México D.F. a 28 de febrero del 2013

Boletín 27/13

La falta de un tabulador para la retención de la pensión alimenticia provoca confusión constante: Ninfa Salinas

Con el fin de propiciar un sistema de pensiones alimentarias que brinde certeza y seguridad jurídica, la senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa de reformas al artículo 311 del Código Civil Federal.

El problema de los juicios de separación y divorcio recae en el cumplimiento de la sentencia, ya que actualmente queda al criterio del patrón la base del salario sobre el cual se deberá de aplicar la reducción, sobre el salario neto o bruto.

Tal ambigüedad en la legislación provoca que los jueces de lo familiar no cuenten con las herramientas necesarias para asignar una sentencia o convenio justo.

Comentó que la falta de un tabulador para la deducción y retención de la pensión alimenticia provoca una constante confusión, que a su vez puede causar una violación al principio de economía procesal, el cual compromete el bienestar económico de los actores y el desarrollo mental de los menores.

“Habrá que recordar que en este caso no sólo se debe de cuidar al acreedor, sino el deudor que debe de quedar con los recursos suficientes para su sustento”, comentó la legisladora.

Por ello, Salinas Sada presentó esta propuesta de reformas la cual establece que “para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal”.

Tal es el caso que la Suprema Corte, en materia de pensiones, alimenticias, dice que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe de recibirlos.

“Debatir sobre el tema de las pensiones alimenticias, exige un tratamiento donde se llegue a acuerdos objetivos, si bien es cierto que se debe procurar el bienestar del menor, no podemos propiciar que padres y madres sean víctimas de pensiones excesivas” resaltó.

Y es que alguna falta por el pago de la pensión es considerada un delito penal que puede llevar a la cárcel al deudor o al encargado de la empresa que tiene que retener el porcentaje del salario de su empleado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 15 de cada 100 matrimonios termina en divorcio, por lo que, dijo, es “nuestra obligación velar por un proceso justo y expedito a favor de los más vulnerables”.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO