Excélsior/17 de Noviembre 2011
Año con año, las cifras van al alza, especialmente en el rubro de servicios personales, que contempla sueldos
A lo largo de este sexenio, el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación (PJF) ha aumentado 82 por ciento. En 2006, el poder encargado de impartir justicia contó con un monto de 23 mil 389 millones.
Seis años después, gozará de más de 42 mil 800 millones de pesos, según aprobó ayer el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Este incremento se registró a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal sufrió un recorte para el año que viene y de que se reasignaron 150 millones al Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Año con año, las cifras van al alza, especialmente en el rubro de servicios personales, que contempla los salarios de los servidores públicos del PJF.
En 2011, el monto total del gasto en este sector fue de 38 mil millones de pesos, de los cuales 32.8 mil millones quedaron destinados a los sueldos y prestaciones.
Un año antes, el órgano que preside el ministro Juan Silva Meza recibió 34.5 mil millones, la única ocasión que hubo un recorte en lo que va a de la administración del presidente Felipe Calderón.
Sin embargo, el mayor aumento para el sector clasificado con el Ramo 03 se registró entre los años 2008 y 2009, cuando el gasto pasó de 29.9 mil millones a 38 mil millones de pesos.
Desde 2006 hasta ahora, por la duración de sus cargos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura han sido administrados por los ministros Mariano Azuela Güitrón, seguido de Guillermo Ortiz Mayagoitia y el actual Silva Meza.
Este incremento se da a pesar de que tras su llegada a la presidencia, el vigente titular del PJF anunció que consolidaría un organismo más austero y transparente.
El economista Gabriel Pérez del Peral, director de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana, explicó que el diseño del presupuesto en el Poder Judicial debe estar basado en resultados.
“No existen indicadores en el interior del Poder Judicial que sirvan para monitorear el ejercicio de los recursos y asegurarse de que se estén cumpliendo los objetivos de los programas de impartición de justicia”, dijo en entrevista.
Para revertir la inercia del gasto corriente en esta entidad es necesario crear un sistema de evaluación confiable que permita observar la realización de metas a nivel federal, agregó.
“Los tribunales no están ejerciendo recursos o no sabemos cómo están ejerciéndolos, porque no hay una evaluación de empero confiable”, reiteró el economista.
Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa a las dependencias federales a partir de un esquema denominado el marco lógico.
Esta herramienta permite diseñar e implementar programas.
La dependencia elabora un cuadro de involucrados en determinado sector o programa, posteriormente un esquema de problemas y otro de objetivos.
Luego se elabora un plan de estrategias o conjunto de objetivos.
Todos esos datos se colocan en un tabulador o matriz, denominado matriz de indicadores.
Este esquema permite, afirmó Pérez del Peral, consolidar una estrategia para distribuir mejor los sueldos.
El capital asignado al Poder Judicial contempla los presupuestos de los organismos que los conforman, la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
