• En la Ciudad de México existen once bosques que cubren un área de 44.8 mil hectáreas, ubicados principalmente en las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa que son considerados suelo de conservación

Dichos apoyos económicos, detalló en Tribuna la legisladora ecologista, se otorgarán a través de la Secretaría de Medio Ambiente local por lo que el Congreso de la Ciudad de México, tendrá la obligación de etiquetar presupuesto suficiente cada año, para cumplir con dicho objetivo.

Al presentar la propuesta de modificación a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas del Congreso local, destacó la importancia de incentivar a quienes se encargan de la preservación de los bosques, el suelo de conservación, así como los ríos y cuerpos de agua de la capital, ya que dijo, “estos espacios son un tesoro en nuestra ciudad y hay que conservarlos”.

Es importante señalar que la protección de las áreas naturales protegidas en la capital del país, se encuentra regulada en el Código Penal local, con una pena de 20 años a quien tale u ocasione la muerte de uno o más árboles en suelo de conservación, área natural protegida, área de valor ambiental o barranca; y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene atribuciones para prevenir la comisión de delitos ambientales.

Sin embargo, la congresista ecologista destacó que “es necesario apoyar a quienes cuidan nuestros recursos naturales ya que su labor beneficia a los casi nueve millones de personas que vivimos en la capital del país, además de ser el hábitat de animales y flora nativa de la Ciudad de México”.

En ese sentido, la presente iniciativa propone reformar la Ley Ambiental de la Ciudad de México, para establecer como facultad de la SEDEMA la creación y ejecución de programas de apoyos económicos a quien cuide los espacios verdes urbanos, el suelo de conservación y el suelo forestal y apoye en el rescate de ríos y cuerpos de agua; para llevarlo a cabo, el Congreso deberá etiquetar cada año el presupuesto suficiente para cumplir con dicho objetivo.