Las cuentas bancarias, contratos e inversiones de todos los jueces y magistrados federales podrán ser revisados por las autoridades del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la entrega de información financiera de esos funcionarios.Excélsior/8 de Noviembre 2011

Acuerdan revisar información bancaria de los miembros del Poder Judicial federal; la autoridad podrá buscar corrupción en cuentas financieras

 

Las cuentas bancarias, contratos e inversiones de todos los jueces y magistrados federales podrán ser revisados por las autoridades del Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la entrega de información financiera de esos funcionarios.

“Cuando de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público, el pleno del Consejo de la Judicatura o el contralor adviertan la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda para que proceda en el ámbito de su competencia”, detalló el CJF.

Dado el caso, informará al Ministerio Público federal y a la autoridad fiscal, a la CNBV y a la Función Pública.

El acuerdo permitirá evitar la “compra” de jueces por el crimen organizado, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.

El trabajo de vigilancia se realizará desde dos frentes. Por una parte, el CJF podrá solicitar información a las autoridades financieras, o bien, la propia Secretaría de Hacienda podrá avisar de datos sospechosos en las declaraciones patrimoniales de jueces, magistrados y ministros.

Echarán lupa a fondos de jueces

A partir de ahora, las cuentas financieras, contratos e inversiones de los jueces y magistrados federales estarán disponibles para su revisión por parte de las autoridades del Poder Judicial federal.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmaron un convenio para solicitar y entregar de manera eficiente información monetaria de funcionarios en su carácter de usuarios de las instituciones de crédito.

Se espera que con dicho acuerdo se eviten actividades ilegales como enriquecimiento ilícito, manejo de recursos de dudosa procedencia, corrupción e impunidad en el Poder Judicial.

El documento, signado el pasado 4 de noviembre, establece los requisitos y formalidades que debe cubrir el Consejo para pedir información de sus impartidores de justicia “para contar con un procedimiento eficiente en la formulación de los requerimientos de información bancaria.

“Cuando de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el contralor adviertan la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda para que proceda en el ámbito de su competencia”, detalló el CJF.

En su caso, procederá dar vista al Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Dirección general de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal a la CNBV y a la Secretaría de la Función Pública.

Posteriormente, las autoridades federales revisarán los casos denunciados y proceder a investigar y sancionar según corresponda.

Operación compartida

El trabajo de vigilancia es mutuo, pues por una parte el Consejo de la Judicatura Federal puede solicitar información a las autoridades financieras, o bien la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede avisar al Poder Judicial de datos sospechosos en las declaraciones patrimoniales.

Este convenio es una consecuencia del Acuerdo General 10/2011, aprobado en pasado 2 de junio, que establece los lineamientos para detectar las conductas irregulares del personal judicial.

“La medida, que también abarca a los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Consejo de la Judicatura, tiene la finalidad de que la CNBV agilice el proceso de atención de los requerimientos de información que se le hagan en este rubro, con pleno respeto al secreto bancario”, informó el CJF a través de un comunicado.

En la firma del convenio estuvieron el consejero Jorge Efraín Moreno Collado, como presidente de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF; el contralor del Poder Judicial federal, Jaime Contreras Jaramillo, además de la cúpula de la Comisión Bancaria.

“La firma de este instrumento forma parte de una serie de medidas más rigurosas que ha puesto en marcha el Consejo de la Judicatura para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación”, agregó el órgano de control y vigilancia de los jueces y magistrados federales de todo el país.

El acuerdo 10/2011 autoriza a los integrantes de la impartición de justicia prevenir a tiempo conductas irregulares, además de autorizar la revisión patrimonial, incluso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.

Filtros propios anticorrupción

Actualmente, la Contraloría del Poder Judicial realiza el cotejo permanente entre la declaración patrimonial y las modificaciones patrimoniales de los ingresos que han recibido los jueces.

En caso de que no coincida la información, se generaría una investigación.

Actualmente, según el CJF, existe este esquema en instituciones europeas y en Estados Unidos, los cuales fueron revisados por el Poder Judicial para reforzar el control y la vigilancia

Al tomar protesta al frente del Poder Judicial, en enero pasado, el ministro Juan Silva Meza propuso la consolidación de un organismo más transparente.

Hasta ahora, en lo que va del año, se han registrado cinco casos de presunto enriquecimiento ilícito, acoso laboral y concesión de amparos que beneficiaron a casinos.

 

Colombia investiga a todos

Lo que ayer fue noticia para los mexicanos, que por fin las cuentas financieras de los magistrados y jueces federales estarían disponibles para su revisión y así poder detectar conductas sospechosas, en Colombia desde 1993 se creó el primer estatuto para el combate dellavado de activos.

Así, 15 años después las transacciones de todos los servidores públicos ya eran monitoreadas con periodicidad, y en 2008 se aprobó el Sistema de Administración de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo. Ahí se integraron las normas para combatir ese delito, divididas en tres: prevención, detección y denuncia.

En la fase de prevención se acordó monitorear exhaustivamente a las “Personas Públicamente Expuestas”, denominadas internacionalmente como “PEP”, “que por el perfil que desempeñan puedan poner en mayor grado de riesgo el lavado de activos”, explicó Pilar Campo, experta colombiana en Derecho Financiero.

Las “PEP” son por ejemplo: jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios de gobierno, judiciales o militares y altos ejecutivos de empresas estatales.

Si la institución bancaria llegara a detectar una actividad sospecha, el siguiente paso sería enviar un reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero, dedicada a la inteligencia, y si la Unidad lo considera pertinente, informa a la Fiscalía General de la Nación, que inicia la acción judicial correspondiente, y a la Unidad de Extinción de Dominio.

 

Aseguran que frenarán la impunidad

Un movimiento financiero inusual o transacciones fuera de lo común en los estados de cuenta de jueces y magistrados se convertirán en un juicio en la justicia federal, advirtió el consejero de la Judicatura Federal Jorge Efraín Moreno Collado.

El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para facilitar la solicitud y entrega de información financiera de los impartidores de justicia del país.

“(El acuerdo) pretende fundamentalmente que no exista de ninguna manera corrupción, pero tampoco olvido o impunidad en alguna conducta desviada de algún miembro del Consejo de la Judicatura”, dijo en entrevista con Excélsior.

Para la revisión de las cuentas, según determina el convenio, el CJF realiza anualmente sondeos aleatorios: el organismo elige una muestra y solicita a la CNBV información sobre sus integrantes, sus movimientos bancarios y financieros.

Posteriormente, se coteja la información proporcionada con las declaraciones patrimoniales, explicó Moreno Collado, quien firmó el convenio como representante del Poder Judicial.

“Cuando del patrimonio, de la modificación patrimonial, resulte algún dato que pudiera hacer pensar que no hay claridad en la obtención de los recursos que están registrados necesitamos que se nos otorguen datos con suficiente tiempo, rapidez y celeridad”, sostuvo.

Sistema informático

Con este mecanismo, el Consejo de la Judicatura integrará un instrumento informático denominado Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, cuyo propósito es automatizar el procedimiento de información para que los oficios de entre ambas partes puedan transmitirse por medios electrónicos con seguridad y protección.

“El Consejo de la Judicatura tiene atribuciones para pedir la información de tal manera que no se viole de ninguna forma el secreto bancario. Esto es así porque de acuerdo con la ley, el Consejo de la Judicatura tiene una especial investigación respecto de la conducta de sus integrantes”, afirmó.

Sin embargo, el documento no somete al escrutinio a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Buscan prevención

—Hemos visto detenciones y separaciones del cargo de funcionarios federales, a causa de corrupción, acoso laboral... ¿En qué contexto se da esta medida preventiva? –se le preguntó al funcionario federal.

—Se da en el contexto de que no pase desapercibido cuando alguien comete actos contrarios a la ley y pueda ser impugnado por la vía judicial correspondiente.

“Se da en el contexto de una demanda de la sociedad: darle confianza plena a la sociedad respecto de lo que hacen los jueces.

“De tal manera que –continuó– los casos aislados que hemos tenido no son la regla de ninguna manera, pero no queremos ni por asomo que llegue en un momento a convertirse en un acto cotidiano.

“Que además nos urja a tener informada a la sociedad de lo que se hace en esta materia.

“La labor de los consejeros está a la vista pública, estamos en una caja de cristal tal como lo ordena la determinación constitucional… Tenemos intereses de que la sociedad mexicana está informada de lo que estamos haciendo”, subrayó el consejero.

Las labores de vigilancia y control evitarán, aseguró Moreno Collado, las presiones que incidan en las sentencias.

“(Tenemos que) evitar que los jueces y magistrados reciban la presión de grupos de poderes fácticos que les hagan perder su autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional que tiene que estar preservada de esas fuerzas extrañas que pueden provenir de cualquier sector, aun el sector gubernamental”, concluyó.