Milenio/13 de Septiembre 2011
Cada año las entidades federativas gastan en bienes y servicios 60 mil mdp, por lo que urge modernizar normas para evitar que lleguen a los consumidores hasta con 30% de sobreprecio: Imco.
Elevados niveles de corrupción, leyes rezagadas y actos de colusión son los principales lastres en las compras públicas que realizan los gobiernos estatales, elementos que también provocan que algunos bienes y servicios sean más caros para los consumidores mexicanos, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En el estudio Las mejores y las peores leyes en la promoción de competencia en las compras gubernamentales, la coordinadora del proyecto del Imco, Jana Palacios, criticó los altos niveles de corrupción que hay en torno a estas transacciones, motivados principalmente por las grandes cantidades de dinero involucradas en el proceso.
Cifras de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que los actos de colusión (pacto entre dos agentes para afectar a un tercero) entre proveedores en los procesos de compras públicas, provocan que el valor de los bienes y servicios se encarezcan entre 20 y 30 por ciento.
Sin embargo, Jana Palacios destacó casos más graves en algunos otros estados, donde pueden llegar a encarecer aún más los productos, pues ejemplificó que mientras en una entidad de la República, se compra una pastilla a un peso, en otra se adquiere el mismo fármaco en dos pesos.
La experta del Imco precisó que las entidades federativas destinan más de 60 mil millones de pesos cada año a la compra de bienes y servicios, pero esa cifra pudiera reducirse si se mejoran los esquemas de regulación locales.
Aseguró que luego de evaluar distintas leyes de adquisiciones en diferentes localidades del país, se detectaron rezagos importantes y variaciones relevantes entre un estado y otro.
Palacios calcula que la mejora en las legislaciones de cada localidad permitirán establecer un ahorro de entre 6 mil y hasta 12 mil millones de pesos en los procesos de adquisición estatales, es decir, 10 o 20 por ciento de lo que actualmente se destina para esas transacciones.
El estudio del Imco destacó que Sinaloa, Baja California, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca fueron las entidades con las mejores legislaciones para efectuar las compras gubernamentales.
En contraste, las peor calificadas fueron Campeche (37.8), Zacatecas (34.1), Jalisco (32.9), Yucatán (30.5) y Guerrero (23.2).
En un mensaje, el secretario ejecutivo de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo que el estudio es una aportación importante para medir hasta qué grado las leyes de compras públicas en México están bien diseñadas para promover la competencia en la adquisición de bienes y servicios para el Estado.
“Es un instrumento crucial para evaluar qué tan bien se gastan los impuestos, y por lo mismo para combatir la corrupción”, dijo.
El ex secretario de Hacienda mexicano dijo que las compras públicas son un instrumento central de la política pública, pues proveen de insumos a los gobiernos para que éstos ofrezcan servicios de calidad y ayudan a lograr objetivos esenciales en la sociedad, además de fortalecer la seguridad social, el mejoramiento del medio ambiente y la promoción de la innovación.
“Por ello es importante que los procesos de obras públicas y arrendamiento de bienes y servicios por parte de los gobiernos, no se vean contaminados por el desperdicio, el fraude o la corrupción”, detalló.
Gurría refrendó su apoyo al gobierno mexicano para continuar apuntalando los proyectos así como las reformas necesarias, a fin de lograr una administración pública más eficiente, responsable y confiable.
