Ejército.
El criterio fijado por el tribunal internacional —que deberán replicar los jueces mexicanos al resolver casos futuros— establece que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.
En una votación previa, la Corte facultó a todos lostribunales para hacer esa interpretación, al aprobar —por siete votos contra tres— que todos los jueces mexicanos deberán verificar que las leyes internas sean compatibles con la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Esa resolución, que modificará la función judicial en el país, establece que los jueces podrán inaplicar, en el caso concreto que estén conociendo, las disposiciones que sean contrarias a la Carta Magna y los tratados internacionales de derechos humanos, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma o de la ley en cuestión.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia también determinaron reasumir su competencia originaria para resolver los casos en los que se presente un conflicto competencial entre tribunales castrenses y federales o del fuero común.
Piden reforma legislativa
Los ministros dejaron en claro que el criterio sobre fuero militar operará hasta en tanto se genere jurisprudenciay el Poder Legislativo apruebe la reforma que excluye del fuero de guerra los delitos de tortura, desaparición forzada y violación.
Con este fallo, el control de constitucionalidad queda reservado al Poder Judicial de la Federación (PJF), que ya lo ejerce de manera concentrada por la Corte, a través del amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, y de manera difusa por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en casos concretos.
El control de la convencionalidad, que implica revisar la compatibilidad de las leyes internas con la Constitución mexicana y los tratados internacionales, se extiende a todos los tribunales del país, incluidos los administrativos, tanto federales como locales.
Las resoluciones adoptadas también establecen que todos los órganos del Estado deberán realizar ese control en el ámbito de sus competencias, aplicando la norma correspondiente con el sentido más favorable a las personas, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Argumentos encontrados
La ministra Olga Sánchez afirmó que tanto la reforma como la sentencia obligan a las autoridades militares a realizar el control de convencionalidad.
“Las Fuerzas Armadas también están obligadas, en los términos del primero, a respetar, proteger promover y garantizar los derechos fundamentales, y obligadas a realizar, en el ámbito de sus competencias, un control de convencionalidad ex officio (en razón de su oficio)”.
En la discusión, los ministros Aguirre, Pardo y Aguilar expresaron su desacuerdo con las propuestas, al considerar que en la sentencia del caso Rosendo Radilla no se establecían obligaciones directas al PJF en los temas de control de convencionalidad y fuero militar, y que en éste último la referencia expresa era el Poder Legislativo.
Fernando Franco reconoció que la obligación primaria en el tema de restringir el fuero militar le corresponde al Legislativo, “lo cual no quiere decir que el Poder Judicial pueda incumplir con la sentencia”.
Luis María Aguilar afirmó: “Toda obligación que no esté dirigida a la legal y justa reparación de la violación de los derechos de don Rosendo Radilla es contraria, por excesiva, a lo dispuesto por el propio Pacto de San José que da origen a la propia Corte Internacional”.
La resolución final no incluyó una propuesta más radical, formulada por Arturo Zaldívar y Sergio Valls, que proponía declarar la inaplicación del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, por ser contrario al Pacto de San José al extender la jurisdicción militar a delitos del orden común o federal.
En opinión de José Ramón Cossío, la sentencia obliga al PJF a reinterpretar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para resolver casos futuros.
El jueves, el pleno definirá las medidas administrativas que corresponden al PJF para el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y los efectos de las resoluciones votadas ayer.
SUMAN MANDOS DE INM QUEJAS ANTE CNDH
Acumulan delegados 225 denuncias; indagan acusación contra agentes
Delegados del Instituto Nacional de Migración que fueron relevados el pasado viernes a otras delegaciones estatales con altos flujos migratorios, arrastran quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, que coordina la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ex titular de la delegación en Chiapas, Jorge Yzar Domínguez, que fue enviado a San Luis Potosí, tiene 176 quejas en lo que va de enero a mayo del 2011. Esto representa el 66 por ciento del total de quejas contra el Gobierno federal en la entidad del sureste mexicano.
El ex delegado de Baja California, Javier Reynoso Nuño, que fue enviado a Nayarit, acumuló en los primeros cinco meses de este año 47 quejas por presunta violación derechos de migrantes, el 25 por ciento del total de quejas contra el gobierno federal. La delegación de Sinaloa acumuló 2 quejas.
La encargada en Nayarit que pasó a Veracruz y la de Colima que fue trasladada a Oaxaca no acumularon quejas en esta primera mitad de año.
Las quejas son presuntas violaciones a los derechos humanos que en todo caso la Comisión determinará al concluir la investigación de cada caso.
"Lo importante es que nos informen de estos relevos, a qué obedecen y en todo caso si incurrieron en irregularidades, cómo se está procediendo", dijo Fernando Batista, quinto visitador general de la CNDH responsable del tema migratorio.
En entrevista, señaló que el organismo integra un expediente de queja a raíz del presunto secuestro de migrantes por agentes del organismo ocurrido en abril pasado en Tamaulipas.
El expediente revisa la información publicada por el Consejo de la Judicatura Federal según el cual agentes migratorios habrían entregado al crimen organizado a indocumentados.
"Pedimos a la PGR que nos dejen consultar la averiguación previa", dijo Batista. También se solicitó información sobre el estado procesal de los funcionarios.
En ese mismo expediente de queja se revisan las investigaciones que la Secretaría de la Función Pública ha hecho a personal INM.
Batista detalló que se solicitó información a la Secretaría de Gobernación respecto a los relevos de los delegados de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí.
En tanto que se extendió la petición para conocer lo relacionado a los exámenes de control de confianza que dice el INM aplicar a los funcionarios.
La información que integra esta queja de oficio se pidió al INM, PGR, CJF y SFP. A la fecha, no ha sido entregada completamente. La PGR no ha permitido el acceso.
Por abusos
Estados que concentran la mayoría de las 812 quejas contra el INM que se han presentado en el año:
| DF | 244 |
| Chiapas | 176 |
| Veracruz | 79 |
| Tabasco | 57 |
| Oaxaca | 49 |
| BC | 47 |
COMPARECE TITULAR DE INM ANTE CÁMARA DE DIPUTADOS
El titular el Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río reconoció que tienen problemas al interior del instituto, por posible complicidad de funcionarios en la comisión de delitos o irregularidades. Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos...
Fecha: 7/1/2011 Duración: 1 minutos 6 segundos Conductor: Carlos Puig Reportó:Ignacio Lozano Fuente: Hoy Por Hoy PARA ESCUCHAR LA NOTA COMPLETA, HAZ CLIC AQUÍ
PREPARAN PREDICTAMEN PARA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
El presidente de la Comisión de Gobernación informó que la noche de este martes la secretaria técnica de esta comisión, entregó a los diputados que formarán parte de la Subcomisión redactora, el proyecto de pre-dictamen de la minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Fecha: 7/8/2011
Duración: 3 minutos 8 segundos
Conductor: Ricardo Rocha
Reportó: Maru Rojas
Fuente: Detrás de la Noticias
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