Excélsior/17 de Febrero 2012
El pleno del Senado pidió a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, le informe las razones que llevaron a la destitución de José Luis Vargas Valdez como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuyo lugar ocupa ahora Imelda Calvillo Valdés.
A partir de una propuesta de punto de acuerdo presentada por el panista Felipe González, para llamar a todos los mexicanos a contribuir a un mejor contexto político en este año electoral, los legisladores expusieron en tribuna la urgencia de que la procuradora Marisela Morales explique claramente el movimiento realizado en la Fepade.
Fue a petición del PRI que se agregó al punto de acuerdo el llamado específico al Presidente de la República y a la titular de la Procuraduría General de la República.
El respaldo de la bancada del PRD le permitió a los priistas ganar la votación a los panistas, quienes se opusieron a añadir el nuevo texto.
Desde la sesión pasada, el PRI expresó en tribuna el “pavor” que tiene por la decisión de relevar a Vargas Valdez como titular de la Fepade a sólo cinco meses de las elecciones del 1 de julio.
Justificaron el temor en que a partir de que en el pasado reciente “las instituciones de procuración de justicia se han utilizado con fines políticos, para descalificar a los adversarios políticos, como ocurrió en Michoacán y en Quintana Roo”, como explicó en su momento Carlos Jiménez Macías.
Así, ayer el PRI logró que el pleno le respaldara la petición oficial de que Marisela Morales le entregue al Senado una argumentación detallada de sus motivos para hacer el cambio en la Fepade a la mitad del proceso electoral.
El propósito es que se despeje cualquier tipo de duda sobre las intenciones de un posible manejo político de las instituciones de procuración de justicia.
De esta forma, el Senado emitió un exhorto “a la titular de la Procuraduría General de la República (a) no utilizar a la institución con fines electorales y que rinda un informe a esta soberanía sobre las razones de la destitución del anterior titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.
El punto de acuerdo también llama a “las fuerzas políticas del país, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y a los ciudadanos en general, a abonar en la creación de las condiciones más propicias para que el presente proceso electoral se desarrolle en un marco de respeto a la ley, tolerancia y participación que fortalezca nuestra democracia y nuestras instituciones.
“Para que entre los candidatos prevalezca el debate político de las ideas y no de la guerra sucia, las denostaciones y las mentiras.
“Que actuemos como una democracia madura, que aprendió las lecciones de su historia y que nunca más le apueste a la confrontación, la violencia, el fraude y la delincuencia electoral.
Llamado a no meter las manos
Adicionalmente, pero en el mismo tema, el Senado de la República también solicitó al presidente Felipe Calderón y a todos los gobernadores del país y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a no inmiscuirse en el proceso electoral y a contribuir, con sus acciones, a la creación de un ambiente sano para la realización de los comicios del próximo 1 de julio.
Los legisladores también exhortaron a los presidentes municipales, a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los ciudadanos en general, a abonar en la creación de las mejores condiciones que permitan el mejor desarrollo del proceso electoral, con el fin de evitar la polarización política de la sociedad.
El acuerdo del Senado “exhorta directamente al titular del Ejecutivo federal a que ajuste sus actos a la ley y no interfiera en el proceso electoral y se abstengan de dar a sus funcionarios inmediatos, incluidos los delegados federales, en instrucciones en contrario de este exhorto”.
A propuesta del perredista Pablo Gómez, los senadores se comprometieron también a elaborar un exhorto, el próximo martes, para solicitar al presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a todos los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que muestren su disposición a contribuir a la construcción del mejor ambiente político.
Para ello les exigen que renuncien a su derecho a la promoción de las acciones de sus gobiernos, con el propósito de que se construya un verdadero contexto de equidad electoral.
El llamado es a que ningún gobernante intervenga en el proceso electoral, pero también “se exhorta con respeto a las autoridades locales y federales de procuración y administración de justicia a efecto de que den el cauce legal a las denuncias y juicios correspondientes sin someterse a intereses políticos ni presiones de grupos de poder”, destaca el exhorto.
