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Milenio/15 de Noviembre 2011
Débil exportación a EU
Un mayor debilitamiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, así como un menor dinamismo en la economía europea, llevarán a México a un crecimiento de sólo 3 por ciento al cierre de 2012, de acuerdo con estimaciones de Banamex y Bank of America Merrill Lynch.
Banamex modificó su pronóstico de crecimiento para el producto interno bruto del país de 3.5 a 3 por ciento, ya que espera que para el próximo año la desaceleración se profundice, ante un menor dinamismo de las exportaciones manufactureras dirigidas a Estados Unidos.
“Como hemos revisado a la baja el crecimiento de EUA y de su industria manufacturera, también lo hicimos para el PIB de nuestro país: ahora estimamos que el PIB crecerá en promedio anual este año y el siguiente 3.5 y 3 por ciento, respectivamente, contra 4.1 y 3.5 por ciento, de nuestra estimación anterior”, destacó la institución.
Por su parte, Bank of America Merrill Lynch indicó que dadas las proyecciones de crecimiento para Europa en 2012, las cuales se redujeron de 0.8 a -0.6 por ciento, el comercio y la inversión en América Latina y tendrán repercusiones negativas.
En este sentido, Bank of America Merrill Lynch recortó su proyección de crecimiento 2012 para América Latina de 3.7 a 3.3 por ciento. Para México, el cambio fue de 3.4 a 3 por ciento al cierre del próximo año.
Banamex expone, en su Examen de la Situación Económica de México, que la importante desaceleración de Estados Unidos ha tenido un fuerte impacto en el país: mientras que en el primer semestre las exportaciones de manufacturas de México (80 por ciento de las cuales se dirigen a EU) avanzaron 17 por ciento, en julio y agosto ya sólo lo hicieron en alrededor de 10 por ciento.
La entidad financiera destacó que para 2012, seguirán creciendo mucho más los países en desarrollo.
DE PUEBLA, CHIHUAHUA, TAMAULIPAS E HIDALGO, LAS CARRETERAS MÁS PELIGROSAS
PVEMExcélsior/15 de Noviembre 2011
Destacan por el robo con violencia a camiones de carga, autobuses, vehículos particulares y otros delitos que se cometen en su red
El robo en carreteras es una constante en Hidalgo, ya que se coloca en el cuarto lugar en robo con violencia a camiones de carga, autobuses, vehículos particulares y otros delitos que se cometen en su red.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentados el mes pasado en el Senado de la República, de enero a agosto de este año, el robo en carretera a camiones de carga lo encabeza Puebla con 166, seguido de Chihuahua con 81, Tamaulipas 31, Hidalgo 27, San Luis Potosí 21, Guerrero 16 y Tlaxcala 14.
Respecto al robo con violencia en autobuses de pasajeros, Hidalgo se ubica en tercer lugar con 45 en los primeros siete meses del año, sólo por debajo de Michoacán que reportó 59 y Tamaulipas con 58
En el apartado de asalto con violencia a vehículos particulares, Hidalgo se vuelve a colocar en el cuarto lugar, con 20 casos denunciados; Veracruz encabeza la lista con 43, Chihuahua 29 y Puebla 25.
Los datos del SESNSP revelan que Zacatecas registró 20 robos con violencia a automovilistas particulares, Durango 17, Chiapas 13 y San Luis Potosí 12.
Sobre otros delitos cometidos con violencia en carreteras, Hidalgo reportó 95, sólo por debajo de Guerrero que tuvo 216. Le siguen San Luis Potosí 95, Chiapas 72, Jalisco 51, Puebla 49, Oaxaca 44 y Coahuila 35.
En el documento elaborado a solicitud de la delegación del Europarlamento para las relaciones con México se destaca el poder corruptor del narco
El Universal/14 de Noviembre 2011
De acuerdo con el ultimo corte a las 9:21 horas, Fausto Vallejo (PRI) contabiliza 35.38% de las preferencias electorales, mientras que Luisa María Calderón (PAN) registra 32.67% y Silvano Aureoles (PRD) 28.9%
Con 98.8% de las casillas computadas, el priísta Fausto Vallejo aventaja a la panista Luisa María Calderón Hinojosa en la contienda para gobernador de Michoacán.
De acuerdo con el ultimo corte del PREP a las 9:21 horas, Fausto Vallejo contabiliza 35.38% de las preferencias electorales mientras que la hermana del presidente Felipe Calderón, registra 32.67%.
El llamado candidato de las izquierdas, PRD, PT y Convergencia, Silvano Aureoles se fue hasta el tercer lugar con 28.9%.
De esta manera, Fausto Vallejo mantiene una ventaja de 2.71% de las preferencias de acuerdo con los resultados de conteo preliminares que funcionarán hasta el medio día de este lunes.
Esta diferencia, de acuerdo al manejo de las estadísticas, aún sería un empate técnico entre el candidato del PRI- PVEM y la aspirante a la gubernatura del PAN- PANAL.
Sin embargo será el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) el que califique al final, junto con el Tribunal electoral local, esta cerrada elección.
Hasta este corte informativo destaca un dato importante en la elección de ayer en Michoacán ya que a esta hora se registra 54.24% de participación ciudadana, que rebasa el 49.8% de la última lección.
En la lección para elegir al Congreso local, la última tendencia del PREP pone al PRI con 11 diputaciones, por 5 del PAN y 8 del PRD.
Un reporte de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) advirtió ayer que la Iniciativa Mérida en lugar de frenar la violencia, “la ha generalizado”
Sólo un día después de que la organización de Human Rights Watch (HRW) considerara que ha fracaso la estrategia del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) decidió ayer también dar un paso al frente para advertir que el esquema de cooperación de la Iniciativa Mérida tampoco ha traído “mejoras significativas en material de seguridad pública” y que “en lugar de frenar la violencia, la captura o la muerte de docenas de capos del crimen organizado, la ha generalizado”.
“Los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las 12 existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado, y entre ellos, en una guerra de todos contra todos”, aseguró esta organización en un reporte titulado Un relato aleccionador, una síntesis de los errores y fracasos y un llamado para que el gobierno de México no caiga en la tentación de seguir el ejemplo de Colombia, una posibilidad que cada día se abre paso en el Congreso de Estados Unidos para “replicar el éxito” de la lucha contra los carteles en ese país.
Apenas el pasado 4 de octubre, el subsecretario de Estado para narcóticos y procuración de justicia internacional, William R. Brownfield, se pronunció durante una audiencia en el Congreso por una más estrecha colaboración de México y Colombia para presentar un frente común ante los carteles en todo el continente.
“Una más estrecha colaboración entre México y Colombia”, consideró Brownfield, sería ideal para sortear la “carga histórica que hay entre México y Estados Unidos”. Además, señaló, “sería una forma de recuperar nuestra inversión en Colombia en los últimos 12 años”, dijo en referencia a los casi 9 mil millones de dólares invertidos en la lucha antinarcóticos de ese país.
En su informe presentado ayer, los analistas de WOLA advierten que “el éxito” de la lucha contra los cárteles en Colombia “solo ha sido parcial y frágil” y, además, con “un inaceptable costo en el terreno de los derechos humanos”, donde se tiene registro de 3 mil ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas.
“Esta cuota de muertos podría multiplicarse aún más en un contexto mexicano porque, a diferencia de Colombia, donde la lucha se dió en zonas selváticas o fuera de la ciudad, la lucha en México se está librando en ciudades y pueblos”, aseguró a EL UNIVERSAL Adam Issacson, uno de los responsables del estudio.
“Por eso México tendrá que cuidarse mucho de lo que pide a Estados Unidos (en la nueva fase de la Iniciativa Mérida) porque, si hace caso a quienes insisten en poner un mayor énfasis en militarizar la ayuda, será muy peligroso. Desafortunadamente, la apuesta militar es más atractiva políticamente para algunos en el Congreso ya que, al parecer, se pueden obtener resultados más rápidamente, pero el caso de Colombia demuestra que no es así”, añadió Issacson al rechazar que el caso Colombia sea un “modelo a seguir” teniendo en cuenta, además, los efectos de esa lucha en el mercado de la droga:
“La eliminación de los cárteles demostró ser una victoria vacía para Colombia, como puede ocurrir en México. La desaparición de los cárteles de Medellín y Cali a mediados de los 90 apenas afectó al suministro, los precios o el nivel de pureza” de la droga que sigue llegando a EU, se establece.
En el informe se señala además que, desde el año 2006, el presidente de México, Felipe Calderón, inició su mandato “con una virtual declaración de guerra” que fue aplaudida desde la administración de George W. Bush y que marcaría el nacimiento del esquema de cooperación bautizado como Iniciativa Mérida con una inversión inicial de mil 400 millones de dólares para un periodo de tres años.
“Desde que Calderón lanzó la ofensiva contra los cárteles en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México. El crimen organizado ha diversificados sus actividades lucrativas ilegales. La extorsión de pequeñas y grandes empresas ha aumentado dramáticamente, y esto ha llevado a muchas de ellas a cerrar sus puertas o, en ciudades como Ciudad Juárez, a huir”.
“Los secuestros extorsivos se han disparado. Los cárteles han tomado elcontrol del tráfico de personas en numerosas zonas fronterizas y rutas de tránsito de migrantes, secuestrando, extorsionando y asesinando a decenas de miles de migrantes, muchos de ellos provenientes de América Central”, se asegura en un reporte en el que se destaca el papel que han jugado movimientos como el que encabeza el poeta, Javier Sicilia, para exigir al gobierno de México un cambio de estrategia.
Finalmente, el reporte critica a Estados Unidos por “menoscabar” su propia estrategia de ayuda a países como México y Colombia cuando no hace lo suficiente para reducer el consumo, para eliminar de una vez por todas el tráfico de armas que van a parar a los carteles de la droga y al no tomar medidas más agresivas contra el lavado de dinero.
Aseguran que gasto no se orienta a la mejora de alumnos. Afirman especialistas que gran parte de los recursos se destina a salarios
El gasto educativo en México es ineficiente, en su mayoría se destina para el pago de salarios y la burocracia, y no se orienta hacia la mejora de los resultados educativos de los alumnos, concluye México Evalúa, Centro de análisis de las políticas públicas.
"No hay claridad en las atribuciones que corresponden a los diversos niveles de gobierno en materia de educación, el sistema educativo no se orienta a la obtención de resultados y se carece de información para valorar la eficiencia con la que se realiza el proceso educativo", concluye la investigación "10 Puntos para entender el gasto educativo en México. Consideraciones sobre su eficiencia".
El documento elaborado por las especialistas Lucrecia Santibáñez, Mariana Campos y Brenda Jarillo, para México Evalúa, que dirige Edna Jaime Treviño, señala que un alumno que estudia desde primaria hasta educación superior le cuesta al País 19 mil 200 dólares.
"Esto es menos que lo que se gasta en Estados Unidos en un sólo año de educación universitaria por alumno", advierte.
La mayor parte del gasto, expresa el documento, se destina a pagar salarios de maestros, directores y la burocracia, el 83 por ciento, y sólo el 0.4 por ciento es para invertir en las escuelas, la innovación tecnológica o la mejora de la infraestructura.
"La amplia proporción del financiamiento educativo destinado a gasto corriente, especialmente a sueldos de maestros y directores de escuela, por sí mismo no es un problema, se convierte en un obstáculo en tanto que el Gobierno tiene pocos instrumentos de rendición de cuentas para exigir un cierto desempeño de maestros y directores", señala.
Los mecanismos para detectar, sancionar o despedir a un maestro por incompetente prácticamente no existen, indica, debido sobre todo a los pobres mecanismos de evaluación docente que existen.
Los aumentos en el gasto público, explica, los absorben los incrementos salariales, sin que estén atados a ningún mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados que pueda comprobar la eficiencia de dichos recursos.
Lo anterior, indica, tiene como resultado que no se invierta en nuevas tecnologías o en paliar necesidades básicas de las escuelas, pues hay planteles que no tienen electricidad y más del 75 por ciento, no tienen internet.
Argumenta que desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre la SEP y el SNTE, se estableció que la Federación entregaría la administración de recursos, escuelas y maestros, a las autoridades educativas estatales.
"Sin embargo, el acuerdo no propuso un nuevo arreglo de atribuciones a las entidades federativas y tampoco una clara asignación de funciones entre órdenes de gobierno y uso de los recursos públicos.
"A los gobiernos locales les corresponden funciones meramente operativas, casi siempre condicionadas y sujetas a la supervisión del Gobierno federal", señala.
Lo anterior, destaca, implica que no existan responsabilidades claras de los estados y los municipios y que tampoco se establezcan criterios, indicadores o normas que regulen el ejercicio eficiente de los recursos.
Además, expresa, existen deficiencias en la coordinación entre los órdenes de gobierno, lo que se traduce en una política educativa que se caracteriza por acciones aisladas y proyectos fragmentados.
Concluye que el sistema educativo no cuenta con información desagregada a través de la cual se pueda identificar qué proporción del gasto se destina a las funciones administrativas y la operación de las escuelas, a fin de establecer los costos en el mediano y corto plazo para la toma de decisiones y la planeación educativa.
El Universal/10 de Noviembre 2011
La organización Human Rights Watch concluyó que la estrategia de seguridad que emprende el presidente Calderón para combatir el crimen organizado fracasó, ya que no logró reducir la violencia y además generó un “incremento drástico” de las violaciones graves de derechos humanos
La política de seguridad del presidente Felipe Calderón ha fracasado, pues no ha logrado reducir la violencia y además ha generado un incremento drástico de violaciones a los derechos humanos, las cuales difícilmente se investigarán adecuadamente.
Así lo establece el informe más reciente de Human Rights Watch (HRW), titulado Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, que José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional entregó ayer al mandatario.
En el reporte, HRW da a conocer sus hallazgos después de dos años de investigación en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, —estados de los más impactados por la violencia que vive el país—, en los que documentó 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales que están impunes, cuyas víctimas en su mayoría no estaban ligadas al crimen organizado.
Los resultados se lograron a partir de más de 200 entrevistas a funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos, entre otros actores; se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos por medio de solicitudes de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones a derechos humanos, entre otras pruebas.
De acuerdo con HRW, miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas. “Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”.
HRW reconoce que Calderón “heredó un país donde los cárteles consolidaban progresivamente su presencia y las fuerzas de seguridad —militares y civiles— tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante función”.
Critica, sin embargo, que “en lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una ‘guerra’ contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país”.
A casi cinco años de la declaración de “guerra” de Calderón, destaca HRW, “México ha sufrido un incremento dramático de la violencia”, tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más de 260% entre los años 2007 y 2010.
La cifra oficial pública es de 35 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada, con aumentos drásticos cada año: pasó de 2 mil 826 en 2007 a 15 mil 273, en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11 mil muertes vinculadas con el narcotráfico, indica.
Cuestiona que mientras más de 50 mil soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México, asumiendo tareas de seguridad, con apoyo de la Policía Federal y más de 2 mil 200 corporaciones estatales y municipales, “la cooperación entre estas fuerzas de seguridad es a menudo limitada o superficial”.
El hecho es que las actividades ilícitas del crimen organizado “han afectado prácticamente todas las esferas de la vida pública” e incluyen las más variadas modalidades, como extorsión de pequeñas empresas, bloqueos de las principales autopistas, cierre de escuelas, toques de queda nocturnos, secuestros en masa y asesinatos de funcionarios.
Destaca que HRW “obtuvo pruebas creíbles” de tortura en más de 170 casos en los cinco estados investigados. Las tácticas documentadas —que en general incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte— “son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad”, asegura.
Muchos arrestos; pocas sentencias
En conferencia de prensa, José Miguel Vivanco dijo que a pesar de que durante esta administración suman más de 45 mil muertes presuntamente vinculadas al crimen organizado, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha iniciado 997 averiguaciones previas por este tipo de homicidios, ha consignado a 343 personas y obtenido únicamente 22 condenas contra los presuntos responsables.
Agregó que en el fuero militar de 3 mil 671 investigaciones iniciadas por violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano sólo se han obtenido 29 sentencias.
Sobre la reunión con Calderón, el directivo dijo que fue “sorprendentemente constructiva”, aunque en un principio tensa, ya que este tipo de entrevistas “no son fáciles, no son de halagos”.
Dijo que encontró a un Presidente distinto al que en agosto de 2009 retó a que le mostraran un sólo caso de violaciones a derechos humanos, y que hoy reconoce que existe el problema, aunque no es una política del Estado mexicano recurrir a estas prácticas.
Excélsior/10 de Noviembre 2011
Sinaloa, el de más lazos; informes de inteligencia advierten que los colaboradores de los mexicanos toman fuerza y violencia
Al menos 33 bandas de pandilleros y narcotraficantes estadunidenses ya tienen lazos directos con los cárteles mexicanos, se están haciendo más poderosas, más violentas, se siguen expandiendo en todo el territorio de ese país e, incluso, han incursionado en territorio mexicano, revelan dos informes de este año con datos oficiales filtrados al sitio Cryptome (antecesor de Wikileaks).
Sin embargo, de acuerdo con el documento National Gang Threat Assesment (Evaluación Nacional de la Amenaza de las Pandillas) 2011,del Centro Nacional de Inteligencia sobre Pandillas, en todo Estados Unidos hay más de 33 mil grupos delictivos —que integran a un millón 415 mil pandilleros— que en mayor o menor medida son susceptibles de acercarse más a los cárteles mexicanos.
El texto revela también, sin detallar, que el cártel de Sinaloa es el que más lazos de colaboración tiene en ese país donde ya opera con tres ramas o sucursales: “Valencia Cartel, Sonora Cartel y Colima Cartel”, para distribuir cocaína, heroína, mariguana, éxtasis y metanfetaminas, y está “alineado” con otros 14 grupos.
“Algunas bandas estadunidenses de la región fronteriza suroccidental también operan en México, facilitando el tráfico de drogas ilegales a lo largo de la frontera.
“Al menos unas 15 bandas estadunidenses, según se informa, colaboraron con organizaciones mexicanas en 2010”, revela otro reporte, el National Drug Threat Assessment (Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas) 2011.
Ese segundo informe, elaborado por el Departamento de Justicia y el National Drug Intelligence Center, documenta lazos de negocios, de asociación o de franquicia entre las organizaciones criminales de ambos países para distribuir, almacenar, proteger y transportar la mercancía ilegal.
Y de ese modo satisfacer la demanda creciente de drogas ilegales en el país vecino que en 2009 tuvo como víctima principal a 21.8 millones de adolescentes y jóvenes a partir de los 12 años de edad.
El primer informe, sobre pandillas, expone que, además de sus tres sucursales, el cártel de Sinaloa opera con otras 14 organizaciones estadunidenses, entre las que destacan los Sureños, los únicos con presencia nacional que ya se están expandiendo a muchas jurisdicciones.
Son lazos que incluyen a bandas con medio siglo de existencia como la supremacista Aryan Brotherhood y los Hells Angels famosos por sus motocicletas o la Mara Salvatrucha MS-13, una de las más peligrosas del mundo.
“Los miembros de las bandas de nacionalidad estadunidense son valiosos para los cárteles mexicanos pues, por lo general, cruzan la frontera de Estados Unidos con México con menor escrutinio de la policía y menos posibilidades de que les confisquen la droga”, dice el informe de pandillas.
Diversifican el delito
Y advierte que las bandas estadunidenses ya se están involucrando en el transporte de indocumentados, en el tráfico humano, en falsificación de documentos, robo de identidad, fraudes hipotecarios, prostitución, lavadode dinero y se están expandiendo a todo el país, incluidos los suburbios y las zonas rurales.
Asimismo alerta que los indocumentados de países distintos a México se están volviendo más atractivos para el crimen organizado estadunidense y mexicano, porque pagan tarifas mucho más elevadas que el típico indocumentado mexicano que paga de mil 200 a dos mil 500 dólares por entrar a Estados Unidos.
“Se estima que los criminales ganan miles de millones de dólares al año pasando indocumentados de México a Estados Unidos”, dice.
El segundo con más socios
Los Zetas están alineados con siete bandas. Son el segundo cártel con mayor presencia en ese país, seguido por el cártel del Golfo, con seis alianzas, los cárteles de Juárez y La Familia Michoacana, con cinco cada uno; el cártel de Tijuana, con cuatro.
Los Beltrán Leyva están alineados en Estados Unidos con un solo grupo:Los Zetas.
Los Cárteles y sus colaboradores
Los despachos en Estados Unidos sobre inteligencia y seguridad identifican a siete grandes cárteles mexicanos que operan en el país vecino con la ayuda de diversas pandillas norteamericanas.
Cártel de Sinaloa
Hermanos Pistoleros Latinos, New Mexico Syndicate, Los Carnales, Latin Kings, Mexican Mafia, Suerños, MS-13, Arizona Mexican Mafia, Wet Back Power, Sinaloa Cowboys, Wets Texas Tangos, Los Negros, Valencia Cartel, Sonora Cartel, Colima Cartel, Border Brothers Arizona y Border Brothers California.
Los Zetas
Con los colaboradores estadunidenses del cártel de Juárez y del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, con Barrio Azteca, Hermanos de Pistoleros Latinos, Mexikanemi, Texas Syndicate y MS-13 .
Cártel del Golfo
Con los colaboradores del cártel de Sinaloa, de La Familia Michoacana, también está con los Hermanos de Pistoleros Latinos, Partido Revolucionario Mexicano, Raza Unida y Texas Chicano Brotherhood.
CÁrtel de Juárez
Con los colaboradores estadunidenses de Los Zetas, Hermanos de Pistoleros Latinos, Barrio Azteca, New Mexico Syndicate y Los Carnales.
La Familia Michoacana
Con los colaboradores estadunidenses del cártel de Sinaloa y del cártel del Golfo, Sureños, MS-13 y West Texas Tangos.
Cártel de Tijuana
Mexican Mafia de California, Sureños, Arizona Mexican Mafia y Border Brothers de California.
Cártel de los Beltrán Leyva
Con los colaboradores de Los Zetas.
LAs 33 bandas de relación directa con los cárteles
Arizona New Mexican Mafia, Aryan Brotherhood, Avenues, Bandidos, Barrio Azteca, Barrioo Wetside, Black Guerrilla Family, Bloods, California Mexican Mafia, Crips, Hardtimes 13, Happytown Pomona, Hells Angels, Hermanos Pistoleros Latinos, La Nuestra Familia, Latin Kings, Lennox 13, Mara Salvatrucha, Mexican Mafia, Mongols, Norteños, Satan´s Disciples, Sureños, Tango Blast, Texas Mexican Mafia, Texas Syndicate, Tri-City Bombers, Vagos, Vatos Locos, Westside Nogalitas, Wetback Power, Wonder Boys y 18 Street Gang.
Excélsior/17 de Noviembre 2011
Año con año, las cifras van al alza, especialmente en el rubro de servicios personales, que contempla sueldos
A lo largo de este sexenio, el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación (PJF) ha aumentado 82 por ciento. En 2006, el poder encargado de impartir justicia contó con un monto de 23 mil 389 millones.
Seis años después, gozará de más de 42 mil 800 millones de pesos, según aprobó ayer el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Este incremento se registró a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal sufrió un recorte para el año que viene y de que se reasignaron 150 millones al Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Año con año, las cifras van al alza, especialmente en el rubro de servicios personales, que contempla los salarios de los servidores públicos del PJF.
En 2011, el monto total del gasto en este sector fue de 38 mil millones de pesos, de los cuales 32.8 mil millones quedaron destinados a los sueldos y prestaciones.
Un año antes, el órgano que preside el ministro Juan Silva Meza recibió 34.5 mil millones, la única ocasión que hubo un recorte en lo que va a de la administración del presidente Felipe Calderón.
Sin embargo, el mayor aumento para el sector clasificado con el Ramo 03 se registró entre los años 2008 y 2009, cuando el gasto pasó de 29.9 mil millones a 38 mil millones de pesos.
Desde 2006 hasta ahora, por la duración de sus cargos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura han sido administrados por los ministros Mariano Azuela Güitrón, seguido de Guillermo Ortiz Mayagoitia y el actual Silva Meza.
Este incremento se da a pesar de que tras su llegada a la presidencia, el vigente titular del PJF anunció que consolidaría un organismo más austero y transparente.
El economista Gabriel Pérez del Peral, director de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana, explicó que el diseño del presupuesto en el Poder Judicial debe estar basado en resultados.
“No existen indicadores en el interior del Poder Judicial que sirvan para monitorear el ejercicio de los recursos y asegurarse de que se estén cumpliendo los objetivos de los programas de impartición de justicia”, dijo en entrevista.
Para revertir la inercia del gasto corriente en esta entidad es necesario crear un sistema de evaluación confiable que permita observar la realización de metas a nivel federal, agregó.
“Los tribunales no están ejerciendo recursos o no sabemos cómo están ejerciéndolos, porque no hay una evaluación de empero confiable”, reiteró el economista.
Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa a las dependencias federales a partir de un esquema denominado el marco lógico.
Esta herramienta permite diseñar e implementar programas.
La dependencia elabora un cuadro de involucrados en determinado sector o programa, posteriormente un esquema de problemas y otro de objetivos.
Luego se elabora un plan de estrategias o conjunto de objetivos.
Todos esos datos se colocan en un tabulador o matriz, denominado matriz de indicadores.
Este esquema permite, afirmó Pérez del Peral, consolidar una estrategia para distribuir mejor los sueldos.
El capital asignado al Poder Judicial contempla los presupuestos de los organismos que los conforman, la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Excélsior/9 de Noviembre 2011
El Senado aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que contempla penas hasta por 14 años de cárcel
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la primera Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece cárcel hasta de 14 años a los servidores públicos que ganen más que el Presidente de la República, desde ministros de la Corte, consejeros electorales, legisladores hasta rectores.
Pero además, coloca en la línea de la desaparición las pensiones de los ex presidentes de la República, pues prohíbe la entrega de pensiones o jubilaciones que estén fuera de la ley, lo cual implica que mientras no exista la ley respectiva, las pensiones de los ex mandatarios dependerán de la voluntad de los diputados, una vez que esta Ley de salarios máximos también pase por la aduana de San Lázaro para entrar en vigor.
De igual forma pone límites a las compensaciones y premios económicos que se reciban de la administración pública, así como de gratificaciones por final de sexenios o de periodos de gobierno o administraciones.
"Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo, y no podrán concederse por un solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el términos de su mandato", advierte.
Enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación, también ordena que "únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquier otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo".
Aclara que estarán sujetos a esta nueva ley quienes trabajen en el Senado, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal; Banco de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
También quienes trabajen en los organismos públicos descentralizados de la Federación, las instituciones de educación superior de la Federación, de carácter autónomo y cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los Poderes de la Unión.
Ordena que ningún servidor público recibirá un salario superior al Presidente; ninguno puede tener una remuneración igual o mayor que su superior, salvo que el excedente sea por varios empleos públicos.
De 2006 a 2009, el número de ilícitos a nivel nacional pasó de 10 mil 735 a 13 mil 287 delitos por cada 100 mil habitantes
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) refutó los logros reportados en materia de seguridad pública en el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.
En un análisis enviado a la Comisión de Vigilancia, el órgano de fiscalización de San Lázaro afirma que el aumento en el presupuesto para ese rubro no se ha traducido en una disminución de delitos en el País.
El organismo documentó que de 2006 a 2009 no se redujo el número de ilícitos a nivel nacional, ya que la tasa de crecimiento anual fue de 7.4 por ciento al pasar de 10 mil 735 a 13 mil 287 delitos por cada 100 mil habitantes.
La ASF señala que, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, planteó disminuir al menos 10 por ciento el número de delitos federales cometidos por cada 100 mil habitantes, meta que hasta ahora no se ha alcanzado.
"Por lo que las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no alcanzaron resultados relevantes en la tarea de revertir la tendencia en los niveles de incidencia delictiva", advierte en el documento titulado "Consideraciones en Torno al Quinto Informe de Gobierno, en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012".
"Los delitos más sensibles para la sociedad o de alto impacto tampoco disminuyeron. Las acciones realizadas por la SSP no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión en que se comience a revertir la incidencia de dichos delitos", añade.
Incluso, para reforzar su tesis, el órgano de fiscalización abarca en su análisis toda la gestión panista a nivel federal, es decir, a partir de 2001.
El documento indica que en el periodo 2001-2009 el presupuesto ejercido por la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados se incrementó en 26 mil 311 millones de pesos, o sea, un 363.2 por ciento.
"El incremento del presupuesto ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo, en lugar de correlacionarse inversamente", expone.
El texto señala que en el Informe de Gobierno se resalta un incremento de 75.6 por ciento de la cobertura del Programa Comunidad Segura, con lo que se llegó a 79 municipios de alta incidencia delictiva, en comparación con los 45 registrados durante el año previo.
Además, el Gobierno asegura que avanzó en la modernización de la infraestructura física y el equipamiento de estaciones de Policía, de las cuales dos (Estado de México y Chihuahua) están concluidas y siete en proceso (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Jalisco, Veracruz y dos en Sinaloa).
Piden mayor coordinación
Al hacer un comparativo de resultados del Gobierno con metas del Plan Nacional de Desarrollo y los de auditorías a la Cuenta Pública de 2009, la ASF advirtió que es necesaria una mayor coordinación con las entidades federativas para cumplir con la reducción de los delitos cometidos en el País.
"En materia de Seguridad Pública es necesario lograr los consensos y coordinar las acciones entre todas las instancias de Gobierno que acrediten que este grave problema se va solventando en el País", cita el documento.
Además, se informa que el financiamiento conjunto para los programas de seguridad pública de los estados ascendió a 8 mil 861.4 millones de pesos.
Acuerdan revisar información bancaria de los miembros del Poder Judicial federal; la autoridad podrá buscar corrupción en cuentas financieras
Las cuentas bancarias, contratos e inversiones de todos los jueces y magistrados federales podrán ser revisados por las autoridades del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la entrega de información financiera de esos funcionarios.
“Cuando de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público, el pleno del Consejo de la Judicatura o el contralor adviertan la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda para que proceda en el ámbito de su competencia”, detalló el CJF.
Dado el caso, informará al Ministerio Público federal y a la autoridad fiscal, a la CNBV y a la Función Pública.
El acuerdo permitirá evitar la “compra” de jueces por el crimen organizado, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
El trabajo de vigilancia se realizará desde dos frentes. Por una parte, el CJF podrá solicitar información a las autoridades financieras, o bien, la propia Secretaría de Hacienda podrá avisar de datos sospechosos en las declaraciones patrimoniales de jueces, magistrados y ministros.
Echarán lupa a fondos de jueces
A partir de ahora, las cuentas financieras, contratos e inversiones de los jueces y magistrados federales estarán disponibles para su revisión por parte de las autoridades del Poder Judicial federal.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmaron un convenio para solicitar y entregar de manera eficiente información monetaria de funcionarios en su carácter de usuarios de las instituciones de crédito.
Se espera que con dicho acuerdo se eviten actividades ilegales como enriquecimiento ilícito, manejo de recursos de dudosa procedencia, corrupción e impunidad en el Poder Judicial.
El documento, signado el pasado 4 de noviembre, establece los requisitos y formalidades que debe cubrir el Consejo para pedir información de sus impartidores de justicia “para contar con un procedimiento eficiente en la formulación de los requerimientos de información bancaria.
“Cuando de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el contralor adviertan la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda para que proceda en el ámbito de su competencia”, detalló el CJF.
En su caso, procederá dar vista al Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Dirección general de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal a la CNBV y a la Secretaría de la Función Pública.
Posteriormente, las autoridades federales revisarán los casos denunciados y proceder a investigar y sancionar según corresponda.
Operación compartida
El trabajo de vigilancia es mutuo, pues por una parte el Consejo de la Judicatura Federal puede solicitar información a las autoridades financieras, o bien la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede avisar al Poder Judicial de datos sospechosos en las declaraciones patrimoniales.
Este convenio es una consecuencia del Acuerdo General 10/2011, aprobado en pasado 2 de junio, que establece los lineamientos para detectar las conductas irregulares del personal judicial.
“La medida, que también abarca a los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Consejo de la Judicatura, tiene la finalidad de que la CNBV agilice el proceso de atención de los requerimientos de información que se le hagan en este rubro, con pleno respeto al secreto bancario”, informó el CJF a través de un comunicado.
En la firma del convenio estuvieron el consejero Jorge Efraín Moreno Collado, como presidente de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF; el contralor del Poder Judicial federal, Jaime Contreras Jaramillo, además de la cúpula de la Comisión Bancaria.
“La firma de este instrumento forma parte de una serie de medidas más rigurosas que ha puesto en marcha el Consejo de la Judicatura para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación”, agregó el órgano de control y vigilancia de los jueces y magistrados federales de todo el país.
El acuerdo 10/2011 autoriza a los integrantes de la impartición de justicia prevenir a tiempo conductas irregulares, además de autorizar la revisión patrimonial, incluso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.
Filtros propios anticorrupción
Actualmente, la Contraloría del Poder Judicial realiza el cotejo permanente entre la declaración patrimonial y las modificaciones patrimoniales de los ingresos que han recibido los jueces.
En caso de que no coincida la información, se generaría una investigación.
Actualmente, según el CJF, existe este esquema en instituciones europeas y en Estados Unidos, los cuales fueron revisados por el Poder Judicial para reforzar el control y la vigilancia
Al tomar protesta al frente del Poder Judicial, en enero pasado, el ministro Juan Silva Meza propuso la consolidación de un organismo más transparente.
Hasta ahora, en lo que va del año, se han registrado cinco casos de presunto enriquecimiento ilícito, acoso laboral y concesión de amparos que beneficiaron a casinos.
Colombia investiga a todos
Lo que ayer fue noticia para los mexicanos, que por fin las cuentas financieras de los magistrados y jueces federales estarían disponibles para su revisión y así poder detectar conductas sospechosas, en Colombia desde 1993 se creó el primer estatuto para el combate dellavado de activos.
Así, 15 años después las transacciones de todos los servidores públicos ya eran monitoreadas con periodicidad, y en 2008 se aprobó el Sistema de Administración de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo. Ahí se integraron las normas para combatir ese delito, divididas en tres: prevención, detección y denuncia.
En la fase de prevención se acordó monitorear exhaustivamente a las “Personas Públicamente Expuestas”, denominadas internacionalmente como “PEP”, “que por el perfil que desempeñan puedan poner en mayor grado de riesgo el lavado de activos”, explicó Pilar Campo, experta colombiana en Derecho Financiero.
Las “PEP” son por ejemplo: jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios de gobierno, judiciales o militares y altos ejecutivos de empresas estatales.
Si la institución bancaria llegara a detectar una actividad sospecha, el siguiente paso sería enviar un reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero, dedicada a la inteligencia, y si la Unidad lo considera pertinente, informa a la Fiscalía General de la Nación, que inicia la acción judicial correspondiente, y a la Unidad de Extinción de Dominio.
Aseguran que frenarán la impunidad
Un movimiento financiero inusual o transacciones fuera de lo común en los estados de cuenta de jueces y magistrados se convertirán en un juicio en la justicia federal, advirtió el consejero de la Judicatura Federal Jorge Efraín Moreno Collado.
El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para facilitar la solicitud y entrega de información financiera de los impartidores de justicia del país.
“(El acuerdo) pretende fundamentalmente que no exista de ninguna manera corrupción, pero tampoco olvido o impunidad en alguna conducta desviada de algún miembro del Consejo de la Judicatura”, dijo en entrevista con Excélsior.
Para la revisión de las cuentas, según determina el convenio, el CJF realiza anualmente sondeos aleatorios: el organismo elige una muestra y solicita a la CNBV información sobre sus integrantes, sus movimientos bancarios y financieros.
Posteriormente, se coteja la información proporcionada con las declaraciones patrimoniales, explicó Moreno Collado, quien firmó el convenio como representante del Poder Judicial.
“Cuando del patrimonio, de la modificación patrimonial, resulte algún dato que pudiera hacer pensar que no hay claridad en la obtención de los recursos que están registrados necesitamos que se nos otorguen datos con suficiente tiempo, rapidez y celeridad”, sostuvo.
Sistema informático
Con este mecanismo, el Consejo de la Judicatura integrará un instrumento informático denominado Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, cuyo propósito es automatizar el procedimiento de información para que los oficios de entre ambas partes puedan transmitirse por medios electrónicos con seguridad y protección.
“El Consejo de la Judicatura tiene atribuciones para pedir la información de tal manera que no se viole de ninguna forma el secreto bancario. Esto es así porque de acuerdo con la ley, el Consejo de la Judicatura tiene una especial investigación respecto de la conducta de sus integrantes”, afirmó.
Sin embargo, el documento no somete al escrutinio a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Buscan prevención
—Hemos visto detenciones y separaciones del cargo de funcionarios federales, a causa de corrupción, acoso laboral... ¿En qué contexto se da esta medida preventiva? –se le preguntó al funcionario federal.
—Se da en el contexto de que no pase desapercibido cuando alguien comete actos contrarios a la ley y pueda ser impugnado por la vía judicial correspondiente.
“Se da en el contexto de una demanda de la sociedad: darle confianza plena a la sociedad respecto de lo que hacen los jueces.
“De tal manera que –continuó– los casos aislados que hemos tenido no son la regla de ninguna manera, pero no queremos ni por asomo que llegue en un momento a convertirse en un acto cotidiano.
“Que además nos urja a tener informada a la sociedad de lo que se hace en esta materia.
“La labor de los consejeros está a la vista pública, estamos en una caja de cristal tal como lo ordena la determinación constitucional… Tenemos intereses de que la sociedad mexicana está informada de lo que estamos haciendo”, subrayó el consejero.
Las labores de vigilancia y control evitarán, aseguró Moreno Collado, las presiones que incidan en las sentencias.
“(Tenemos que) evitar que los jueces y magistrados reciban la presión de grupos de poderes fácticos que les hagan perder su autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional que tiene que estar preservada de esas fuerzas extrañas que pueden provenir de cualquier sector, aun el sector gubernamental”, concluyó.
Los ciudadanos mexicanos percibieron un ambiente más inseguro en el mes de octubre, según información de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP) levantada por el Inegi. En octubre, el Índice sobre la Percepción de la Seguridad Pública (IPSP) se ubicó en las 97 unidades, una caída de 0.7 puntos respecto al mes previo, con lo que hila su tercera baja consecutiva en el año. La percepción de los ciudadanos sobre caminar cerca de su domicilio entre las 16:00 y 19:00 horas fue más negativa. En el décimo mes de este año, este indicador se ubicó en los 91 puntos, con lo que cayó 6.8 puntos respecto a lo registrado en octubre de 2010. El 45.02 por ciento de los entrevistados indicaron que se siente muchos más inseguro al caminar en la zona en la que se ubica su vivienda en el horario antes referido. Por otra parte, el 56.1 por ciento de los consultados consideraron que la seguridad pública es peor ahora que hace un año, mientras que el 48.68 por ciento dijo que se sentía peor respecto a su seguridad respecto hace 12 meses. Además, los encuestados indicaron que la situación no cambiará en el próximo año, pues el 50.89 por ciento estimó que su seguridad se mantenga en la misma situación, y el 43.41 por ciento señaló que la inseguridad no se reducirá.
