Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores;
El dictamen que ponemos a nuestra consideración, es producto de la voluntad de las y los ciudadanos expresada mayoritariamente en las urnas el pasado 2 de junio. Y me refiero al respaldo que se le dio a una coalición electoral que fue muy clara con su oferta política y programática de impulsar la reforma al poder judicial, la cual, en esencia, impulsa la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esto requería de un cambio al texto constitucional, el cual ya concluyó su proceso legislativo y hoy es ley vigente. Como todos sabemos, las reformas constitucionales que plantean una transformación profunda, siempre necesitan de la expedición de nuevas leyes y la reformulación integral de las existentes para enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación.
Es en este sentido que, con las reformas y adiciones planteadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se pretende incorporar al ordenamiento que regula los procesos electorales en nuestro país, las reglas, etapas y procedimientos de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Se trata de dar certeza y operatividad a este proceso que llevaremos a cabo por primera vez en junio del próximo año y que, a partir de entonces, permitirá la renovación en elecciones concurrentes con las orientadas a renovar las cámaras del congreso de la Unión, de todos los juzgadores en el país, así como de los órganos encargados de la administración y disciplina del Poder Judicial, tanto del ámbito federal, como del local.
Este dictamen reviste gran importancia porque su aprobación nos permitirá contar con los lineamientos básicos para la postulación de candidatos y para la organización y conducción adecuada de las distintas actividades que conforman el proceso electoral de los integrantes del Poder Judicial.
Estas reformas en sí, permitirán asimismo, que los procesos electorales para la elección de integrantes de este poder, se realicen de forma homogénea y confiable, dando certeza jurídica a todas las etapas del proceso, desde la emisión de las respectivas convocatorias para los interesados en participar, hasta la declaración de validez de las mismas, al establecer las prohibiciones respecto a la no intervención de partidos políticos o funcionarios públicos, y señalarlos como causal de anulación de alguna candidatura que se vea beneficiada con recursos que no correspondan a la elección.
Se propicia la equidad en la competencia y se asegura que accedan a los diferentes cargos las personas que de manera legal y limpia obtengan la confianza de las y los ciudadanos.
El poder judicial debe de ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier influencia externa. Sólo de esa manera podrá recuperar la confianza pública de las y los ciudadanos, especialmente aquellos que menos recursos tienen para acceder a la justicia y que han sido abandonados por ella, porque, también hay que decirlo, nuestro sistema judicial, muchas veces castiga más a la pobreza que a la delincuencia.
Con las reformas propuestas a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, se profundiza en las características que deberán tener quienes integran los comités de evaluación de cada poder de la unión.
Por lo anterior, se garantiza que los procesos de selección de las candidaturas que finalmente deberán de someterse a la voluntad popular, sean transparentes, públicos, imparciales y abiertos. Por eso el Grupo Parlamentario del Verde dará su voto a favor. Es cuanto presidente. Muchas gracias.
