Excélsior/27 de Febrero 2012
En la encuesta BGC-Excélsior 35% considera al gobierno de Nuevo León como el responsable de la fuga en Apodaca
Tras la ampliamente conocida masacre y fuga de reos en el penal de Apodaca, en Nuevo León, la opinión pública cree que los motines que ocurren en las cárceles estatales se deben principalmente a la corrupción y complicidad de autoridades penitenciarias y custodios, que son presa fácil del crimen organizado.
Asimismo, la población se inclina por la construcción de más cárceles de alta seguridad, pero muestra nula disposición a mayores impuestos o reasignaciones de recursos destinados actualmente a infraestructura o política social a fin de poder reforzar los penales, de acuerdo con la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre este tema.
Casi toda la población se enteró del motín y fuga de reos en el penal de Apodaca, (nueve de cada diez se enteraron). Para la opinión pública (60%), las riñas, motines y fugas que ocurren en los penales estatales se deben principalmente a la mayor capacidad de los miembros del crimen organizado para corromper y controlar a autoridades y custodios de esas prisiones (gráfico 1).
En el caso específico del motín en Apodaca, la gente se divide a la hora de asignar la responsabilidad del suceso: para 35%, el culpable de lo sucedido es el gobierno estatal; en tanto, 32% señala al gobierno de Felipe Calderón (gráfico 2).
Se le cree al gobernador Rodrigo Medina que la revuelta al interior de esa cárcel ocurrió por la corrupción y complicidad de los directivos penitenciarios con las bandas criminales (66%).
Sin embargo, no se descarta que altas autoridades del gobierno estatal pudieran estar implicadas en los malos manejos del penal, pues para algo más de la mitad (55%), pudo haber habido complicidad del gobernador por haber designado como director de esa cárcel a alguien con conocidos antecedentes de presunta corrupción (gráfico 3).
Para la opinión pública (73%), el sistema carcelario del país está mal (gráfico 4). Se concuerda más (56%) con la versión de que los gobiernos estatales no dan recursos a sus centros de reclusión ni aplican controles a los administradores y custodios; menos personas (28%) coinciden con el reclamo de gobernadores sobre la saturación de los penales debido a que el gobierno federal no previó la necesidad de mayores espacios para los criminales peligrosos (gráfico 5).
Frente a los problemas de control que existen en los reclusorios estatales, la población (63%) se inclina porque el gobierno federal construya más penales de alta seguridad y desdeña (sólo 16%) la opción de que aporte más dinero a los gobiernos de los estados para que refuercen sus cárceles (gráfico 6).
Para obtener recursos a fin de reforzar las cárceles estatales y construir nuevas, la población rechaza (63%) contribuir con un nuevo impuesto para ese fin (gráfico 7). La posibilidad de recanalizar algunos recursos de apoyos sociales o infraestructura tampoco es una opción aceptable (68% se opone), aun cuando se mantengan los problemas de sobrepoblación en los penales.
