Aseguran que gasto no se orienta a la mejora de alumnos. Afirman especialistas que gran parte de los recursos se destina a salarios
El gasto educativo en México es ineficiente, en su mayoría se destina para el pago de salarios y la burocracia, y no se orienta hacia la mejora de los resultados educativos de los alumnos, concluye México Evalúa, Centro de análisis de las políticas públicas.
"No hay claridad en las atribuciones que corresponden a los diversos niveles de gobierno en materia de educación, el sistema educativo no se orienta a la obtención de resultados y se carece de información para valorar la eficiencia con la que se realiza el proceso educativo", concluye la investigación "10 Puntos para entender el gasto educativo en México. Consideraciones sobre su eficiencia".
El documento elaborado por las especialistas Lucrecia Santibáñez, Mariana Campos y Brenda Jarillo, para México Evalúa, que dirige Edna Jaime Treviño, señala que un alumno que estudia desde primaria hasta educación superior le cuesta al País 19 mil 200 dólares.
"Esto es menos que lo que se gasta en Estados Unidos en un sólo año de educación universitaria por alumno", advierte.
La mayor parte del gasto, expresa el documento, se destina a pagar salarios de maestros, directores y la burocracia, el 83 por ciento, y sólo el 0.4 por ciento es para invertir en las escuelas, la innovación tecnológica o la mejora de la infraestructura.
"La amplia proporción del financiamiento educativo destinado a gasto corriente, especialmente a sueldos de maestros y directores de escuela, por sí mismo no es un problema, se convierte en un obstáculo en tanto que el Gobierno tiene pocos instrumentos de rendición de cuentas para exigir un cierto desempeño de maestros y directores", señala.
Los mecanismos para detectar, sancionar o despedir a un maestro por incompetente prácticamente no existen, indica, debido sobre todo a los pobres mecanismos de evaluación docente que existen.
Los aumentos en el gasto público, explica, los absorben los incrementos salariales, sin que estén atados a ningún mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados que pueda comprobar la eficiencia de dichos recursos.
Lo anterior, indica, tiene como resultado que no se invierta en nuevas tecnologías o en paliar necesidades básicas de las escuelas, pues hay planteles que no tienen electricidad y más del 75 por ciento, no tienen internet.
Argumenta que desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre la SEP y el SNTE, se estableció que la Federación entregaría la administración de recursos, escuelas y maestros, a las autoridades educativas estatales.
"Sin embargo, el acuerdo no propuso un nuevo arreglo de atribuciones a las entidades federativas y tampoco una clara asignación de funciones entre órdenes de gobierno y uso de los recursos públicos.
"A los gobiernos locales les corresponden funciones meramente operativas, casi siempre condicionadas y sujetas a la supervisión del Gobierno federal", señala.
Lo anterior, destaca, implica que no existan responsabilidades claras de los estados y los municipios y que tampoco se establezcan criterios, indicadores o normas que regulen el ejercicio eficiente de los recursos.
Además, expresa, existen deficiencias en la coordinación entre los órdenes de gobierno, lo que se traduce en una política educativa que se caracteriza por acciones aisladas y proyectos fragmentados.
Concluye que el sistema educativo no cuenta con información desagregada a través de la cual se pueda identificar qué proporción del gasto se destina a las funciones administrativas y la operación de las escuelas, a fin de establecer los costos en el mediano y corto plazo para la toma de decisiones y la planeación educativa.
