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México, D. F., a  05  de Marzo de 2013

   

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL SENADOR JORGE EMILIO GONZÁLEZ SOBRE LA INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA AMBIENTAL

Con su permiso Senador Presidente,

Compañeras y compañeros Senadores.

Nuestro país cuenta con una serie de características de las que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, de todas las riquezas de México sin duda alguna, destaca su diversidad biológica, distinguida a nivel mundial por la variedad de ecosistemas y de especies de animales y plantas que se desarrollan en el territorio nacional.

Esta riqueza no sólo implica un gran privilegio contar con un capital natural invaluable, sino también  una gran responsabilidad de los mexicanos con el mundo entero, incluso con las generaciones futuras, pues dichos recursos constituyen patrimonio de toda la humanidad.

En atención a dicha responsabilidad, resulta fundamental que quienes integramos el Poder Legislativo Federal asumamos el compromiso de expedir normas adecuadas para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a fin de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar previsto en el Artículo 4º de nuestra Constitución.

Las conductas que atentan contra el ambiente han sido objeto de diversas regulaciones tanto administrativas como  civiles.  Con el paso de los años estas medidas  han sido superadas por la realidad  que impera en nuestros días al grado de ser insuficientes, por lo cual resulta necesario recurrir a las sanciones penales, no sólo como una medida para que los recursos naturales tengan el nivel más alto de protección jurídica, sino como un medio para convertir a la responsabilidad por el daño ambiental en un ejercicio efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.

Por lo anterior, el día de hoy me permito presentarles ante esta Honorable Asamblea una iniciativa de reformas a los artículos 60 y 420 Código Penal Federal, este último relativo a los “delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en materia de biodiversidad”.

Lo anterior, a fin de combatir el fenómeno que en los últimos años  se ha popularizado, no sólo  frente a la tentación de disfrutar de bienes exclusivos, sino también por la falta de sanciones ejemplares  para impedirlo.  El consumo ilícito de vida silvestre materializado en la adquisición de ejemplares y sus derivados con fines ornamentales y para su ingesta.

Ejemplo de estas conductas lo constituye el consumo ilícito de animales disecados, pieles, huevos de tortuga y aleta de tiburón, entre otras carnes y aceites de animales exóticos, en prejuicio del equilibrio de los ecosistemas y de las poblaciones de dichas especies.

Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera que en la mayoría de los casos el consumo constituye el último eslabón del mercado ilegal de especies, de plantas y animales, de tal manera que con esta iniciativa se busca dar un golpe a su consumo ilícito desincentivando la demanda de dichos bienes a partir de la amenaza de una sanción penal a sus consumidores a fin de que las actividades destinadas a satisfacer este mercado dejen de representar un negocio.

De esta forma, la presente iniciativa tiene dos objetivos fundamentales:

La primera es fortalecer la protección penal de la flora y fauna del país, estableciendo como delito el consumo ilícito de especies, así como de sus partes, derivados y recursos genéticos

Y la segunda, aprovechando la oportunidad de esta reforma, se propone un replanteamiento del Artículo 420 del Código Penal Federal, recogiendo el espíritu del texto vigente pero mejorando su redacción mediante el establecimiento de una fórmula general que prevea todas las conductas penalmente relevantes  a fin de proteger la biodiversidad con una técnica legislativa mas adecuada.

Por su atención muchas gracias.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  28  de febrero de 2013

     

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SENADORA NINFA SALINAS SADA RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TEPJF

 

Compañeros Senadores:

La justicia electoral desempeña un papel fundamental en los sistemas de gobiernos democráticos, pues es la garante de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas se materialice de forma efectiva en la conformación de instituciones y poderes. Ello permite, a su vez, generar condiciones de legitimidad y estabilidad que resultan fundamentales para la consolidación de la propia democracia.

En este contexto adquiere especial relevancia el nombramiento de Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo cierto es que México necesita magistrados electorales que concilien entre legalidad, razón y justicia. Personas que interpreten con argumentos claros y apegados a derecho; que establezcan soluciones viendo en todo momento por el respeto a la dignidad humana, en un contexto nacional donde los derechos humanos se han convertido en un referente y una guía.

Expresamos nuestra satisfacción porque llegamos a una conclusión en un proceso fundamentado en criterios de objetividad, eficiencia y transparencia.  En unos momentos, votaremos el dictamen de la Comisión de Justicia relativo al nombramiento de magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estamos seguros que el resultado final será el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia electoral y de nuestro estado de derecho en su conjunto.

Resulta importante señalar que el proceso que se ha logrado después de un análisis metódico y riguroso, altamente técnico, basado en la realización de audiencias públicas que han probado ser un instrumento fundamental para el buen desempeño de las facultades y responsabilidades del Senado de la República.

En dichas comparecencias, los integrantes de la Comisión de Justicia hemos conocido y debatido  aspectos sobre los que van desde la idoneidad de los perfiles académicos y profesionales de los candidatos a magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral, hasta los retos y perspectivas de nuestro sistema de justicia electoral.

Asimismo, las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Justicia han permitido conocer los valores y principios que aquellos que aspiran a servir a México ejerciendo el cargo de magistrado.

 

Debemos reconocer que a lo largo de todo el proceso siempre hubo claridad para las senadoras y los senadores el alto nivel de preparación y conocimiento de cada uno de los participantes de las ternas.

 Desde esta tribuna reconocemos su profesionalismo y esfuerzo, éstos serán indispensables para responder con oportunidad a los retos que enfrenta nuestro sistema de justicia electoral

Uno de los retos más importantes que deberán afrontar quienes sean nombrados magistrados electorales será el cambio de paradigma de control jurisdiccional que realizan las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No debemos perder de vista  que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y del análisis que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, todas las autoridades jurisdiccionales del país deberán, de oficio, ejercer el llamado control difuso de convencionalidad en la materia y resolver en todo tiempo atendiendo al principio pro persona o pro homine, esto es, favoreciendo a la persona con la protección más amplia. En el ejercicio de dicho control los jueces, federales o locales, podrán incluso determinar la inaplicación de una norma por considerarla contraria a los  derechos humanos consagrados en nuestra Constitución o en los tratados internacionales en la materia.

Otro reto importante será el relativo al cumplimiento de los derechos político - electorales de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos por  nuestra Carta Magna.

Finalmente, quienes sean nombrados Magistrados electorales tienen el reto de acercar la justicia electoral a todos los ciudadanos, incorporando un lenguaje más claro y preciso a sus sentencias.

El Partido Verde Ecologista, respetuoso del estado de derecho, promotor de la cultura de legalidad y comprometido con México, celebramos la conclusión de un proceso tan relevante para la vida institucional de nuestro país.

Muchas Gracias.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 28 de febrero del 2013

Boletín 27/13

   

La falta de un tabulador para la retención de la pensión alimenticia provoca confusión constante: Ninfa Salinas

Con el fin de propiciar un sistema de pensiones alimentarias que brinde certeza y seguridad jurídica, la senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa de reformas al artículo 311 del Código Civil Federal.

El problema de los juicios de separación y divorcio recae en el cumplimiento de la sentencia, ya que actualmente queda al criterio del patrón la base del salario sobre el cual se deberá de aplicar la reducción, sobre el salario neto o bruto.

Tal ambigüedad en la legislación provoca que los jueces de lo familiar no cuenten con las herramientas necesarias para asignar una sentencia o convenio justo.

Comentó que la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia provoca una constante confusión, que a su vez puede causar una violación al principio de economía procesal, el cual compromete el bienestar económico de los actores y el desarrollo mental de los menores.

“Habrá que recordar que en este caso no sólo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor que debe de quedar con los recursos suficientes para su sustento”, comentó la legisladora.

Por ello, Salinas Sada presentó esta propuesta de reformas la cual establece que “para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal”.

Tal es el caso que la Suprema Corte, en materia de pensiones, alimenticias, dice que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe de recibirlos.

“Debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias, exige un tratamiento donde se llegue a acuerdos objetivos, si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas” resaltó.

Y es que alguna falta por el pago de la pensión es considerada un delito penal que puede llevar a la cárcel al deudor o al encargado de la empresa que tiene que retener el porcentaje del salario de su empleado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 15 de cada 100 matrimonios termina en divorcio, por lo que, dijo, es “nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables”.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México, D. F., a  28  de febrero  de 2013

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INICIATIVA QUE PRESENTÓ LA SENADORA NINFA SALINAS SADA SOBRE LA REFORMA AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS.

 

Compañeros Senadores y Senadoras,

En esta ocasión me presento ante ustedes para presentar una reforma al artículo 311 del Código Civil Federal en materia de pensiones alimenticias.

Es una dura realidad la que se vive en México en términos de separaciones y divorcios.  Actualmente el 15% de todos los matrimonios terminan en divorcio y cada una de estas separaciones llevan de la mano juicios exhaustivos para las parejas y en su caso para los hijos.

Como parte esencial de la mayoría de los trámites de separación y divorcio, está el de fijar una cantidad de recursos suficientes para un adecuado sustento tanto de la pareja que haya obtenido menores ingresos durante el matrimonio o concubinato, como de los hijos; a esto se le denomina pensión alimenticia.

Aunque por lo regular las pensiones alimenticias son solicitadas por  las mujeres, existen algunos casos en que es el hombre el que también solicita su derecho a recibir este apoyo. Aunque  estos últimos representan un mínimo porcentaje, reflejan el cinco por ciento de los juicios.

El obligado a fijar el monto a pagar por pensión alimenticia es un juez de lo familiar. Este juez, por medio de una sentencia, indica al deudor la cuantía de este monto, o en su defecto el porcentaje que deberá ser retenido de su salario, el cual la empresa, con la que el deudor tenga una relación laboral, deberá de retener a favor del acreedor alimenticio. Esto crea una relación de solidaridad entre el deudor alimenticio y el patrón, ya que la falta de pago de dicha pensión puede originar una sanción del tipo penal.

El verdadero problema reside en el momento del cumplimiento de la sentencia, ya que queda a criterio del patrón la base del salario sobre la cual se deberá de aplicar la reducción, si es sobre el salario neto o bruto, es decir antes o después de reducciones fiscales, pago de cuota obrero patronales, entre otras.  Esto es causado por la ambigüedad de la legislación al hablar sobre pago de pensiones alimenticias y de la falta de herramientas necesarias que requiere el juez de lo familiar para lograr una asignación justa dentro de la sentencia o convenio.

La constante confusión que provoca la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia puede causar  una violación al principio de economía procesal ya que muchas veces, por falta de legislación se tiene que recurrir a un incidente dentro del juicio para resolver esta cuestión,  comprometiendo el bienestar económico de los actores e incluso el desarrollo mental de los menores, ya que estudios han demostrado que entre más largo sea el proceso de separación mas afectaciones puede tener sobre el o los menores.

Además se crea incertidumbre jurídica para cada una de las partes involucradas. Por un lado, el deudor alimenticio no sabe cuál será el monto final que percibirá de su salario después de las  retenciones, ya que al realizar la deducción sobre el salario neto o realizarla sobre el salario bruto deja para el sustento del deudor  dos cantidades que son completamente distintas, y habrá que recordar que en este caso no solo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor debe de quedar con recursos suficientes para su sustento.

El patrón por su parte, no conoce con exactitud cuál es la base en la que debe  realizar esta retención y viene el caso de los más afectados, los más vulnerables, me refiero en su mayoría a niños, niñas, jóvenes en edad escolar y responsables de familia que viven en la incertidumbre de no saber a cuánto ascenderá esta pensión alimenticia y por consiguiente, al desconocimiento de si podrán o no cubrir sus necesidades básicas con este monto.

Existe una cantidad importe de jurisprudencias en este tema, todas y cada una concuerdan en que se debe de tomar como base la totalidad de las percepciones que el obligado alimentario perciba, disminuyendo las deducciones de carácter legal que no sean derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como impuestos al ingreso por trabajo realizado.

La postura de la Suprema Corte en materia de pensiones alimenticias es tajante, los alimentos deben de ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe de recibirlos. Además de la importancia de velar por los intereses generales por encima de los particulares.

Es importante retomar que alguna falta dentro del pago de la pensión alimenticia es considerada una falta penal y puede llevar a la cárcel tanto al deudor como al obligado a retenerla y aunque actualmente la base de la reducción se encuentra estipulada en jurisprudencia de la Corte, es indispensable y urgente introducirla al marco legal para brindar de una vez por todas certeza jurídica a las partes un país, en el que según cifras del INEGI 15 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, y esto sin contar con las parejas que ya formaron familias en sociedad conyugal. Es nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables.

La justicia, como valor supremo y absoluto hace imposible conceptualizaciones parciales. Debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias, exige un tratamiento donde se llegue a los acuerdos objetivos, si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas.

La reforma que someto a discusión pretende propiciar un sistema de pensiones  que brinde certeza y seguridad jurídica, principios del derecho que no encuentra polaridades y que busquenn ser base de orientación para el sistema de impartición de justicia.

De esta forma, buscamos que dichos principios jurídicos, operen para todos los que intervienen: el deudor, el acreedor, el patrón, así como para el juez, a quien buscamos dotarle de herramientas que faciliten su actuar, pues finalmente será él quien materialice los valores de los que dotemos al sistema y que con esto los términos de pensión alimenticia y justicia sean partes de un mismo concepto para todos los hogares mexicanos.

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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 27 de febrero del 2013 Boletín 26/13

Plantea llevar el Tianguis Turístico de Acapulco a Chiapas en 2016

El senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Partido Verde, propuso en la tercera reunión ordinaria la Comisión de Turismo, crear un tianguis turístico rotativo de nicho, para promover con mayor impacto el turismo que es un gran generador de impuestos, el cual pudiera rotarse dependiendo el perfil y las características de cada estado.

Melgar Bravo abundó que el tianguis pudiera ser de “Turismo de Aventura, Arqueológico, Playero, Cultural y de convenciones, entre otros, porque se debe entender al turismo de manera especializada, toda vez que a nivel mundial el turismo de nicho avanza cada vez más.

Asimismo, respaldó la propuesta de que el Tianguis Turístico de Acapulco sea rotativo y que cada dos años regrese a su estado, a partir del 2015, como lo planteó en campaña el Presidente Enrique Peña Nieto, además propuso que en el 2016 se lleve a cabo en Chiapas.

“Para la diversidad que tenemos en nuestro país podríamos mantener el Tianguis Turístico de Acapulco como hasta ahora se ha realizado, para promoverlo, y a la par podamos trabajar en propuestas de tianguis de nicho”, explicó el senador ecologista.

Estas propuestas obtuvieron el apoyo de los integrantes de la Comisión de Turismo, por lo que pudieran presentarlas ante el pleno la siguiente semana para beneficio de todos los mexicanos, de las entidades de la República y del turismo a nivel mundial.

México, D. F., a  26  de febrero de 2013

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL SENADOR CARLOS PUENTE AL PRESENTAR LA INICIATIVA DE LEY EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La innovación científica y tecnológica constituye un factor determinante para la riqueza y el bienestar de las sociedades contemporáneas. Cada vez más, el desarrollo económico y la prosperidad de los países y regiones descansan en la generación de conocimientos avanzados y en su transformación en nuevos productos, servicios, procesos y paradigmas de consumo.

Desafortunadamente, México se encuentra altamente rezagado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Basta señalar que en el  Índice Global de Innovación 2012, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), nuestro país se ubica en el lugar 79 de una lista de 141naciones. En este índice, que refleja el nivel de investigación y desarrollo en un país determinado, México, nuestro país, está por debajo de naciones latinoamericanas como Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú o Guyana. Incluso existen naciones de África, Asia o de la región del Caribe con un Producto Interno Bruto (PIB) muy inferior al nuestro que se encuentran mejor ubicados en el índice Global de Innovación.

Si revisamos indicadores concretos en la materia, el resultado es dramático. Este es el caso del número de investigadores dedicados a actividades científicas y tecnológicas. De acuerdo con la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana, (RICYT) en México existe menos de un investigador por cada mil habitantes pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA). En países latinoamericanos como Chile el número de investigadores por cada mil habitantes de la Población Económicamente Activa es del doble que en el nuestro. Es decir de países como España donde existen cerca de siete investigadores por cada mil habitantes o bien de Estados Unidos donde hay más de diez.

Otro indicador que nos muestra de forma cruda nuestro rezago en investigación, desarrollo e innovación es el número de patentes solicitadas y concedidas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año 2010 en México se solicitaron 14 mil patentes, mientras que en Estados Unidos se  solicitaron más de 490 mil. Peor aún: de las 14 mil patentes solicitadas en nuestro país durante ese año, únicamente 951 fueron hechas por nacionales y  las otras, más de 13 mil por extranjeros. Cuando analizamos el número de patentes concedidas las cifras son aún más bajas: sólo 200 patentes registradas por mexicanos. Al final, el porcentaje de patentes generadas por connacionales es de apenas 2.2%.

En gran medida, este atraso en ciencia, tecnología e innovación se debe a la falta de inversión. Cabe señalar que durante los últimos seis presupuestos de egresos de la federación se destinó menos del 0.43% del Producto Interno Bruto (PIB) a actividades relacionadas con estas materias.

Hoy el Ejecutivo Federal ha dado un paso significativo para revertir esta situación al impulsar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un aumento en el presupuesto asignado a actividades de ciencia, tecnología e innovación. De esta forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del presente año 2013 se asignaron recursos por  más de 70 mil 300 millones de pesos, monto que representa un aumento de 14.6% respecto al año pasado. La idea del presente gobierno que inició su gestión hace unos cuantos meses es incrementar los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación para estar en posibilidades de alcanzar la meta del 1% del PIB, para finales de esta administración.

Lo cierto es que este esfuerzo debe ser acompañado de acciones legislativas concretas. Para alcanzar esa meta del 1 por ciento del PIB en gasto destinado a investigación científica y crecimiento tecnológico, como lo determina el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, resulta indispensable expandir y consolidar  nuestra planta de investigación, desarrollo e innovación.

La presente iniciativa busca contribuir a avanzar en dicho propósito para obtener mejores resultados en el tema que nos ocupa y con la celeridad que se requiere.

El Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, desarrollado por el CONACYT, está conformado por instituciones de investigación que se agrupan en tres grandes áreas según sus objetivos y especialidades: ciencias exactas y naturales; ciencias sociales y humanidades; desarrollo e innovación tecnológica. Los Centros Públicos de Investigación CONACYT han contribuido de manera decisiva a descentralizar nuestros esfuerzos en el campo de la ciencia y la tecnología, brindando especial atención a la búsqueda de soluciones para los problemas regionales. Además de lo anterior, han sido un factor importante para vincular la generación de conocimientos con el sector productivo del país e impulsar la investigación y la innovación.

Desafortunadamente, hoy sólo existen en todo el país 27 Centros Públicos de Investigación. Tan sólo 15 entidades federativas cuentan al menos con una sede y si se toman en cuenta las unidades o subsedes su presencia se extiende a 23 entidades federativas.

La realidad es que para contar con un Sistema de Centros Públicos CONACYT que se consolide como motor del desarrollo regional y nacional es necesario ampliar su presencia y fortalecer las instituciones existentes.  De forma concreta, proponemos reformar la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de sentar las bases legales que permitan iniciar un proceso de creación de nuevos centros de investigación en aquellas entidades federativas que no cuentan actualmente con uno. La idea es que al final de la presente administración exista cuando menos un centro en cada estado. Sin duda, la creación de estas nuevas instituciones requerirá de recursos presupuestales, pero no debemos perder de vista que los propios centros generan recursos para su funcionamiento a través de la venta de servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para la formación de recursos humanos calificados.

Las nuevas instituciones evidentemente realizarán labores relacionadas con la innovación, pero pondrán especial énfasis en temas que aprovechen las ventajas competitivas de los estados y regiones donde se asienten, a efecto de impulsar su crecimiento. La generación de conocimiento, su canalización al desarrollo y la  innovación, así como su articulación con el desarrollo regional es fundamental para lograr un crecimiento económico propio y para alcanzar mejores niveles de bienestar.

Lo anterior cobra especial relevancia si consideramos que, de acuerdo con datos del propio CONACYT, algunas de las entidades con menor desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación son precisamente aquellas que no cuentan con ninguna sede o subsede de los Centros Públicos de Investigación. Este es el caso de mi entidad, de mi estado, Zacatecas.

Los nuevos centros pueden sentar las bases para el desarrollo de parques tecnológicos o clusters tecno - industriales, físicos o virtuales, que permitan conjuntar y coordinar esfuerzos e inversiones para aprovechar nichos de investigación, desarrollo e innovación.

Además de lo anterior, la apertura de estos nuevos centros permitirá que quienes obtengan una beca del CONACYT y concluyan sus estudios de posgrado puedan incorporarse a trabajar en ellos. Lo anterior, con el fin de entrelazar los esfuerzos que se desarrollan en materia de ciencia y tecnología y evitar que los recursos destinados a formar posgraduados se desperdicien. No debemos olvidar que muchos de los doctores graduados cada año en México terminan en el subempleo o migrando a instituciones de investigación en el extranjero. Con esta medida abriremos oportunidades para que miles de jóvenes talentosos contribuyan de manera decisiva a impulsar el desarrollo del país y a liberar a entidades y regiones del lastre de la pobreza. Nuestra juventud necesita oportunidades para desarrollar sus capacidades y esta es una vía inmejorable.

Por otra parte, en plena coincidencia con lo establecido en el documento “Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, elaborado por 65 instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos empresariales, consideramos necesario consolidar la operación de las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento. Desde nuestra perspectiva, el establecimiento obligatorio de estas unidades contribuirá de manera decisiva a la transferencia de tecnología y conocimientos hacia las empresas públicas, privadas y sociales con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En este sentido, proponemos reformar el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Finalmente, en coincidencia con propuestas presentadas por el Partido Verde en la pasada legislatura, proponemos adicionar el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de dotar al Consejo General de la facultad de definir anualmente los proyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación, desarrollo tecnológico en los que México pueda participar.

El objetivo es incrementar la generación de conocimientos para la solución de problemas reales y cotidianos en nuestro país.

México no puede esperar. Es hora de cumplir con nuestra responsabilidad como legisladores y responder a los anhelos de bienestar de la sociedad; lo cierto es que la ciencia, la tecnología y la innovación son una de las mejores vías para combatir la pobreza, la exclusión, la violencia y la desigualdad.

Es cuanto Senador Presidente, muchas gracias compañeras y compañeros.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 26 de febrero del 2013

Boletín 24/13

 

Éstos evitarán la fuga de cerebros y el desperdicio de talento joven: Puente Salas

El senador Carlos Alberto Puente Salas, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, con el fin de incrementar el número de centros públicos pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NACYT).

Comentó que actualmente existen sólo 27 centros de investigación en 15 entidades federativas y el propósito de la iniciativa es que al final del sexenio exista por lo menos uno en cada estado de la República.

Estos nuevos centros, dijo, sentarán las bases para la creación de parques tecnológicos o clusters tecno-industriales, físicos o virtuales, que permitan conjuntar esfuerzos e inversiones en la materia.

Por otra parte, expresó que la apertura de estas instituciones en entidades que no cuentan actualmente con una, permitirá incorporar a jóvenes becarios al CONACYT y así evitar la llamada fuga de talentos al extranjero.

La propuesta establece con claridad que los nuevos centros públicos de investigación CONACYT impulsarán las capacidades y ventajas competitivas de las entidades federativas o regiones en las que se asienten, como mecanismo para abatir el atraso.

El legislador zacatecano señaló que la generación de conocimiento y la innovación constituyen un factor determinante para la creación de riqueza y el bienestar de las sociedades contemporáneas. Cada vez más, añadió, el desarrollo y la prosperidad descansan en la generación de nuevos saberes y su transformación en nuevos productos, servicios, procesos y paradigmas.

Desafortunadamente, apuntó, México tiene un profundo rezago en la materia.

Durante su exposición resaltó que, según el Índice Global de Innovación 2012, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), el país se ubica en el lugar 79 de 141 naciones, por debajo de países latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina o Perú.

En la iniciativa, presentada con el apoyo de legisladores de todos los grupos parlamentarios, también se propone consolidar la operación de las Unidades de vinculación y Transferencia de Conocimiento contempladas en la ley.

De aprobarse la propuesta, estas unidades existirán en todos los centros de investigación e instituciones de educación superior y tendrán entre sus tareas la difusión de prácticas y métodos que orienten al sector productivo nacional en materia de innovación.

Por otra parte, se dota de facultades al Consejo General del CONACYT para definir anualmente los proyectos de cooperación y colaboración internacional en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los que el país pueda participar.

El senador Puente Salas destacó que para apoyar los esfuerzos del Poder Ejecutivo Federal que buscan incrementar el presupuesto en materia de ciencia y tecnología, se requieren acciones legislativas concretas, de ahí la importancia de la iniciativa.

El legislador por Zacatecas señaló que la investigación y la innovación constituyen dos de las mejores vías para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

México D.F. a 25 de febrero del 2013

Boletín 24 /13

   

Ofrece tarifa 70 por ciento menor a clientes corporativos como Telmex y Banamex: Gerardo Flores

Tras señalar que el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) opera actualmente en números rojos y que las transferencias que recibe del erario se destinan prácticamente para cubrir el déficit de operación de esta institución, el Senador Gerardo Flores Ramírez, presentó un Punto de Acuerdo a través del cual exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y a SEPOMEX a presentar un informe detallado sobre la situación financiera que guarda esta institución.

Asimismo, el integrante del Partido Verde también solicitó que la SCT junto con SEPOMEX realice una revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos a fin de eliminar o disminuir de forma sensible los subsidios que se han canalizado ineficientemente a la fecha.

Además, pidió implementar un sistema de reporte con información sobre este tipo de tarifas y el manejo de volúmenes de cada uno de los grandes clientes comerciales, a efecto de mejorar la transparencia en la operación de Correos de México.

Según se describe en el documento presentado ante el Pleno del Senado de la República, los ingresos de operación de SEPOMEX al cierre de la Administración del Presidente Calderón fueron prácticamente los mismos que en el último año de la Administración del Presidente Fox, al ubicarse en 2 mil 894 millones de pesos, mientras que sus gastos promediaron alrededor de 4 mil millones de pesos anuales a lo largo de la anterior administración.

A esto se suma el hecho de que justamente en la pasada Administración, SEPOMEX tuvo que recibir transferencias presupuestales por un monto de aproximadamente 11 mil millones de pesos, en virtud de la obligación que tiene el estado de garantizar un Servicio Postal Universal a todos los habitantes de su territorio.

“Puede afirmarse que el subsidio beneficia de manera preponderante a los clientes importantes del Servicio Postal Mexicano. Por ejemplo empresas como Telmex y Banamex, las cuales se benefician con el servicio de carta corporativa, con una tarifa por envío de $1.90 más IVA, mientras que los particulares pagan $6.50 más el IVA”, destacó el legislador.

Igualmente, explicó que a nivel internacional en países desarrollados el margen de descuento en la tarifa corporativa por volumen con respecto a las tarifas individuales se ubica en 15 por ciento, mientras que en México SEPOMEX otorga a clientes corporativos como Telmex y Banamex un descuento sobre lo que pagan los usuarios individuales, descuento que se estima en 70 por ciento.

De esta manera, insistió en la necesidad de que esta institución pública reenfoque su estrategia, ajuste tarifas corporativas que le permita mejorar sus ingresos y reducir la carga presupuestal al erario.

Desafortunadamente, dijo, los recursos de los contribuyentes son utilizados de manera ineficiente al destinarlos para el subsidio en la entrega de correspondencia de personas morales con fines de lucro y alta rentabilidad financiera, lo que priva de recursos a otros programas cuya utilidad social puede ser mucho más alta.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO