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Excélsior, 23 de Febrero 2012
Ejerció la facultad de atracción que le confiere la ley para investigar los hechos ocurridos el pasado domingo 19 de febrero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció la facultad de atracción que le confiere la ley para investigar los hechos ocurridos el pasado domingo 19 de febrero en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, donde murieron 44 internos y otros 30 se fugaron.
Demandó a las autoridades responsables que se apliquen acciones preventivas en los centros penitenciarios, a efecto de evitar más incidentes de esta naturaleza.
Por instrucciones de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, personal del organismo nacional se trasladó a Apodaca con la finalidad de llevar a cabo una serie de diligencias de las cuales se derivarán las recomendaciones correspondientes.
“Ha resuelto actuar de esta manera por la magnitud de lo sucedido, con apego a las facultades que le otorgan la Constitución, la ley de la propia Comisión y su reglamento. Además, por el interés que ha tenido este hecho en la opinión pública”, dio a conocer el organismo mediante un comunicado.
Cabe recordar que la CNDH ha dado cuenta de las condiciones en que viven los internos y que desde 2010, a través de la recomendación general 18/2010 advirtió que el sistema penitenciario presenta graves problemas estructurales.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria se localizaron instalaciones de establecimientos penitenciarios del país que no reúnen las condiciones de habitabilidad en al menos 18 entidades, entre, ellas Nuevo León.
También 67% dice que se trata de un hecho pasajero, resultado de la lucha contra el "narco".
Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica reflejó que 64 por ciento de los ciudadanos consideran que en el último año el nivel de la violencia ha aumentado, 17 por ciento opinó que sigue igual y 16 por ciento expresó que ha bajado.
La medición, que se realizó el 3 de febrero a mil 500 personas, también cuestionó quién consideran que es el principal responsable de la violencia, a lo que 22 por ciento dijo que es la falta de oportunidades económicas, incluyendo pobreza y desempleo; la falta de oportunidades de educación fue el segundo lugar, con 17 por ciento; en tercer lugar 16 por ciento consideró que los gobiernos anteriores no combatieron al crimen organizado
En ese sentido, 13 por ciento culpó a la corrupción, 10 al narco, 7 a la guerra contra el crimen del gobierno federal, 5 al consumo de drogas y tres a los jóvenes que se integran a las bandas.
En tanto, 57 por ciento opinó que el nivel de violencia ha aumentado en el último año a nivel estatal, 20 que ha seguido igual, otro 20 que ha bajado, y dos no contestó.
A nivel municipal o ciudad, 53 por ciento indicó que ha crecido, 23 que sigue igual y 22 que bajó.
Mientras, 38 por ciento apuntó que ha aumentado la violencia en el último año en su colonia o cuadra, 30 que ha seguido igual y 28 que ha bajado.
Al preguntar sobre sus experiencias con la violencia, 17 por ciento dijo haber sido testigo de una balacera, 23 aseguró haber escuchado una, 22 por ciento ha platicado de una o varias en lugares donde no acude usualmente, 20 por ciento ha platicado de una o varias en el lugar donde vive y 14 por ciento nunca ha platicado de un hecho de este tipo.
También, 67 por ciento opinó que la violencia es un hecho pasajero y resultado de la lucha contra el crimen organizado, y 23 dijo que es un hecho cotidiano, al cual nos tenemos que acostumbrar.
Sobre las soluciones, 18 por ciento opinó que se debe mejorar la policía mediante preparación, 17 por mejorar el acceso a la educación y 16 por mejorar los sueldos en general. Cabe destacar que entre las respuestas solo el 7 por ciento consideró que la solución es más ejército en las calles.
El Universal/22 de Febrero 2012
La muerte de 44 presos y la fuga de 30 reclusos del penal de Apodaca, en Nuevo León, llegó hasta la ONU. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos demandó a México una investigación exhaustiva y llevar a los responsables, "incluidas las autoridades penitenciarias", ante la justicia
A 48 horas de la fuga masiva de 30 zetas y la masacre de 44 integrantes del cártel del Golfo, el penal de Apodaca fue escenario de un motín de reos, quienes causaron incendios para oponerse a su traslado a otras cárceles, mientras que en el exterior familiares de los presos protestaron lanzando piedras y otros objetos a la policía.
El caos se apoderó nuevamente de la cárcel de Apodaca alrededor de las 18:30 horas y tras de que carros con militares y policías federales ingresaron al penal con la intención de efectuar el traslado de reos, éstos últimos se amotinaron en los patios.
A los pocos minutos se observaron desde el exterior al menos tres columnas de fuego y se escucharon ráfagas de armas automáticas, pero hasta anoche no había reporte oficial de heridos o muertos.
Afuera del reclusorio comenzó la inquietud de familiares de los más de 2 mil 700 reos. Un grupo de mujeres arremetió contra los policías que custodiaban la puerta, lanzando piedras y pidiendo a gritos informes sobre lo que acontecía dentro. Ante la falta de datos, los parientes comenzaron a quemar pancartas y basura frente a la reja, que también pretendieron derribar, pero fueron rechazados con gases lacrimógenos.
El motín de los internos tuvo que ser contenido con el apoyo de fuerzas militares y federales, junto con la participación de policías estatales y municipales. Bomberos de diversos municipios arribaron para controlar los incendios y también llegaron ambulancias de la Cruz Roja.
Por la mañana, el gobernador Rodrigo Medina informó que el director del penal Gerónimo Andrés Martínez y el jefe de Seguridad Juan Hernández Hernández se mantenían coludidos con un grupo de reos que escapó y que cometió los asesinatos.
En conferencia de prensa, Medina dijo que tras las declaraciones de 16 de los 18 custodios, éstos aseguraron que los funcionarios tenían conocimiento de los hechos, y que fueron ellos quienes apoyaron para que ambos delitos se concretaran.
Descartan motín
El vocero de seguridad en Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, descartó que los disturbios correspondan a un motín y aseguró que la situación fue controlada por militares, federales y estatales, y que ningún interno se encuentra en riesgo.
Llamó a los familiares de los reos a estar tranquilos. Refirió que los incendios registrados en el centro penitenciario fueron una reacción de los reclusos al saber que sus familiares encabezaban protestas afuera del penal. Confirmó que se realizará el traslado de 400 internos.
Alrededor de las 19:00 horas, familiares de los reos bloquearon la vialidad para impedir el traslado.
Algunos de los familiares de los internos lograron comunicarse con sus parientes recluidos y varios de ellos mencionaron que reos del ambulatorio Delta fueron quienes se amotinaron, porque los iban a llevar a penales federales, pero fueron sometidos a golpes.
Milenio/21 de Febrero 2012
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, garantizó que a las 23:00 horas del próximo 1 de julio dará a conocer los resultados del conteo rápido de la elección presidencial, sin importar la diferencia entre el primer y segundo lugares.
Esto, a diferencia de lo ocurrido en 2006, cuando no se informaron los resultados previos. Valdés aseguró que los ciudadanos deben tener la certeza de que en la noche de la jornada electoral habrá “transparencia” en las cifras sobre la votación.
“Con todo respeto al Consejo General de 2006, mi posición es que ahora no nos orientemos por la lógica del encuestador too close to call, que cuando la diferencia es muy pequeña, no digo nada. Digamos que la diferencia es muy pequeña entre éste y aquél, los márgenes son tales y tales. Expliquemos”, señaló.
Durante su ponencia titulada “La jornada electoral más grande y compleja de la historia”, impartida ante alumnos del ITAM, el consejero presidente indicó que dejar un vacío de información no conveniente en una elección presidencial tan competida como seguramente será la de este año.
Comentó que en la sesión del 29 de febrero pondrá a consideración del pleno del Consejo General seguir el ejemplo de lo hecho en 2006, donde para el conteo rápido se tomó una muestra de 7 mil casillas.
Valdés Zurita dio a conocer que para las elecciones de este 2012, el Instituto Federal Electoral pondrá en marcha un nuevo programa llamado “Pida”, mediante el cual los ciudadanos podrán tener acceso a una copia digitalizada del acta de la votación.
Explicó que una vez cerrado el PREP, es decir, el lunes 2 de julio a las 20:00 horas se podrá tener acceso público a las actas de 145 mil casillas.
“Para dotar de certeza, para que cada persona pueda verificar que lo que dicen los resultados de la elección coinciden con el acta que levantaron los funcionarios de casilla”, acotó.
Entrevistado luego del acto, el consejero presidente pidió a la ciudadanía tener paciencia, pues será hasta el 2 de julio entre las 6 y 7 de la mañana cuando se tenga un porcentaje amplio de actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
El Universal/20 de Febrero 2012
Es la peor masacre en la historia carcelaria, derivado del acto hay 17 custodios retenidos; el gobierno de Nuevo León solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Federal apoyar en la seguridad de los penales de la entidad
Una riña entre zetas y miembros del cártel del Golfo en el Centro de Readaptación Social de Apodaca dejó 44 reos acuchillados, degollados o muertos a golpes. El vocero de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, informó que se investiga si la reyerta —donde no se reportaron heridos oficialmente— pudo servir como “distractor” para una fuga de reclusos, ya que tras el enfrentamiento hay “ausencias”.
El gobierno de Nuevo León solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Federal apoyar en la seguridad de los penales de la entidad. La confrontación entre internos del penal de Apodaca, ubicado en el municipio de Escobedo, a unos 200 metros al poniente de la sede de la Séptima Zona Militar, ocurre en un centro de reclusión donde el número de internos se disparó —según Domene Zambrano— por detenciones del orden federal.
“Zetas” contra “golfos”
El funcionario dio a conocer también que quedaron sujetos a investigación 17 empleados de seguridad, además del director del centro penitenciario, Gilberto Ceseña, por estos hechos, que en un principio se manejó derivaron de una disputa de poder entre miembros ligados al cártel del Golfo y sus enemigos Los Zetas.
Agregó que aún se ignora cómo pudo ocurrir la apertura de puertas entre ambulatorio C y D, y se produjera durante la madrugada la confrontación entre internos.
Mientras, familiares de los internos del penal de Apodaca se apostaron desde temprano frente a las instalaciones del penal para exigir información sobre sus parientes.
Con gritos y, en algunos casos, con piedras, jalones e insultos a la policía —al menos un uniformados resultó herido— que resguardaba el lugar, los inconformes exigieron incluso la presencia de autoridades estatales y al no encontrar respuesta optaron por bloquear la carretera que lleva a ese centro penitenciario.
Al conocerse de la muerte de 44 internos, el hecho de mayor violencia ocurrido en la historia penitenciaria del país, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervino para que mujeres y niños que se encontraban durante la madrugada del domingo en visita conyugal abandonaran las instalaciones con seguridad, luego de que se mantuvieron parapetados en los cubículos ubicados a unos 200 metros de donde se encuentra el patio central y que separa los ambulatorios donde quedaron las víctimas.
Las 44 muertes en la cárcel de Apodaca, que padece sobrepoblación, corrupción, hacinamiento, drogadicción y otros problemas, pudieron ser el preludio de una fuga, según Domene Zambrano.
—¿Por qué la presunción de una fuga?, se le preguntó.
—Porque en el conteo y cuando ya podemos confirmar la cantidad de fallecidos hay ausencias.
—¿Cuántos reos son?
—Es prematuro, yo diría que nos tuvieran esa consideración para no dar imprecisiones. El proceso de consulta sigue y estará en unas horas más. Estamos en ese conteo”.
Indagan posibles amagos
También se investiga si los celadores recibieron amenazas del exterior para colaborar en la riña y en la supuesta fuga. Por lo pronto, el gobierno estatal abrió una oficina en el anfiteatro del Hospital Universitario para atención de entrega de cuerpos a los familiares, quienes hasta anoche permanecían a las afueras del centro penitenciario en espera de noticias.
El vocero precisó que las 10 víctimas identificadas hasta ahora son: Jonathan David Valdés Ramos, Édgar Torres, Martín Vázquez, Francisco Prado, Mauro Torres, José Luis Yánez, Diego Alberto, Aarón, Oswaldo Miranda, Bernardo Villanueva e Israel Padrón Castro. No se indicó si pertenecían a uno u otro grupo criminal que participó en la riña.
DENUNCIAN QUE MÉXICO ALCANZÓ EL NIVEL MÁS ALTO DE SU HISTORIA EN SECUESTROS
PVEMExcélsior/20 de Febrero 2012
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal informó que México llegó a la cifra más alta en su historia en materia de secuestros, pues en 2011 se registraron 2 mil 979 personas plagiadas; de ellas, 112 fueron asesinadas, según cifras de las propias procuradurías, y sin incluir secuestro exprés ni la llamada cifra negra.
“La tasa de 204 secuestros por cada millón de habitantes que tuvo México en 2011 no tiene precedentes en la historia. El país que hasta ahora había vivido la peor epidemia de secuestros en el mundo fue Colombia, y en 1999 tuvo su peor año, con 2 mil 587 secuestros y una tasa de 62 por cada millón de habitantes; es decir, tres veces menos que la tasa de México el año pasado”, precisó el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega Sánchez.
En conferencia de prensa, Ortega Sánchez señaló que en 2011 fueron asesinadas 112 víctimas de secuestro y el promedio mensual por sexenio demuestra que el actual registra el mayor número de víctimas asesinadas por sus secuestradores; incluso mostró una tabla donde se observa que la tasa mensual de secuestrados asesinados en el gobierno de Ernesto Zedillo fue de 3.54; con Vicente Fox, de 4.88, y actualmente es de 10.16 víctimas.
Destacó que gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas, el número de secuestrados y de asesinados en un secuestro no ha sido más grave.
Excélsior/27 de Febrero 2012
En la encuesta BGC-Excélsior 35% considera al gobierno de Nuevo León como el responsable de la fuga en Apodaca
Tras la ampliamente conocida masacre y fuga de reos en el penal de Apodaca, en Nuevo León, la opinión pública cree que los motines que ocurren en las cárceles estatales se deben principalmente a la corrupción y complicidad de autoridades penitenciarias y custodios, que son presa fácil del crimen organizado.
Asimismo, la población se inclina por la construcción de más cárceles de alta seguridad, pero muestra nula disposición a mayores impuestos o reasignaciones de recursos destinados actualmente a infraestructura o política social a fin de poder reforzar los penales, de acuerdo con la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre este tema.
Casi toda la población se enteró del motín y fuga de reos en el penal de Apodaca, (nueve de cada diez se enteraron). Para la opinión pública (60%), las riñas, motines y fugas que ocurren en los penales estatales se deben principalmente a la mayor capacidad de los miembros del crimen organizado para corromper y controlar a autoridades y custodios de esas prisiones (gráfico 1).
En el caso específico del motín en Apodaca, la gente se divide a la hora de asignar la responsabilidad del suceso: para 35%, el culpable de lo sucedido es el gobierno estatal; en tanto, 32% señala al gobierno de Felipe Calderón (gráfico 2).
Se le cree al gobernador Rodrigo Medina que la revuelta al interior de esa cárcel ocurrió por la corrupción y complicidad de los directivos penitenciarios con las bandas criminales (66%).
Sin embargo, no se descarta que altas autoridades del gobierno estatal pudieran estar implicadas en los malos manejos del penal, pues para algo más de la mitad (55%), pudo haber habido complicidad del gobernador por haber designado como director de esa cárcel a alguien con conocidos antecedentes de presunta corrupción (gráfico 3).
Para la opinión pública (73%), el sistema carcelario del país está mal (gráfico 4). Se concuerda más (56%) con la versión de que los gobiernos estatales no dan recursos a sus centros de reclusión ni aplican controles a los administradores y custodios; menos personas (28%) coinciden con el reclamo de gobernadores sobre la saturación de los penales debido a que el gobierno federal no previó la necesidad de mayores espacios para los criminales peligrosos (gráfico 5).
Frente a los problemas de control que existen en los reclusorios estatales, la población (63%) se inclina porque el gobierno federal construya más penales de alta seguridad y desdeña (sólo 16%) la opción de que aporte más dinero a los gobiernos de los estados para que refuercen sus cárceles (gráfico 6).
Para obtener recursos a fin de reforzar las cárceles estatales y construir nuevas, la población rechaza (63%) contribuir con un nuevo impuesto para ese fin (gráfico 7). La posibilidad de recanalizar algunos recursos de apoyos sociales o infraestructura tampoco es una opción aceptable (68% se opone), aun cuando se mantengan los problemas de sobrepoblación en los penales.
EL 73% DE AVERIGUACIONES DE LA PGR NO FUE CONSIGNADO ANTE UN JUEZ
PVEMEl 73 por ciento de las averiguaciones previas procesadas por la PGR de 2006 a 2010 no fueron consignadas siquiera ante un juez, de acuerdo con datos del Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, difundido el miércoles.
El documento señala además que, en el mismo lapso, sólo el 16 por ciento de las tramitadas terminaron en sentencia.
“Irregularidades y deficiencias en los procesos de investigación e integración de averiguaciones derivaron en el no ejercicio de la acción penal, en la reserva de expedientes y en devoluciones realizadas por órganos jurisdiccionales”, señaló la Auditoria Superior de la Federación.
En los cinco años de análisis —cuatro del gobierno de Felipe Calderón— la Procuraduría abrió 842 mil 739 averiguaciones, pero de inició dejó en el olvido una quinta parte (más de 173 mil). Así, sólo trabajó —o despachó, como suele decirse en términos de procuración de justicia— en 669 mil 415 de éstas.
Sin embargo, 487 mil 528 de los casos, el 73 por ciento ya referido, no fueron consignados ante las instancias judiciales.
Y del total despachadas, sólo en 112 mil 797 se dieron sentencias (16.8%).
En 6 de cada 10 averiguaciones no consignadas la razón fue el no ejercicio de la acción penal. Otras causas fueron el envío a reserva, la acumulación y la incompetencia.
“De 2006 a 2010, las averiguaciones iniciadas crecieron a un ritmo de 4.8% en promedio anual, mientras que las órdenes judiciales que se libraron lo hicieron a un ritmo de 3.9% en promedio anual, lo que evidenció una pérdida gradual de solidez técnico jurídica en su integración y formulación”, afirmó la Auditoria.
En este periodo, aumentó 10 por ciento cada año el número de averiguaciones que fueron ignoradas por el MP de la Federación; y la tasa media de crecimiento anual de averiguaciones devueltas por los jueces a la PGR fue del 18.5%.
La ASF rechazó que las devoluciones estuvieran relacionadas con un mal trabajo de los peritos, pues el área pericial fue una de las mejores calificadas.
“Las devoluciones no se debieron a desfasamientos en la emisión de pruebas periciales para la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado, sino a debilidades en la integración de los elementos probatorios en las averiguaciones previas”.
En el año específico de 2010, la ASF aportó más detalles y aseguró que de las 138 mil 895 averiguaciones previas en las cuales se trabajó, sólo se consignaron 47 mil 733, es decir el 33.6 por ciento. De estas casi 139 mil, sólo 28 mil 711 (20.67 por ciento) culminaron en sentencia y 27 mil 082 acabaron en sentencia condenatoria (19.4 por ciento).
Milenio/24 de Febrero 2012
Los gobiernos federal y estatales saben desde hace seis años las deficiencias de los centros de reclusión, pero se hizo poco para mejorar.
Los penales más peligrosos del país son los de Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas, aseguró Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los gobiernos federal y estatales lo saben por las recomendaciones emitidas por el organismo, pero no las atienden, lo que ha ocasionado que en los cinco años recientes las condiciones de los centros penitenciarios hayan empeorado.
En 2006 la comisión presentó un diagnóstico del sistema penitenciario, que entonces recibió una calificación reprobatoria de cinco (en una escala de cero a 10).
En ese documento estaban contenidas las deficiencias de los penales estatales en áreas como salud, alimentos y seguridad. Hoy, dice el visitador, “no se ven avances significativos” para mejorar la situación de los reclusos.
En estos años la CNDH ha emitido cuatro recomendaciones generales en temas como mujeres en reclusión, personas con problemas mentales y beneficios de libertad anticipada.
Además, existe una general (la número 18 de 2010), en la que se reiteran las fallas de los centros de reclusión.
Sin embargo, “se pueden volver a emitir porque la situación no cambia”, precisa Aguirre.
Las recomendaciones fueron dirigidas a las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública, de Salud, de Educación Pública federales, gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quienes se les manifestaron las preocupaciones en materia penitenciaria.
El tercer visitador de la CNDH indicó que el talón de Aquilés del sistema penitenciario mexicano es la falta de personal especializado y capacitado. “Hay insuficiencia entre personal administrativo, técnico y custodios”, precisó.
“Esta falta es grave”, porque una de las primeras acciones que se realiza cuando se interna a una persona es clasificarla mediante estudios criminógenos de personalidad. Esto lo realiza personal capacitado, pero la sobrepoblación genera que este trabajo se lleve a cabo con “deficiencias”.
La segunda parte del tratamiento de cada interno es responsabilidad de personal técnico calificado. Y lo que sigue es la parte del proceso y la sentencia, en los que también debe haber algún apoyo.
“Esta gama de necesidades de personal especializado, de seguridad y de custodia requiere, no solo una buena selección, sino una buena capacitación y salarios remunerados; ahí el sistema ha tenido fallas importantes, porque los sueldos y el perfil básico que se requiere son ínfimos.”
El tercer visitador aseguró que de 2006 a la fecha el sistema penitenciario empeoró, porque se incrementó el abandono que había en materia de infraestructura.
Y en las condiciones en que se encuentran los penales actualmente “se da un incumplimiento a las normas legales y constitucionales que se traducen en una intolerancia de incumplimiento y de ilegalidad”, añadió.
Penales más peligrosos
De acuerdo con el diagnóstico del sistema penitenciario que dará a conocer en breve el organismo de derechos humanos, los penales de mayor peligrosidad son los estatales por tener menos recursos.
Los que tienen mayor número de incidencias, que se traduce en fallecimientos de internos, son los de Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Distrito Federal, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Michoacán y Zacatecas.
En tanto, los que tienen un mayor número de población son los del Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa Tabasco y Guerrero.
En ese diagnóstico, adelantó, la CNDH detallará la incidencia delictiva en los centros penitenciarios, en temas como prostitución, venta de drogas y bebidas alcohólicas, corrupción y autogobierno.
Además, anunció que se prepara un par de recomendaciones y recordó que las autoridades que no las atiendan tendrán que explicar su negativa ante el Senado, de acuerdo con las nuevas atribuciones de la CNDH.
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Milenio/16 de Febrero 2012
El Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó que en Sonora las denuncias entre el tercero y cuarto trimestres de 2011 aumentaron 37%; en Colima crecieron 15%, mientras en Tlaxcala el repunte fue de 4%.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que 14 estados incumplieron sus compromisos adquiridos el año pasado para reducir la incidencia de robo.
Colima, Tlaxcala, Chiapas, Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Distrito Federal, Querétaro y Quintana Roo no alcanzaron las metas trazadas en junio de 2011.
En esa fecha el gobierno federal propuso trabajar para reducir la incidencia de aquellos delitos del fuero común que más afectan a los ciudadanos, como robo, secuestro, extorsión y tráfico de personas.
De acuerdo con datos publicados por el Centro Nacional de Información del SNSP, las entidades fijaron sus propios compromisos de acuerdo con la incidencia delictiva en sus jurisdicciones, y para ello crearon cuatro grupos de objetivos, de los cuales el primero consistía en “reducir sensiblemente la incidencia delictiva”.
Sin embargo, en Sonora las denuncias por robo entre el tercero y cuarto trimestre de 2011 aumentaron 37 por ciento; en Colima crecieron 15 por ciento, mientras en Tlaxcala el repunte fue de 4 por ciento.
También incumplieron Chiapas, Jalisco y Baja California Sur, que si bien reportan una reducción de 3, 6 y 7 por ciento, respectivamente, no alcanzaron la meta prevista.
Campeche logró también disminuir el índice de denuncias por robo 39 por ciento; Durango, en 28 por ciento; Sinaloa, 23 por ciento; Guerrero, 14 por ciento, y Morelos, 11 por ciento.
En un segundo grupo de compromisos las entidades se propusieron “contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional”; sin embargo, fallaron Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas, mientras Oaxaca y Puebla sí alcanzaron ese objetivo.
El tercer grupo de compromisos consistía en “contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional”. No lograron la meta Coahuila, Distrito Federal, Querétaro y Quintana Roo, que mantuvieron su respectiva tasa de denuncias de robos con y sin violencia por encima de ese índice, que el año pasado fue de 669.25 denuncias por cada 100 mil habitantes.
Los que sí mantuvieron una cifra inferior a la nacional son Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Sonora, Zacatecas y Veracruz.
En tanto, en el cuarto grupo de compromisos los estados ofrecieron “mantener la tendencia de disminución” de ese delito por cada 100 mil habitantes. Todos los estados cumplieron sus objetivos, aunque el Estado de México redujo 14 por ciento dicho indicador en el cuarto trimestre de 2011, en comparación con el tercero.
Por su parte, Yucatán presentó un decremento de 18 por ciento; Hidalgo y San Luis Potosí, de 20 por ciento, mientras Chihuahua, aunque en menor proporción, logró un 5 por ciento.
De los 3 mil 750 millones de pesos asignados al fideicomiso para los festejos del Bicentenario y a la construcción de la Estela de Luz, sólo fueron justificados 500 millones (13%), informó la Auditoría Superior. El órgano fiscalizador abrió incluso la posibilidad de presentar denuncias penales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el Fideicomiso Bicentenario y los recursos asignados a laEstela de Luz, en los que el gobierno federal gastó un total de 3 mil 750 millones de pesos, entre 2008 y 2010.
Las auditorías fueron practicadas al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana(INEHRM). La ASF afirmó en su dictamen que salvo los primeros 500 millones de pesos que fueron depositados al fideicomiso, el resto de los recursos no se justificaron e incluso comparó que el gasto total superó al presupuesto asignado a la Secretaría del Trabajo o de la Función Pública.
Se encontró que la empresa extranjera contratada para el evento del 15 de septiembre (Instantia Producciones) no pagó los impuestos en México.
De los mil 687 millones de pesos que se auditaron, se ubicó que a la empresa creada por el australianoRichard Birch, a quien se le pagó un salario de 11.5 millones de pesos, se le erogaron pagos como los 77.5 millones de pesos por “desarrollo conceptual”, 134.6 millones de pesos sólo por la administración de la empresa Instantia; así como el pago de dos eventos que cambiaron de sede y de fecha, por los cuales se erogaron 56.8 millones de pesos y 16.6 millones de pesos adicionales al costo original.
No hubo estudios de mercado y se privilegió a empresas filiales del Grupo CIE, al otorgarles contratos por mil 51 millones de pesos, que representaron 28% de los 3 mil millones de pesos del fideicomiso, como publicó EL UNIVERSAL.
La construcción de la Estela de Luz registró un “cúmulo de irregularidades”, de acuerdo con la ASF. El auditorJuan Manuel Portal recomendó que se suspendiera el finiquito de los pagos a la empresa Triple I Servicios —filial de Pemex— hasta no solventar las irregularidades detectadas.
El monto original de inversión era de 339 millones de pesos y su fecha de ejecución era de diciembre de 2009 a agosto de 2010. Se concluyó hasta diciembre de 2011 y con un costo total de 920.5 millones de pesos sin contar el IVA. No hubo estudio sismológico, ni se acreditaron las bases, características y criterios para llevar a cabo una adjudicación directa a la empresa Triple III Servicios y Banjército.
Del Parque Bicentenario, Semarnat no hizo una adecuada planeación del proyecto, dio pagos extraordinarios. De 587 millones de pesos, el costo llegó a 14 millones de pesos.
Por la noche, la secretaría de Educación Pública negó categóricamente que los recursos no hayan sido administrados con eficiencia, eficacia y economía, además de que argumentó que los procesos de licitación se llevaron a cabo como la marca la ley.
La SEP admitió retrasos en el inicio de la construcción de la Estela de Luz debido a que el cálculo de los honorarios del responsable de la obra debían hacerse con los criterios del Colegio de Arquitecto.
SENADORES PIDEN DEBATIR TEMA SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS
PVEMMilenio/24 de Febrero 2012
Senadores del PRI, PAN y PVEM demandaron iniciar el debate sobre la conveniencia de despenalizar o no el consumo de drogas en el que participen padres de familia, maestros, médicos y público en general, no sólo los partidos políticos.
En entrevista, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosario Green, señaló que se debe abrir este debate pues el problema del narcotráfico es muy delicado, aunque seguramente se opondrán a esto "las derechas y probablemente las iglesias", subrayó.
No obstante, la ex canciller comentó que en México ya está despenalizada la portación y el consumo de mariguana “en cantidades pequeñas, para uso personal, pero mucha gente no lo sabe”.
Incluso, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, afirmó el pasado miércoles que “a ella y al presidente Felipe Calderón no les parece mal que se abra un debate a nivel nacional sobre el tema”, añadió Green Macías.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe González, dijo que si bien ese instituto político tiene la posición de “que la solución no es aprobar el uso de drogas, este es el momento de discutir el tema”.
“Estamos oyendo lo que dicen los legisladores y los partidos, pero esto hay que abrirlo a la sociedad para ver el tema, y los padres de familia son los más autorizados para que los escuchemos y nos digan qué opinan de este asunto”, añadió.
González insistió en que este es el momento pues en 19 estados de la Unión Americana ya se legalizó el uso medicinal de la mariguana, y el nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez, pidió legalizar las drogas.
A su vez, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), René Arce, demandó al Senado aprobar su propuesta de convocar 'a un gran debate nacional' para despenalizar el consumo de ciertas drogas, como la mariguana, y regular el mercado de estupefacientes.
“Insisto en el tema porque ésta es la hora en la que en México debemos abrir paso a la reflexión y el debate sobre la legalización y regulación de las drogas”, precisó el legislador por el Distrito Federal.
Excélsior/17 de Febrero 2012
El pleno del Senado pidió a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, le informe las razones que llevaron a la destitución de José Luis Vargas Valdez como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuyo lugar ocupa ahora Imelda Calvillo Valdés.
A partir de una propuesta de punto de acuerdo presentada por el panista Felipe González, para llamar a todos los mexicanos a contribuir a un mejor contexto político en este año electoral, los legisladores expusieron en tribuna la urgencia de que la procuradora Marisela Morales explique claramente el movimiento realizado en la Fepade.
Fue a petición del PRI que se agregó al punto de acuerdo el llamado específico al Presidente de la República y a la titular de la Procuraduría General de la República.
El respaldo de la bancada del PRD le permitió a los priistas ganar la votación a los panistas, quienes se opusieron a añadir el nuevo texto.
Desde la sesión pasada, el PRI expresó en tribuna el “pavor” que tiene por la decisión de relevar a Vargas Valdez como titular de la Fepade a sólo cinco meses de las elecciones del 1 de julio.
Justificaron el temor en que a partir de que en el pasado reciente “las instituciones de procuración de justicia se han utilizado con fines políticos, para descalificar a los adversarios políticos, como ocurrió en Michoacán y en Quintana Roo”, como explicó en su momento Carlos Jiménez Macías.
Así, ayer el PRI logró que el pleno le respaldara la petición oficial de que Marisela Morales le entregue al Senado una argumentación detallada de sus motivos para hacer el cambio en la Fepade a la mitad del proceso electoral.
El propósito es que se despeje cualquier tipo de duda sobre las intenciones de un posible manejo político de las instituciones de procuración de justicia.
De esta forma, el Senado emitió un exhorto “a la titular de la Procuraduría General de la República (a) no utilizar a la institución con fines electorales y que rinda un informe a esta soberanía sobre las razones de la destitución del anterior titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.
El punto de acuerdo también llama a “las fuerzas políticas del país, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y a los ciudadanos en general, a abonar en la creación de las condiciones más propicias para que el presente proceso electoral se desarrolle en un marco de respeto a la ley, tolerancia y participación que fortalezca nuestra democracia y nuestras instituciones.
“Para que entre los candidatos prevalezca el debate político de las ideas y no de la guerra sucia, las denostaciones y las mentiras.
“Que actuemos como una democracia madura, que aprendió las lecciones de su historia y que nunca más le apueste a la confrontación, la violencia, el fraude y la delincuencia electoral.
Llamado a no meter las manos
Adicionalmente, pero en el mismo tema, el Senado de la República también solicitó al presidente Felipe Calderón y a todos los gobernadores del país y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a no inmiscuirse en el proceso electoral y a contribuir, con sus acciones, a la creación de un ambiente sano para la realización de los comicios del próximo 1 de julio.
Los legisladores también exhortaron a los presidentes municipales, a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los ciudadanos en general, a abonar en la creación de las mejores condiciones que permitan el mejor desarrollo del proceso electoral, con el fin de evitar la polarización política de la sociedad.
El acuerdo del Senado “exhorta directamente al titular del Ejecutivo federal a que ajuste sus actos a la ley y no interfiera en el proceso electoral y se abstengan de dar a sus funcionarios inmediatos, incluidos los delegados federales, en instrucciones en contrario de este exhorto”.
A propuesta del perredista Pablo Gómez, los senadores se comprometieron también a elaborar un exhorto, el próximo martes, para solicitar al presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a todos los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que muestren su disposición a contribuir a la construcción del mejor ambiente político.
Para ello les exigen que renuncien a su derecho a la promoción de las acciones de sus gobiernos, con el propósito de que se construya un verdadero contexto de equidad electoral.
El llamado es a que ningún gobernante intervenga en el proceso electoral, pero también “se exhorta con respeto a las autoridades locales y federales de procuración y administración de justicia a efecto de que den el cauce legal a las denuncias y juicios correspondientes sin someterse a intereses políticos ni presiones de grupos de poder”, destaca el exhorto.