Iniciaré mi intervención señalando que el pasado 24 de septiembre del 2010, planteé una serie de temas que asumí sería innecesario reiterar este año; no obstante, los resultados plasmados en la glosa del Quinto Informe de Gobierno, ameritan que no sean ignorados y que se vuelvan a poner sobre esta mesa, ya que el balance es negativo.

“INEXISTENTE POLÍTICA EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA SEGOB”: LORENA CORONA VALDÉS, DURANTE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA.

 

México, D. F., a 13 de octubre de 2011

 

Gracias diputado presidente.

Licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación,

Compañeros diputados:

Iniciaré mi intervención señalando que el pasado 24 de septiembre del 2010, planteé una serie de temas que asumí sería innecesario reiterar este año; no obstante, los resultados plasmados en la glosa del Quinto Informe de Gobierno, ameritan que no sean ignorados y que se vuelvan a poner sobre esta mesa, ya que el balance es negativo.

En aquella ocasión mencioné distintos factores que amenazaban la estabilidad social de nuestro país. Hoy, reitero con desconcierto que nuevamente durante el 2011, las cifras de inestabilidad social continúan siendo alarmantes y totalmente inaceptables.

Esta Legislatura está a un año de concluir sus labores y durante este lapso los avances obtenidos no están al nivel de lo que en realidad podría realizarse si existiera una mejor conducción de la política interior. Incluso, bajo una óptica más detallada, todo apunta a que los daños son proporcionales a las acciones que se han omitido.

Los índices de inseguridad y la violencia tan brutal que padece nuestro país se han incrementado alarmantemente. Estos hechos que suceden diariamente, hacen que los mexicanos pierdan la dimensión de lo que realmente sucede a nuestro alrededor, y propicia que nuestra sociedad los perciba como simples actos violentos que hoy se toman como cotidianos en nuestro país.

Permitir que esto suceda, evidencia cómo la dependencia a su cargo ha fallado en contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, a promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática. Atribución que se encuentra prevista por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que es su obligación cumplir.

La Estrategia Nacional de Seguridad propicia más problemas que soluciones. En ciertas zonas del país los operativos y el despliegue de las fuerzas federales lejos de restablecer la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos, ha generado que las personas se sientan más inseguras, pues en ocasiones los que tendrían que combatir este fenómeno, son los más involucrados en la delincuencia organizada.

Está de más reiterar los casos que han tenido que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ilustrar este fenómeno, mismos que ya han sido explicados por el diputado Ibarra.

A principios de agosto del año pasado, el CISEN reconoció que en lo que va del sexenio hubo más de 900 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos. Es lamentable que durante este año esta cifra no se haya actualizado, y sería más lamentable que se desconociera  la cifra real de cuántas personas más se han sumado a esta estadística.

Se insiste en que no puede ser posible que el Gobierno Federal continúa actuando de manera conveniente y evasiva, a través de una práctica instrumentada y manejada como una campaña mediática en la que se pretende enaltecer las funciones, que de hecho está obligado a realizar por mandato legal.

En consecuencia, cabe destacar, como hace un año, que el Gobierno Federal continúa dando un mal enfoque de la cobertura mediática en relación a las “capturas” de presuntos operadores de la delincuencia organizada, sin reparar en las consecuencias negativa que pueden derivarse de la falta de confidencialidad de los temas que han develado, y que juegan en contra de la propia estrategia para seguir en esas labores de inteligencia que se debe tener para continuar con la lucha en contra del narcotráfico.

En cuanto a la materia de Derechos Humanos, aún no conocemos o no se percibe con claridad, la estrategia que se sigue contra la violación de derechos humanos perpetrados contra grupos especialmente vulnerables.

Se habla acerca del avance en materia migratoria únicamente en lo relacionado a la expedición de Ley de Migración que por cierto es un producto de un trabajo legislativo de este Congreso; por lo tanto no se muestra ningún avance nuevo desde las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Incluso, los temas relacionados con la materia no coinciden con la realidad, en la que cada día hay más migrantes en nuestro país, que han sido víctimas de la delincuencia organizada, y que mediante engaños y estafas han sido sobajados en su integridad humana e ignorados por las autoridades.

Recordándole que el fenómeno migratorio se encuentra estrechamente ligado al fenómeno de trata de personas, que este informe no aborda exhaustivamente y que de hecho amerita su mención dentro del catalogo de delitos de manera integral. Es probable que muchos de los casos de trata de personas se encuentren en el rubro de secuestro o de delitos sexuales y en “otros”, como si esos otros no ameritaran un desglose.

Tras una lectura objetiva de la glosa, se puede concluir que los resultados son insatisfactorios ya que hay cuestiones que son urgente resolver y que se han obviado, en un afán de politizar la actuación de esta dependencia, como el caso de la conferencia de prensa que ofreció hace tres días el Subsecretario de Enlace Legislativo sobre la Agenda Legislativa  en la que compartió, entre otros temas legislativos, la inquietud de que el dictamen de reforma política incluyera el tema de reelección. Cuando ésta definitivamente no se relaciona en ningún sentido con los informes que se podría dar acerca de lo que realmente es importante, como lo es el cumplimiento de las sentencias que condenan al Estado Mexicano a reparar los daños de las víctimas. De hecho habría de preguntar por qué no se ha creado el fondo para la reparación del daño de las víctimas, pues este es un tema pendiente desde el 2009.

Hoy se reportan aproximadamente 236 operaciones de alto impacto, durante los últimos cuatro años por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual resalta que este logro se ha adjudicado arbitrariamente la Secretaría de Gobernación, en realidad corresponde a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida a costa del desprestigio que se ha generado por una inexistente política en materia de Defensa de Derechos Humanos que sí es atribuible a la Secretaría de Gobernación.

Es inevitable retomar y reiterar el exhorto emitido desde esta Tribuna, el año pasado, a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia en nuestro país, para que casos como el de Rosendo Radilla, Campo Algodonero, la matanza de San Fernando y este año el de Cabrera García y Montiel Flores, conocido como el caso de “los ecologistas”, dejen de ocurrir en nuestro país, y que las victimas y sus familias reciban atención integral en cumplimiento de la sentencia emitida contra el Estado Mexicano por flagrantes violaciones a los derechos humanos, máxime cuando recién se ha aprobado la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.

Es cuanto señor presidente.

 

PARTIDO VERDE