- El acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.
- El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito al transporte público para sectores prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objeto de combatir la desigualdad, reducir la discriminación y asegurar el derecho a la movilidad para quienes más lo necesitan.
La iniciativa plantea adicionar un sexto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la exención total del pago de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, previa identificación oficial vigente y que sea emitida por instituciones que acrediten dicha condición.
Durante su participación en tribuna, la senadora argumentó que el acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Actualmente en nuestro país, más de 18 millones de adultos mayores, 5 millones de niñas y niños menores de cinco años y 6 millones de personas con discapacidad enfrentan obstáculos para movilizarse libremente.
"En las zonas más marginadas del país, donde el costo del transporte es elevado, las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan serios obstáculos como la discriminación, la falta de accesibilidad y la escasa infraestructura, lo que limita su derecho a la movilidad", alertó la legisladora.
Por otra parte, Corona Nakamura explicó que, aunque algunas ciudades del país ofrecen descuentos o gratuidad en ciertos medios de transporte, no existe una política nacional que garantice este beneficio de forma uniforme en todas las modalidades de transporte público operado por la administración pública.
A esto se suman cientos de horas perdidas en traslados y los altos costos del pasaje. De acuerdo con el IMCO, las pérdidas económicas derivadas de la congestión en el transporte público ascienden a 94 mil millones de pesos al año, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen.
“El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente, que garantice el acceso pleno a los sectores más vulnerables”, finalizó la senadora por Jalisco.
